STC1469-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1469-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01370-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 16 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cJ\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de la citada ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de esa capital y los intervinientes en el proceso de medida de protecci\u00f3n radicado bajo el n\u00b0 \u201c000-2022\/2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, honra, igualdad y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abdesde noviembre de 2019, \u201cP\u201d indica su intenci\u00f3n de separarse y la situaci\u00f3n de convivencia fue muy dif\u00edcil hasta el mes de septiembre de 2020, fecha en la cual deb\u00ed abandonar la residencia familiar por mi bienestar, aun as\u00ed la situaci\u00f3n sigui\u00f3 en la misma t\u00f3nica hostil donde se involucr\u00f3 el tiempo con mis hijos [\u201cM\u201d y \u201cA\u201d, de 4 y 8 a\u00f1os de edad], por disposici\u00f3n de ella, regulando horarios estrictos y cubriendo la totalidad de las obligaciones de mis hijos, sin que se tenga en consideraci\u00f3n mi capacidad econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 10 de marzo de 2021, \u201cP\u201d solicit\u00f3 medida de protecci\u00f3n en contra m\u00eda, por presuntos hechos de violencia intrafamiliar; en cuyo proceso, tras presentar sus descargos y luego de varias suspensiones de la audiencia, el 24 de junio de 2021 la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d \u00abresolvi\u00f3 imponer medida de protecci\u00f3n a favor de la se\u00f1ora \u201cP\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 15 de marzo de 2021, solicit\u00e9 ante [centro de conciliaci\u00f3n] declarar la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n; as\u00ed como la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria, fijaci\u00f3n de custodia y r\u00e9gimen de visitas [respecto de sus hijos]\u00bb y \u00abllegado el 31 de agosto [del mismo a\u00f1o], \u201cP\u201d no se pronunci\u00f3 sobre la regulaci\u00f3n de las obligaciones respecto a la escolaridad de nuestros hijos, continuando estos a cargo m\u00edo, [y en tanto] el d\u00eda 20 de septiembre de 2021 [ella] fue contratada [laboralmente, y] devengar\u00eda la suma de siete millones de pesos, el d\u00eda 02 de noviembre de 2021, ante la Defensora de Familia (\u2026), hice solicitud de revisi\u00f3n de la cuota de alimentos\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 02 de febrero de 2022, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, resolvi\u00f3 el recurso de alzada revocando la decisi\u00f3n del 24 de junio de 2021 (\u2026), imponiendo la medida de protecci\u00f3n definitiva en contra m\u00eda y en favor de \u201cP\u201d, bas\u00e1ndose en el documento emitido por (\u2026) quien es m\u00e9dico ginecobstetra, amiga de \u201cP\u201d y (\u2026) no es la persona id\u00f3nea en salud mental [de donde el juzgado concluy\u00f3], que yo era disfuncional [pese a que] nosotros ya no fungimos como pareja y somos solidarios respecto a las obligaciones, lo cual no ha cumplido \u201cP\u201d. En consecuencia, dicho fallo fue emitido bajo una prueba viciada y sin coherencia con lo que se prob\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Que con soporte en \u00abdecisi\u00f3n viciada\u00bb, su ex compa\u00f1era permanente \u00abha usado en favor de ella la media para seguir ejerciendo actos vulneratorios, ya que no se me permite exigir un m\u00ednimo de acciones en pro de los derechos de mis hijos, neg\u00e1ndose a regular los derechos y obligaciones para con [ellos], quedando en el limbo lo acordado en un acta anterior; ahora la medida de protecci\u00f3n se convirti\u00f3 en una amenaza constante y que yo siga asumiendo la totalidad de las cargas econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 05 de septiembre del 2022, la Comisaria (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d informa sobre el tr\u00e1mite de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n (\u2026), por hechos manifestados por la se\u00f1ora \u201cP\u201d el d\u00eda 04 de agosto de 2022, que tienen que ver con el cambio de colegio de los ni\u00f1os\u00bb, actuaci\u00f3n en la que pese a haber explicado que esa decisi\u00f3n \u00abno fue de manera arbitraria, sino que era un hecho conocido por ambos desde hace casi seis meses [porque] estaba en riesgo el derecho de educaci\u00f3n de mis hijos menores (\u2026) el d\u00eda 13 de octubre de 2022 realiz\u00f3 audiencia de tr\u00e1mite de primer desacato [y], el 30 de noviembre de 2022 (\u2026) emiti\u00f3 el fallo (\u2026) declarando el incumplimiento e imponiendo la multa de tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, remiti\u00e9ndose para su consulta al juez de familia \u00abel 5 de diciembre de 202[2]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse declare sin valor ni efecto el fallo del 02 de febrero de 2022 del Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, el cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la Comisaria (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d e impuso la medida de protecci\u00f3n en contra m\u00eda\u00bb; as\u00ed mismo, \u00abse declare sin efecto, todas las decisiones adoptadas con fundamento en la medida de protecci\u00f3n impuesta en mi contra, tales como el desacato y la multa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, en relaci\u00f3n con el expediente contentivo del proceso de medida de protecci\u00f3n en cuesti\u00f3n, remiti\u00f3 las piezas procesales que dan cuenta de lo actuado en ese despacho judicial. <\/p>\n
