STC1483-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1483-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00030-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 3 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dayan Patricia Fontecha Acevedo contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2019-00540. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y vivienda digna, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada durante el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, en el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, \u00abse tramit\u00f3 el respectivo proceso de petici\u00f3n de herencia adelantado por el se\u00f1or Guillermo Su\u00e1rez Palomino, en donde eran demandados en principio, Cecilia Su\u00e1rez Palomino, Gilberto Su\u00e1rez Palomino y Gonzalo Palomino\u00bb, y en \u00abaudiencia del 20 de octubre de 2020 [se] orden\u00f3 vincular a la se\u00f1ora Dayan Patricia Fontecha Acevedo (\u2026)\u00bb, habida cuenta su calidad de \u00abcompradora de buena fe (\u2026) de la cuota de dominio equivalente al 16,68% del bien con folio inmobiliario N\u00b0 300-55482 [adquirido mediante compraventa celebrada con Gonzalo Palomino, seg\u00fan escritura p\u00fablica otorgada el 20 de marzo de 2014]\u00bb. <\/p>\n
Que su notificaci\u00f3n \u00abno se surti\u00f3 conforme a lo indicado y normado por el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020\u00bb, en tanto \u00abse han incurrido en yerros\u00bb, puesto que ella \u00aben ning\u00fan momento se identifica con el apellido con el cual se le requiri\u00f3 (\u2026), toda vez que [su] nombre es DAYAN PATRICIA FONTECHA (no Fonteche) ACEVEDO\u00bb, lo cual \u00abha sido motivo suficiente para entender que no se trata de ella sino de persona que tiene nombre similar ya que los interesados han contado con la informaci\u00f3n clara y precisa respecto a [su] plena identidad\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante la normativa en comento exigir \u00abla implementaci\u00f3n o uso de sistema de \u201cconfirmaci\u00f3n de recibido de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos\u201d (\u2026), en ninguna parte del proceso se avizora prueba siquiera sumaria de que el env\u00edo de mensaje de datos si fuera recibido y le\u00eddo en la bandeja de entrada del canal digital que se ha informado como de [ella]\u00bb, y que \u00abla acreditaci\u00f3n de env\u00edo no fue expedido por una empresa de correo que certificara que efectivamente los archivos adjuntos estuviesen debidamente cotejados y que dicho mensaje haya llegado a su destinatario, ni mucho menos que fuera le\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Que como su notificaci\u00f3n se realiz\u00f3 de manera \u00abincorrecta e indebida\u00bb, ello \u00ablimita e impide que el ejercicio de derecho de defensa t\u00e9cnica y protecci\u00f3n de sus derechos [como] comprador de buena fe, se efectu\u00e9 de forma plena y satisfactoria\u00bb, pues en su condici\u00f3n de \u00ablitisconsorte necesario\u00bb dentro del juicio en cuesti\u00f3n, advierte que \u00abel fallo N\u00b0 017 del 17 de febrero de 2021, transgrede de forma directa [sus] intereses y derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que \u00abse ordene al Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga que modifique el sentido del fallo N\u00b0 017 del 17 de febrero de 2021, y ordene rehacer el trabajo de partici\u00f3n teniendo en cuenta la legalidad y legitimidad de la compra de buena fe (\u2026), respecto de la cuota de dominio equivalente al 16,68% del inmueble (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del despacho judicial encartado inform\u00f3 que revisado el expediente, \u00aba la accionante se le notific\u00f3 todas las actuaciones surtidas dentro del proceso de acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia al correo por ella aportado\u00bb; record\u00f3 que en virtud del fallo estimatorio, \u00abse deja sin efecto todas las inscripciones que se realizaron con anterioridad [empero] la escritura de la cesionaria sigue vigente para que exija sus derechos como tal, [y por ello, la decisi\u00f3n] no significa que haya perdido el derecho [solo que ella] desplaza al heredero cedente Gonzalo, por ende ella tambi\u00e9n puede dar inicio al proceso de sucesi\u00f3n e ingresar en calidad de cesionaria [en lugar de acudir a] una tutela 2 a\u00f1os despu\u00e9s de haberse proferido un fallo ajustado a derecho\u00bb. Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abno ha violado ning\u00fan derecho [en tanto], me posesion\u00e9 el pasado 21 de noviembre del a\u00f1o 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Gilberto Su\u00e1rez Palomino, se opuso a lo pretendido al aseverar que el correo electr\u00f3nico al cual le dirigieron las notificaciones procesales, efectivamente corresponde al de la reclamante, y que \u00abno es excusa el cambio de una vocal en el apellido para inferir que la notificaci\u00f3n del proceso no la vinculaba a ella\u00bb. <\/p>\n
