STC1508-2023<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1508-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que concedi\u00f3 el amparo promovido por el Fiscal 13 Especializado de la Direcci\u00f3n contra el Lavado de Activos frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los Juzgados Treinta y Dos Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn y Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, a la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a las partes e intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en el proceso penal de radicado 110016000096201800033. <\/p>\n
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2. De las pruebas allegas y del escrito de tutela se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Contra Yanuba Blanco R\u00faa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo Gonz\u00e1lez Guerrero, Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar G\u00f3mez, Luis Faber Zuluaga Giraldo, Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, Juan Carlos Arroyave Su\u00e1rez, Carlos Mario \u00c1lvarez Holgu\u00edn, Freyder Garc\u00eda Mej\u00eda, Victoria Eugenia Ramos Mu\u00f1oz, V\u00edctor Mario Duque Lozano, V\u00edctor Manuel Amador L\u00f3pez y Alexander Alzate Rodas se adelanta el referido proceso penal por los presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. <\/p>\n
2.2. En las audiencias preliminares adelantadas el 28 y 30 de noviembre y el 1 y el 2 de diciembre de 2021 ante el Juzgado Treinta y Dos con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn se legaliz\u00f3 la captura y se impuso medida de aseguramiento. <\/p>\n
En esa diligencias a Yanuba Blanco R\u00faa se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares; a Martha Cecilia Miranda Crespo los de concierto para delinquir y enriquecimiento il\u00edcito de particulares; a Carlos Eduardo Gonz\u00e1lez Guerrero y Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar el il\u00edcito de concierto para delinquir; a Luis Faber Zuluaga Giraldo se le imput\u00f3 por concierto para delinquir y lavado de activos; a Gilberto Antonio Zuluaga por el punible de lavado de activos y a Juan Carlos Arroyave Su\u00e1rez, Carlos Mario \u00c1lvarez Holgu\u00edn, Freyder Garc\u00eda Mej\u00eda, Victoria Eugenia Ramos Mu\u00f1oz, V\u00edctor Mario Duque Lozano y V\u00edctor Manuel Amador L\u00f3pez se les imputaron los de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se impuso detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario a Yanuba Banco R\u00faa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar, Alexander Alzate Rojas y Carlos Eduardo Gonz\u00e1lez Guerrero; detenci\u00f3n preventiva domiciliaria a Freyder Garc\u00eda Mej\u00eda, Victoria Eugenia Ramos Mu\u00f1oz, V\u00edctor Manuel Amador L\u00f3pez, V\u00edctor Mario Duque Lozano, Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga y Luis Faber Zuluaga Giraldo y medida de aseguramiento no privativa de la libertad Mario \u00c1lvarez Holgu\u00edn y Juan Carlos Arroyave Su\u00e1rez.1 <\/p>\n
2.3. Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia se adelant\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 26 de agosto de 2022, en la cual algunos de los defensores2 solicitaron la nulidad de la imputaci\u00f3n, argumentando, en s\u00edntesis, que fue abstracta y ambigua, no mencion\u00f3 las categor\u00edas jur\u00eddicas de cada tipo penal, ni especific\u00f3 el rol o participaci\u00f3n de cada uno en los hechos y delitos imputados, tampoco determin\u00f3 las mercanc\u00edas presuntamente ocultadas del control aduanero ni sus valores, entre otras irregularidades referentes a las condiciones de los supuestos f\u00e1cticos relevantes. Frente a lo anterior, el Ministerio P\u00fablico y la Fiscal\u00eda manifestaron su desacuerdo. <\/p>\n
2.4. Reanudada la diligencia el 21 de septiembre de 2022, el Juzgado de conocimiento declar\u00f3 la nulidad de la audiencia de imputaci\u00f3n, dej\u00f3 sin efectos las medidas de aseguramiento y orden\u00f3 la libertad de los procesados, al estimar que aquella no cumpli\u00f3 con los presupuestos legales y jurisprudenciales necesarios, principalmente, porque fue ambigua e imprecisa, no estableci\u00f3 el incremento patrimonial injustificado ni expuso, con el detalle requerido, los supuestos modo, tiempo y lugar de los delitos frente a cada una de las personas imputadas, omisiones que no se pod\u00edan enmendar en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La Fiscal\u00eda apel\u00f3 la decisi\u00f3n, pero fue confirmada el 28 de septiembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, al considerar que no se realiz\u00f3 una debida imputaci\u00f3n del delito de concierto para delinquir, dado que no se especific\u00f3 el actuar y contribuci\u00f3n de cada procesado en la estructura criminal, falencia que afectaba el debido proceso y el principio de correspondencia f\u00e1ctica entre la imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
