STC1513-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1513-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00497-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ramiro Alfonso Chamorro L\u00f3pez, quien dice actuar como apoderado de Gloria Roc\u00edo Jim\u00e9nez Aristiz\u00e1bal y de Jos\u00e9 Arist\u00f3bulo Chaverra Fl\u00f3rez, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado 2300131210032018001041. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor procura la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, igualdad, propiedad privada y dignidad humana de las personas que dice representar. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.2. En dicho tr\u00e1mite, Gloria Roc\u00edo Jim\u00e9nez Aristiz\u00e1bal y Jos\u00e9 Arist\u00f3bulo Chaverra Fl\u00f3rez se opusieron, no obstante, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, al fallar el asunto el 5 de mayo de 20222, desestim\u00f3 sus pretensiones y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble al reclamante y a los sucesores de Martida Rosa Solano P\u00e9rez. <\/p>\n
3. El gestor tacha de irregular la sentencia dictada por la Colegiatura criticada, porque desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial aplicable e incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, dado que la oposici\u00f3n planteada por quienes dice representar s\u00ed estaba llamada a prosperar, pues adquirieron e ingresaron al bien leg\u00edtimamente y con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, pide que se deje sin efectos el fallo del Tribunal y que se dicte otro ajustado a derecho. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Colegiatura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su actuar y destac\u00f3 que la tutela no satisfac\u00eda el requisito de la inmediatez, en tanto el fallo atacado se profiri\u00f3 8 meses atr\u00e1s. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRDT- pidi\u00f3 se le desvinculara del asunto, ya que no hab\u00eda violentado derecho fundamental alguno. Similar proceder desplegaron la Unidad Administrativa Especial Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas -UARIV-, la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-. <\/p>\n
3. La Gobernaci\u00f3n de Antioquia inform\u00f3 las actuaciones adelantadas para el cumplimiento del fallo de restituci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 18 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras sostuvo que el amparo no reun\u00eda el presupuesto de la tempestividad y que ninguno de los defectos atribuidos por el gestor se estructuraba. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende que se deje sin efectos el fallo proferido por el Tribunal accionado el 5 de mayo de 2022, porque vulner\u00f3 los derechos de quienes dice representar. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que el promotor no se encuentra legitimado para instaurar la presente tutela, dado que no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n3. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Gloria Roc\u00edo Jim\u00e9nez Aristiz\u00e1bal y de Jos\u00e9 Arist\u00f3bulo Chaverra Fl\u00f3rez; sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial para actuar en su nombre, pues solo aport\u00f3 un mandato dirigido a la UAEGRTD, que no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, sumado a que no aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar como su agente oficioso y, por tanto, la tutela es improcedente, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del proponente. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Juzgado Tercero Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, Rigoberto Antonio Montalvo, a los sucesores de Martida Rosa Solano P\u00e9rez, la Alcald\u00eda Municipal de C\u00e1ceres, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n y Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Unidad Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, a la Direcci\u00f3n de Catastro \u2013 Seccional Antioquia y a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Caucasia. <\/p>\n
2\u0002 Ejecutoriada el 12 de mayo siguiente. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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