STC1497-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1497-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00583-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00157-00 y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por la autoridad convocada, toda vez que, no ha desatado la segunda instancia en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00157-00 incoada frente a Galilea Accesorios Exclusivos. <\/p>\n
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2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que la magistratura accionada ha incumplido el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, con lo cual contrar\u00eda tambi\u00e9n lo se\u00f1alado en el canon 84 \u00edb en cuanto a la perentoriedad e improrrogabilidad de los t\u00e9rminos previstos en esa normativa. <\/p>\n
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3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (i) declarar la p\u00e9rdida de competencia para resolver el asunto en los t\u00e9rminos que precisa el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; (ii) \u00abse determine en tutela cuanto tiempo contaba el tutelado para fallar, pues segun (sic) la ley solo tenia (sic) 20 dias (sic) para ello y el tutelado simplemente nunca cumple dicho termino (sic) perentorio\u00bb; (iii) \u00abse inste al tutelado aplicar art 84 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 o remita a quien corresponda\u00bb; (iv) \u00abse ordene al tutelado fallar inmediatamente \uf05bsu\uf05d accion, (sic) tal como se lo impone art 37 ley 472 de 1998\u00bb; (v) \u00abse ordene una constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas, consignando dia, (sic) mes y a\u00f1o a fin de probar la mora judicial y se de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998\u00bb; (vi) \u00abse ordene la intervenci\u00f3n en DERECHO de la procuradora gral naci\u00f3n (\u2026) a fin que actue (sic) en \uf05bsu\uf05d amparo y presente acciones legales a \uf05bsu\uf05d nombre a fin que se de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998, pues no \uf05bes\uf05d abogado\u00bb; (vii) \u00abse oficie al consejo superior judicatura sala disciplinaria a fin que aporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado en cualquier tiempo en acciones populares y las resultas de las mismas a fin de probar la mora judicial\u00bb; (viii) \u00abse \uf05ble\uf05d brinde copia autentica de todo lo actuado a fin que obre ante la Comision (sic) interamericana DDHH\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por conducto de uno de sus magistrados, defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas esenciales que reclama el querellante, en tanto que all\u00ed tambi\u00e9n se \u00abtramita\uf05bn\uf05d otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre Constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable, pues en a diciembre del 2022, se tramitaron 5 habeas corpus, 103 tutelas de primera instancia, 137 de segunda instancia, 71 acciones populares; adem\u00e1s del estudio y discusi\u00f3n de proyectos de providencias sustanciadas por los dem\u00e1s magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, se convierten en limitantes de tiempo que permitan dictar el fallo con mayor celeridad, adem\u00e1s de las fallas de conectividad que se presentan, por lo cual no es posible cumplir los t\u00e9rminos que reclama el tutelante para desatar la alzada propuesta. Aunado a lo anterior, esta Sala, en aras de salvaguardar el derecho a la igualdad de los usuarios que tramitan sus procesos en este despacho, respeta el sistema de turnos de los mismos, atendi\u00e9ndolos en orden de llegada, salvo las excepciones de ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda reliev\u00f3 que \u00abno existe en [esa] Corporaci\u00f3n actuaci\u00f3n alguna que haya generado vulnerado al derecho fundamental invocado por el actor\u00bb. <\/p>\n
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3. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que pidi\u00f3 que fuese desvinculada del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
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4. El Procurador 4 Judicial II para Asuntos Civiles manifest\u00f3 que esa entidad \u00abno fue vinculada a la Acci\u00f3n Popular a la que ahora se refiere el accionante. De ah\u00ed que [desconoce] los fundamentos, el tr\u00e1mite, y el suceso de la materia relacionada con la supuesta mora alegada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si el hecho de que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, no hubiese proferido sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular 2022-00157-01 durante el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, comporta, per se, una trasgresi\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso. <\/p>\n
2. Sobre la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Es innegable la relaci\u00f3n que existe entre el acceso a la justicia y el ejercicio oportuno de la funci\u00f3n judicial. La tardanza de los funcionarios encargados de dirimir derechos sustanciales en disputa pone en entredicho el contenido mismo de esos derechos, y por lo mismo, compromete la realizaci\u00f3n de los valores y principios de convivencia que defiende y promueve el Estado Social de Derecho a trav\u00e9s del poder jurisdiccional. <\/p>\n
Ahora bien, definir cu\u00e1l es el t\u00e9rmino adecuado para que una actuaci\u00f3n judicial se lleve a cabo es una tarea delegada al legislador, quien, con mayor o menor abstracci\u00f3n, ha fijado t\u00e9rminos perentorios para decidir ciertas solicitudes, o cuando menos para emitir el fallo que definir\u00e1 la disputa. En consecuencia, para determinar si se presenta un evento de mora judicial, basta con verificar una variable objetiva: el vencimiento del t\u00e9rmino legal para realizar la actuaci\u00f3n pendiente. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, no cualquier situaci\u00f3n de mora compromete los derechos fundamentales de las partes, ni habilita la intervenci\u00f3n de los jueces constitucionales. Debido a que la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia no cuenta con recursos ilimitados, es posible \u2013especialmente en un pa\u00eds en transici\u00f3n hacia el pleno desarrollo\u2013 que el presupuesto de la jurisdicci\u00f3n sea insuficiente para crear tantas sedes judiciales como se requieran para atender las crecientes necesidades de justicia de toda la sociedad. Y, por esa v\u00eda, tambi\u00e9n puede ocurrir que, a pesar de imprimir en ello todos los esfuerzos que razonablemente caben exigir a un ser humano, el fallador tampoco pueda evacuar a tiempo toda la carga que tiene asignada. <\/p>\n