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3. Al respecto, el tutelante aleg\u00f3 que el Tribunal fue contradictorio al confirmar la nulidad de la imputaci\u00f3n frente a todos los procesados, pues en la motivaci\u00f3n de la providencia consider\u00f3 bien sustentada la imputaci\u00f3n de los punibles de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito realizada a algunos procesados, pero no la de concierto para delinquir, de manera que, en su criterio, el vicio solo pod\u00eda ser declarado en forma parcial. Se\u00f1al\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho y no aplic\u00f3 como correspond\u00eda los art\u00edculos 6, 10, 286, 287, 288, 289, 306, 307, 308 y 457 de la Ley 906 de 2004, raz\u00f3n por la cual vulner\u00f3 su derecho al debido proceso. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoque el auto por el cual el Tribual confirm\u00f3 la anulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia indic\u00f3 que la Fiscal\u00eda no incluy\u00f3 en la imputaci\u00f3n del delito de concierto para delinquir una hip\u00f3tesis de los hechos jur\u00eddicamente relevantes debidamente estructurada frente a cada uno de los vinculados, lo cual incid\u00eda en la delimitaci\u00f3n probatoria, adem\u00e1s, que la tutela no puede ser usada para revivir un tema ya resuelto. <\/p>\n
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2. El Juzgado Once Penal del Circuito de Conocimiento de Medell\u00edn inform\u00f3 que se limit\u00f3 a desatar la apelaci\u00f3n que present\u00f3 la defensa de Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar G\u00f3mez contra la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento por la domiciliaria. <\/p>\n
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3. El Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas inform\u00f3 que en el proceso rebatido orden\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva en lugar de domicilio a Alexander \u00c1lzate Rodas. <\/p>\n
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4. El Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas dio cuenta de las audiencias preliminares que realiz\u00f3 en la indagaci\u00f3n y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
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5. La apoderada de Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar G\u00f3mez y Gilberto Zuluaga Zuluaga se\u00f1al\u00f3 que: i) el accionante no tiene legitimaci\u00f3n por activa; ii) el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad; iii) no se configur\u00f3 defecto alguno en la actuaci\u00f3n ni se precisaron las afectaciones al derecho fundamental invocado; y iv) reiter\u00f3 los argumentos en los que se fund\u00f3 la solicitud de nulidad de la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
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6. El abogado Andr\u00e9s L\u00f3pez Figueroa inform\u00f3 que termin\u00f3 su relaci\u00f3n contractual con las partes en el proceso objeto de debate. <\/p>\n
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7. Quien manifest\u00f3 ser la apoderada de Yanuba Blanco R\u00faa afirm\u00f3 que el actor buscaba una tercera instancia frente al fracaso de su recurso de apelaci\u00f3n, lo cual era improcedente. <\/p>\n
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El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo tras considerar, principalmente, que se cometi\u00f3 un defecto procedimental absoluto, por la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
En consecuencia, dej\u00f3 sin efectos los autos de 21 y 28 de septiembre de 2022 y orden\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia: i) dejar sin efectos las \u00f3rdenes de libertad y las cancelaciones de registros que libr\u00f3; y ii) fijar una fecha para continuar con la audiencia de acusaci\u00f3n, para que, una vez trasladado el escrito, si la defensa presenta una observaci\u00f3n respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 337 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, otorgue \u00abel tr\u00e1mite descrito en el art\u00edculo 339 [ibidem] (\u2026) para que [el Fiscal] lo aclare, adicione o corrija, de acuerdo con lo expuesto en precedencia\u00bb. <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
