STC1512-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1512-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Berenice Serrato Enciso contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso con radicado N\u00ba 11-001-60-00253-2006-80002-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el proceso penal seguido a Jhon Fredy Gallo Bedoya como miembro de las autodefensas de Puerto Boyac\u00e1, promovi\u00f3 un \u00abincidente de oposici\u00f3n de terceros a la medida cautelar\u00bb, respecto del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 088-17931, ubicado en ese municipio y del cual es propietaria, en el que se decret\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo de dominio, embargo y secuestro del mismo\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite, aleg\u00f3 y prob\u00f3 su calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa, fundamentada en que el predio fue comprado por su excompa\u00f1ero permanente, Jes\u00fas Mar\u00eda C\u00f3rdoba Mur, quien no cont\u00f3 con ella para la negociaci\u00f3n, y, adem\u00e1s, que el bien s\u00f3lo fue puesto a su nombre tras la liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial, cuestiones de las que se desprende que ning\u00fan conocimiento tuvo de las actividades delictivas cometidas antes de figurar como propietaria del inmueble. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, celebrada la audiencia correspondiente en el anotado tr\u00e1mite incidental, se recepcionaron testimonios y su interrogatorio y, en decisi\u00f3n de 12 de mayo de 2022 el Tribunal Superior accionado resolvi\u00f3 negar el levantamiento de las medidas cautelares reclamado, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n y confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de julio de 2022, en auto AP3260-2022. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con las anteriores decisiones se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos f\u00e1ctico y sustantivo, como quiera que las pruebas recaudadas se valoraron de manera errada, puesto que, si bien demostr\u00f3 que de los actos de transferencia del inmueble a su favor no pod\u00eda concluirse mala fe en su actuar, se mantuvieron las medidas cautelares, adem\u00e1s, se desconoci\u00f3 el alcance y efectos de la jurisprudencia y normas aplicables, en cuanto al concepto de buena de exenta de culpa. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que de las pruebas se estableci\u00f3 que ella le hizo modificaciones importantes al predio, adquiriendo m\u00faltiples pr\u00e9stamos garantizados con hipoteca, lo que permiti\u00f3 convertir el terreno \u00aben un espacio en donde funge la actividad comercial\u00bb, sin embargo, en raz\u00f3n del proceso cuestionado, \u00abha visto menguado sus recursos econ\u00f3micos, pues ya no recibe los c\u00e1nones de arrendamiento de los locales comerciales y el parqueadero, y en consecuencia su m\u00ednimo vital se ha visto afectado, hasta el punto de depender econ\u00f3micamente de sus hijos\u00bb, raz\u00f3n por la cual, los accionados debieron reconocerle, como m\u00ednimo, las mejoras plantadas en el inmueble. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 que se revoquen las decisiones reprochadas y, en consecuencia, se \u00abRESUELVA favorablemente las pretensiones del incidente de oposici\u00f3n de terceros a medidas cautelares y se ORDENE el levantamiento de las medidas cautelares sobre el bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 088-17931 propiedad de la incidentante\u00bb o, subsidiariamente, que se le reconozca \u00abel valor de las mejoras realizadas sobre el bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 088-17931 y por las cuales se increment\u00f3 el precio del mismo, conforme a la tasaci\u00f3n que realice el perito avaluador que para sus efectos se disponga\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, refiri\u00f3 lo ocurrido en el tr\u00e1mite incidental reprochado e indic\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos de la solicitante puesto que, la decisi\u00f3n criticada que se confirm\u00f3 en segundo grado, la profiri\u00f3 \u00abconforme a las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n\u00bb, y, adem\u00e1s, la tutela no es una tercera instancia, por lo que la actora no puede pretender que a su caso \u00abse d\u00e9 una valoraci\u00f3n probatoria que sea acorde a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal Veintid\u00f3s Delegado ante el Tribunal Superior -Grupo Interno de Persecuci\u00f3n de Bienes-, adem\u00e1s de referir los antecedentes del proceso de Justicia y Paz a su cargo, indic\u00f3 que en el mismo actu\u00f3 con \u00abtransparencia\u00bb y, que en el tr\u00e1mite se prob\u00f3 que \u00abel bien reclamado, el cual hizo parte del