STC1522-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1522-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00602-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Antonio Ram\u00edrez Ariza contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y \u00abun adecuado nivel de vida\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado en el proceso\u2026 a partir de la diligencia de inspecci\u00f3n ocular al terreno, para que\u2026 vuelva a realizarse, para que sean verdaderamente determinados los poseedores de esa antigua finca y pueda\u2026 presentarse como poseedor de buena fe a reclamar sus derechos en ese proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso de restituci\u00f3n de tierras, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena dict\u00f3 sentencia el 23 de marzo de 2022, en la que, entre otras cosas, protegi\u00f3 el derecho invocado; dispuso la restituci\u00f3n del predio El Encanto, ubicado en la vereda Montecristo, Corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar; declar\u00f3 infundadas unas oposiciones, reconoci\u00f3 a unos opositores la compensaci\u00f3n del art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como unos ocupantes secundarios; y declar\u00f3 la inexistencia y nulidad de unos contratos. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 15 de mayo de 2018 adquiri\u00f3 un lote de terreno de 1.5 hect\u00e1reas, por parte de Neider Trillos Criado, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta; que el 22 de agosto de 2019 le compr\u00f3 la posesi\u00f3n que ten\u00eda sobre la parcela denominada Buena Vista de 10 hect\u00e1reas, la que era vecina del otro terreno; y que el 2 de noviembre siguiente tambi\u00e9n adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n del bien La Pedregosa, ubicada en una antigua finca en la vereda Montecristo. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el referido inmueble entr\u00f3 en un proceso de restituci\u00f3n de tierras por los anteriores propietarios, en donde se dispuso la restituci\u00f3n del bien, se reconoci\u00f3 la buena fe de algunos ocupantes y la reubicaci\u00f3n de cuatro parceleros para entregarles una tierra en iguales condiciones. <\/p>\n
2.4. Adujo que pese a encontrarse en el predio objeto del juicio no fue notificado como ocupante; que no se efectu\u00f3 inspecci\u00f3n ocular sobre el terreno, por lo que no fue posible que fuera parte del proceso; que se iba a ejecutar un fallo que transgred\u00eda el debido proceso, en tanto que nunca lo visitaron en el inmueble que ocupaba desde el 2018 y no cont\u00f3 con la posibilidad de hacer valer sus derechos. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no advert\u00eda transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales; que el gestor no hab\u00eda radicado solicitud en donde expusiera lo acontecido; que fueron respetadas las garant\u00edas, en tanto que el enteramiento fue surtido en un diario de amplia circulaci\u00f3n regional, adem\u00e1s en emisoras locales, por lo que comparecieron trece opositores, entre ellos, Neider Trillos, persona a la que dice el actor que le compr\u00f3 varias porciones de terreno; que si el promotor consideraba que ten\u00eda alg\u00fan derecho sobre el inmueble pudo haber comparecido en virtud del llamamiento efectuado; que el juzgado no llev\u00f3 a cabo la inspecci\u00f3n judicial de forma presencial en virtud de la emergencia sanitaria, pero la misma no era obligatoria, pues pod\u00eda ser reemplazada por otros medios de prueba, lo que sucedi\u00f3 en el asunto; que se tuvo en cuenta el informe t\u00e9cnico de georreferenciaci\u00f3n y la constancia secretarial sobre la divisi\u00f3n interna del predio El Encanto, en la cual se hac\u00eda una relaci\u00f3n detallada y minuciosa de todas las personas que estaban en el inmueble los d\u00edas 9 y 10 de marzo de 2019, sin que el promotor estuviese presente; que tampoco fue mencionado en las declaraciones del proceso ni en los documentos aportados; que en las fechas en las que dice que adquiri\u00f3 porciones del predio estaba en curso el proceso de restituci\u00f3n, incluso los vendedores ya hab\u00edan formulado oposici\u00f3n, por lo que ten\u00eda que probar que aquellos actuaron de mala fe; que no presentaba prueba suficiente de su posesi\u00f3n; que en caso de considerarse que fue indebidamente notificado contaba con la posibilidad de presentar demanda de revisi\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia; y que remit\u00eda el link del expediente. