STC1488-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1488-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2023-00006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 27 de enero de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jhon Jairo Bedoya Serna contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al m\u00ednimo vital, justicia, vida digna, \u00abecon\u00f3micos y de [su] familia\u00bb que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado querellado que \u00aben t\u00e9rmino no superior a 48 horas proceda a realizar las acciones tendientes a garantizar[le] el m\u00ednimo vital\u00bb, asimismo, que \u00abproceda a realizar las acciones para el reintegro de los recursos retenidos de manera arbitraria de cuenta de n\u00f3mina ya sea reintegro total o parcial tendiendo en cuenta las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, pidi\u00f3 exhortar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, para que \u00abcumpla con la circular 58 de 2022 y si hay lugar proceda a levantar la medida cautelar decretada sobre la cuenta de ahorros N\u00b0 731367868 hasta que cumpla con el tope establecido por la superintendencia financiera de Colombia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Lady Yolima Hern\u00e1ndez Melendro, en representaci\u00f3n de su menor hijo, present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de Jhon Jairo Bedoya Hern\u00e1ndez, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1, con fundamento en la sentencia de 22 de noviembre de 2017 donde dicho despacho aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio presentado por las partes. <\/p>\n
2.2. El 4 de noviembre de 2020 el estrado judicial libr\u00f3 mandamiento de pago; el 12 de agosto de 2021 decret\u00f3 el embargo de las sumas de dinero depositadas en las entidades bancarias, entre ellas, BBVA Colombia S.A.; y, el 11 de agosto de 2022 decret\u00f3 como cautela \u00abel embargo de la quinta parte del excedente del salario m\u00ednimo legal mensual que est\u00e9 devengando como empleado de la empresa Mec\u00e1nicos Asociados S.A.S.\u00bb; luego, ante el actuar silente del promotor, el 10 de octubre siguiente, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Luego, el promotor solicit\u00f3, de un lado, la terminaci\u00f3n del proceso tras advertir que hab\u00eda conciliado con la ejecutante y, por otra parte, el levantamiento de las cautelas, al considerar que se le est\u00e1 vulnerando el m\u00ednimo vital, toda vez que, adem\u00e1s del embargo de su salario, los dineros depositados en su cuenta de ahorro en BBVA, donde le consignan el resto de su salario, est\u00e1n siendo retenidos por la entidad financiera por cuenta de la orden judicial; el 6 de enero de 2023 el estrado judicial neg\u00f3 lo peticionado, al argumentar que, conforme a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se est\u00e1 adeudando $17\u00b4865.567, sumado a que, en la conciliaci\u00f3n presentada, no se acord\u00f3 tal terminaci\u00f3n; por otro lado, refiri\u00f3 que no hab\u00eda lugar al levantamiento de la cautela, porque no fueron confutadas mediante los mecanismos ordinarios, adem\u00e1s, no se evidenciaba la improcedencia de las mismas; decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues \u00aba mediados del segundo semestre de 2022 comen[z\u00f3] a trabajar nuevamente con una empresa\u2026 [la que] en cumplimiento de providencia [le] ha venido descontando lo ordenado y el excedente del salario [se] lo consigna a [su] cuenta de n\u00f3mina\u2026 del banco BBVA\u00bb, por lo que, en \u00faltimas \u00abtiene embargado el 100% de [su] sueldo\u2026 [y] no se [le] est\u00e1 garantizando ni el m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que \u00abla norma establece que se [le] puede embargar hasta el 50% del salario, pero el despacho\u2026 [le] est\u00e1 quitando el 100% del salario\u00bb, asimismo, el juzgado \u00abpudo haber establecido otros mecanismos donde se le garantizara tambi\u00e9n los derechos del ejecutado ya fuera la congelaci\u00f3n porcentual (el 20%, 25%, 30%) y parcial de algunos recursos que fueran consignados. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que entre diciembre de 2022 y enero de 2023 le han retenido $6\u00b4095.363; destacando que, no se atendi\u00f3 que tiene otra hija menor de edad, por quien tambi\u00e9n debe velar por sus alimentos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; precis\u00f3 que decret\u00f3 el embargo de la quita parte del excedente del salario m\u00ednimo legal mensual vigente, as\u00ed como, en aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso, las sumas de dinero depositadas en Davivienda, BBVA Colombia, Bancolombia S.A.M Banco de Occidente, Banco Agrario de Colombia y Banco Popular, relievando que, \u00aben el expediente no obra prueba de lo afirmado por el actor en cuanto a que las consignaciones realizadas sean por concepto de la totalidad del salario\u00bb; que no accedi\u00f3 al levantamiento de las cautelas, ante la no cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y no probanza de lo afirmado por el gestor; que la queja constitucional \u00abobedece a que presuntamente se encuentra embargada una cuenta bancaria correspondiente a la de la consignaci\u00f3n de n\u00f3mina del petente, evento que no fue probado y no obra en el expediente documentaci\u00f3n que brinde certeza de que la misma sea utilizada para ello, no acatando el actor lo reglado en el art\u00edculo 167 del C.G.P., contando \u00fanicamente la judicatura con la informaci\u00f3n brindada por el despacho en los PDF 055, 057, 061 y 063 del expediente\u00bb; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 15 Judicial II de Familia refiri\u00f3 que el fallador encausado ha desarrollado un proceso debidamente reglado por la legislaci\u00f3n procesal, pretendiendo con las medidas cautelares garantizar las cuotas causadas y las futuras; que el gestor puede solicitar al juez la necesidad de regular las pensiones alimentarias. