STC1505-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC1505-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0.25000-22-13-000-2022-00589-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por Carmen Beltsy Rubio Sinisterra contra el Juzgado Civil del Circuito de Villeta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima y a la se\u00f1ora Jacqueline Mej\u00eda S\u00e1nchez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante promovi\u00f3 un proceso ejecutivo de menor cuant\u00eda contra de Jacqueline Mej\u00eda S\u00e1nchez, para el pago de $35.000.000, representados en una letra de cambio, m\u00e1s los intereses remuneratorios y moratorios. <\/p>\n
2.2. El 12 de abril de 20191, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima libr\u00f3 mandamiento ejecutivo por $35.000.000 de capital, m\u00e1s los intereses reclamados y decret\u00f3 el embargo y posterior secuestro de un inmueble2 y de los remanentes del proceso ejecutivo de radicado 2018-00519-003. <\/p>\n
2.3. El 2 de septiembre de dicha anualidad4, la ejecutante solicit\u00f3 el embargo de unas sumas de dinero, medida que el Despacho decret\u00f3 el 10 de los citados mes y a\u00f1o5. <\/p>\n
2.4. El 6 de noviembre de 2019 se notific\u00f3 personalmente a la se\u00f1ora Jacqueline Mej\u00eda S\u00e1nchez6 y se le corri\u00f3 traslado de 10 d\u00edas, para que contestara la demanda. El 12 de noviembre siguiente, el apoderado de la ejecutada interpuso recurso de reposici\u00f3n7 contra el mandamiento de pago y, el 18 posterior, formul\u00f3 unas excepciones de m\u00e9rito8 y tach\u00f3 de falsa la letra de cambio objeto de recaudo. <\/p>\n
2.5. El 5 de diciembre siguiente9, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado de la ejecutada, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de falta de competencia, por el factor territorial, y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juez Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.6. El Juzgado 33 Civil Municipal de la misma ciudad propuso un conflicto negativo de competencias y, el 17 de marzo de 2020, esta Corte dispuso que el competente para conocer el compulsivo era el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima. <\/p>\n
2.7. El 31 de agosto de 202010, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el mandamiento de pago, confirmando la orden de apremio; igualmente, dispuso el traslado de las excepciones de m\u00e9rito por 10 d\u00edas, seg\u00fan lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 443 del C. G. del P. y, \u00abDe conformidad con (\u2026) el art\u00edculo 270 del C.G. del P., [orden\u00f3] la reproducci\u00f3n del documento por fotograf\u00eda y otro medio similar, la cual quedar\u00e1 bajo custodia de este Despacho\u00bb, en raz\u00f3n a la tacha formulada por la ejecutada. Esta providencia fue aclarada el 9 de septiembre siguiente11 a solicitud de la ejecutada, precisando el nombre correcto de la accionada y que el t\u00edtulo base de recaudo era una letra de cambio. <\/p>\n
2.8. El 15 de septiembre de 202012, la ejecutante descorri\u00f3 el traslado de las excepciones, oponi\u00e9ndose a su prosperidad. Ese mismo d\u00eda, el apoderado de la ejecutada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n13 contra el prove\u00eddo del 31 de agosto de 2020, por el cual se confirm\u00f3 el mandamiento de pago, que fue negado por el Juzgado el 21 de septiembre de ese mismo a\u00f1o14, por improcedente, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 438 del C.G. del P. 15, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 el 22 siguiente. <\/p>\n
2.9. El 3 de diciembre de 202016, el Juzgado dispuso tener en cuenta el embargo de remanentes solicitado por el Juzgado 18 Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, en relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo seguido por Fonjudicatura contra Jacqueline Mej\u00eda S\u00e1nchez. Y, por auto del 20 de enero de 202117, el Despacho inform\u00f3 al Juzgado 7 Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1 que no era posible atender su petici\u00f3n de embargo de remanentes para el proceso ejecutivo adelantado por Henry Vega Buitrago contra dicha se\u00f1ora, toda vez que ya se hab\u00eda tenido en cuenta el reclamado por el Juzgado 18 Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.10. El 8 de octubre de 202118, el apoderado de la ejecutada solicit\u00f3 