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar refiri\u00f3 que el proceso se surti\u00f3 respetando el debido proceso y los t\u00e9rminos judiciales; que no advert\u00eda documento en donde se consignara que el accionante adquiri\u00f3 el predio involucrado en el asunto, ni prueba sobre la compra del dicho bien; y que no era prudente interponer tutela cuando no se hab\u00eda hecho uso debido de las garant\u00edas procesales que otorgaba la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social adujo que no le constaban los hechos descritos en la tutela; que no ten\u00eda dentro de sus funciones la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos ni la inspecci\u00f3n, vigilancia y control del sistema de seguridad social; que no ten\u00eda injerencia sobre las entidades accionadas; que las providencias judiciales gozaban de presunci\u00f3n de legalidad; que no se prob\u00f3 que en el juicio los despachos hubieren incurrido en un yerro; que se aten\u00eda a la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se emitiera; que no hab\u00eda conculcado los derechos fundamentales del accionante; y que no era la entidad encargada de realizar las actuaciones administrativas y judiciales tendientes a resolver las pretensiones de la parte. <\/p>\n
4. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se\u00f1al\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de seis meses entre la interposici\u00f3n del resguardo y el momento en que se emiti\u00f3 el fallo; que no se indicaban las causales espec\u00edficas de procedencia del amparo; y que no transgredi\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
5. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas adujo que no hab\u00eda lesionado ning\u00fan derecho fundamental; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, pues carec\u00eda de competencia frente a los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
6. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que el accionante, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los art\u00edculos 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de ventilar sus reclamos respecto a la notificaci\u00f3n surtida dentro del proceso criticado, conforme lo establece el art\u00edculo 921 de la ley 1448 de 2011, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Frente a situaciones semejantes a la que aqu\u00ed se presenta, la Sala insistentemente ha expuesto que: <\/p>\n
(\u2026) el promotor cuenta con la opci\u00f3n de debatir la indebida notificaci\u00f3n que alega en el juicio ordinario, mediante la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n (\u2026), el cual puede promover independientemente de su desenlace, siempre y cuando se atienda la oportunidad legal y apoye la petici\u00f3n en una de las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso]; en tal sentido, resulta ilustrativo el inciso tercero del art\u00edculo 142 ib\u00eddem al se\u00f1alar: \u201c[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse durante la diligencia de que tratan los art\u00edculos 337 a 339, o como excepci\u00f3n en el proceso que se adelante para la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n si no se aleg\u00f3 por la parte en las anteriores oportunidades\u201d. (Subrayado ajeno al texto- CSJ STC, 24 may. 2012, rad. 2012-00999-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 1\u00ba nov. 2012, rad. 2012-00316-01; CSJ STC, 2 oct. 2013, rad. 2013-00043-01; y CSJ STC, 28 nov. 2013, rad. 2013-00121-01)2. <\/p>\n
Para ahondar en razones, cabe a\u00f1adir que en igual sentido se ha pronunciado la Corte en trat\u00e1ndose de las providencias que definen el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, resaltando que: <\/p>\n
Sobre la desatenci\u00f3n al esencial presupuesto de la subsidiariedad de la protecci\u00f3n invocada, por encontrarse vigentes otras posibilidades de defensa judicial, la Sala observa que, como lo menciona el propio accionante, puede, de darse las causales all\u00ed se\u00f1aladas, proponer los reparos que aqu\u00ed manifiesta a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de que trata el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 y las reglas 354 y 355 del C\u00f3digo General del Proceso, respetando los t\u00e9rminos fijados para su interposici\u00f3n en el precepto 356 ib\u00eddem. En esa sede, el juez de conocimiento decidir\u00e1 sobre la admisibilidad de ese recurso extraordinario, as\u00ed como de la prosperidad de las causales invocadas. (CSJ STC12291-2017; reiterada en STC18886-2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002\u00abContra la sentencia se podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. Atendiendo el cambio normativo, debe entenderse que la norma se refiere al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Cabe a\u00f1adir que si bien el precedente citado hace referencia a normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, resulta aplicable al caso de autos, por cuanto el Estatuto Procesal actual conserva una orientaci\u00f3n similar. <\/p>\n
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