STC1528-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1528-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02474-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Guillermo Le\u00f3n Ru\u00edz contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efecto los autos del 27 de abril de 2021 y 02 de septiembre de 2021\u00bb; y ordenarle al Juzgado acusado \u00abavocar conocimiento del control de legalidad de medidas cautelares solicitado\u2026 y darle el tr\u00e1mite de correspondiente, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 113 de la Ley 1708 de 2014\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, el 25 de septiembre de 2017 la Fiscal\u00eda 37 Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio orden\u00f3 medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro, respecto de unos bienes registrados a nombre de Guillermo Le\u00f3n Ru\u00edz. <\/p>\n
2.2. El 4 de marzo de 2021 el actor promovi\u00f3 control de legalidad frente a los grav\u00e1menes impuestos sobre sus bienes conforme con la causal 4 del art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014, solicitud que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, en prove\u00eddo de 27 de abril de 2021, rechaz\u00f3 de plano por extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n que apelada fue confirmada por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 2 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que al realizar un estudio acucioso del proceso encontr\u00f3 serias irregularidades desplegadas por la Fiscal\u00eda en la fase inicial, concretamente, en el recaudo probatorio; y que las medidas se expidieron con base en pruebas obtenidas de manera il\u00edcita, por lo que deprec\u00f3 el control de legalidad. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se rechaz\u00f3 su solicitud argumentando una presunta extemporaneidad; que recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n, pero se confirm\u00f3 y se adicion\u00f3 una nueva causal de rechazo -presentaci\u00f3n repetitiva del control de legalidad bajo la misma causal-; y que no contaba con otros mecanismos de defensa. <\/p>\n
2.5. Adujo que exist\u00eda un vac\u00edo normativo que se subsan\u00f3 con un ejercicio hermen\u00e9utico para imponer un t\u00e9rmino de temporalidad y un requisito de presentaci\u00f3n \u00fanica de control de legalidad bajo la misma causal, pese a que la ley no lo determin\u00f3 as\u00ed. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que aunque era loable que el Tribunal estableciera presupuestos para la presentaci\u00f3n de dicho control, no se hab\u00eda configurado una regla que permitiera adoptar una \u00fanica postura frente al limite de tiempo para incoarlo; que se cercen\u00f3 la posibilidad de estudiar el fondo del asunto; y que la decisi\u00f3n se sustentaba en un precedente del Tribunal que fue confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede de tutela con efectos interpartes. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que se priv\u00f3 el control judicial a las medidas ordenadas en su contra; que se incurri\u00f3 en las causales de procedencia del resguardo; que cumpli\u00f3 con la carga argumentativa; que se hac\u00eda una interpretaci\u00f3n sesgada de la norma; y que se contraven\u00eda la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 sobre las actuaciones surtidas en dicha Corporaci\u00f3n e indic\u00f3 que el accionante pretend\u00eda reabrir un debate frente a asuntos que hab\u00edan sido dilucidados en sede natural, por lo que solicitaba que se denegara el resguardo impetrado. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio se\u00f1al\u00f3 que acog\u00eda los pronunciamientos proferidos por los juzgadores; que la actuaci\u00f3n del fiscal instructor fue acorde con lo establecido en la Ley 1708 de 2014; que se garantiz\u00f3 y respet\u00f3 el ejercicio de los derechos del promotor; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no hab\u00eda nexo de causalidad entre la alegada vulneraci\u00f3n y la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esa dependencia; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 37 Especializada de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite y refiri\u00f3 que