STC1506-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1506-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02444-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 7 de diciembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido, mediante apoderado, por Hugo Giraldo Osorio contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esa ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de radicado 2018-00178. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante manifest\u00f3 que convivi\u00f3, en calidad de compa\u00f1ero permanente, con el afiliado Juan Carlos S\u00e1nchez Lozada por m\u00e1s de 23 a\u00f1os hasta su fallecimiento, ocurrido el 3 de febrero de 2012, quien acredit\u00f3 1.029 semanas, de las cuales m\u00e1s de 300 fueron cotizadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993; no obstante, Colpensiones le neg\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, instaur\u00f3 una demanda contra Colpensiones, que fue negada por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Cali el 6 de noviembre de 2019, porque no se acredit\u00f3 la convivencia como compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
2.3. El 1 de julio de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, pero porque, aunque estaba probada la convivencia permanente, el causante no cumpli\u00f3 los requisitos legales para acceder la pensi\u00f3n de vejez y no era viable aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2.4. El 5 de julio de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia CSJ SL2333-2022, resolvi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.5. En criterio del promotor, la Sala accionada incurri\u00f3 en \u00abdefectos sustantivos, procedimentales\u00bb, \u00abse fundament\u00f3 en interpretaciones ajenas a los Principios de Condici\u00f3n M\u00e1s Beneficiosa y Favorabilidad\u00bb y no aplic\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Constitucional (SU-442\/2016 y SU-005\/2018) y la de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 dejar sin efectos la sentencia CSJ SL2333 de 2022 y que se ordene emitir una nueva que le otorgue la pensi\u00f3n de sobreviviente reclamada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en la normativa aplicable y en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en liquidaci\u00f3n, inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, porque no intervino en el juicio cuestionado. <\/p>\n
3. Colpensiones afirm\u00f3 que no se materializ\u00f3 defecto alguno ni se vulneraron derechos fundamentales, sumado a que la acci\u00f3n de tutela no era una tercera instancia. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali se atuvo a lo que se decidiera en el asunto. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque no se vulneraron los derechos del actor, dado que el fallo atacado aplic\u00f3 la tesis de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente y, aunque aquella difiere de la expuesta por la Corte Constitucional, no por ello se materializa un defecto que viabilice la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que debe prevalecer el precedente de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento, y aplicarse la postura que, en casos similares, ha asumido la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte. Indic\u00f3 que lo decidido no tiene en cuenta los principios de favorabilidad y pro homine y no corresponde a una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se deje sin efectos la sentencia CSJ SL2333-2022, pues considera que desconoci\u00f3 el precedente aplicable y no tuvo en cuenta los principios de favorabilidad y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, se observa que la Sala accionada precis\u00f3, que estaba fuera de discusi\u00f3n, entre otros, que Juan Carlos S\u00e1nchez Lozada falleci\u00f3 el 3 de febrero de 2012, cotiz\u00f3 1.029 semanas, de las cuales m\u00e1s de 700 se aportaron antes del 1\u00b0 de abril de 1994, y que no acredit\u00f3 50 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a su muerte. <\/p>\n
3.1. En torno a la normativa aplicable, la Sala indic\u00f3 que era la vigente al momento de la muerte, esto es, la Ley 797 de 2003, de manera que, como aqu\u00e9l no cotiz\u00f3 50 semanas en los 3 \u00faltimos a\u00f1os de vida que esa disposici\u00f3n exige, no era inviable el reconocimiento pretendido. <\/p>\n
3.2. Referente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, mencion\u00f3 las sentencias CSJ SL4650-2017 y CSJ SL415-2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente y se\u00f1al\u00f3 que aquel solo permite aplicar la disposici\u00f3n inmediatamente anterior al momento del fallecimiento, pues no es viable hacer un estudio hist\u00f3rico de todas las normas que no se encontraban vigentes para el momento del tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la 797 de 2003. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que, a falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, el citado principio constitucional surg\u00eda como un \u00abpuente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb, cuesti\u00f3n que no aplicaba al caso concreto, pues \u00abel afiliado falleci\u00f3 el 3 de febrero de 2012, es decir, por fuera de la zona de paso a la que se refiere a jurisprudencia nacional\u00bb, raz\u00f3n por la cual no era procedente acudir a dicho principio ni examinar el derecho pensional a la luz del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
3.3. En cuanto al criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-005-2018, la Sala accionada se remiti\u00f3 a la tesis definida en el fallo CSJ SL2429-2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, mediante la cual se apart\u00f3 del precedente constitucional, para precisar que \u00abel juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores\u00bb. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en la tesis que sobre el particular ha asumido el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, autoridad judicial que, en pleno uso de sus facultades de unificaci\u00f3n en materia pensional, ha expuesto extensa y reiteradamente las razones por las cuales el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no puede aplicarse en forma absoluta e irrestricta, como lo ha planteado, en algunos eventos, la Corte Constitucional, a fin de no generar incertidumbre frente a las disposiciones vigentes ni quebrantar el inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En ese sentido, debe resaltarse que esta Sala, recientemente, revis\u00f3 su criterio en torno al tema, para concluir que la tesis de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral permanente sobre las reglas para aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no era irrazonable y, por el contrario, estaba sustentada en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la normativa llamada a regir el asunto y de los principios constitucionales, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, que no est\u00e1 instituido para imponer, sin m\u00e1s, su propio criterio (Ver, entre otras, las siguientes sentencias: CSJ STC13815-2021, CSJ STC13983-2021, CSJ STC14389-2021, CSJ STC9611-2022). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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