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1. La impuls\u00f3 la apoderada especial de Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar G\u00f3mez y Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, quien manifest\u00f3 que no se afectaron los derechos fundamentales alegados y que enjuiciar las decisiones de instancia socavaba los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. Tambi\u00e9n reiter\u00f3 los argumentos planteados en la contestaci\u00f3n de la tutela. <\/p>\n
Sobre el defecto procedimental absoluto declarado por el a quo constitucional, advirti\u00f3 que no fue invocado por el tutelante, incumpliendo su carga procesal de sustentar la presunta irregularidad y de indicar la incidencia que tuvo en el juicio. Igualmente, enfatiz\u00f3 que, contrario a lo establecido en el fallo de tutela, la defensa pidi\u00f3 la nulidad de la imputaci\u00f3n y no de la acusaci\u00f3n, pues no se hab\u00eda llegado a esa fase, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda resolverse primero la anulaci\u00f3n solicitada y no surtir el tr\u00e1mite posterior que contempla el art\u00edculo 339 del estatuto procesal penal, referente a la posibilidad de que la Fiscal\u00eda subsane la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Adriana Gonz\u00e1lez M\u00e1rquez, quien dijo ser apoderada de Yanuba Blanco R\u00faa, y Romeiro Orlando Mu\u00f1oz Torres, aduciendo la condici\u00f3n de abogado de Luis Faber Zuluaga Giraldo, impugnaron en nombre de aquellos, pero no allegaron poder especial. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante, Fiscal 13 de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, exigi\u00f3 que se deje sin efectos el auto proferido el 28 de septiembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, que confirm\u00f3 el emitido el 21 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante el cual se declar\u00f3 la nulidad de la audiencia de imputaci\u00f3n y de las medidas de aseguramiento decretadas, ordenando la libertad de los detenidos. <\/p>\n
Concedido el amparo por el a quo constitucional, la decisi\u00f3n fue apelada por la apoderada especial de Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar G\u00f3mez y Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, por Adriana Gonz\u00e1lez Marquez, quien dijo actuar como abogada de Yanuba Blanco R\u00faa, y por Romeiro Orlando Mu\u00f1oz Torres, aduciendo la condici\u00f3n de defensor de Luis Faber Zuluaga Giraldo. <\/p>\n
2. De manera preliminar, encuentra la Sala que los se\u00f1ores Salazar G\u00f3mez y Zuluaga Zuluaga otorgaron poder especial a su apoderada, para que los representara en estas diligencias y, por tanto, aquella est\u00e1 legitimada para impugnar el fallo de primera instancia, recurso que ser\u00e1 decidido. <\/p>\n
No ocurre lo mismo frente a quienes dijeron ser mandatarios de los se\u00f1ores Blanco R\u00faa y Zuluaga Giraldo, pues no aportaron poder especial para intervenir en esta sede constitucional, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1n legitimados para actuar en su nombre. En ese sentido, la Sala ha establecido: <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya, CSJ STC1042-2019, CSJ STC16071-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde resolver \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n que fue interpuesta por Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar G\u00f3mez y Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, a trav\u00e9s de su apoderada especial. <\/p>\n
3. Pues bien, sostienen los recurrentes que el tutelante no est\u00e1 legitimado en la causa por activa, no obstante, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Hom\u00f3loga Penal, los fiscales, como intervinientes de los juicios penales, pueden reclamar en sede constitucional \u00abfrente a una actuaci\u00f3n judicial que configure una v\u00eda de hecho\u00bb3, as\u00ed como para la protecci\u00f3n de sus derechos y los de las v\u00edctimas4, lo cual se acredita en este caso, toda vez que el Fiscal 13 de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos alega la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho y la conculcaci\u00f3n de su garant\u00eda superior al debido proceso, con la anulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n realizada en el proceso censurado por el ente acusador, en tanto considera que \u00abfue clara y sucinta en determinar los hechos realizados por los procesados en las conductas imputadas de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito\u00bb, de manera que, para la Sala, el reproche no es procedente. <\/p>\n
3.1. Tambi\u00e9n aseveran que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque el proceso penal estaba en curso y all\u00ed deb\u00edan plantearse y resolverse las inconformidades del Fiscal y porque en dicho tr\u00e1mite aqu\u00e9l no expuso las censuras formuladas en esta instancia. <\/p>\n