los elementos de juicio recaudados compromet\u00edan al accionante con las actividades il\u00edcitas cometidas por frentes vinculados al Bloque Sur de las Farc-EP; que acog\u00eda las decisiones emitidas por los falladores basados en los principios de autonom\u00eda e independencia; que la resoluci\u00f3n de imposici\u00f3n de medidas cautelares respecto de los bienes afectados hab\u00eda sido objeto de control de legalidad por parte del Juzgado; que no conculc\u00f3 derecho fundamental alguno; que obr\u00f3 con estricto apego a lo establecido en la Ley 1708 de 2014, modificada por la 1849 de 2017; y que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho adujo que actuaba en los tr\u00e1mites de extinci\u00f3n como interviniente para defender el inter\u00e9s jur\u00eddico de la Naci\u00f3n y en representaci\u00f3n del ente responsable de la administraci\u00f3n de los bienes afectados en el curso del procedimiento; que no ten\u00eda injerencia en las decisiones que adoptaran los funcionarios judiciales, por lo que no era el competente para cumplir con las pretensiones del gestor; y que no transgredi\u00f3 garant\u00eda esencial alguna. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no buscaba una tercera v\u00eda u opini\u00f3n diversa respecto de las decisiones criticadas sino salvaguardar sus derechos fundamentales; que detall\u00f3 en forma adecuada la configuraci\u00f3n de las causales espec\u00edficas de procedencia del resguardo; que las determinaciones analizadas mostraban un retroceso en la evoluci\u00f3n progresiva de las garant\u00edas de los afectados; y que si bien la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio era aut\u00f3noma de la penal o de cualquier otra, deb\u00eda poner en conocimiento que se archiv\u00f3 a su favor la investigaci\u00f3n penal adelantada, por encontrarse configurada la causal contenida en el art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 2 de septiembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026No existe duda de que, en contra del patrimonio de GUILLERMO LE\u00d3N RU\u00cdZ, el cual incluye el paquete de propiedades relacionado en el ac\u00e1pite inicial, se dictaron medidas cautelares dentro del sumario 2017-00038; ello ocurri\u00f3 a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n de 25 de septiembre de 2017, emitida por la Fiscal\u00eda 37 de Extinci\u00f3n de Dominio; dentro del acervo probatorio destacado por la Fiscal\u00eda para ello se encuentran\u2026 <\/p>\n
Hecho el anterior recuento y en aras de desatar la impugnaci\u00f3n vale recordar que dentro de las novedades contenidas en el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio se encuentran los controles de legalidad previstos originalmente para las medidas cautelares; los actos de investigaci\u00f3n desplegados durante la fase previa y al archivo de las diligencias. <\/p>\n
Inicialmente el tr\u00e1mite de control de legalidad a los actos de investigaci\u00f3n hab\u00eda sido conferido a los jueces de conocimiento, pero en virtud del desarrollo jurisprudencial por v\u00eda de excequibilidad, la competencia para conocer de ello es cosa del Juez penal municipal de control de garant\u00edas. De lo transcrito entonces, puede precisarse: pese a la postulaci\u00f3n del actor seg\u00fan la cual acudi\u00f3 al incidente merced del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 112 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, lo que en realidad cuestiona es la ejecuci\u00f3n de los actos de investigaci\u00f3n, aparentemente desarrollados al comp\u00e1s del canon 163 ib\u00eddem, en lo atinente a la b\u00fasqueda selectiva en bases de datos establecida en el art\u00edculo 170 de la obra citada, que por mandato de la sentencia C-516 de 2015, de la Corte Constitucional, su verificaci\u00f3n corresponde al Juez de control de Garant\u00edas; solo que aqu\u00ed la disertaci\u00f3n se presenta con la traslapa de las probanzas tendr\u00edan p\u00e1tina de ilegalidad, ajustando artificiosamente el qu\u00e9 hacer del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio a la actividad de polic\u00eda; de ah\u00ed que Estime la Sala que en aras de desatar el planteamiento formulado, la competencia legar para ello no es del Juez de conocimiento, quien