lote de mayor extensi\u00f3n conocido con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 088-6144, fue de propiedad de Henry de Jes\u00fas P\u00e9rez Morales, jefe de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyac\u00e1, y que se utiliz\u00f3 como taller de la organizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, expres\u00f3 que dispuso la medida cuestionada por la accionante atendiendo a la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Advirti\u00f3 que, aunque las autoridades acusadas resolvieron no levantar dicha cautela, la tutela no prospera por resultar prematura, ya que en el proceso todav\u00eda no se ha proferido sentencia, con la que deber\u00e1 definirse si se extingue el dominio inscrito sobre el predio reclamado por la solicitante, \u00abtal y como as\u00ed regla el originario art\u00edculo 24 de la Ley 975 de 2005\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora 117 Judicial II Penal de Medell\u00edn pidi\u00f3 desestimar el amparo, porque que los funcionarios accionados no incurrieron en arbitrariedad, y lo que muestra la accionante, es una inconformidad \u00abcon relaci\u00f3n a la exigencia que se hizo por la Justicia Transicional a la incidentista para acreditar la buena fe exenta de culpa, donde se echaron de menos las acciones positivas concretas que llev\u00f3 a cabo la se\u00f1ora BERENICE SERRATO ENCISO para cerciorarse del verdadero origen del bien, con el consecuente efecto de que fueron negadas sus pretensiones en primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente expres\u00f3 que no se cumpl\u00eda el presupuesto de \u00abrelevancia constitucional\u00bb, porque se pretend\u00eda la protecci\u00f3n a la propiedad privada, lo que permit\u00eda establecer que la censura es \u00abmeramente econ\u00f3mica que no trasciende a la esfera individual, mayormente cuando se trata de la p\u00e9rdida de lo invertido en mejoras que haya realizado al inmueble que contin\u00faa cautelado\u00bb. <\/p>\n
5. El Procurador 15 Judicial II Penal refiri\u00f3 los antecedentes del incidente reprochado y adujo la improcedencia del amparo, porque las autoridades judiciales accionadas profirieron sus decisiones \u00abdebidamente argumentadas y sustentadas, amparadas en la doble presunci\u00f3n de validez y acierto (\u2026), se fundaron en las pruebas que fueron practicadas e introducidas en el tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de medidas cautelares y luego en el incidente de oposici\u00f3n a esas medidas, solo que (\u2026) [la actora] no comparte el alcance dado por los operadores judiciales a esas probanzas\u00bb. <\/p>\n
6. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinada la queja constitucional, se advierte que la censura de la se\u00f1ora Berenice Serrato Enciso recae, en la providencia de 21 de julio de 2022 \u2013comunicada el 2 de septiembre-, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, con la que neg\u00f3 el levantamiento de las cautelas decretadas en el proceso de Justicia y Paz, sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 088-17931, determinaci\u00f3n con la cual se defini\u00f3 la problem\u00e1tica aqu\u00ed aducida. <\/p>\n
Revisada esa providencia, no se establece irregularidad manifiesta que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal, resolvi\u00f3 el asunto bajo su conocimiento, apreciando prudentemente las pruebas allegadas y sin desconocer las alegaciones de los intervinientes ni las normas aplicables. <\/p>\n
3. En efecto, para adoptar la determinaci\u00f3n se ocup\u00f3 de los antecedentes del incidente impulsado por la solicitante, y de las pruebas recaudadas en primer grado, refiri\u00f3 las consideraciones del a quo para negar el levantamiento de las cautelas discutidas, relacionados, especialmente, con la falta de prueba de la \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb en la adquisici\u00f3n del bien por parte de la aqu\u00ed accionante y, adem\u00e1s, refiri\u00f3 los argumentos de la apelaci\u00f3n planteada por la se\u00f1ora Serrato Enciso, similares a los propuestos en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Posteriormente, rese\u00f1\u00f3 las intervenciones de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Unidad para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, orientadas a que se confirmara la decisi\u00f3n apelada y pas\u00f3 a se\u00f1alar que, de acuerdo con los art\u00edculos 26 y 68 de la Ley 975 de 2005 y 32 de la Ley 906 de 2004, estaba habilitada para decidir dicha apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el incidente materia de estudio, de acuerdo con el art\u00edculo 17 de la Ley 1592 de 2012 que adicion\u00f3 la Ley 975 de 2005 al incorporar el art\u00edculo 17C1, pod\u00eda ser impulsado por terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa, con derechos sobre los bienes afectados con las medidas cautelares, cuesti\u00f3n sobre la cual cit\u00f3 jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, sobre el objeto y finalidad de dicho tr\u00e1mite (CSJ. AP, 14 nov. 2012, Rad. 40063 y AP, 18 May. 2016, Rad. 46376). <\/p>\n
