STC1475-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1475-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 24 de enero de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Andulfo Hugo Salazar Ortega contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por la sede judicial acusada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el juzgado accionado se adelanta el proceso de sucesi\u00f3n de Francio Silvio Mora Chamorro, tr\u00e1mite en el que Andulfo Hugo Salazar Ortega fue reconocido como cesionario de derechos herenciales. <\/p>\n
2.2. Presentados los inventarios y aval\u00faos, fueron aprobados con decisi\u00f3n del 14 de febrero de 2017, decisi\u00f3n en la que, adem\u00e1s, se decret\u00f3 la partici\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, se presentaron inventarios y aval\u00faos adicionales, de los que se corri\u00f3 traslado con prove\u00eddos de 17 de abril de 2017 y 27 de junio siguiente, siendo objetados por algunos de los intervinientes, reparos resueltos con auto del 12 de julio de 2018. <\/p>\n
2.4. El 18 de enero de 2019, se present\u00f3 trabajo de partici\u00f3n, del que se corri\u00f3 traslado con prove\u00eddo del 29 de enero siguiente, frente al cual, algunos de los intervinientes, formularon objeciones, que se acogieron con decisi\u00f3n del 15 de marzo de 2019, por lo que se orden\u00f3 su rehechura. <\/p>\n
2.5. El 2 de abril de 2019, se present\u00f3 la rehechura de la partici\u00f3n, a la cual se abstuvo de dar tr\u00e1mite el estrado accionado, por cuanto no se hab\u00eda \u00aballegado el paz y salvo por parte de la DIAN\u00bb, conforme se reconoci\u00f3 en providencia de 3 de abril de esas calendas, documento que se expidi\u00f3 el 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
2.7. Allegada la rehechura de la partici\u00f3n, a trav\u00e9s de auto del 23 de agosto de 2021, se orden\u00f3, nuevamente, su correcci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Presentado el trabajo de partici\u00f3n corregido, el juzgado accionado orden\u00f3 su \u00abcomplementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n\u00bb con auto del primero de diciembre de 2022, prove\u00eddo que solicit\u00f3 adicionar el cesionario, \u00abpara que se haga la advertencia [a la partidora designada] de que podr\u00e1 ser excluida de la lista de auxiliares de la justicia en aplicaci\u00f3n del numeral 8 [del art\u00edculo 50 del C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb. <\/p>\n
2.9. El 14 de diciembre de 2022, se alleg\u00f3, una vez m\u00e1s, el trabajo de partici\u00f3n, del que se corri\u00f3 traslado con prove\u00eddo del 16 de diciembre siguiente, siendo objetada por algunos de los herederos. <\/p>\n
2.10. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, \u00aben numerosas oportunidades se le ha hecho solicitudes a la\u2026 partidora\u00bb; que \u00aben iguales t\u00e9rminos esta lo referente a una situaci\u00f3n dada con el secuestre\u00bb; que \u00abse le ha dado tramite\u2026 a unas solicitudes carentes de sustento jur\u00eddico\u00bb; y que \u00abla mora en este proceso es reiterativa y ahora con estas solicitudes se va a demorar m\u00e1s en resolver la aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Curador ad litem designado en la tutela para representar a los \u00abherederos indeterminados de\u2026 Franco Silvio Mora Chamorro\u00bb, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buga resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 ha acatado el procedimiento aplicable para este tipo de asuntos y el motivo por el cual no ha finiquitado su tr\u00e1mite se ha derivado, entre otros motivos, de la falta de paz y salvo expedido por la DIAN\u2026, lo mismo que el cumplimiento del tr\u00e1mite de digitalizaci\u00f3n de los procesos; aunado al evento de la solicitud de inventarios adicionales; intervenci\u00f3n de nuevos herederos, y las constantes correcciones y adiciones que\u2026 en la acuciosa revisi\u00f3n del trabajo partitivo ha debido solicitar que haga la partidora. <\/p>\n
