STC1519-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1519-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00529-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Mendoza Veloza, quien dice actuar como apoderado de Ar\u00edstides Torijano, en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 36 Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al se\u00f1or Diego Mar\u00eda Montoya Sierra y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso de radicado 110013103036201600791. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso de quien dice representar, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en el proceso referido. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y la informaci\u00f3n verificada se establece que: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se adelanta el proceso de pertenencia instaurado por Ar\u00edstides Torijano contra Diego Mar\u00eda Montoya Sierra, admitido el primero de marzo de 2017. <\/p>\n
2.2. En dicho tr\u00e1mite, se dict\u00f3 sentencia el 2 de marzo de 2020 y, en sede de apelaci\u00f3n, la Sala S\u00e9ptima Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 anul\u00f3 lo actuado a partir del 6 de marzo de 2019, fecha en la que se notific\u00f3 el auto admisorio de la demanda a la curadora ad litem que se design\u00f3 para las personas indeterminados. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el apoderado del accionante solicit\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite, aduciendo que el litigio \u00abLLEVA 5 A\u00d1OS 9 MESES Y 28 DIAS SIN QUE HAYA SENTENCIA PONIENDO FIN\u00bb, que el accionado no fue notificado, no contest\u00f3 la demanda y no se opuso, con lo cual se ha desconocido el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la demanda \u00abfue presentada a reparto el 16-12-2016\u00bb y, por tanto, el plazo de un a\u00f1o para dictar sentencia venci\u00f3 el 16 de diciembre de 2017. <\/p>\n
Subsidiariamente, afirm\u00f3 que el proceso deb\u00eda declararse nulo desde el 15 de octubre de 2021, teniendo en cuenta que desde que el Tribunal declar\u00f3 la nulidad del fallo de primera instancia hab\u00eda \u00abtranscurrido \u00abUN A\u00d1O DIEZ MESES Y 27 DIAS\u00bb, sin que se hubiera zanjado la litis. <\/p>\n
2.4. El 9 de noviembre de 2022, el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 lo solicitado, al considerar que \u00abno se cumplen los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 121 del C.G.P., comoquiera que la vinculaci\u00f3n del contradictorio se materializo hasta el 5 de agosto del corriente a\u00f1o, luego, los t\u00e9rminos para dictar sentencia deben contabilizarse desde dicha data\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 16 de enero de 2023, la Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, porque \u00abla solicitud de nulidad estaba llamada al fracaso, al punto que proced\u00eda, incluso, su rechazo de plano\u00bb, pues la parte actora \u00abha venido interviniendo en el proceso con posterioridad a las fechas en que habr\u00eda operado la nulidad de la que se ha venido hablando\u00bb, quedando saneada cualquier irregularidad. <\/p>\n
2.6. En criterio del tutelante, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en falta de motivaci\u00f3n, no fueron congruentes con los hechos expuestos ni \u00abCON LO RESUELTO POR EL INFERIOR\u00bb, desconocieron el precedente de las Altas Cortes frente al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, no tuvieron en cuenta que no se prorrog\u00f3 la competencia para decidir, cuando el proceso regres\u00f3 del Tribunal, ni que han pasado 6 a\u00f1os sin que el asunto haya sido resuelto. <\/p>\n
3. Con apoyo en lo relatado, pidi\u00f3 que se ordene \u00abresolver la pr\u00f3rroga de competencia indefinida en la que est\u00e1 incursa la se\u00f1ora juez\u00bb y, subsidiariamente, que se imponga decidir lo correspondiente a \u00abla duraci\u00f3n del proceso (\u2026) que (\u2026) lleva m\u00e1s de 6 a\u00f1os sin soluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso y defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n, enfatizando que, no se materializ\u00f3 ning\u00fan vicio que pudiera alterar la competencia para dirimir en primera instancia el asunto objeto de litigio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el tutelante que sea amparado el derecho fundamental de Ar\u00edstides Torijano, que considera vulnerado con ocasi\u00f3n de la providencia emitida el 16 de enero de 2023 por la Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado 36 Civil del Circuito, en cuanto neg\u00f3 la nulidad invocada. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n1. <\/p>\n
2.3. En el presente asunto, el gestor pretende la protecci\u00f3n del derecho fundamental de Ar\u00edstides Torijano, presuntamente vulnerado por la Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 36 Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Como se observa, el tutelante no es el titular de la garant\u00eda superior invocada y no alleg\u00f3 poder especial v\u00e1lido para actuar en representaci\u00f3n de aqu\u00e9l, pues el documento aportado no cumple con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 5 de la Ley 2213 de 2022 -antefirma, siempre que se otorgue mediante mensaje de datos-, en tanto no fue enviado por mensaje de datos, de manera que, en esas condiciones, la antefirma no es suficiente para acreditar el mandato. A lo anterior se suma que, aunque dicho escrito refiere los accionados, no precisa el juicio a rebatir ni las actuaciones concretas que se atacar\u00edan en tutela y, por tanto, no es un poder especial, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n. Dicha circunstancia impide analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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