STC1477-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1477-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02510-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de diciembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 Protecci\u00f3n S.A. contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el Juzgado Primero Laboral de esa ciudad y las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral n.\u00b0 2017-00168. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Claudia Leovidia Mej\u00eda Carmona demand\u00f3 a Protecci\u00f3n S.A., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con ocasi\u00f3n del deceso de su compa\u00f1ero permanente Jos\u00e9 Ariel G\u00f3mez Serna. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral de Buga, quien profiri\u00f3 sentencia absolutoria tras declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de calidad de beneficiaria [de la contraparte]\u00bb, decisi\u00f3n confirmada, en sede de consulta, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, el 4 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Inconforme, la all\u00ed demandante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, resuelto mediante providencia CSJ SL1878-2022, 16 may., en donde la hom\u00f3loga de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2, infirm\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem y, en sede de instancia, conden\u00f3 a Protecci\u00f3n S.A. a pagar la prestaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la entidad pagadora, contrar\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el cual, se\u00f1al\u00f3 que se impuso el reconocimiento pensional desconociendo la normativa aplicable y los precedentes de la Corte Constitucional2. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo de casaci\u00f3n y, en consecuencia, se le ordene \u00aba la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral proferir una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta que para el reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de un afiliado o pensionado el compa\u00f1ero o c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite debe acreditar una convivencia de por lo menos cinco a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela debe negarse, en la medida en que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 en atenci\u00f3n a la jurisprudencia de la Sala Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado, quien agenci\u00f3 los intereses de Claudia Leovidia Mej\u00eda Carmona, se opuso a las pretensiones del amparo, al considerar que es \u00abimprocedente, Temeraria y Dilatoria\u00bb, adem\u00e1s de no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga tambi\u00e9n solicit\u00f3 negar la salvaguarda, porque \u00abal momento de resolver el fondo del asunto mediante decisi\u00f3n datada cuatro (4) de septiembre de dos mil veinte (2020), no encontr\u00f3 acreditado el derecho alegado por activa a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, concretamente en punto al requisito de convivencia con el causante, esto es, durante cinco (5) a\u00f1os anteriores al deceso. Motivo por el que se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, que absolvi\u00f3 a Protecci\u00f3n S.A de las pretensiones de la acci\u00f3n. Determinaci\u00f3n que se finc\u00f3 en los presupuestos legales y elementos f\u00e1cticos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador 35 Judicial II para Asuntos Laborales, inst\u00f3 a conceder la protecci\u00f3n deprecada, y, por ende, dejar sin efecto el pronunciamiento recriminado, tras colegir que \u00abel precedente constitucional dispuesto en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-149 de 2021 permanece inc\u00f3lume y debi\u00f3 ser atendido\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo, \u00abal no advertirse la configuraci\u00f3n de alguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, en particular, al constatar que la decisi\u00f3n mediante la cual le reconoci\u00f3 a BLANCA LEOVIDIA MEJ\u00cdA CARMONA no es caprichosa o arbitraria, sino que, por el contrario, fue adoptada de manera razonable y est\u00e1 justificada en las pruebas obrantes en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las impetraron Protecci\u00f3n S.A. y el Procurador 35 Judicial II para Asuntos Laborales, quienes manifestaron que la providencia auscultada adolece de varios defectos espec\u00edficos de procedibilidad y desconoce el precedente constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL1878-2022, 16 may.), por casar la decisi\u00f3n absolutoria del ad quem, y, en sede de instancia, reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes en favor de la all\u00ed reclamante, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada cas\u00f3 el fallo absolutorio del ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00aba la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que el tiempo de convivencia m\u00ednima de cinco (5) a\u00f1os, ratio decidendi en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (\u2026)\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cargos, encaminados por la v\u00eda directa, en las