2.3. Estas situaciones, por supuesto, se deben entender excepcionales, y ha de procurarse con celo que no se conviertan en la regla, como ocurrir\u00eda si se toleran excusas infundadas para no realizar a tiempo las tareas que le competen a cada juez o magistrado, como directores de los procesos a su cargo. Pero si, analizadas las circunstancias, se evidencia que la mora tiene explicaci\u00f3n justificada, la tutela no puede abrirse paso, tal como lo tiene decantado el precedente constitucional consolidado, que, sobre el particular, explica: <\/p>\n
\u00ab(…) el derecho al debido proceso supone el cumplimiento de t\u00e9rminos judiciales no como un fin en s\u00ed mismo, sino como medio para \u201casegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia\u201d. Por ende, quien adelanta cualquier actuaci\u00f3n judicial dentro de los t\u00e9rminos previstos, ostenta el derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro del tiempo consagrado para ello, pues de no ser as\u00ed se desconocer\u00edan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201ccomoquiera que no se brinda una respuesta oportuna frente a las pretensiones invocadas en su momento y se torna ilusoria la realizaci\u00f3n efectiva de la justicia material en el caso concreto\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que existen fen\u00f3menos como la mora, la congesti\u00f3n y el atraso judiciales, que afectan estructuralmente la administraci\u00f3n de justicia, por lo que en ciertos casos el incumplimiento de t\u00e9rminos procesales no es directamente imputable a los funcionarios judiciales, m\u00e1s si se tienen en cuenta la complejidad de los casos que pueden derivar en la pr\u00e1ctica de pruebas, el cumplimiento de tr\u00e1mites, lo que deriva en el aumento del tiempo previsto por el legislador para la el agotamiento de las etapas o la totalidad del proceso. <\/p>\n
Es por esta raz\u00f3n que la jurisprudencia constitucional ha determinado criterios para establecer si la mora en la decisi\u00f3n de las autoridades judiciales es justificada o injustificada. Al respecto (…) en la decisi\u00f3n SU-333 de 2020, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 el precedente jurisprudencial respecto de la mora judicial y la configuraci\u00f3n de una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En ella se unificaron las siguientes reglas jurisprudenciales: (…) En caso de omisi\u00f3n de respuesta, se incurre en una vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salvo que la dilaci\u00f3n est\u00e9 v\u00e1lidamente justificada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con estas omisiones judiciales, la acci\u00f3n de tutela resulta formalmente procedente cuando (i) no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso (como consecuencia de un estado de indefensi\u00f3n, entre otras razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisi\u00f3n judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales. <\/p>\n
Se presenta una mora judicial injustificada si: (i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial\u00bb (CC, SU-453 de 2020). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Decantado lo anterior, y teniendo en cuenta la postura actual de esta Sala de Casaci\u00f3n (STC12372-2022, 20 sep., rad. 2022-01758-00), de acuerdo con la cual en el tr\u00e1mite de las acciones populares se debe observar la norma especial prevista en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, emerge evidente que el supuesto de mora alegado se constat\u00f3 en el sub-lite, porque se tiene acreditado que el expediente arrib\u00f3 al tribunal el 23 de agosto de 2022, de modo que el t\u00e9rmino de veinte d\u00edas con que contaba esa colegiatura para resolver la segunda instancia se encontraba fenecido para el 14 de febrero de 2023, cuando se interpuso la tutela, aunado a que a la fecha no se ha proferido la sentencia que desate la alzada interpuesta por el actor popular. <\/p>\n
No obstante, en este caso la corporaci\u00f3n accionada explic\u00f3 con detalle las razones por las que no ha podido cumplir su tarea en el plazo que consagra la norma en cita, las cuales est\u00e1n relacionadas con un significativo c\u00famulo de causas constitucionales, especialmente acciones populares y de tutela, que han hecho materialmente imposible que, por ahora, se cumplan a cabalidad los tiempos estipulados por el legislador. <\/p>\n
Este motivo razonable impide que se califique de injustificada la mora del tribunal, y por lo mismo, frustra la acci\u00f3n constitucional incoada; sumado a que, ciertamente, de la verificaci\u00f3n del expediente se colige que, el pasado 6 de febrero, se admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n y concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas para la sustentaci\u00f3n del recurso, por lo que se hace un especial llamado al tribunal para que, a la mayor brevedad posible, defina el segundo grado del tr\u00e1mite que interesa al se\u00f1or Restrepo Zapata, en el entendido de que la acci\u00f3n popular tiene un tr\u00e1mite prevalente, que debe adelantarse con particular celeridad y eficiencia, en procura de garantizar los derechos colectivos de todos los miembros de la sociedad. <\/p>\n
3.2. De otra parte, en lo que respecta a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que \u00abse oficie al consejo superior judicatura sala disciplinaria a fin que aporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado en cualquier tiempo en acciones populares y las resultas de las mismas a fin de probar la mora judicial (\u2026) se \uf05ble\uf05d brinde copia autentica de todo lo actuado a fin que obre ante la Comision (sic) interamericana DDHH\u00bb, colige la Sala que nada obsta para que el censor acuda directamente ante la autoridad competente para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Aunque el t\u00e9rmino para dictar el fallo de segunda instancia, conforme a la Ley 472 de 1998, se encuentra vencido en el asunto sometido al escrutinio de la Corte, la entidad accionada ofreci\u00f3 explicaciones razonables para esa situaci\u00f3n, lo que, a voces de la jurisprudencia consolidada, impide que se conceda la salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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