por raz\u00f3n de la misma sentencia y en acatamiento de la Ley, s\u00f3lo debe conocer del control de legalidad a las medidas cautelares, al vencimiento de t\u00e9rminos, as\u00ed como sobre el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Huelga denotar que, a\u00fan si en gracia de discusi\u00f3n se consintiera que el control se funda en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 112, con buen tino la a quo estim\u00f3 que su postulaci\u00f3n es extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Previo a que la Sala se refiera a las razones por las cuales se ha pronunciado pac\u00edficamente en ese sentido, es necesario rememorar algunos aspectos pasados por alto en esta segunda solicitud de control de legalidad; en primer lugar, esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha sostenido que una misma parte no puede concurrir en dos oportunidades al control de legalidad por la misma variable contenida en el art\u00edculo evocado, as\u00ed lo dijo en auto de 12 de junio de 2017, dentro del radicado 110013120002201600105 01, a prop\u00f3sito de la intervenci\u00f3n de unos presuntos poseedores a los que el Juzgado 1\u00ba de Extinci\u00f3n de Dominio dio cabida dentro de la acci\u00f3n cuando la propietaria inscrita ya hab\u00eda concurrido a las diligencias e incluso ejecutado el dispositivo del control de legalidad a las medidas cautelares. <\/p>\n
En esta oportunidad vuelve a formular solicitud de control el apoderado de GUILLERMO LE\u00d3N RUIZ, con fundamento en la causal aducida; como se acot\u00f3 en el ac\u00e1pite de tr\u00e1mite procesal relevante, de la consulta del sistema de gesti\u00f3n judicial se logr\u00f3 establecer que el Tribunal ya hab\u00eda conocido una invocaci\u00f3n de control presentada por el mismo afectado dentro del radicado 110013120001201700090 01, el 2 de abril de 2018; al revisar ese pronunciamiento se verifica que la Corporaci\u00f3n consider\u00f3\u2026 <\/p>\n
Se colige que el quejoso hab\u00eda invocado desde otrora la causal 4\u00aa del canon 112 de la Ley 1708 de 2014, aunque hoy lo anuncie como si de una novedad se tratase, entre otras cosas, porque el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 13 del CED contempla desde muy temprano en la actuaci\u00f3n que desde la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares el afectado tenga acceso al proceso, bien sea personalmente o por conducto de su apoderado, por lo que, si el opositor no ejerci\u00f3 esa potestad, mal hace en hoy demandar que no tuvo acceso a las diligencias o que s\u00f3lo con la apertura del estanco probatorio tuvo conocimiento del contenido real de las probanzas. Entonces, algo que no advirti\u00f3 la a quo en su sede es que ya exist\u00eda un antecedente de control. <\/p>\n
Por otro lado, con fundamento en la Jurisprudencia de esta Sala y apoyada en reciente sentencia de tutela, el Juzgado descart\u00f3 por extempor\u00e1nea la nueva invocaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el apelante reclama que las decisiones tenidas en cuenta en primera sede no constituyen precedente jurisprudencial sobre la materia, de un lado porque no existen dos pronunciamientos que en el mismo sentido se hayan proferido por el Cuerpo Colegiado y adem\u00e1s, porque los supuestos f\u00e1cticos tra\u00eddos a colaci\u00f3n en la tutela conocida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, no tendr\u00edan efectos erga omnes. <\/p>\n
Ciertamente, desde la aprobaci\u00f3n un\u00e1nime del prove\u00eddo de 2 de abril de 2018, dentro del radicado 110013120002201700064 01 invocado por la Juez primigenia, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio que hasta ahora conserva el cariz de instancia de cierre para asuntos como el de la especie, entre tanto se crean otras Salas especializadas en el pa\u00eds; desde entonces se consider\u00f3 que para acceder al mecanismo incidental los afectados tienen por l\u00edmite temporal el traslado del art\u00edculo 141 del CED, pues hasta all\u00ed pueden cuestionarse los actos desplegados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el estanco instructivo; en su momento se evocaron sistem\u00e1ticamente las diferentes posturas que sobre la materia hab\u00eda tenido la Corporaci\u00f3n, para decantar que\u2026 <\/p>\n