la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito, en raz\u00f3n a que hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde el 22 de septiembre de 202019, sin que la ejecutante realizara actuaci\u00f3n alguna \u00abtendiente a dar continuidad a la etapa procesal subsiguiente\u00bb, concretamente porque no pidi\u00f3 el impuso del proceso al descorrer el traslado de las excepciones. Advirti\u00f3, adem\u00e1s, que las solicitudes de embargo de remanentes no ten\u00edan la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino para declarar el desistimiento t\u00e1cito, a la luz de lo contemplado en la sentencia CSJ STC11191-2020, pues correspond\u00edan a actos de terceros cuyo objeto no era activar el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.11. El 3 de noviembre de 202120, el Juzgado neg\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, por no reunir los presupuestos del art\u00edculo 317 del C. G. del P. y dispuso que, el 22 de marzo de 2022, se realizar\u00eda la audiencia subsiguiente, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 443 ibidem. <\/p>\n
2.12. El 9 de noviembre de 202121, la ejecutada interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, que fue concedido en el efecto devolutivo el 26 de los citados mes y a\u00f1o, ordenando correr el traslado previsto en el art\u00edculo 326 del Estatuto Procesal Civil22. El 9 de diciembre de 2021, la ejecutante se pronunci\u00f3 sobre la alzada propuesta. <\/p>\n
2.13. El 18 de marzo de 202223, la demandante solicit\u00f3 aplazamiento de la audiencia programada para el 22 siguiente, dado que estaba pendiente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito. Ese mismo d\u00eda, el Juzgado comunic\u00f3 a las partes que la diligencia no se realizar\u00eda y, mediante auto del 28 de abril de 202224, fij\u00f3 como nueva fecha el 9 de agosto de dicha anualidad. La audiencia se aplaz\u00f3 nuevamente para el 6 de octubre de 2022 y, en esa data, se suspendi\u00f3 hasta cuando se resolviera la alzada en curso25. <\/p>\n
2.14. El 18 de octubre de 202226, el Juzgado Civil del Circuito de Villeta revoc\u00f3 el prove\u00eddo del 3 de noviembre de 2021 y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, por desistimiento t\u00e1cito y, el 8 de noviembre de 202227, el a quo profiri\u00f3 auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo dispuesto por el Superior y archiv\u00f3 el expediente. <\/p>\n
3. La tutelante censura el prove\u00eddo emitido por el Juzgado del Circuito accionado, en raz\u00f3n a que el proceso no estuvo inactivo, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abtomar la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda para que de esta manera contin\u00fae su curso normal el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Los Juzgados Civil del Circuito de Villeta y Promiscuo Municipal de Sasaima afirmaron que sus actuaciones se ci\u00f1eron a la ley. <\/p>\n
2. El apoderado de la se\u00f1ora Jacqueline Mej\u00eda S\u00e1nchez pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, dado que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n del derecho reclamado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la se\u00f1ora Jacqueline Mej\u00eda S\u00e1nchez, resaltando que, si bien el Juzgado fue omisivo, hubo negligencia de la ejecutante, pues no solicit\u00f3 la continuaci\u00f3n del proceso. Destac\u00f3 que, de acuerdo con el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, el impulso corresponde a la parte y no al Juez, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 revocar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta el 18 de octubre de 2022, que revoc\u00f3 la proferida el 3 de noviembre de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio ejecutivo por desistimiento t\u00e1cito, pues, en su criterio, el tr\u00e1mite no estuvo inactivo. Concedido el amparo propuesto, la ejecutada pidi\u00f3 revocar el fallo y negar la tutela. <\/p>\n