2. La Comisaria (\u2026) de Familia (\u2026), se opuso a lo pretendido, al aducir que por parte de su despacho \u00abno ha existido violaci\u00f3n alguna [a los derechos fundamentales invocados por el demandante], pues basta con observa con detenimiento las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite para evidenciar que en todo momento se le garantizaron sus derechos\u00bb, y por ello, \u00ablas decisiones que se adoptaron\u00bb, tanto en primera como en segunda instancia \u00abest\u00e1n ajustadas a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d, expres\u00f3 que como su hom\u00f3logo \u201c00\u201d hab\u00eda conocido con antelaci\u00f3n de esas diligencias, con auto del 11 de enero de 2023 resolvi\u00f3 \u00abrechazar de plano la consulta de la medida de protecci\u00f3n de la referencia\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia del ICBF (\u2026), inform\u00f3 que el 18 de enero de 2022 se declar\u00f3 fallida la conciliaci\u00f3n convocada por el hoy accionante para \u00abrevisi\u00f3n de cuota de alimentos\u00bb de sus menores hijos; el 26 de abril de la misma anualidad, tampoco hubo acuerdo conciliatorio \u00absobre regulaci\u00f3n de visitas y alimentos\u00bb, y el 23 de agosto de 2022, se registr\u00f3 que no hab\u00eda m\u00e9rito para dar apertura a proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los ni\u00f1os. Por lo anterior, pidi\u00f3 \u00abdesvincular\u00bb a esa entidad del presente tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
5. El Defensor de Familia adscrito al tribunal, se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan las alegaciones presentadas por el actor, no observaba afectaci\u00f3n a los intereses de los menores y la actuaci\u00f3n procesal \u00abno refleja claramente violaciones a los derechos fundamentales\u00bb del quejoso, por lo que \u00abno es procedente bajo estas circunstancias reconocer [su] pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 lo pretendido al advertir que la censura contra el fallo proferido contra la autoridad judicial incumpl\u00eda el requisito temporal, ya que este se profiri\u00f3 el 2 de febrero de 2022 y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n se realiz\u00f3 el 9 de diciembre de la misma anualidad, por lo que \u00abtranscurrieron m\u00e1s de diez meses\u00bb, y con ello, \u00abel afectado con la determinaci\u00f3n incumpli\u00f3 la carga m\u00ednima de diligencia requerida para reclamar del juez constitucional el examen de esa puntual providencia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, porque \u00abtampoco observa deficiencias en la argumentaci\u00f3n de la Juez que la hagan faltar al deber de motivar las decisiones judiciales, al contrario, la determinaci\u00f3n de revocar lo dispuesto por la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia, y, en su lugar, acceder a otorgar la medida de protecci\u00f3n reclamada a su favor por la se\u00f1ora \u201cP\u201d en contra de su ex pareja, est\u00e1 suficientemente respaldada en el an\u00e1lisis amplio (\u2026) de los elementos de juicio recaudados, acorde con la normatividad, jurisprudencia e instrumentos internacionales en torno a la prevenci\u00f3n, sanci\u00f3n y erradicaci\u00f3n de la violencia intrafamiliar, y, particularmente contra la mujer\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, declar\u00f3 prematuro el reproche en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, \u00abtoda vez que las diligencias fueron recientemente enviadas al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esta ciudad, a efectos de que se surta el grado jurisdiccional de consulta respecto de esas determinaciones adoptadas por la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de (\u2026) en audiencia del 30 de noviembre de 2022, por lo tanto, mal puede el Juez de tutela anticiparse a cualquier an\u00e1lisis, estando en curso el mecanismo por antonomasia consagrado en la ley para verificar la legalidad de esas puntuales determinaciones\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para replicar sobre la extemporaneidad del auxilio, porque adem\u00e1s de que lo resuelto fue notificado \u00abel d\u00eda 15 de julio de 2022\u00bb, y la decisi\u00f3n \u00absigue causando perjuicios [pese a que] ante las autoridades he intentado seguir las indicaciones, cualquier acto para exigir el cumplimiento de los deberes (\u2026) soy presionado para pagar (\u2026), antes de recurrir a [esta] acci\u00f3n intent\u00e9 por otros mecanismos mediar las cargas sin que esto se volviera otro elemento para constituir una presunta agresi\u00f3n\u00bb. Insisti\u00f3 en que en el fallo hubo \u00abomisiones en la valoraci\u00f3n probatoria [pues] en las conversaciones por WhatsApp ambas partes manejan un trato irrespetuoso con ocasi\u00f3n a esa relaci\u00f3n disfuncional\u00bb, y no se apreci\u00f3 que su ex pareja dejara de asumir los gastos de sus hijos, \u00aba\u00fan con los intentos por solucionar esta situaci\u00f3n [y que] ya contaba con trabajo\u00bb. Finalmente, dijo que la acci\u00f3n no es prematura frente al desacato, pues la sanci\u00f3n \u00abobedeci\u00f3 a la imposici\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n viciada\u00bb, y la tutela es para \u00abevitar un riesgo o amenaza inminente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la salvaguarda satisface los presupuestos generales de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si dentro del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar (rad. \u201c000-2022\/2021-00000\u201d), las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas, en tanto: (i) el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, en sede de apelaci\u00f3n, impuso medida de protecci\u00f3n contra el ac\u00e1 reclamante, y (ii) la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de (\u2026), desat\u00f3 el primer incidente de desacato, sancion\u00e1ndolo con multa. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha determinado los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio, pero precisando que la improcedencia de la tutela emerge porque no satisface los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad en comento, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la Inmediatez. <\/p>\n
