STC1524-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1524-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00551-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Amanda Luc\u00eda Mora contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego, Jeimy Alexandra Melo Obando, Mar\u00eda Lilian Villota Torres, Ramiro Fernando Mora y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso de radicado 52678318900120210005700. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el juicio referido. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Jeimy Alexandra Melo Obando instaur\u00f3 demanda ejecutiva singular contra Mar\u00eda Lilian Villota Torres, por $100.000.000, representados en la letra de cambio suscrita el 11 de noviembre de 2018, pagadera el 13 de junio de 2020. Como medida cautelar, requiri\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble ubicado en \u00abla carrera 6 No. 7 \u2013 26 del barrio Alc\u00e1zar del Municipio de Samaniego\u00bb. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego libr\u00f3 mandamiento de pago el 15 de julio de 2021 y dispuso el embargo y secuestro del bien y, el 11 de agosto siguiente, comision\u00f3 al alcalde de Samaniego, para el secuestro del inmueble. <\/p>\n
2.3. El 13 de enero de 2022, Amanda Luc\u00eda Mora y Ramiro Fernando Mora, a trav\u00e9s de apoderado, instauraron un incidente de levantamiento de la medida cautelar, dado que ella hab\u00eda adquirido una cuota parte del inmueble cautelado, por adjudicaci\u00f3n en remate judicial adelantado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres, que le fue entregada el 23 de diciembre del a\u00f1o 2020, momento desde el cual aquella arrend\u00f3 los derechos que le correspond\u00edan como comunera al se\u00f1or Ramiro Fernando Mora, quien ocupaba un parqueadero y una bodega del bien. <\/p>\n
2.4. El 8 de junio de ese mismo a\u00f1o, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego, levant\u00f3 las medidas cautelares de embargo y secuestro de la posesi\u00f3n de la tercera parte del bien, al establecer la calidad de poseedora de la se\u00f1ora Amanda Luc\u00eda Mora, desde cuando el Juzgado le adjudic\u00f3 su cuota parte. <\/p>\n
2.5. La ejecutante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n frente a dicha providencia y, el 3 de agosto de 2022, el Juzgado mantuvo su determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada, en el efecto devolutivo. <\/p>\n
2.6. El 13 de diciembre de 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, tras considerar que la se\u00f1ora Amanda Luc\u00eda Mora no cumpl\u00eda con lo dispuesto por el art\u00edculo 597 del C.G.P, pues, para el momento de promover el incidente, no se encontraba en posesi\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
2.7. La tutelante aduce que, el 20 de febrero de 2021, Mar\u00eda Lilian Villota Torres y su compa\u00f1ero sentimental Carlos Alberto Obando Bastidas impidieron al se\u00f1or Ramiro Fernando Mora ingresar al bien, por v\u00edas de hecho y bajo amenazas, por lo que este instaur\u00f3 una querella contra la se\u00f1ora Villota Torres y su compa\u00f1ero, por perturbaci\u00f3n a la propiedad y la tenencia, con solicitud de protecci\u00f3n policiva, sobre la cual \u00abno hay decisi\u00f3n de fondo todav\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.8. En criterio de la actora, el Tribunal hizo un an\u00e1lisis sesgado del material probatorio aportado, pues dej\u00f3 de \u00abvalorar afirmaciones realizadas por los intervinientes en la diligencia y audiencia judicial, que resultan ser importantes para el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n del recurso\u00bb, e interpret\u00f3 erradamente lo dispuesto por el art\u00edculo 597 de C.G.P, desconociendo que su \u00abposesi\u00f3n solo ha sido perturbada mas no extinguida, cumpliendo con ello los requisitos del art\u00edculo antes mencionado\u00bb. <\/p>\n
3. Con apoyo en lo relatado, pidi\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n del 13 de diciembre de 2022, a fin de que se profiera otra, en la que se realice una valoraci\u00f3n integral del acervo probatorio. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n, pues considera que se fundament\u00f3 en la normatividad aplicable y el material probatorio allegado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos de la gestora con la providencia del 13 de diciembre de 2022, que revoc\u00f3 la proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego el 8 de junio de la misma anualidad. <\/p>\n