Luego, resalt\u00f3 que la buena fe exenta de culpa, en los t\u00e9rminos de la sentencia C-1007 de 2002 de la Corte Constitucional, impon\u00eda \u00abdemostrar la prudencia y diligencia con que actu\u00f3, la capacidad econ\u00f3mica para adquirir el bien o derecho y (\u2026) la transparencia en la adquisici\u00f3n del mismo, raz\u00f3n por la cual la buena fe que se debe acreditar no es la simple sino la calificada o creadora de derechos\u00bb, y explic\u00f3, que la buena fe calificada exige adoptar \u00abprecauciones adicionales y no conformarse con el simple estudio de t\u00edtulos, insuficiente cuando se pretende adquirir propiedades en territorios que se sabe han sido azotados por el crimen y la intimidaci\u00f3n\u00bb, deber que no es arbitrario, pues se apoya en las normas aplicables. <\/p>\n
Adem\u00e1s, argument\u00f3 que cuando un tercero aduce mejor derecho que el de las v\u00edctimas que esperan ser resarcidas con los bienes de los postulados, \u00abdebe esforzase en demostrar que actu\u00f3 diligentemente, que no se prest\u00f3 para ocultar el verdadero origen o titularidad del bien ni para dificultar la persecuci\u00f3n de recursos mal habidos\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior y frente al caso en concreto, se\u00f1al\u00f3 que el bien en controversia se ubicaba en Puerto Boyac\u00e1, municipio en el que \u00aboper\u00f3 un grupo de autodefensas lideradas por Gonzalo y Henry P\u00e9rez\u00bb, formado a inicios de la d\u00e9cada de los ochenta y hasta la de los noventa, circunstancias ampliamente conocidas por los residentes del lugar y aleda\u00f1os, seg\u00fan se estableci\u00f3 en distintos procesos de Justicia y Paz. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la presencia militar de ese grupo \u00abtambi\u00e9n qued\u00f3 acreditada en el incidente a partir de las declaraciones que soportaron la imposici\u00f3n de la medida cautelar en el a\u00f1o 2019\u00bb, pues as\u00ed lo report\u00f3 en su versi\u00f3n libre el postulado Jhon Fredy Gallo Bedoya, algunos habitantes del sector y los involucrados con las transferencias del predio reclamado, incluido el excompa\u00f1ero de la accionante, Jes\u00fas Mar\u00eda C\u00f3rdoba Mur. <\/p>\n
Tras referir a la forma como la accionante adquiri\u00f3 el predio materia del incidente, relacionada con la compra que realiz\u00f3 su excompa\u00f1ero permanente y con la transferencia posterior que se hizo en su nombre por virtud de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, la Sala de Casaci\u00f3n Penal rese\u00f1\u00f3 las declaraciones recibidas en el asunto y de ellas concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el comprador [C\u00f3rdoba Mur] -admiti\u00e9ndose incluso que se enter\u00f3 tard\u00edamente de qui\u00e9n era el propietario registrado en los documentos-, al saber que el inmueble estaba a nombre de la esposa del comandante de las autodefensas, Luz Marina Ruiz G\u00f3mez, s\u00ed identific\u00f3 su relaci\u00f3n con el grupo ilegal y como tal pretendi\u00f3 incluir obligaciones pendientes a fin de reducir el pago de la compra venta; lo cual deja desprovista de fundamento la tesis que se propuso de que le era ajeno el v\u00ednculo del lote con el grupo paramilitar. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que a su vez impide tener a Berenice Serrato Enciso como tercera de buena fe cualificada o exenta de culpa, ya que como lo destac\u00f3 la Magistratura de primer grado, con la prueba aportada de modo alguno se demuestra que ella era ajena al origen del predio. <\/p>\n
En ese sentido qued\u00f3 demostrado c\u00f3mo ingres\u00f3 el lote a la sociedad patrimonial por adquisici\u00f3n que hiciera su entonces compa\u00f1ero permanente Jes\u00fas Mar\u00eda C\u00f3rdoba Mur, esto es, el 4 de agosto de 1994, seg\u00fan se registra en la escritura 655 de la Notar\u00eda \u00danica del Circulo de Puerto Boyac\u00e1 , es decir, cuando hac\u00edan vida en comunidad con \u00e9ste, ya que, de acuerdo con el contrato de transacci\u00f3n que suscribi\u00f3 la pareja y lo aseverado por C\u00f3rdoba Mur, su relaci\u00f3n se mantuvo hasta el a\u00f1o 1995, aproximadamente hasta el mes de abril. <\/p>\n