De las citas evocadas extensamente es posible esclarecer que el Tribunal, pac\u00edficamente ha zanjado hasta cu\u00e1ndo es oportuno proponer el control de legalidad dentro de los procesos de extinci\u00f3n de dominio, esto es, desde la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares y el interregno previsto en traslado del art\u00edculo 141 del CED, posici\u00f3n que ha sido recogida en materia de tutela como lo evoc\u00f3 la primera instancia, en sentencias como la STP2635-2021 del 25 de febrero de 2021; jurisprudencia que es aplicable al caso concreto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la segunda impetraci\u00f3n que con ocasi\u00f3n de la causal 4\u00aa del canon 112 de la obra citada elev\u00f3 el incidentante lo fue el 4 de marzo del a\u00f1o que avanza, teni\u00e9ndose noticia de las notas del auto confutado que el 2 de octubre de 2019 feneci\u00f3 el traslado del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio; por lo tanto, la discusi\u00f3n se present\u00f3 extempor\u00e1neamente. <\/p>\n
Extralimita el censor su alegaci\u00f3n apart\u00e1ndose de la regulaci\u00f3n legal cuando afirma que no existe otro momento para dar el debate que pretende en torno a la actividad probatoria, m\u00e1xime si como se sabe, las diligencias transitan dentro de la estaci\u00f3n del estanco propio para ello, de ese modo tiene por delante la oportunidad regulada por el art\u00edculo 144 de la codificaci\u00f3n mencionada para oponerse al valor suasorio de la prueba o a su eficacia legal, como se le indic\u00f3 desde el 2 de abril de 2018 cuando se estudi\u00f3 la primera de sus solicitudes de oposici\u00f3n al avasallamiento de la fortuna que representa, espacio en el cual si as\u00ed lo estima puede solicitar la aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula contenida en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan la cual \u201cEs nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d. <\/p>\n
Concl\u00fayase: i.) la formulaci\u00f3n l\u00f3gica elaborada por el apelante se reduce a su oposici\u00f3n de cara a los actos de investigaci\u00f3n, seg\u00fan sus dichos, desplegados por la Polic\u00eda Judicial sin la orden de autoridad competente; tem\u00e1tica propia de la competencia del Juez de Control de Garant\u00edas; ii.) a\u00fan aceptando en gracia de discusi\u00f3n que se trata de una formulaci\u00f3n relacionada con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 112 del CED, el petente hab\u00eda sometido al escrutinio incidental semejante solicitud, como se resolvi\u00f3 a trav\u00e9s del auto interlocutorio de 2 de abril de 2018 dentro del radicado 110013120001201700090 01, donde el actor impetr\u00f3 esa misma causal; pero si lo anterior no fuera suficiente para rechazar de plano el dispositivo solicitado, iii.) la nueva petici\u00f3n de control se alleg\u00f3 extempor\u00e1neamente comando en cuenta que el 2 de octubre de 2019 hab\u00eda culminado el plazo reglamentado por el art\u00edculo 141 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, y, en consecuencia hab\u00eda caducado la oportunidad para elevar el clamor; finalmente, iv.) como sea, las demandas aqu\u00ed ventiladas pueden formularse durante el traslado para alegatos de conclusi\u00f3n \u2013art. 144 ib\u00eddem- donde, si as\u00ed lo estima, podr\u00e1 insistir en la ilegalidad de la prueba del acervo de la Fiscal\u00eda y como consecuencia de ello, su exclusi\u00f3n, lo que en todo caso se resolver\u00e1 de fondo en la sentencia, permaneciendo con ello inc\u00f3lumes las garant\u00edas que le asisten como parte dentro de la acci\u00f3n de afectaci\u00f3n a los derechos reales a Guillermo Le\u00f3n Ortiz. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 30 de enero de 2023. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1528-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1528-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02474-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70823","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70823"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70823\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70823"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}