Como se anticip\u00f3, este impedimento se predica frente al reproche dirigido contra el fallo dictado en segundo grado por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia, en el que resolvi\u00f3 \u00abrevocar la resoluci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda Segunda de Familia de (\u2026) el 24 de junio de 2021\u00bb, y en su lugar, \u00abimponer como medida de protecci\u00f3n definitiva en contra de \u201cJ\u201d, cesar y abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja o cualquier acto de violencia f\u00edsica, verbal, s\u00edquica, amenazas, agravios o humillaciones, agresiones, ultrajes, insultos, hostigamiento, molestias y ofensas o provocaciones en contra de la se\u00f1ora \u201cP\u201d, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en el art\u00edculo 7 de la ley 294 de 1996, modificado por la ley 575 de 2000\u00bb. <\/p>\n
Ello, por cuanto dicha providencia judicial se profiri\u00f3 el 2 de febrero de 2022, siendo notificada a las partes e intervinientes en estrados, mientras la instauraci\u00f3n de este resguardo tuvo lugar el 9 de diciembre de 2022, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, los precedentes de esta Sala, a tono con los emanados de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del auxilio se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC11437-2022, 31 ago., rad. 00249-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago., rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
Sobre el nivel de exigencia frente al anterior criterio, recu\u00e9rdese que tal presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable superarlo o no, condici\u00f3n esta que le impone al juzgador excepcional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al resguardo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad del promotor que le impidieran acudir a este medio de manera oportuna, tampoco se avizoran irregularidades en el diligenciamiento de las notificaciones y en ning\u00fan momento se le ha restringido el ejercicio de sus garant\u00edas procesales, por el contrario, son constantes las actuaciones jur\u00eddicas promovidas por el actor ante el ICBF y Comisar\u00eda de Familia y centros de conciliaci\u00f3n para resolver conflictos relacionados con los alimentos y las visitas a sus hijos. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de este presupuesto -en la modalidad de prematura-, surge en este asunto frente al reproche realizado contra la estimaci\u00f3n del \u00abprimer incidente de desacato de la medida de protecci\u00f3n\u00bb impuesta al hoy tutelante, consistente en \u00abmulta equivalente a tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, convertibles en arresto a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo legal dejado de cancelar\u00bb, comoquiera que tal determinaci\u00f3n, proferida por la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de (\u2026) el 30 de noviembre de 2022, a\u00fan est\u00e1 pendiente de que se surta el grado jurisdiccional como lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el canon 12 de la Ley 575 de 2000, concordante con lo preceptuado en el art\u00edculo 17 ibidem, y 12 de la ley 652 de 2001. <\/p>\n
Esto, porque seg\u00fan lo informado por el Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d, a quien por reparto se le hab\u00eda asignado, con prove\u00eddo del 11 de enero de 2023, se abstuvo de asumir la competencia del asunto al advertir \u00abque con antelaci\u00f3n el conocimiento [hab\u00eda] correspondido al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d\u00bb, y por tanto lo remiti\u00f3 \u00abpara lo de su cargo\u00bb. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, por cuanto lo atinente a la sanci\u00f3n por la que se duele el demandante, a\u00fan est\u00e1 siendo objeto de estudio ante las instancias ordinarias competentes, el ruego tuitivo deviene improcedente, pues mientras el juez a quien legalmente se le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n ante el fallador constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, la decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido ha se\u00f1alado que: \u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC16117-2022, 1\u00b0 dic., rad. 01092-01, entre otras). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, precisando que lo ser\u00e1 por su improcedencia, por cuanto las actuaciones censuradas no supera el requisito temporal ni el de subsidiariedad, advirti\u00e9ndose finalmente, que tampoco se configuran las condiciones para otorgar el amparo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las puntuales razones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC1469-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1469-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01370-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}