STC1484-2023_1<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1484-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2022-00164-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de enero de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Lujan Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esa ciudad y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan, las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al despacho encausado \u00abcumplir las \u00f3rdenes judiciales emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan Tolima, notificadas en noviembre 9 de 2022, mediante los oficios: JPMVDST No. 0252 y JPMVDST No. 0257\u00bb y, en consecuencia, \u00abproce[da] al levantamiento de las medidas cautelares de embargo que pesan sobre [\u00e9l]\u2026 en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil\u00bb; asimismo, se disponga \u00abdevolver[le]\u2026 todo lo consignado a la cuenta del despacho a partir de noviembre 9 de 2022, mediante autorizaci\u00f3n de t\u00edtulo en Banco Agrario al accionante\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, pidi\u00f3 se ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares \u2013 Cremil \u00abel cumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales notificadas mediante los oficios JPMVDST No. 0252 y JPMVDST No. 0257 de noviembre 9 de 2022 y se abstenga de consignar a cuenta del Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali valores por raz\u00f3n alguna en cumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan \u2013 Tolima\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Carmen Johana Tapiero Ortiz, en representaci\u00f3n de sus menores hijos, present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de Jos\u00e9 Lujan Guzm\u00e1n Guzm\u00e1n, ante el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali, con fundamento en un acuerdo conciliatorio pactado ante la comisar\u00eda tercera de familia de Cali el 29 de octubre de 2015. <\/p>\n
2.2. El 25 de agosto de 2016 el estrado judicial libr\u00f3 mandamiento de pago, al tiempo que, decret\u00f3 el embargo del 40% del salario, prestaciones y dem\u00e1s, que como soldado profesional devenga el ejecutado; luego, ante el actuar silente de Jos\u00e9 Lujan, el 8 de noviembre de 2018 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Posteriormente, el 15 de enero de 2019 aprob\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por valor de $20.012.605. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Refiri\u00f3 el promotor que, por otra parte, promovi\u00f3 proceso de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos respecto de su hija ya mayor de edad, as\u00ed como, juicio de disminuci\u00f3n de cuota de alimentos, respecto de su otro hijo menor de edad; el conocimiento de los asuntos los asumi\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan (Tolima), quien el 20 de octubre de 2022 accedi\u00f3 a la exoneraci\u00f3n de cuota de a favor de Mar\u00eda Camila Guzm\u00e1n Tapiero y, el 25 de octubre de 2022, aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio entre las partes, en punto a disminuir la cuota de alimentos a favor del infante a $240.000 mensuales, asimismo, \u00ablas parte han decidido de mutuo acuerdo cancelar el embargo existente ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil y que recae en cabeza del se\u00f1or Jos\u00e9 Lujan Guzm\u00e1n\u00bb, oficiando a las respectivas autoridades. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Anot\u00f3 que, pese a que se remitieron los respectivos oficios, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares \u00abha hecho caso omiso a las \u00f3rdenes judiciales y para la mesada pensional del mes de noviembre de 2022 no aplic\u00f3 la exoneraci\u00f3n de la cuota a favor de Mar\u00eda Camila\u2026, tampoco se redujo el valor de cuota alimentaria para el menor\u2026, sino que procedieron a consignar los valores totales tal como se ven\u00eda con anterioridad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Indic\u00f3 que solicit\u00f3 ante el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali el levantamiento de la cautela, conforme lo acordado en el despacho de San Juan, sin embargo, el estrado judicial, el 7 de diciembre de 2022 no accedi\u00f3 a lo pedido, \u00abafirmando que el accionado debe $8.993.857,44\u00bb, sin tener en cuenta que \u00abuna persona embargada no puede deber nada, pues se le descuenta de la tesorer\u00eda de Cremil y se le consigna al despacho\u00bb, asimismo, refiri\u00f3 que el levantamiento del embargo debe provenir por parte de la ejecutante \u00abcosa que nunca realizaran\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Agreg\u00f3 que las autoridades querelladas est\u00e1n en \u00abdesacato a una orden judicial emitida por otro despacho\u00bb de levantar el embargo, situaci\u00f3n que conlleva a no poder cumplir con la cuota acordada para su menor hijo; adem\u00e1s, cuenta con otros 2 hijos por quienes tambi\u00e9n debe velar por su alimentaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia del Circuito de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio ejecutivo adelantado; manifest\u00f3 que la orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan en cuanto a la exoneraci\u00f3n de la cuota a favor de Mar\u00eda Camila es clara, sin embargo, respecto al levantamiento de la cautela es algo que debe solicitar la ejecutante al interior del proceso, lo que no ha ocurrido; que con auto de 7 de diciembre de 2022 refiri\u00f3 que el promotor est\u00e1 adeudando a noviembre de 2022 $8.993.857,44, por lo que tampoco es posible levantar la medida, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San Juan cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en los procesos seguidos por el promotor ante ese estrado; manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas, pues adopt\u00f3 las decisiones conforme las probanzas allegadas al plenario y la normatividad aplicable a los casos concretos; remiti\u00f3 los expedientes digitales para su respectiva consulta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Caja Promotora de Vivienda Familiar y de Polic\u00eda inform\u00f3 que con ocasi\u00f3n de la orden emitida