2. Revisadas las actuaciones surtidas en el compulsivo que la gestora instaur\u00f3 contra la se\u00f1ora Jacqueline Mej\u00eda S\u00e1nchez, se observa que, el 18 de octubre de 2022, el Juzgado Civil del Circuito de Villeta revoc\u00f3 el prove\u00eddo del 3 de noviembre de 2021 -que neg\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito-, bajo la consideraci\u00f3n de que, entre el \u00faltimo pronunciamiento de fondo que emiti\u00f3 el estrado de primera instancia (21 de septiembre de 2020) y la solicitud de desistimiento t\u00e1cito (8 de octubre de 2021), transcurri\u00f3 el a\u00f1o de que trata el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En sustento, afirm\u00f3 que, si bien el 20 de enero de 2021 el a quo se pronunci\u00f3 sobre una medida cautelar solicitada por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1, esa actuaci\u00f3n no ten\u00eda la virtualidad de suspender el proceso, porque fue propuesta por un tercero y no por la ejecutante, como lo exige el referido art\u00edculo, sumado a que, acorde con lo indicado por esta Sala en sentencias CSJ STC1216-2022 y CSJ STC11191-2020, las actuaciones que interrumpen los t\u00e9rminos deben ser aptas para impulsar el tr\u00e1mite y a que la ejecutante tuvo un comportamiento indiferente, \u00abpues ninguna solicitud elev\u00f3 al juez de instancia para la continuaci\u00f3n\u00bb de este. <\/p>\n
2.1. En efecto, no pude objetarse el hecho de que, despu\u00e9s del prove\u00eddo del 21 de septiembre de 2020, que declar\u00f3 improcedente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que confirm\u00f3 el mandamiento de pago, no se surtieron actuaciones de fondo posteriores, y que la solicitud de desistimiento t\u00e1cito se radic\u00f3 el 8 de octubre de 2021. Tampoco se controvierte que la petici\u00f3n que provoc\u00f3 el prove\u00eddo del 20 de enero de 2021 provino de un tercero y su objeto no ten\u00eda como fin impulsar el asunto, de manera que no suspend\u00eda el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2. No obstante, se observa que la ejecutante cumpli\u00f3 las cargas que le eran exigibles con miras a obtener la satisfacci\u00f3n de sus intereses, tanto que obtuvo que se librara mandamiento de pago a su favor, logr\u00f3 la imposici\u00f3n de medidas cautelares y descorri\u00f3 el traslado de las excepciones propuestas por la ejecutada, siendo esta la \u00faltima actuaci\u00f3n a su cargo, pues de all\u00ed en adelante, de un lado, ning\u00fan requerimiento hizo el Juzgado a la demandante y, de otro, correspond\u00eda al operador judicial fijar fecha de audiencia, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 443 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Dicha norma, en su numeral 2, se\u00f1ala que, surtido el traslado de las excepciones, \u00abel juez citar\u00e1 a la audiencia prevista en el art\u00edculo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de m\u00ednima cuant\u00eda, o para audiencia inicial y, de ser necesario, para la de instrucci\u00f3n y juzgamiento, como lo disponen los art\u00edculos 372 y 373, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor y mayor cuant\u00eda\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n
En ese contexto, no resulta admisible que la carga que deb\u00eda cumplir al Juez de la causa se traslade a la parte ejecutante, pues -se insiste- esta descorri\u00f3 el traslado de las excepciones propuestas por la ejecutada, quedando pendiente, entonces, la programaci\u00f3n de la audiencia subsiguiente, medida que, como se observa, correspond\u00eda, por expresa disposici\u00f3n legal, \u00fanicamente al director del proceso. <\/p>\n
2.3. Bajo la premisa anterior, esta Sala, al resolver un asunto con alguna similitud, en el que se analiz\u00f3 una providencia que neg\u00f3 un desistimiento t\u00e1cito, puesto que no hab\u00eda actuaciones pendientes a cargo de los demandantes y, por tanto, \u00abno deb\u00eda realizarse una interpretaci\u00f3n restrictiva de la norma a efectos de aplicar una sanci\u00f3n a la parte activa, dado que la inactividad no era imputable a los sujetos procesales\u00bb, cit\u00f3 el criterio expuesto en el fallo CSJ STC1646-2021, en el sentido que \u00abla par\u00e1lisis a la que se vio sometido el proceso no era imputable a la parte actora, sino al despacho judicial de conocimiento\u00bb y concluy\u00f3 que no era viable \u00abla acci\u00f3n de tutela, porque la decisi\u00f3n de no decretar el desistimiento t\u00e1cito se sustent\u00f3 en que la inactividad fue producto de una actuaci\u00f3n del juzgado de conocimiento y no de las partes\u00bb, como ocurri\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
En ese sentido, no puede perderse de vista que la figura del desistimiento t\u00e1cito tiene como prop\u00f3sito sancionar el incumplimiento de las cargas procesales que incumben a las partes y efectivizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para que los juicios no sean indefinidos, sin embargo, dicha medida <\/p>\n