Sobre el particular, el a quo constitucional estableci\u00f3 que no \u00abexiste un \u201cproceso penal en curso\u201d\u00bb, dado que hab\u00eda sido anulado desde la imputaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual \u00abno es viable afirmar (\u2026) que no se cumple el principio de residualidad\u00bb, en tanto con la decisi\u00f3n atacada el asunto regres\u00f3 a la etapa de investigaci\u00f3n, \u00abbajo la direcci\u00f3n de la misma fiscal\u00eda delegada\u00bb, de forma que, al retrotraerse la actuaci\u00f3n, se habilitaba la intervenci\u00f3n del juez constitucional. A lo anterior agreg\u00f3 que, agotado el recurso de apelaci\u00f3n ante el superior, la tutela pod\u00eda formularse y que, como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal, se ha permitido la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela \u00abante la ausencia de medios de defensa para conjurar la afectaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otro lado, los impugnantes refieren que el defecto procedimental absoluto declarado en la primera instancia constitucional no fue propuesto y, por tanto, se \u00abincumpli\u00f3 la carga procesal m\u00ednima en cabeza del actor\u00bb, frente a lo cual debe resaltarse que, acorde con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, dada la naturaleza fundamental de los derechos amparados, el juez de tutela cuenta con amplias facultades y laxitud, raz\u00f3n por la que \u00able est\u00e1 permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cu\u00e1les son los derechos fundamentales vulnerados y\/o amenazados, disponiendo lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n\u00bb5. <\/p>\n
3.3. Ahora bien, en torno al error en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en raz\u00f3n a que no se hab\u00eda llegado a la etapa de observaciones de la acusaci\u00f3n por incumplimiento de los requisitos del art\u00edculo 337 ibidem, porque cuando se corri\u00f3 traslado a la defensa propusieron la nulidad de la imputaci\u00f3n, de manera que, \u00abal no tratarse propiamente de la solicitud de anulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, ni la misma se efectu\u00f3 porque no se hab\u00eda llegado hasta esa fase, no resulta aplicable dar la oportunidad a la Fiscal\u00eda para precisarla seg\u00fan el art\u00edculo 339 de la Ley 906 de 2004\u00bb, la Sala observa lo siguiente: <\/p>\n
3.3.1. El 26 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Especializado de Antioquia instal\u00f3 la audiencia de acusaci\u00f3n que hab\u00eda sido aplazada el 1 de julio de 2022 y, presentadas las partes, el titular del despacho pregunt\u00f3 a los defensores si se les corri\u00f3 traslado del escrito de acusaci\u00f3n6. Seguidamente otorg\u00f3 la palabra a la abogada Gloria Mar\u00eda Arias, defensora de Rub\u00e9n Dar\u00edo Salazar G\u00f3mez y Gilberto Zuluaga, quien afirm\u00f3 \u00abs\u00ed se\u00f1or, tuve acceso al escrito de acusaci\u00f3n\u00bb, lo que fue reiterado por el resto de los defensores. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, concedi\u00f3 la palabra para que se pronunciaran frente a \u00ablos t\u00f3picos de que trata el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb, entre ellos, sobre los requisitos contemplados en el art\u00edculo 337 ibidem, sin que el Fiscal y el delegado del Ministerio P\u00fablico manifestaran reparo alguno, no obstante, al intervenir los defensores Gloria Mar\u00eda Arias7, Nelson Antol\u00ednez, N\u00e9stor Pineda G\u00f3mez y Romeiro Mu\u00f1oz Torres, pusieron de presente la nulidad atr\u00e1s rese\u00f1ada8, de lo cual se dio traslado al ente acusador y al Ministerio P\u00fablico, quienes se opusieron. <\/p>\n
Reanudada la diligencia el 21 de septiembre de 2022, el Juzgado de conocimiento entr\u00f3 a decidir la nulidad de la imputaci\u00f3n propuesta, a la cual accedi\u00f3 y, en consecuencia, orden\u00f3 la libertad de los afectados con medida de aseguramiento9, decisi\u00f3n recurrida por la Fiscal\u00eda10 y confirmada por la Sala Penal del Tribunal de Antioquia el 28 de septiembre siguiente, como se detall\u00f3 en los antecedentes de esta providencia. <\/p>\n
3.3.2. Analizada las actuaciones anteriores, la Sala de Casaci\u00f3n Penal estableci\u00f3 que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental, pues el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece que: <\/p>\n
