STC1507-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1507-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00570-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 001-2022-00475-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Apostadores de Risaralda Sociedad An\u00f3nima Apostar SA, tr\u00e1mite en el que \u00ab(\u2026) el tutelado nunca cumpli\u00f3 los t\u00e9rminos perentorios de tiempo para fallar que le impone el art. 37 de la Ley 472 de 1998, existe carencia actual de objeto ante la mora judicial que lo permiti\u00f3 as\u00ed. El tutelado confirma la negativa de conceder agencias en derecho a mi favor, inaplicando el art. 365-1 CGP y olvidando que gracias a mi acci\u00f3n popular se super\u00f3 el derecho colectivo vulnerado por la accionada\u00bb, situaci\u00f3n que desconoce la garant\u00eda constitucional de la que busca su protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior accionado, \u00abreconocer a mi favor en ambas instancias agencias en derecho, amparado art. 365-1 CGP\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n pidi\u00f3 se ordene a los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Risaralda que \u00abaporten copia de todas las quejas que en acciones populares existan sobre el tutelado a fin de probar la mora sistem\u00e1tica y el incumplimiento de t\u00e9rminos perentorios que le impone la ley 472 de 1998 al tutelado\u00bb. <\/p>\n
Requiri\u00f3 igualmente que, \u00ab(\u2026) se ordene a la Procuradora General de la Naci\u00f3n (\u2026) consigne en derecho sobre el incumplimiento de t\u00e9rminos perentorios que impone el art. 37 de la Ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 al tutelado, al igual arts. 8, 12, 42, 117, 120 CGP\u00bb, y se vincule al Ministerio de Justicia y del Derecho para que \u00abordene lo necesario en derecho a fin que se me brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, aleg\u00f3 que no incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de los derechos fundamentales descritos por Mario Restrepo, puesto que ha actuado con respeto de las normas que rigen la materia. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente el alto volumen de acciones de tutela y populares que se han presentado en lo corrido del a\u00f1o 2023, sin dejar de lado que han atendido un promedio de 300 memoriales radicados para estos tr\u00e1mites. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se limit\u00f3 a remitir el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 2022-00475. <\/p>\n
3. El Ministerio de Justicia y del Derecho indic\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en este asunto, en atenci\u00f3n a que \u00ab(\u2026) los hechos expuestos por la parte actora no evidencian que el Ministerio de Justicia y del Derecho haya participado en ninguna de las actuaciones que, a juicio de la parte accionante, han vulnerado o amenazado sus derechos fundamentales alegados (\u2026) Por tanto, se advierte que de acuerdo con las funciones y competencias atribuidas al Ministerio de Justicia y del Derecho, por la Constituci\u00f3n, la ley y especialmente, por el Decreto 1427 de 2017, \u00e9sta cartera ministerial no est\u00e1 facultada para pronunciarse en relaci\u00f3n con procesos de competencia de la Rama Judicial, ni para intervenir en tr\u00e1mites propios de los administradores de justicia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que de parte del accionante no ha recibido solicitud, queja o petici\u00f3n de acompa\u00f1amiento que permitiera evidenciar la problem\u00e1tica objeto de esta acci\u00f3n. Tambi\u00e9n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque no ha vulnerado las garant\u00edas constitucionales del solicitante. <\/p>\n
5. El Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico, expres\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en el asunto, en la medida que \u00abno tiene entre sus facultades las de intervenir en las decisiones de los jueces, por cuanto \u00e9stos en sus providencias solo se encuentran sometidos al imperio de la ley (…) Adem\u00e1s, no es la autoridad competente que adelanta el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de la cual se solicita mayor celeridad\u00bb. <\/p>\n
6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda puso de presente \u00abno existe amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso del accionante, como consecuencia del actuar de la Corporaci\u00f3n\u00bb. Dijo tambi\u00e9n que las pretensiones de la tutela \u00abse refieren a tr\u00e1mites y decisiones judiciales que son de competencia exclusiva de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de Mario Restrepo radica en que la Sala Civil Familia Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n popular rad. no 2022-00475 que promovi\u00f3 contra Apostadores de Risaralda Sociedad An\u00f3nima Apostar SA, no le reconoci\u00f3 agencias en derecho como lo ordena el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Revisado el enlace que contiene el citado asunto, se observan las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
