STC1474-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1474-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00566-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Consejo Superior de la Judicatura; la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u2013 CNDJ y la Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda; la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y su respectiva titular; los Juzgados \u00danico Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda y Segundo Civil del Circuito de Pereira; Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n y Cotty Morales; as\u00ed como las partes e intervinientes en las causas que originaron la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial de debido proceso, toda vez que, en el tr\u00e1mite de la segunda instancia de las acciones populares que indic\u00f3 haber iniciado,1 se incurri\u00f3 en una injustificada dilaci\u00f3n, ya que el colegiado ad quem \u00absolo despu\u00e9s de [varios] meses decide fallar\u00bb, lo que, en su decir, desconoce las normas especiales de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
De igual forma, cuestion\u00f3 que \u00abse niegue sancionar por temeridad y mala fe al profesional del derecho Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n, quien de manera temeraria y de mala fe dilata y entorpece [los] tr\u00e1mites\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3, en lo fundamental, que se ordene al tribunal encartado informar sobre todos los asuntos a su cargo, que sancione al citado profesional del Derecho y que se conmine a las dem\u00e1s entidades vinculadas a pronunciarse respecto de las se\u00f1aladas \u00abirregularidades\u00bb. <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda adujo que \u00abuna vez revisadas las bases de datos de la Secretar\u00eda de esta Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, no se advierte la existencia de queja alguna formulada por el se\u00f1or Mario Alberto Restrepo Zapata en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite procesal all\u00ed surtido respecto de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00fam. 66594-31- 89-001-2022-00014-01. Ahora bien, respecto de los se\u00f1alamientos hechos por el actor en contra del abogado Paulo C\u00e9sar Lizcano, ha de indicarse al respetado despacho que en esta Corporaci\u00f3n se han recibido, provenientes de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este Distrito, un total de 16 compulsas en contra del mencionado togado, las cuales fueron radicadas bajo los n\u00fam. 2022-00151, 2022-00178, 2022-00187, 2022-00291, 2022-00326, 2022-00185, 2022-00200, 2022-00216, 2022-00288, 2022-00327, 2022-00374, 2022-000459, 2022-00490, 2023-00032, 2023-00034 y 2023-00035; siendo las primeras 13 acumuladas al radicado 2022-00151, las cuales se encuentra con apertura de investigaci\u00f3n disciplinaria. Las tres \u00faltimas se encuentran para estudio en el despacho respectivo\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira precis\u00f3 que \u00abesta Sala tuvo bajo su conocimiento las acciones populares con n\u00fameros de radicaci\u00f3n 66594-31-89-001-2022-00014-01 y 66001-31-03-002-2022- 00014-01, y de su tr\u00e1mite me permito indicar, de cara a los reproches planteados por el tutelante, lo siguiente: Ambas acciones constitucionales ya fueron desatadas por esta Corporaci\u00f3n, mediante sentencias del 19 de octubre de 2022 y 06 de febrero de 2023, respectivamente. En consecuencia, cualquier queja por presunta mora judicial es totalmente vana. En todo caso, los asuntos resueltos en un plazo no mayor de dos meses contados desde el momento de su reparto, lo que demuestra la mendacidad del actor al se\u00f1alar que \u201cEL TUTELADO SOLO DESPUES (sic) DE 4 MECES (sic) MESES, decide FALLAR\u201d\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n con la solicitud para imponer sanci\u00f3n por temeridad y mala fe al apoderado de la coadyuvante en esos procesos, es preciso se\u00f1alar que en la acci\u00f3n popular 66594-31-89-001-2022-00014-01 no obra solicitud alguna en ese sentido, motivo por el cual el amparo incumple el presupuesto de la subsidiariedad, al haber acudido directamente a la tutela para resolver cuesti\u00f3n que deb\u00eda ser ventilada dentro de la causa ordinaria. Mientras que en la radicada 6001-31-03-002-2022-00014-01, aunque s\u00ed medi\u00f3 petici\u00f3n sobre el particular, la misma fue despachada desfavorable por auto de 06 de los cursantes, sin que contra esa decisi\u00f3n se haya formulado recurso alguno, de manera que aquel requisito se entiende tambi\u00e9n incumplido en ese caso\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial reliev\u00f3 que \u00abconsultado el sistema de gesti\u00f3n judicial Siglo XXI, no se advierte proceso disciplinario alguno promovido por el se\u00f1or Mario Alberto Restrepo Zapata contra el doctor Edder Jimmy S\u00e1nchez Calambas, en su calidad de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, seg\u00fan constancia secretarial del 15 de febrero, cuya copia se adjunta. 2) Como quiera que el se\u00f1or Zapata Restrepo en su escrito de tutela cuestiona la posible mora presentada dentro de las acciones populares Nos. 66594-31-89-001- 2022-00014-01 y 66001-31-03-002-2022-00014-01, a instancias del Magistrado S\u00e1nchez Calambas, le informo que esta Presidencia someter\u00e1 a reparto la aludida queja, para ejercer la potestad disciplinaria a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira aport\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital y en informe posterior explic\u00f3 que \u00abcon el tr\u00e1mite dado a la acci\u00f3n popular objeto de tutela, no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del se\u00f1or Mario Alberto Restrepo Zapata, pues se aplicaron en ella las reglas establecidas en la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la causa. <\/p>\n
6. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda relat\u00f3 las actuaciones de la acci\u00f3n popular a su cargo. <\/p>\n
7. El Consejo Superior de la Judicatura tambi\u00e9n sostuvo que carece de legitimaci\u00f3n en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad denunciada vulner\u00f3 las garant\u00edas reclamadas por Mario Alberto Restrepo Zapata, toda vez que, en su criterio, incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos perentorios previstos en la Ley 472 de 1998 para dictar las providencias a su cargo. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por el memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que, para la procedencia del auxilio, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a la inconformidad del censor por la supuesta falta de \u00absanci\u00f3n por temeridad\u00bb al abogado de la coadyuvante Cotty Morales \u2013en uno de los procesos auscultados\u2013, relieva la Sala que, de la revisi\u00f3n de las decisiones proferidas por el colegiado denunciado en el marco de las acciones populares provenientes de los estrados \u00danico Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda (rad. n.\u00ba 001-2022-00014)4 y Segundo Civil del Circuito de Pereira (rad. n.\u00ba 002-2022-00014), no se vislumbra que ese aspecto haya sido objeto de debate durante las instancias, o que se hubiere planteado por el aqu\u00ed quejoso a trav\u00e9s de los cauces pertinentes en ambos asuntos, de modo que, en esas condiciones, tampoco se aviene pr\u00f3spero el reclamo. <\/p>\n
Incluso, en la determinaci\u00f3n proferida en la primera de las actuaciones rese\u00f1adas \u2013que, dicho sea de paso, tambi\u00e9n fue objeto de an\u00e1lisis por esta Sala en la sentencia STC16568-2022, 15 dic., aunque por motivos diferentes a los aqu\u00ed esbozados5\u2013, el ad quem expresamente recalc\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Cotty Morales Caama\u00f1o solicita se tengan en cuenta como sustento de la impugnaci\u00f3n los elementos que atribuyen la experiencia en las acciones similares (\u2026). Se rechaza tal petici\u00f3n dado que la peticionaria carece de legitimaci\u00f3n para presentar la solicitud que ocupa la atenci\u00f3n, por la simple raz\u00f3n de que no es parte del proceso, ni compareci\u00f3 bajo otro tipo de intervenci\u00f3n, como lo pudo haber sido por v\u00eda de coadyuvancia\u00bb, pronunciamiento del que no podr\u00eda establecerse menoscabo alguno, pues ni siquiera fue contrario a los intereses de quien ahora acude al amparo. <\/p>\n
Y, en cuanto a la segunda causa concierne, tal como anot\u00f3 el colegiado querellado, si bien medi\u00f3 petici\u00f3n sobre el particular, lo cierto es que se despach\u00f3 desfavorablemente, \u00absin que contra esa decisi\u00f3n se haya formulado recurso alguno\u00bb, lo que ratifica la pretermisi\u00f3n del car\u00e1cter subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta a las pretensiones de que (i) se ordene al tribunal denunciado informar sobre todas las acciones populares que se han tramitado en esa sede \u2013o que se expidan las constancias secretariales sobre los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de los procesos\u2013; (ii) que se solicite la intervenci\u00f3n de los entes de control; o que (iii) se conmine a las autoridades disciplinarias a adelantar investigaciones en contra de los funcionarios judiciales que han intervenido en los asuntos que recrimina el gestor, precisa la Sala que nada obsta para que aquel formule directamente sus peticiones, denuncias y\/o eventuales quejas, pues, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir actuaciones que corresponden al directo interesado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela propuesta por Mario Alberto Restrepo Zapata, comoquiera que, actualmente, no se acredit\u00f3 la existencia de una amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se mencionan indistintamente \u2013y de forma incompleta\u2013 en el escrito inicial, por lo que, consultada la Secretar\u00eda del tribunal querellado, aclar\u00f3 que los asuntos referidos supra corresponden al aqu\u00ed gestor y coinciden con los datos suministrados por aquel: \u00ab66594-31-89-001-2022-00014-01\u00bb y \u00ab66001-31-03-002-2022-00014-01\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En la causa n.\u00ba 001-2022-00014-01, procedente del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, el tribunal dict\u00f3 sentencia el pasado 19 de octubre de 2022; mientras que, en el asunto n.\u00ba 002-2022-00014-01 originario del estrado Segundo Civil del Circuito de Pereira, se profiri\u00f3 decisi\u00f3n de segundo grado por parte del colegiado el pasado 6 de febrero de 2023. <\/p>\n
3\u0002 Incluso, en la contestaci\u00f3n se dej\u00f3 sentado que \u00abAmbas acciones constitucionales ya fueron desatadas por esta Corporaci\u00f3n, mediante sentencias del 19 de octubre de 2022 y 06 de febrero de 2023, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 De hecho, sobre este radicado, el tribunal indic\u00f3 que \u00abEn relaci\u00f3n con la solicitud para imponer sanci\u00f3n por temeridad y mala fe al apoderado de la coadyuvante en esos procesos, es preciso se\u00f1alar que en la acci\u00f3n popular 66594-31-89-001-2022-00014-01 no obra solicitud alguna en ese sentido, motivo por el cual el amparo incumple el presupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Al respecto, en ese expediente se cuestion\u00f3, de forma principal, la falta de reconocimiento de agencias en derecho en favor del aqu\u00ed memorialista, Mario Alberto Restrepo Zapata. <\/p>\n
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