Abierta por el juez la audiencia, ordenar\u00e1 el traslado del escrito de acusaci\u00f3n a las dem\u00e1s partes; conceder\u00e1 la palabra a la Fiscal\u00eda, Ministerio P\u00fablico y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusaci\u00f3n, si no re\u00fane los requisitos establecidos en el art\u00edculo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. <\/p>\n
Resuelto lo anterior conceder\u00e1 la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, el a quo constitucional advirti\u00f3 que, en el asunto, abierta la diligencia convocada para la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, se present\u00f3 la solicitud de nulidad desde la imputaci\u00f3n, la cual se resolvi\u00f3 por el Juzgado cognoscente, sin otorgar previamente la oportunidad al Fiscal para que aclarara, adicionara o corrigiera de inmediato las irregularidades planteadas, precisando la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que, como el art\u00edculo 337 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal exige que la acusaci\u00f3n relacione claramente los hechos jur\u00eddicamente relevantes sobre los que versar\u00e1 el juzgamiento, debe entenderse que la acusaci\u00f3n es un acto complejo11, cuyo tr\u00e1mite se compone de: i) la imputaci\u00f3n; ii) la radicaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n ante el Juez competente; iii) el traslado de ese escrito; iv) permitir que frente a aqu\u00e9l se formulen observaciones, por no cumplir con los requisitos del art\u00edculo 337; y v) dar lugar a que \u00abel fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato (\u2026) Resuelto lo anterior conceder\u00e1 la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusaci\u00f3n\u00bb, pasos que deb\u00edan agotarse previo a definir la nulidad de la imputaci\u00f3n propuesta, sin embargo, no se otorg\u00f3 al Fiscal la posibilidad de enmendar la acusaci\u00f3n, lo cual configur\u00f3 un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que, seg\u00fan el criterio de la Sala (CST SP2042-2019), la Fiscal\u00eda, bajo par\u00e1metros racionales y sin afectar el n\u00facleo f\u00e1ctico, puede hacer precisiones acerca de los hechos relevantes imputados, sin que ello implique un cambio en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica y agreg\u00f3 que es admisible introducir modificaciones a la acusaci\u00f3n (CSJ SP3574-2022), para consolidar los supuestos en los que se soport\u00f3 la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, aunque los impugnantes argumentan que no se estaba pidiendo la nulidad, por la falta de claridad, de la acusaci\u00f3n sino de la imputaci\u00f3n y que la acusaci\u00f3n no hab\u00eda sido expuesta, lo cierto es que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con sustento en su jurisprudencia, estableci\u00f3 que la acusaci\u00f3n es un acto complejo, integrado tambi\u00e9n por la imputaci\u00f3n, de manera que, a voces del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, solo consolidada la acusaci\u00f3n proced\u00eda \u00abuna postulaci\u00f3n de nulidad\u00bb, dado que la audiencia de acusaci\u00f3n hab\u00eda iniciado. <\/p>\n
Frente a ello, la Hom\u00f3loga Penal concluy\u00f3 que no proced\u00eda resolver la nulidad propuesta contra la imputaci\u00f3n, pues, como esta tambi\u00e9n se integraba a la acusaci\u00f3n, cuya audiencia ya se hab\u00eda abierto, era prematuro proceder a su decisi\u00f3n, sin permitir, previamente, que el Fiscal la enmendara, si lo consideraba pertinente, citando en soporte lo establecido en el prove\u00eddo CSJ AP5563-201612, as\u00ed: <\/p>\n
Entonces, en el contexto procesal en que se investig\u00f3 y se enjuiciar\u00e1 (\u2026), la solicitud de nulidad de la acusaci\u00f3n [extensible en ese caso a la imputaci\u00f3n] es abiertamente improcedente, m\u00e1s a\u00fan cuando se dirige contra un acto procesal incompleto. En efecto, aquel acto, al ser complejo o compuesto, solo se perfecciona con la formulaci\u00f3n verbal en audiencia13 no solo en cumplimiento de los principios de bilateralidad y de oralidad, sino porque hasta ese momento puede la fiscal\u00eda aclarar, adicionar o corregir el contenido del pliego de cargos (art. 339 C.P.P.\/2004). La imperfecci\u00f3n del acto procesal de la acusaci\u00f3n en el presente evento, dado que no se ha agotado y ni siquiera iniciado su exposici\u00f3n oral, evidencia m\u00e1s la improcedencia de su impugnaci\u00f3n al ser extempor\u00e1nea por anticipaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a ello, como lo indic\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal en el auto CSJ AP851-2022, al cual se remiti\u00f3 para sustentar la decisi\u00f3n impugnada, la invalidez de la actuaci\u00f3n corresponde a una decisi\u00f3n extrema en el objetivo y, en consecuencia, solo procede cuando \u00abes el \u00fanico y \u00faltimo medio de protecci\u00f3n de las garant\u00edas conculcadas con la irregularidad alegada\u00bb, lo cual sirvi\u00f3 de fundamento para concluir que: <\/p>\n