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Mec\u00e1nicos Asociados S.A.S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que, su actuar obedece a una orden judicial; que lo pretendido por el accionante es obtener una decisi\u00f3n sobre los embargos de los salarios por los alimentos de un menor. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, relievando que el menor tiene garantizados sus alimentos. <\/p>\n
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5. La Defensora del Pueblo \u2013 Regional Caldas sostuvo que se atiene a lo que resulte del debate probatorio, sin embargo, no coadyuva la acci\u00f3n de tutela, dadas las pruebas del escrito de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo, en Sala mayoritaria, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al considerar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto \u00aben el dosier no se ha acreditado que efectivamente en la cuenta objeto de cautela, le fueran aprehendidos los dineros correspondientes al salarios que devenga, situaci\u00f3n que claramente debe ser probada en el dosier\u00bb, destacando que, el despacho procedi\u00f3 conforme lo indica en canon 594-2 del C\u00f3digo General del Proceso, pues en trat\u00e1ndose de alimentos procede el embargo de salarios, como de cuentas bancarias que posea el demandado para garantizar la obligaci\u00f3n alimentaria del menor, insistiendo que, para el caso, el actor no prob\u00f3 que los dineros depositados en la cuenta embargada corresponda al salario. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00absi el actor considera que el dinero embargado en la cuenta de ahorro que posee en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, corresponde a un dinero que hace parte de su salario, ello debe acreditarse es en el proceso ordinario\u00bb, lo cual no se ha probado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno se evidencia que con el embargo se desconozca el l\u00edmite de inembargabilidad de las cuentas de ahorro dado que la misma tiene una excepci\u00f3n, los cr\u00e9ditos de alimentos. Al respecto el canon 594 numeral 2 del C.G.P., prev\u00e9: \u00abAdem\u00e1s de los bienes inembargables se\u00f1alados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o en leyes especiales, no se podr\u00e1n embargar: 2. Los dep\u00f3sitos de ahorro constituidos en los establecimientos de cr\u00e9dito, en el monto se\u00f1alado por la autoridad competente, salvo para el pago de cr\u00e9ditos alimentarios\u00bb. <\/p>\n
Exhort\u00f3 al fallador encausado \u00abpara que de acreditarse que la medida que recae sobre bienes distintos (salario en su quinta parte y cuentas bancarias), en la pr\u00e1ctica afectan la totalidad del ingreso mensual percibido por el accionante y por tanto, su m\u00ednimo vital, deber\u00e1 tomar las medidas pertinentes para salvaguardar esa situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en sus argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora juez no va a realizar ninguna acci\u00f3n tendiente o pertinente a garantizar[le] el m\u00ednimo vital sin que medie una orden del juez constitucional porque eso ser\u00eda aceptar que hubo una medida desproporcionada y ella desde el comienzo a actuado de manera parcializada\u00bb, insistiendo que, no cuenta con ingresos diferentes a los de su salario, el que \u00abse embarg\u00f3 dos veces el mismo bien que ser\u00eda [su] salario por una parte la 5ta y por otro lado la cuenta de n\u00f3mina\u00bb, por lo que cuenta con elementos suficientes para que se acceda a la salvaguarda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, considera la Corte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente habida cuenta que, como lo esgrimi\u00f3 el tutelante, aquel solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la cautela decretada sobre su salario, reclamo que fue negado con auto del 6 de enero de 2023, notificado en estado 04 del 10 de enero siguiente, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria, sin que el tutelante lo hubiese censurado a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, siendo ese el mecanismo propicio para cuestionar la inviabilidad de dicha medida. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, se verifica que el reclamo constitucional tambi\u00e9n desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, a pesar de la negativa antes referida, de demostrarse que los dineros depositados en la cuenta bancaria corresponden a su salario, el quejoso podr\u00e1 solicitar, nuevamente, la revisi\u00f3n de dicha cautela, en caso de que la misma est\u00e9 afectando su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del gestor, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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