3. El curador ad litem de Gonzalo Palomino, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n es improcedente porque la \u00abpresunta vulneraci\u00f3n [que aduce la actora] por virtud de su presunta indebida notificaci\u00f3n (\u2026), no ha planteado la nulidad que predica al interior del proceso de petici\u00f3n de herencia, ni ha solicitado el recurso de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio al advertir que \u00abla nulidad por indebida notificaci\u00f3n que plantea la parte actora en esta sede, aquella de que trata el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del CGP, no ha sido planteada por esta al interior del proceso ordinario mediante el recurso de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 354 y 355 del CGP\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abla promotora cuenta con un mecanismo de defensa judicial id\u00f3neo y principal, distinto a la excepcional y residual acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante, asegurando que \u00abse est\u00e1n desconociendo los derechos que le asisten [en su calidad de] tercero comprador de buena fe, y ante la ley es sujeto de protecci\u00f3n jur\u00eddica, ya que [en el juicio] el comprador no se manifiesta ni se hace parte\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al haberla tenida por notificada como litisconsorte por pasiva dentro del proceso de petici\u00f3n de herencia n\u00b0 2019-00540, y proseguirlo hasta su culminaci\u00f3n con fallo ejecutoriado del 17 de febrero de 2021. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, toda vez que la censura en relaci\u00f3n con el acto de notificaci\u00f3n personal de la hoy accionante, quien fungi\u00f3 dentro del proceso de petici\u00f3n de herencia como demandada, no supera el requisito general de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, el mencionado impedimento general de procedibilidad del amparo, emerge por la existencia de otro medio de defensa judicial, habida cuenta que antes de acudir a este instrumento jur\u00eddico, la querellante no acredit\u00f3 que, de cara a la \u00abincorrecta e indebida\u00bb vinculaci\u00f3n al pleito ordinario como \u00ablitisconsorte necesario\u00bb, hubiera formulado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra el fallo proferido el 17 de febrero de 2021, encaminado a solucionar la afectaci\u00f3n que le enrostra al despacho accionado. <\/p>\n
Esto, porque aunado a que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso advierte que \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u00bb, el numeral 7\u00ba del canon 355 ibidem, establece como causal de revisi\u00f3n, \u00ab[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb, y siendo esa la discrepancia de la actora con el fallador de la causa, tal mecanismo es el que -con observancia en el precepto 356 del mismo estatuto-, deber\u00eda activarse, ya que al juez excepcional no le es dable intervenir en raz\u00f3n a la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela. <\/p>\n
Del mismo modo, en casos de similares contornos al que ahora se analiza, asever\u00f3 que: \u00abel promotor cuenta con la opci\u00f3n de debatir la indebida notificaci\u00f3n que alega en el juicio ordinario, mediante la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n (…), el cual puede [formular] independientemente de su desenlace, siempre y cuando se atienda la oportunidad legal y apoye la petici\u00f3n en una de las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb (CSJ STC, 24 may. 2012, rad. 00999-00, citada, entre otras, en STC9677-2022, 28 jul., rad. 00125-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que por la naturaleza subsidiaria y residual que se consagra en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos para salvaguardar sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora, sobre la posibilidad de conceder la salvaguarda de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, la Sala no encuentra que se hubieran probado las exigencias que la hagan posible, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, y en esas condiciones se ratificar\u00e1 la sentencia desestimatoria del amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1483-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1483-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2023-00030-01 Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70780","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70780"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70780\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}