3. La abogada Ana Rita Pati\u00f1o Garc\u00eda, quien funge como apoderada del tutelante en el juicio criticado, sin que aportara mandato para representarlo en el presente asunto, rindi\u00f3 informe, as\u00ed como tambi\u00e9n lo hicieron Luis Heberth Bocanegra Valencia y Hilda Mar\u00eda Duran Caicedo. <\/p>\n
4. La profesional del derecho Alba Garc\u00eda Franco, \u00abcomo apoderada dentro del proceso de sucesi\u00f3n de\u2026 Franco Silvio Mora Chamorro\u00bb, sin que tampoco allegara poder que la facultara para intervenir en el presente asunto en nombre de sus mandatarios, pidi\u00f3 conceder el resguardo. <\/p>\n
6. Yuliana Marcela Mora Garc\u00eda pidi\u00f3 \u00abtutelar los derechos incoados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, comoquiera que \u00absi bien\u2026 el sucesorio [criticado] no ha sido\u2026 un ejemplo de celeridad o presteza, tambi\u00e9n lo es que la prolongaci\u00f3n en el tiempo no resulta atribuible a una conducta desidiosa u omisiva por parte del juzgado [enjuiciado], sino, en mayor medida, a las vicisitudes propias del juicio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor manifest\u00f3 que, respecto a la mora, el fallador de primer grado \u00abpas\u00f3 por alto que, en el tr\u00e1mite de la DIAN, una vez lleg\u00f3 el paz y salvo pas\u00f3 un a\u00f1o sin que el despacho le hubiera dado tramite, as\u00ed como es evidente que ante los m\u00faltiples errores de la partidora se le ha dado traslado y no es inmediato que haya resuelto\u2026\u00bb; y que \u00absi el juez considera que las partes est\u00e1n presentando memoriales innecesarios o que si el tr\u00e1mite dado por los auxiliares de la justicia es err\u00e1tico debe hacer usos de los poderes que la ley le otorga\u2026\u00bb, por lo que si la sede judicial acusada \u00abconsideraba que las partes y\u2026 los auxiliares de la justicia, secuestre y partidora, no han cumplido con sus \u00f3rdenes a tiempo es su deber hacer uso del poder correctivo con que la ley lo invisti\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja del promotor se circunscribe a la supuesta demora que se ha suscitado en el tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n criticada. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el tr\u00e1mite cuestionado a que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de las vicisitudes propias del juicio, tales como la ausencia del paz y salvo de la DIAN, la digitalizaci\u00f3n del asunto, las solicitudes de inventarios y aval\u00faos adicionales, as\u00ed como tambi\u00e9n las correcciones que se han requerido para el debido curso de la partici\u00f3n, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En lo que ata\u00f1e a la otra de las quejas del actor, enfilada a cuestionar que el juzgador enjuiciado no ha hecho uso de sus potestades correccionales, frente a los auxiliares de la justicia que han intervenido en el juicio criticado y respecto a las peticiones que considera dilatorias, encuentra la Sala que su reclamo resulta inviable. <\/p>\n
Ello en la medida en que, revisado el expediente contentivo de la sucesi\u00f3n cuestionada, se verifica que la \u00fanica vez que el quejoso deprec\u00f3 la utilizaci\u00f3n de tales poderes fue a trav\u00e9s de solicitud presentada el 7 de diciembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual reclam\u00f3 la adici\u00f3n del prove\u00eddo de primero de diciembre de esas mismas calendas, petici\u00f3n que omiti\u00f3 resolver el juzgado accionado en el auto de 16 de diciembre siguiente, frente al cual el quejoso no formul\u00f3 reparo alguno. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. No obstante lo anterior, cabe a\u00f1adir que si el quejoso considera, en la actualidad, que resulta imperativa la utilizaci\u00f3n de los referidos poderes correccionales, bien puede acudir ante el fallador accionado e insistir en que haga usos de las prenotadas potestades. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
6. Lo considerado impone respaldar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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