STC1495-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1495-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 47001-22-13-000-2022-00359-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 15 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, que neg\u00f3 el amparo promovido por Hernando Linero Carrascal contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta y la Alcald\u00eda Menor de la Localidad 2 de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los se\u00f1ores Nibia de la Cruz L\u00f3pez Morales, Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez L\u00f3pez, Tania Manjarrez Morelli y a la Fiscal\u00eda 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y vivienda digna. <\/p>\n
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2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establece que Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez L\u00f3pez promovi\u00f3 un proceso reivindicatorio contra Hernando Linero Carrascal, con el fin de que se declarara que a \u00e9l le pertenec\u00eda el dominio pleno y absoluto del inmueble ubicado en la carrera 28 No. 13 \u2013 16 casa 10 – Caribe In., y se condenara al demandado a restituirlo y a pagar los frutos naturales o civiles del mismo. <\/p>\n
2.1. El 28 de noviembre de 2018, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta dict\u00f3 sentencia, declarando la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria y condenando al se\u00f1or Linero Carrascal a restituir el inmueble y a reconocerle al demandante el pago de frutos civiles desde la presentaci\u00f3n de la demanda hasta cuando se efectuara la restituci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El l9 de diciembre de 2020, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta confirm\u00f3 la sentencia, pero precis\u00f3 que el pago de los frutos civiles corr\u00eda desde que el accionado fue notificado del proceso. <\/p>\n
2.3. El actor aduce que el inmueble objeto de la litis fue adquirido con quien en ese entonces era su compa\u00f1era permanente, Nibia de la Cruz L\u00f3pez, quien lo vendi\u00f3 con maniobras enga\u00f1osas a su sobrino en 2015, acto que se inscribi\u00f3 hasta el 2018, con la demanda. <\/p>\n
Asevera que en dicho proceso no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica ni fue escuchado, sumado a que se presentaron varias falsedades, como la relacionada con el precio de la venta, que es mucho menor al real, situaciones que puso en conocimiento de la Fiscal\u00eda 18 Seccional de Santa Marta. Expuso que, en su caso, era un hecho nuevo que el ente acusador hab\u00eda ordenado investigar a Tania Manjarrez Morelli, quien \u00absuscribi\u00f3 la escritura de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que era una persona de la tercera edad que no tiene d\u00f3nde vivir, raz\u00f3n por la cual la orden de desalojo le causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se suspenda la diligencia de desalojo fijada para el 5 de diciembre de 2022, hasta que Tania Manjarrez declare ante la Fiscal\u00eda sobre los dineros con que se realiz\u00f3 la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta inform\u00f3 que el se\u00f1or Hernando Linero Carrascal formul\u00f3 denuncia en contra de Nibia L\u00f3pez Morales y Carlos Mart\u00ednez L\u00f3pez, por la presunta comisi\u00f3n del punible de fraude procesal, la cual est\u00e1 en indagaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta refiri\u00f3 que el actor hab\u00eda interpuesto una tutela anterior, por los mismos hechos (rad. 2022-00178), que la sentencia controvertida estaba ejecutoriada y que aqu\u00e9l pidi\u00f3 que se declarara la prejudicialidad, por el proceso penal en curso, lo cual fue negado. <\/p>\n
3. Carlos Andr\u00e9s Mart\u00ednez L\u00f3pez manifest\u00f3 que, habiendo trascurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde el fallo emitido en contra del accionante, este ha contado con tiempo suficiente para desalojar el predio, m\u00e1xime que tiene recursos pensionales de m\u00e1s de $5.000.000 mensuales, que su fin es solo dilatar la entrega sin sustento alguno y que, por los mismos hechos, ya se hab\u00eda promovido una acci\u00f3n de tutela que fue negada, raz\u00f3n por la cual su actuar era temerario. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, en primer lugar, desestim\u00f3 la temeridad del tutelante, pues, aunque en las dos acciones se plantearon circunstancias f\u00e1cticas similares, en aquella oportunidad se buscaba la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien fijada para una fecha distinta, sumado a que hab\u00eda planteado un hecho nuevo, esto es, la investigaci\u00f3n penal seguida contra Tania Manjarrez. <\/p>\n
De otro lado, neg\u00f3 el amparo, en raz\u00f3n a que el censor hab\u00eda actuado en el proceso y ejerci\u00f3 su derecho de defensa, de manera que no se vulneraron sus derechos, aunado a que la tutela no era procedente para suspender una diligencia ordenada en un proceso finalizado. <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor considera vulnerados sus derechos por las presuntas irregularidades ocurridas en el citado juicio reivindicatorio, en el que se dispuso la entrega del inmueble objeto de la litis y su desalojo. <\/p>\n
2. Revisado el asunto encuentra la Sala que, contrario a lo aseverado por el a quo constitucional, en el presente asunto s\u00ed se presenta un actuar temerario, pues el actor interpuso una tutela previa (rad. 2022-00178-00) contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Alcald\u00eda de la Localidad 2, ambos de Santa Marta, en la cual expuso iguales supuestos, esto es, que: i) compr\u00f3 el bien en disputa con su compa\u00f1era, quien lo vendi\u00f3 a su sobrino; ii) el juicio promovido por el comprador contiene falsedades que fueron denunciadas a la Fiscal\u00eda 18 Seccional de Santa Marta; iii) no tuvo una defensa t\u00e9cnica adecuada; iv) la orden de desalojo le causaba un perjuicio irremediable, por su edad y porque no tiene donde vivir. Con base en ello, pretendi\u00f3 que se dejara sin efectos lo actuado en el proceso atacado y que se suspendiera la diligencia de desalojo. <\/p>\n
En esa oportunidad, el Tribunal Superior de Santa Marta neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, mediante sentencia del 8 de julio de 2022, que no fue impugnada y no fue seleccionada para revisi\u00f3n de la Corte Constitucional1, por considerar que: i) el accionado concurri\u00f3 al proceso y s\u00ed pudo ejercer sus derecho de defensa; ii) la diligencia de desalojo no vulnera derechos, pues es el acto necesario para cumplir el fallo; y iii) no era procedente suspender la entrega, porque la prejudicialidad invocada por la denuncia penal en curso era improcedente, dado que la orden fue emitida en una sentencia ejecutoriada, seg\u00fan lo definido por el Juzgado de conocimiento, decisi\u00f3n que deb\u00eda ser respetada por el juez constitucional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien el tutelante advirti\u00f3 un hecho nuevo, referente al presunto avance en la investigaci\u00f3n penal por \u00e9l promovida, por la investigaci\u00f3n de la compradora, y el Tribunal encontr\u00f3 que la diligencia de desalojo que ahora se pretend\u00eda evitar ten\u00eda una fecha distinta a la anterior, pues fue reprogramada, lo cierto es que lo atacado y lo pretendido en sede constitucional no se alter\u00f3 para nada y, por tanto, no hab\u00eda lugar a volver a analizar lo decidido previamente por el juez de tutela; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la sentencia atacada est\u00e1 ejecutoriada y, por tanto, el tr\u00e1mite de una investigaci\u00f3n penal no finalizada no puede afectar la fuerza ejecutoria de dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, siendo imposible auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento y estudiar el asunto que ya fue resuelto por esta v\u00eda extraordinaria, se impone estarse a lo resuelto en precedencia, esto es, en el fallo de tutela del 8 de julio de 2022, pues frente a dicha providencia oper\u00f3 la instituci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, en cuanto neg\u00f3 la tutela, pero por las razones referidas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 T8971889, auto del 28 de octubre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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