STC1532-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00302-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de diciembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo L\u00f3pez Jim\u00e9nez contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, propiedad, igualdad y \u00abvejez\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abdeclare nulas las actuaciones sujetas de afectaci\u00f3n en el proceso\u2026 por el bien inmueble sujeto de manutenci\u00f3n de la vejez\u00bb; se \u00abdeje sin efecto autos de decisi\u00f3n del secuestre, del embargo\u2026 en la vulneraci\u00f3n de citaciones notificaciones, representaci\u00f3n, de abogado\u2026 que nunca fue comunicado en su legalidad\u00bb; se dispongan \u00ablas garant\u00edas que le asiste [a] una persona de tercera edad o persona natural a ser representado en debida forma con las legalidades y procedimientos determinados en la ley\u00bb; se ordene \u00abla nulidad derivada de los procedimientos de notificaci\u00f3n o representaciones dentro del actual proceso civil\u00bb; se tutelen \u00ablas v\u00edas de hecho producidas por los funcionarios judiciales que tomaron decisiones previa circunstancias de legalidad o trascendencia dentro del proceso y quienes estaban interponiendo como garant\u00eda tal gravedad, sin constatar la propiedad que se trata de personas de tercera edad y su vejez\u00bb; se \u00abretrotra[iga] todo el procedimiento a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda, con el fin de poder agotar con orden la representaci\u00f3n en lo pertinente\u2026\u00bb; y se ampare \u00abel derecho de alzada ante el juez superior si no es superado el estudio la nulidad, para que el juez de segunda instancia tenga a bien revisar todos los planteamientos de inconformidad impetrados ante el juez natural\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Inversiones Inmobiliarias El Roble G&P SAS instaur\u00f3 proceso hipotecario contra Ricardo L\u00f3pez Jim\u00e9nez y Elodia Jim\u00e9nez de L\u00f3pez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, el que en auto de 6 de octubre de 2022 dispuso no tramitar las peticiones propuestas por el ejecutado. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo de 24 de noviembre de 2022, entre otras cosas, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, dispuso la venta del bien hipotecado y rechaz\u00f3 la alzada impetrada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el 6 de octubre se resolvieron las peticiones que impetr\u00f3 por \u00abel mal curso del proceso civil\u00bb; que junto con su madre eran personas afectadas del proceso \u00abasaltando todos los argumentos en ejercicio de defensa material\u00bb y conden\u00e1ndolos al pago de costas por las decisiones favorables, as\u00ed como a la acreditaci\u00f3n de un profesional del derecho. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que no se tuvieron en cuenta los fundamentos de la nulidad impetrada; que no era viable el nombramiento del secuestre, se present\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n, se dio una \u00abirregularidad en el poder de firma de representaci\u00f3n\u00bb, no se enter\u00f3 en debida forma a la otra ejecutada y el pagar\u00e9 no coincid\u00eda con los valores a cobrar por parte de quien confiri\u00f3 el poder para el cobro del t\u00edtulo valor. <\/p>\n
2.5. Adujo que las diligencias adelantadas no contaban con las formalidades legales; que su vivienda la construy\u00f3 con esfuerzo y continuidad; y que el bien era para su manutenci\u00f3n en la vejez. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Inversiones Inmobiliarias El Roble G&P SAS indic\u00f3 que el juicio se surti\u00f3 con las garant\u00edas propias del debido proceso; que la decisi\u00f3n de 6 de octubre de 2022 gozaba de plena validez jur\u00eddica, pues conforme con el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso las personas deb\u00edan comparecer al proceso por conducto de abogado, sin que el asunto reuniera las condiciones de excepci\u00f3n del derecho de postulaci\u00f3n; que permitir la actuaci\u00f3n del gestor en causa propia era contravenir las disposiciones normativas; que el poder para iniciar la acci\u00f3n ejecutiva cumpl\u00eda con lo previsto en el art\u00edculo 74 y siguientes \u00eddem; que no conoc\u00eda el contenido de la nulidad impetrada, pues no se le remiti\u00f3 copia de la misma; que el fallador pod\u00eda rechazar la solicitud de invalidez que no se ajustara a las formas de su proposici\u00f3n; que el pagar\u00e9 cumpl\u00eda con las condiciones requeridas y en todo caso no se pod\u00eda estudiar su exigibilidad en esta acci\u00f3n excepcional; que el juzgador le inform\u00f3 al promotor que deb\u00eda actuar con abogado; que las determinaciones adoptadas se ajustaban a derecho; que el accionante contaba con otro medio de defensa judicial; que no exist\u00eda m\u00e9rito para ordenar el levantamiento de la medida; que no prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; que se opon\u00eda a las pretensiones de la tutela; que no se configur\u00f3 v\u00eda de hecho alguna; y que se deb\u00eda condenar al petente en costas. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que las decisiones criticadas no obedecieron al capricho o arbitrariedad de la autoridad acusada, sino que se soportaron en el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento no permit\u00eda la intromisi\u00f3n del juez de tutela; que para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada el fallador advirti\u00f3 que el recurrente carec\u00eda de derecho de postulaci\u00f3n por no actuar a trav\u00e9s de apoderado judicial, entendimiento que se encuentra ajustado a derecho trat\u00e1ndose de un proceso de mayor cuant\u00eda; que el gestor pretendi\u00f3 litigar en causa propia, pese a que se encontraba imposibilitado a hacerlo conforme con los art\u00edculos 25 del Decreto 196 de 1971 y 73 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que ninguna de las excepciones dispuestas se encuadrara en el asunto; que para la fecha en que interpuso la alzada contra el auto que no atendi\u00f3 los medios exceptivos formulados, ya se le hab\u00eda informado que deb\u00eda acudir con abogado titulado, lo que pas\u00f3 por alto, sigui\u00f3 insistiendo de forma directa y con la exigencia de ser enterado en sus canales electr\u00f3nicos; y que no estaba demostrada la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, ni mucho menos el da\u00f1o ocasionado dentro del tr\u00e1mite criticado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que ejerci\u00f3 sus derechos como demandado; que si bien en los asuntos de mayor cuant\u00eda deb\u00eda estar representado por un abogado, no pod\u00edan desconocerse las anomal\u00edas presentadas; y que se deb\u00edan admitir los recursos interpuestos o dejar sin efecto las actuaciones surtidas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia de 6 de octubre censurada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026efectivamente tenemos que la notificaci\u00f3n personal del demandado RICARDO L\u00d3PEZ JIMENEZ se surti\u00f3 el 2 de mayo de 2022\u2026 Dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda (que venci\u00f3 el 16 de mayo de 2022, conforme constancia secretarial pdf. 29) el ejecutado no propuso excepciones frente a la orden de apremio ni cancel\u00f3 el cr\u00e9dito cobrado, conforme lo que regula el art. 442 del CGP. <\/p>\n
Ahora bien, frente a sus escritos allegados el 06 de mayo de 2022 y 25 de mayo de 2022, en causa propia, mediante los cuales solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado, el levantamiento de la medida cautelar sobre el inmueble objeto de hipoteca y no acoger las pretensiones del demandante (pdf.27.1., reiterado en pdf.28.1), deber\u00e1 referirse que no es factible darles tr\u00e1mite comoquiera que el ejecutado presenta sus peticiones directamente y no a trav\u00e9s de apoderado judicial, en su defecto no acredit\u00f3 la calidad de abogado inscrito, seg\u00fan lo previsto por el art\u00edculo 73 del CGP, el cual se\u00f1ala que \u201clas personas que hayan de comparecer al proceso deber\u00e1n hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervenci\u00f3n directa\u201d. <\/p>\n
Debe precisarse que, al ser este asunto un proceso de mayor cuant\u00eda, las partes deben actuar por intermedio de representante judicial, al requerir del derecho de postulaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Y en el auto de 24 de noviembre siguiente, precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 6 de octubre de 2022, por el demandado, en causa propia, nuevamente, deber\u00e1 referirse que no es factible darle tr\u00e1mite comoquiera que el ejecutado presenta el memorial directamente y no a trav\u00e9s de apoderado judicial, en su defecto no acredit\u00f3 la calidad de abogado inscrito, seg\u00fan lo previsto por el art\u00edculo 73 del CGP, el cual se\u00f1ala que \u201clas personas que hayan de comparecer al proceso deber\u00e1n hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervenci\u00f3n directa. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en las providencias censuradas; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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