no todo defecto en la exposici\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes abre paso directo a una postulaci\u00f3n de nulidad, y que, por el contrario, reconoce la posibilidad de modificar, enmendar, aclarar y complementar la relaci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, durante el desarrollo de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, siempre que no se afecte el n\u00facleo f\u00e1ctico de la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3.3. A su vez, el a quo constitucional advirti\u00f3 que el Tribunal accionado \u00abanticip\u00f3, sin motivaci\u00f3n atendible, que no era viable la correcci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n\u00bb, refiri\u00e9ndose \u00fanicamente a la presunta imputaci\u00f3n irregular del delito de concierto para delinquir, \u00absin analizar por separado los dem\u00e1s delitos (\u2026) -lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particular-, ni los hechos comunicados a cada acusado por tales injustos\u00bb. <\/p>\n
3.3.4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal tambi\u00e9n reproch\u00f3 que se declarara la nulidad de las medidas de aseguramiento decretadas en contra de todos los indiciados, \u00absin asumir el estudio de las circunstancias que motivaron la imposici\u00f3n de cada una de ellas -intramural, domiciliaria y no privativas de la libertad-, ni verificar si sus fundamentos a\u00fan persist\u00edan\u00bb, dejando sin efecto todo lo actuado al interior del proceso, sin considerar, una vez surtido el procedimiento que debi\u00f3 seguir, \u00abla posibilidad de decretar la supuesta nulidad \u00fanicamente de manera parcial, o con relaci\u00f3n s\u00f3lo a alguno de los implicados, o sobre alg\u00fan delito\u00bb. <\/p>\n
3.4. De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo constitucional, que se critica por los recurrentes, se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n plausible de la normativa aplicable y de jurisprudencia relacionada, sin que se puedan advertir los yerros o la vulneraci\u00f3n de derechos invocados por los impugnantes, pues, aunque las \u00f3rdenes de libertad emitidas a favor de los procesados detenidos se dejaron sin efectos, lo cierto es que la decisi\u00f3n adoptada busca tambi\u00e9n preservar sus garant\u00edas, en tanto, al ordenar reanudar la audiencia de acusaci\u00f3n, se conservan para ellos todas las oportunidades de defensa previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver 07ActaPreliminares.pdf, p\u00e1gina 6. <\/p>\n
2\u0002 Abogados Gloria Arias, Nelson Antol\u00ednez, N\u00e9stor Pineda G\u00f3mez y Romeiro Mu\u00f1oz Torres. <\/p>\n
3\u0002 CC T-365-1995. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem, CSJ STC9182-2020, CSJ STP16418-2019. <\/p>\n
5\u0002 Ver referencia en SU484-2008 y T310-1995, citadas por esta Sala en STC11577-2020. <\/p>\n
6\u0002 Minuto 13:40 <\/p>\n
7\u0002 Minuto 17:20 <\/p>\n
8\u0002 Sustentada a partir del minuto 22:38. <\/p>\n
9\u0002 Concluye las consideraciones de la providencia en el minuto 2:00:33 <\/p>\n
10\u0002 Sustentada a partir del minuto 2:06:16. <\/p>\n
11\u0002 Citando en sustento lo dicho por esa Sala en los autos CSJ AP464-2020 y CSJ AP4472-2019. <\/p>\n
12\u0002 All\u00ed se analiz\u00f3 una providencia judicial dictada en la segunda sesi\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, mediante la cual el tribunal de primera instancia neg\u00f3 la nulidad formulada por el defensor en la sesi\u00f3n inicial, quien consider\u00f3 que la fiscal\u00eda desatendi\u00f3 el debido proceso, porque en el escrito de acusaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 las normas jur\u00eddicas violadas como ingredientes t\u00edpicos de los delitos de prevaricato, vicio que aleg\u00f3 se extend\u00eda a la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n (tomado de la misma providencia). <\/p>\n
13\u0002 En la SP6808-2016, may. 25, rad. 43837, se ratific\u00f3 que la acusaci\u00f3n es un acto procesal compuesto por el escrito y por su formulaci\u00f3n oral. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1508-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC1508-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02169-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 1 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70803","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70803"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70803\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}