[\u2026] no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal. <\/p>\n
Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb (CSJ STC16508-2014, reiterada en CSJ STC19013-2017). <\/p>\n
3. Hechas las anteriores precisiones, considera la Sala que le asiste raz\u00f3n al a quo constitucional, en cuanto asegur\u00f3 motivadamente que el Juzgado accionado vulner\u00f3 el debido proceso de la ejecutante -tutelante-, por haberla sancionado con la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, pues lo cierto es que ninguna actuaci\u00f3n de su parte estaba pendiente para impulsar el proceso, tampoco fue requerida para el efecto y fue el operador judicial de conocimiento el que omiti\u00f3 el deber legal de citar a la audiencia siguiente, de manera que, en atenci\u00f3n a las situaciones particulares del caso y la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n, considera la Sala que se debe confirmar el fallo impugnado, pues la medida que aplic\u00f3 el estrado del circuito convocado no era procedente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 005AutoMandamientodePago. <\/p>\n
2\u0002 Materializado el 12 de agosto de 2019. Archivo 12OficioRespuestaMedidaCautelar. <\/p>\n
3\u0002 Para el efecto, se libr\u00f3 el oficio 433 del 26 de abril de 2019. Archivo 006OficioMedidasCautelares. <\/p>\n
4\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 007SolicitudMedidas Cautelares. <\/p>\n
5\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 009AutoDecretaEmbargo. Para el efecto, se libr\u00f3 el oficio 1218 del 17 de septiembre de 2019. Archivo 010OficiosDeMedidasCautelares. <\/p>\n
6\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 015Notificaci\u00f3n Personal. <\/p>\n
7\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 016RecursoReposici\u00f3n. <\/p>\n
8\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 021ExepcionesdeMerito. <\/p>\n
9\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 024AutoResuelve. <\/p>\n
10\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 035AutoQueNoRevocaMandamientodePago. <\/p>\n
11\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 040AutoAclaraProvidencia. <\/p>\n
12\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 043ContestacionExcepciones. <\/p>\n
13\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 044RecursoApelacion. <\/p>\n
14\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 046AutoNiega. <\/p>\n
15\u0002 El mandamiento de pago no es apelable. <\/p>\n
16\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 051AutoTengaseEnCuenta. <\/p>\n
17\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo 056AutoPoneenConocimiento. <\/p>\n
18\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo060SolicitudDesistimiento. <\/p>\n
19\u0002 Fecha de notificaci\u00f3n del auto del 21 anterior, que neg\u00f3, por improcedente, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo del 31 de agosto de 2020. <\/p>\n
20\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo062AutoFijaFecha. <\/p>\n
21\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo065RecursoApelacion. <\/p>\n
22\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo067AutoConcedeRecurso. <\/p>\n
23\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo075SolicitudAplazamientoAudiencia. <\/p>\n
24\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo078AutoFijaFecha. <\/p>\n
25\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivos 087 y 092. <\/p>\n
26\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo097AutoRevocaProvidencia. El 16 de julio de 2022, el Juzgado del Circuito prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para decidir la alzada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
27\u0002 C01CuadernoPrincipal. Archivo101AutoObedezcaseYCumplase. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1505-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC1505-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0.25000-22-13-000-2022-00589-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70800","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70800","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70800"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70800\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70800"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}