3.1 El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, una vez adelantadas las etapas procesales propias de este tipo de asuntos, profiri\u00f3 sentencia el 29 de septiembre de 2022 en la que desestim\u00f3 las pretensiones invocadas por \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb y neg\u00f3 la condena en costas, como quiera que \u00ab(\u2026) se pudo constatar que el establecimiento de comercio garantiza el acceso a las personas que se movilizan en silla de ruedas; en efecto, en el transcurso de la acci\u00f3n popular realiz\u00f3 una adecuaci\u00f3n que permite el acceso de una persona en condici\u00f3n de discapacidad de manera adecuada y segura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a las costas, expuso que \u00ab[e]n lo relativo a las costas no se condenar\u00e1 en costas al actor popular, pese a la negativa de las pretensiones ya que no se observa que haya actuado con temeridad o mala fe; tampoco se condena en costas a la 6 parte accionada toda vez que se negaron las pretensiones de la demanda al cesar la vulneraci\u00f3n, adem\u00e1s act\u00faa bajo el beneficio de amparo de pobreza\u00bb. <\/p>\n
3.2 El actor popular apel\u00f3 aquella decisi\u00f3n con el \u00e1nimo que se reconocieran a su favor las agencias en derecho respectivas. <\/p>\n
3.3 La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en sentencia de 25 de enero de 2023 dispuso \u00abPRIMERO: CONFIRMAR la sentencia calendada el 29 de septiembre de 2022, emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
Sustent\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n en que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Le asiste raz\u00f3n, al Juzgado de primera instancia, cuando manifiesta que tuvo lugar la negaci\u00f3n de las pretensiones, al cesar la vulneraci\u00f3n, puesto que concretamente la cesaci\u00f3n se produjo cuando la accionada producto de su voluntad, es decir, sin mediar orden judicial, cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de garantizar el acceso al inmueble de las personas que se movilizan en silla de ruedas, dando lugar entonces a la carencia actual de objeto por hecho superado de la demanda constitucional. <\/p>\n
Declarar la carencia actual de objeto, por el hecho superado, se traduce a que, en efecto, le asist\u00eda un deber al demandado, que atendi\u00f3, previo a que se profiriera sentencia, entonces, imposible concluir que perdi\u00f3 el juicio y deba asumir la carga econ\u00f3mica que exige el recurrente en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, aun cuando se logra el cometido de la demanda, esto es, que el encausado garantizara el derecho colectivo a la accesibilidad, como ocurri\u00f3 en el presente asunto, debe abstenerse el juzgado de primera instancia de condenar en costas a la parte accionada, porque fue producto de su voluntad y no porque fuera compelida por el despacho judicial. It\u00e9rese, se requiere la declaraci\u00f3n y respectiva orden judicial para concluir que triunf\u00f3 el actor popular\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que en primera instancia no se acogieron las pretensiones del actor popular, lo que significa que, en el asunto que motiva esta acci\u00f3n de tutela, como lo dispone el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso no se causaron pues no existi\u00f3 controversia, ni mucho menos el demandado result\u00f3 vencido en juicio, por el contrario, con la actividad desplegada en el curso de la acci\u00f3n popular por parte de la sociedad all\u00ed accionada, cesaron los hechos vulneradores de los derechos colectivos suplicados. <\/p>\n
Aunque el demandante no comparta los argumentos expuestos por la Corporaci\u00f3n accionada, no significa que deba concederse el amparo pretendido y, como bien es sabido, la sola divergencia de criterio, no abre paso a la tutela favorable, seg\u00fan lo ha determinado esta Sala, \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ. STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01 reiterad en STC7174-2022). <\/p>\n
5. En cuanto a la petici\u00f3n de ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que presente acciones legales a fin que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, la misma resulta improcedente, porque entre las competencias asignadas al ministerio p\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al accionante, por cuanto sus funciones se concretan a, i) preventiva, para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) disciplinaria, para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) intervenci\u00f3n, como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades. <\/p>\n
Lo mismo sucede con el Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que inform\u00f3 que, conforme el Decreto 1427 de 2017, sus competencias y funciones se contraen a \u00ab(\u2026) formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de ordenamiento jur\u00eddico, defensa y seguridad jur\u00eddica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevenci\u00f3n y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, la promoci\u00f3n de la cultura de legalidad, la concordia y el respeto a los derechos\u00bb, sin que alguna de ellas se acompase con lo pretendido por el accionantes. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, en lo que tiene que ver con que se oficie a los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Risaralda, con el fin de que aportaran copia de las quejas que se han formulado contra el Tribunal accionado, respecto al tr\u00e1mite de acciones populares, tal solicitud no se encuentra relacionada con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de aquella autoridad en el caso que se analiza, ni se vincularon directamente a la transgresi\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental, por lo que es extra\u00f1a a la competencia de esta Sala, como juez de tutela. <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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