por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali dentro del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2016-424 aplic\u00f3 el embargo y secuestro del 40% del salario mensual, prestaciones legales y extralegales de Jos\u00e9 Lujan; que a la fecha no ha sido informada de disminuci\u00f3n del porcentaje o levantamiento de medida cautelar de por parte de ese juzgado. <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues, de un lado, frente al auto de 7 de diciembre de 2022 que no accedi\u00f3 al levantamiento de la cautela, adem\u00e1s, que indic\u00f3 que conforme a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se adeudaban $8\u00b4993.857,44, el tutelante no formul\u00f3 recurso alguno; y, por otra parte, respecto de las cuentas aprobadas por el Juzgado puede objetar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, presentando una nueva cuenta, conforme lo dispone el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que tampoco ha empleado. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no se evidencia acci\u00f3n u omisi\u00f3n que pueda endilgarse a Cremil por la permanencia de los descuentos efectuados sobre la asignaci\u00f3n de retiro del quejoso, pues la autoridad judicial que imparti\u00f3 dicha orden, no ha emitido noticia de cesaci\u00f3n de dicha medida cautelar. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las decisiones adoptadas en los juicios de exoneraci\u00f3n y disminuci\u00f3n de cuota alimentaria a favor de sus hijos operan a futuro, por lo que no es posible anular las cuotas ya causadas con anterioridad, las que solo quedaran saldadas con el pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 su desacuerdo contra el auto de 7 de diciembre de 2022, pues all\u00ed se indic\u00f3 que \u00abdesde noviembre 1 de 2015 hasta noviembre 30 de 2022 existe un valor adeudado de $8.993.857,44 cifra alejada de la realidad, cuando\u2026 se encuentra con medidas cautelares de embargo del 40% del salario en decisi\u00f3n adoptada desde agosto 29 de 2016\u2026 y aplicado por Cremil\u2026 [quien] de manera mensual consigna directamente a la cuenta del despacho\u00bb; que al existir las decisiones en los juicios de exoneraci\u00f3n y disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, no se puede continuar con los cobros y la medida de embargo, mucho menos a que sea la ejecutante quien solicite el levantamiento de la cautela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el ruego impetrado, se colige que el promotor del auxilio censura, puntualmente, el auto de 7 de diciembre de 2022, por medio del cual el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali no accedi\u00f3 al levantamiento de las medidas cautelares, al tiempo que, le indic\u00f3 al promotor que conforme las cuentas realizadas en el juicio ejecutivo de alimentos se adeudaba $8.993.857,44; pues, en su sentir, con dicho prove\u00eddo se est\u00e1 desconociendo lo decidido al interior de los procesos de exoneraci\u00f3n y disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, pues no es pertinente continuar con el embargo, adem\u00e1s, el saldo del cr\u00e9dito all\u00ed indicado es alejado de la realidad, toda vez que, desde noviembre de 2015 le est\u00e1n descontando el 40% del salario mensual. <\/p>\n
Luego, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el gestor ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo que critica, dictado el 7 de diciembre de 2022, medio ordinario de defensa del que no hizo uso y era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General de Proceso1, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, sin que sean de recibo los argumentos que por esta v\u00eda excepcional expone, pues la decisi\u00f3n censurada fue impulsada tras su solicitud, por lo que contaba con inter\u00e9s para controvertir la misma. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, sin que sean de recibo los argumento expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora, respecto a la suma que refiere el estrado judicial que a\u00fan se adeuda que, en sentir del tutelante, est\u00e1 alejada de la realidad, se destaca que la solicitud de amparo tampoco cumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, conforme lo indica el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, el promotor puede allegar una actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, demostrando lo que, a su parecer, est\u00e1 saldado, decisi\u00f3n frente a la cual, de ser desfavorable a sus intereses puede recurrir mediante los mecanismos ordinarios legales; de ah\u00ed que, dicha herramienta procesal tampoco ha sido empleada por el promotor. <\/p>\n
De la misma manera, si el promotor considera que el porcentaje aplicado al descuento de su mesada pensional es alto, atendiendo el cambio de sus condiciones econ\u00f3micas, comoquiera que, desde el 2018 es pensionado, adem\u00e1s que, cuenta con 2 hijos m\u00e1s y debe velar por el m\u00ednimo vital de su hogar, puede acudir al estrado judicial, donde previo a demostrar sus alegaciones, puede solicitar la regulaci\u00f3n de dicha medida, mecanismo del que tampoco ha hecho uso el accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otra parte, tampoco se puede endilgar quebranto de garant\u00edas fundamentales a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil, comoquiera que, el descuento efectuado por el embargo decretado en el juicio ejecutivo a la asignaci\u00f3n de retiro del Jos\u00e9 Lujan proviene de una orden judicial emitida por el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Cali, autoridad que no ha ordenado la cesaci\u00f3n de dicha cautela, por lo que no podr\u00eda tal entidad suspender dicho descuento. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, es de precisar al promotor y su mandatario judicial, que las decisiones adoptadas en los juicios de exoneraci\u00f3n y disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, tiene efectos a fututo, por lo que las cuotas ya causadas con anterioridad generan la obligaci\u00f3n de pago, la que cesar\u00e1 una vez se cancele la totalidad de lo adeudado. <\/p>\n
6. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez… <\/p>\n
1 <\/p>\n
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