modalidades de (i) interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del \u00abart\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 50, 141, 142 ib\u00eddem; y art\u00edculos 42, 48, 53 y 58 y 93 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, y (ii) aplicaci\u00f3n indebida del \u00abart\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 en armon\u00eda con el art. 46 de la Ley 100; art\u00edculo 230 de la CP; 45 de la Ley 270 de 1996, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 50, 141 y 142 Ley 100 y 42, 48, 53, 93, 29 y 58 de la CP\u00bb, el estrado encartado expuso que: \u00ab(\u2026) el debate planteado por la censura es de naturaleza jur\u00eddica, en armon\u00eda con la v\u00eda de ataque escogida por ella, esto es, la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb. <\/p>\n
Por ello, en primer lugar, refiri\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que el se\u00f1or Jos\u00e9 Ariel Serna G\u00f3mez falleci\u00f3 el 1\u00ba de septiembre de 2014; ii) que el causante se encontraba afiliado a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S. A.; iii) que cotiz\u00f3 en vida m\u00e1s de 50 semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os previos a su muerte y, iv) que la demandante convivi\u00f3 con \u00e9l en uni\u00f3n marital de hecho desde el 2012 hasta la fecha de su deceso\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de la norma que rige los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes al momento del fallecimiento del causante, indic\u00f3 que \u00abla aplicable al caso objeto de estudio es el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el 47 de la Ley 100 de 1993, por encontrarse vigente al 1\u00ba de septiembre de 2014\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial que estuvo asentada en esa Sala por varios a\u00f1os, consistente en que el \u00abrequisito de convivencia por espacio de cinco a\u00f1os previos al deceso del causante era exigible tanto para los casos de pensionados como de afiliados (CSJ SL, 20 mayo 2008, radicado 32393; CSJ SL1402-2015; CSJ SL1399-2018 y CSJ SL422-2020)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, refiri\u00f3 que mediante sentencia CSJ SL1730-2020, 3 jun., la Corte rectific\u00f3 la interpretaci\u00f3n sobre el requisito de convivencia para ser beneficiaria de la prestaci\u00f3n aludida, diferenciando si a la muerte del causante este era pensionado o afiliado, frente a lo cual anot\u00f3 que \u00abde la redacci\u00f3n del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os all\u00ed contenida, se encuentra relacionada \u00fanicamente al caso en que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelecci\u00f3n distinta, comporta la variaci\u00f3n de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinci\u00f3n, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que dicho criterio se precis\u00f3 en la providencia CSJ SL5270-2021, 3 nov., as\u00ed: \u00aba la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que el tiempo de convivencia m\u00ednima de cinco (5) a\u00f1os, ratio decidendi en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado, en la sentencia CSJ SL1730-2020, que fue reiterado en otras, como la CSJ SL3843-2020, CSJ SL3785-2020, CSJ SL4606-2020, CSJ SL489-2021, CSJ SL362-2021, CSJ SL19052021 y CSJ SL2222-2021\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, arguy\u00f3 que \u00abante la nueva postura de esta Sala, para beneficiarse de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del afiliado, no es exigible ning\u00fan tiempo m\u00ednimo de convivencia, pues la acreditaci\u00f3n de la calidad requerida y la conformaci\u00f3n del n\u00facleo familiar demuestra el supuesto previsto en la norma\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de muerte de afiliado, el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente no necesita acreditar una convivencia m\u00ednima de cinco a\u00f1os. As\u00ed las cosas, Blanca Leovidia Mej\u00eda Carmona cumpli\u00f3 con los requisitos establecidos por el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, pues al momento de la muerte del causante, ten\u00eda m\u00e1s de 30 a\u00f1os y, para ese momento, acredit\u00f3 que sosten\u00eda una convivencia con \u00e9l desde el 2012 hasta su deceso, de manera ininterrumpida\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, declar\u00f3 la prosperidad de los cargos, y en sede de instancia, reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la all\u00ed recurrente, ya que, a la luz del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, \u00abdebe entenderse que el requisito de convivencia exigido a los beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes -esto es, la convivencia m\u00ednima de cinco a\u00f1os- s\u00f3lo es exigible en el caso de la prestaci\u00f3n causada con ocasi\u00f3n del fallecimiento de pensionado\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los fallos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 6 de febrero de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 En especial, los fallos SU-428-2016 y SU149-2021. <\/p>\n
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