STC1509-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1509-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00594-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular rad. no. 2022-00171-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la acci\u00f3n popular que propuso contra Enlace NC SAS, \u00ab(\u2026) se incumple los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998, ley [especial y aut\u00f3noma] al no existir veredicto final en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998 al tutelado. Adem\u00e1s, se desconoce art. 120 y 117 del C\u00f3digo General del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00ab(\u2026) se ordene al tutelado perder competencia, art 121 CGP, pues este prorroga el termino para fallar acciones populares amparado art 121 CGP y nada pasa en derecho al incumplir art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, ya que ni se aplica art 84 ley 472 de 1998 pedido a saciedad\u00bb (sic). <\/p>\n
Pretende, adem\u00e1s, \u00ab(\u2026) se ordene la intervenci\u00f3n en de la Procuradora (\u2026) a fin que act\u00fae en mi amparo y presente acciones legales a mi nombre a fin que se de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998, pues no soy abogado. Se oficie al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria a fin que aporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado en cualquier tiempo en acciones populares y las resultas de las mismas a fin de probar la mora judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como a los vinculados y a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, adem\u00e1s de remitir el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 2022-00171-01, afirm\u00f3 que no incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de Mario Restrepo, puesto que ha actuado con respeto de las normas que rigen la materia. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente el alto volumen de acciones de tutela y populares que se han presentado en lo corrido del a\u00f1o 2023, sin dejar de lado que han atendido un promedio de 300 memoriales radicados para estos tr\u00e1mites. <\/p>\n
2. El Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico, expres\u00f3 que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en este asunto, en la medida que \u00abno tiene entre sus facultades las de intervenir en las decisiones de los jueces, por cuanto \u00e9stos en sus providencias solo se encuentran sometidos al imperio de la ley (…) Adem\u00e1s, no es la autoridad competente que adelanta el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de la cual se solicita mayor celeridad\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n adujo que, si el accionante pretende que dicha entidad le preste su colaboraci\u00f3n para que defienda sus intereses, por una parte, \u00ab(\u2026) podr\u00e1 acudir a los canales institucionales dispuestos de conformidad con lo contenido en el documento denominado \u201cGu\u00eda para la gesti\u00f3n y parametrizaci\u00f3n en el sistema de las peticiones, quejas, denuncias, reclamos o sugerencias de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d, c\u00f3digo GUI-AC-00-001 aprobado el 19 de diciembre de 2019 y la Resoluci\u00f3n N\u00b0 9 de 2017\u00bb y, por la otra, \u00abcorresponde al actor solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada, atendiendo las funciones encomendadas a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Conforme a los m\u00faltiples pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, existe mora judicial cuando la misma carezca de explicaciones v\u00e1lidas, es decir, sean el resultado \u00abde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ. STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01, STC de 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00, reiterada en STC12897-2019 y STC4990-2022). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ. STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016 y STC8156-2022, entre muchas). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el escrito de tutela, se establece que Mario Restrepo reprocha la supuesta inobservancia por parte de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, de los t\u00e9rminos establecidos en los art\u00edculos 37 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, a efectos de que profiera la sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular rad. no. 2022-00171-01, que formul\u00f3 contra Enlace NC SAS. <\/p>\n
3.1 Analizado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se advierte que el Tribunal Superior de Pereira recibi\u00f3 el asunto cuestionado para resolver la apelaci\u00f3n formulada por el actor popular, contra la sentencia que profiri\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 13 de junio de 2022. <\/p>\n
En auto de 22 de noviembre de 2022 admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, y ejecutoriado empez\u00f3 a correr el traslado de cinco d\u00edas para la sustentaci\u00f3n respectiva, para luego poner en conocimiento de la parte contraria dicha sustentaci\u00f3n por el mismo lapso. <\/p>\n
Mediante providencia de 2 de febrero de 2023, con fundamento en lo dispuesto en los art\u00edculos 42, 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, resaltando que \u00ab(\u2026) el decreto de pruebas de oficio en segunda instancia debe realizarse con el objetivo de buscar la verdad de los hechos objeto de debate, pero sin incurrir en la ruptura de las cargas procesales de las partes y sin corregir la actividad probatoria de quien ejerce o resiste la acci\u00f3n\u00bb, y dispuso decretar la prueba, consistente en oficiar a la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Santa Rosa de Cabal <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para que se sirva realizar visita t\u00e9cnica al establecimiento de comercio ENLACE NC S.A.S., ubicado en la Calle 12 No. 14-79 de esa municipalidad, a fin de que certifique si en dicha dependencia existe ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas; en caso negativo, realice medici\u00f3n del local donde funciona el establecimiento, como del eventual ba\u00f1o que exista, y a partir de all\u00ed, se\u00f1ale si es posible la adecuaci\u00f3n de un ba\u00f1o para personas en situaci\u00f3n de discapacidad, cumpliendo con los est\u00e1ndares establecidos en la norma NTC que regula la materia. Para el efecto, se concede a la requerida el t\u00e9rmino de tres (3), d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente auto. A dicho informe deber\u00e1 anexar el soporte probatorio pertinente\u00bb. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que comunic\u00f3 al Secretario de Planeaci\u00f3n Municipal mediante Oficio No. 270 de 8 de febrero de 2023, remitido por medio electr\u00f3nico. <\/p>\n
3.2. De lo anterior se concluye que la tardanza de la que se queja el accionante, no es producto de un comportamiento negligente o arbitrario, sino que obedece a una actuaci\u00f3n oficiosa necesaria para esclarecer los hechos objeto de la controversia, de lo que se entiende que el Tribunal accionado a\u00fan no puede proferir la sentencia que corresponde a su instancia, debido a que con los elementos probatorios que obran en el expediente no ha logrado obtener el convencimiento y certeza suficientes para proveer en uno u otro sentido, conforme lo previsto en el art\u00edculo 165 de la citada codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal escenario desdibuja un proceder inapropiado por parte de la Corporaci\u00f3n accionada, en la medida que el hecho que no haya definido la instancia atiende razones legales objetivas, para nada caprichosas, lo que impide que se califique de injustificada la mora atribuida por el accionante y, por lo mismo, evidencia el fracaso de la acci\u00f3n constitucional incoada. <\/p>\n
3.3 Adicionalmente, tampoco puede pasarse por alto la incuria del accionante, pues, no ha alegado la p\u00e9rdida de competencia que plantea en esta v\u00eda extraordinaria. Por ende, resulta improcedente reclamar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, por cuanto, como lo ha establecido la Corte, <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ. STC6580-2021 y STC15430-2022, entre muchos otros). <\/p>\n
4. Ahora, en cuanto a la petici\u00f3n de ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que presente acciones legales a fin que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, la misma resulta improcedente, porque entre las competencias asignadas al ministerio p\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al accionante, por cuanto sus funciones se concretan a, i) preventiva, para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) disciplinaria, para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) intervenci\u00f3n, como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en lo que tiene que ver con que se oficiara a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que aportara copia de las quejas que se han formulado contra el Tribunal accionado, respecto al tr\u00e1mite de acciones populares, tal solicitud no se encuentra relacionada con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de aquella autoridad en el caso que se analiza, ni se vincul\u00f3 tampoco a la transgresi\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental, por lo que es extra\u00f1a a la competencia de esta Sala, como juez de tutela. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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