Igualmente, es claro que ella fue enterada de la compra del bien por Jes\u00fas Mar\u00eda C\u00f3rdoba quien as\u00ed lo inform\u00f3 en su declaraci\u00f3n y, lo ratific\u00f3 Berenice Serrato en su declaraci\u00f3n jurada del 4 de noviembre de 2015, donde afirm\u00f3 que ese \u00ablote lo compramos cuando est\u00e1bamos viviendo juntos, pues \u00e9l era el que hac\u00eda los negocios, pero lo compramos juntos\u00bb, lo que demuestra que s\u00ed fue participe de la adquisici\u00f3n del bien pese a no poder indicar precisos detalles de la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, advirti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que para la actora era posible conocer o determinar la situaci\u00f3n de p\u00fablico conocimiento, en cuanto a que \u00abese bien manten\u00eda v\u00ednculos con organizaciones paramilitares\u00bb y que era de propiedad de Luz Marina Ruiz G\u00f3mez, reconocida en el pueblo como esposa del comandante paramilitar. A\u00f1adi\u00f3 que la accionante tampoco prob\u00f3 haber realizado gestiones adicionales para \u00abidentificar que el lote que recibi\u00f3 no ten\u00eda relaci\u00f3n con esa organizaci\u00f3n a fin de resguardar sus intereses en la repartici\u00f3n de bienes de la sociedad patrimonial\u00bb y, con todo, de la simple revisi\u00f3n de los t\u00edtulos del predio, se constataba la ilegalidad de su origen y destinaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, determin\u00f3 que la incidentante no prob\u00f3 su buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del predio cautelado, \u00abpues las pruebas practicadas en el incidente, denotan una realidad distinta, ya que con acciones b\u00e1sicas era factible conocer el origen del bien y sus v\u00ednculos con organizaciones al margen de la ley\u00bb. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, la providencia anterior no revela arbitrariedad, puesto que se profiri\u00f3 con sustento en una valoraci\u00f3n ponderada de las pruebas allegadas, de las cuales se extrajo que no estaba demostrada la buena fe exenta de culpa que se impone para resolver de manera favorable los incidentes de oposici\u00f3n a las medidas cautelares decretadas en los asuntos de Justicia y Paz, conforme al art\u00edculo 17 de la Ley 1592 de 2012, adicionado por la Ley 975 de 2005 que incorpor\u00f3 el art\u00edculo 17C, por tanto, debe recordarse que la diferencia de criterio que pudiera tener la solicitante con la argumentaci\u00f3n de la Sala acusada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC2462-2021, STC802-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. Resta anotar que las dificultades econ\u00f3micas alegadas por la accionante, tampoco le abren paso a este mecanismo excepcional, en tanto que el proceso en el que se decretaron las cautelas reprochadas no ha concluido, por tanto, como a\u00fan no ha sido proferida la sentencia en la que se resolver\u00e1 sobre la extinci\u00f3n de su derecho de dominio, figura como propietaria del inmueble cautelado, siendo ese el escenario indicado para reclamar el reconocimiento de las \u00abmejoras\u00bb que aqu\u00ed pretendi\u00f3, cuesti\u00f3n que, se destaca, no plante\u00f3 en el incidente materia de esta censura. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Berenice Serrato Enciso contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abArt\u00edculo 17C. Incidente de oposici\u00f3n de terceros a la medida cautelar. En los casos en que haya terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para efectos de extinci\u00f3n de dominio en virtud del art\u00edculo 17B, el magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, a instancia del interesado, dispondr\u00e1 el tr\u00e1mite de un incidente que se desarrollar\u00e1 as\u00ed: Presentada la solicitud por parte del interesado, en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de cargos, el Magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas convocar\u00e1 a una audiencia dentro de los cinco (5 d\u00edas siguientes en la cual el solicitante aportar\u00e1 las pruebas que pretenda hacer valer y cuyo traslado se dar\u00e1 a la Fiscal\u00eda y a los dem\u00e1s intervinientes por un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas h\u00e1biles para que ejerzan el derecho de contradicci\u00f3n. Vencido este t\u00e9rmino e magistrado decidir\u00e1 el incidente y dispondr\u00e1 las medidas a que haya lugar. <\/p>\n
\u00abSi la decisi\u00f3n del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado ordenar\u00e1 el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario, el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio continuar\u00e1 su curso y la decisi\u00f3n ser\u00e1 parte de la sentencia que ponga fin al proceso de Justicia y Paz. <\/p>\n
Este incidente no suspende el curso del proceso.\u00bb <\/p>\n
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STC1512-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1512-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Berenice Serrato Enciso contra la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}