2. En la decisi\u00f3n confutada, el Colegiado cuestionado consider\u00f3 que el problema jur\u00eddico consist\u00eda en definir si el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre la posesi\u00f3n de la tercera parte del bien inmueble se ajust\u00f3 a las normas procesales aplicables y las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
2.1. Para abordar el asunto, luego de referirse al objeto de las medidas cautelares y los requisitos del art\u00edculo 597 del CGP, particularmente lo estipulado en el numeral 8, expuso que, si bien el tercero poseedor est\u00e1 facultado para solicitar el levantamiento del embargo y secuestro, es necesario que ostente dicha condici\u00f3n al momento de la diligencia. <\/p>\n
2.2. Al respecto, el Tribunal relacion\u00f3 las pruebas documentales allegadas en el tr\u00e1mite incidental, como el contrato de arrendamiento que la se\u00f1ora Amanda Luc\u00eda Mora celebr\u00f3 con el se\u00f1or Ramiro Fernando Mora, el acta de entrega del bien inmueble por parte del secuestre del 23 de diciembre de 2020, los recibos de pago del cambio de guardas, la copia de la querella policiva que instauraron los incidentantes, las respuesta de Mar\u00eda Lilian Villota Torres y su compa\u00f1ero sentimental, la providencia que adjudic\u00f3 parte del bien a favor de la citada se\u00f1ora Mora, as\u00ed como las declaraciones de Libardo Rosas Santander, Jorge Alfonso Chaucanes y Ramiro Fernando Mora. <\/p>\n
Luego de valorar las pruebas acabadas de referir, el Tribunal estableci\u00f3 que, si bien la se\u00f1ora Amanda Luc\u00eda Mora era la propietaria de la tercera parte del bien inmueble objeto de discusi\u00f3n, correspondiente a un garaje y a una bodega, por adjudicaci\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de T\u00faquerres, sobre los cuales ejerci\u00f3 actos de se\u00f1ora y due\u00f1a, como el cambio de guardas y entregarlos en arrendamiento, no ejerc\u00eda la posesi\u00f3n material invocada sobre ellos para el momento de la diligencia de embargo y secuestro que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Samaniego practic\u00f3 el 2 de diciembre del 2021, \u00abpues la misma se\u00f1ora Amanda afirm\u00f3 que desde el 20 de febrero del 2021 hasta la fecha no ha podido ejercer sus derechos de poseedora de la cuota parte del bien, y que tampoco su arrendatario ejerce derechos de tenedor\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo manifestado, el juez plural concluy\u00f3 que era improcedente aceptar la oposici\u00f3n propuesta y efectuar el levantamiento de la medida cautelar, seg\u00fan lo reclamado, porque el C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abquien lo solicita debe acreditar que ejerc\u00eda como poseedor del bien en el momento en que se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro\u00bb, circunstancia que no ocurri\u00f3 con la referida se\u00f1ora. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que sea o no compartida, no luce irrazonable, pues fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas, las pruebas allegadas y la normatividad relacionada y se sustent\u00f3 en una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. Por tanto, contrastados la providencia cuestionada y los argumentos de la actora frente a lo decidido, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no est\u00e1 prevista para que el operador judicial intervenga como un \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb, ni para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb1, sumado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
3.2. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso3, m\u00e1xime cuando, como en este caso, la Sala de conocimiento analiz\u00f3 las probanzas allegadas motivadamente, sin que pueda el juez de tutela invalidar sus apreciaciones ni imponer su propia postura. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
2\u0002 Ver cita en los fallos CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC 25 ene. de 2012, rad. 2011-02659-00 reiterado en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1524-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC1524-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00551-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Amanda Luc\u00eda Mora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70819","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70819"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70819\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}