STC1533-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1533-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00587-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular rad. no. 2022-00067-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Andina de Seguridad del Valle Ltda., tr\u00e1mite en el que el Tribunal Superior accionado en segunda instancia, neg\u00f3 sus peticiones. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que \u00abel tutelado niega mi apelaci\u00f3n frente a la sentencia hoy tutelada, consignando que nunca prob\u00e9 la existencia de atenci\u00f3n y prestaci\u00f3n de servicio al p\u00fablico por parte de la accionada. Sin embargo, olvida de tajo el tutelado que lo consignado en mi acci\u00f3n la cual traslada la carga d la prueba al accionado, a quien le corresponde que no vulnera derecho colectivo consignado en mi acci\u00f3n, situaci\u00f3n esta que nunca ocurri\u00f3 y a\u00fan as\u00ed el tutelado niega mi acci\u00f3n olvidando derecho sustancial, en clara muestra de un exceso ritual manifiesto\u00bb (sic). <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 \u00abse ampare lo pedido, ordenando revocar el fallo de acci\u00f3n popular y se ampare mi acci\u00f3n, basado en derecho sustancial a fin de que no se tipifique m\u00e1s un exceso ritual manifiesto\u00bb (sic). <\/p>\n
Pretende, adem\u00e1s, que \u00ab(\u2026) se ordene la intervenci\u00f3n de la Procuradora (\u2026) a fin que act\u00fae en mi amparo y presente acciones legales a mi nombre a fin que se de aplicaci\u00f3n art 84 ley 472 de 1998, pues no soy abogado\u00bb. y se oficie al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria \u00aba fin que aporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado en cualquier tiempo en acciones populares y las resultas de las mismas a fin de probar la mora judicial\u00bb. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, manifest\u00f3 que \u00ab(…) no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del se\u00f1or Mario Alberto Restrepo Zapata, pues se aplicaron en ella las reglas establecidas en la Ley 472 de 1998, as\u00ed como las del C\u00f3digo General del Proceso aplicable a las Acciones Populares\u00bb. <\/p>\n
3. La empresa Andina de Seguridad del Valle Ltda., se opuso a las pretensiones del accionante, tras considerar que la acci\u00f3n popular que propuso Mario Restrepo no debe prosperar, en atenci\u00f3n a que \u00abno presta ning\u00fan servicio de atenci\u00f3n al p\u00fablico ni ning\u00fan servicio p\u00fablico esencial o no esencial por el cual deba de igual manera estar obligado a contar con un int\u00e9rprete o gu\u00eda interprete para los clientes, o trabajadores con discapacidad auditiva o visual en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8 de la ley 982 del 2005\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que de parte del accionante no ha recibido solicitud, queja o petici\u00f3n de acompa\u00f1amiento que permitiera evidenciar la problem\u00e1tica objeto de esta acci\u00f3n. Tambi\u00e9n aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque no ha transgredido las garant\u00edas constitucionales de aqu\u00e9l. <\/p>\n
5. El Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico, expres\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en el asunto, en la medida que \u00abno tiene entre sus facultades las de intervenir en las decisiones de los jueces, por cuanto \u00e9stos en sus providencias solo se encuentran sometidos al imperio de la ley (…) Adem\u00e1s, no es la autoridad competente que adelanta el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de la cual se solicita mayor celeridad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de Mario Restrepo radica en que, al momento de definir la segunda instancia en la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3, el Tribunal Superior de Pereira no tuvo en cuenta que incumb\u00eda a Andina de Seguridad del Valle Ltda., demostrar que no estaba vulnerando los derechos colectivos de los que se buscaba su protecci\u00f3n y, en todo caso, el juez estaba obligado a decretar pruebas de oficio para corroborar lo afirmado por el actor popular, situaciones que no sucedieron, por lo que sus pretensiones debieron prosperar. <\/p>\n
3. Revisado el enlace que contiene el expediente de la acci\u00f3n popular referida, se observa que el Tribunal Superior de Pereira en sentencia de 6 de febrero de 2023 dispuso \u00abPrimero: Confirmar la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el 26 de septiembre de 2022, seg\u00fan lo expuesto en la parte motiva de este prove\u00eddo\u00bb, determinaci\u00f3n mediante la cual se negaron las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional en menci\u00f3n. <\/p>\n
En dicho pronunciamiento, en relaci\u00f3n con la actividad probatoria del actor, advirti\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abDe las actuaciones agotadas por la parte actora se verifica que la demanda se limit\u00f3 a enunciar la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos sin allegar o solicitar la pr\u00e1ctica de alguna prueba. As\u00ed mismo, tampoco expuso las razones econ\u00f3micas o t\u00e9cnicas que le impidiera aportar las probanzas, que implicaban ordenar de oficio el recaudo de elementos suficientes para allegar a la decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El argumento de alzada elevado por el demandante se limita en alegar la no demostraci\u00f3n de la ausencia de programas de atenci\u00f3n al p\u00fablico de la accionada y solicitar el decreto de una prueba t\u00e9cnica desatendiendo la carga m\u00ednima en cabeza del accionante de verificar la afirmaci\u00f3n de que la entidad accionada presta servicios al p\u00fablico previamente a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular, reduci\u00e9ndose su actuaci\u00f3n a la enunciaci\u00f3n de una hip\u00f3tesis\u00bb. <\/p>\n
Luego refiri\u00f3 los medios de prueba aportados por la accionada Andina de Seguridad del Valle Ltda., as\u00ed, <\/p>\n
\u00abPor el contrario, el accionado aport\u00f3 elementos de convicci\u00f3n que dan cuenta que la agencia ubicada en la carrera 6 bis Nro. 11-80 barrio pinares de esta ciudad, no brinda atenci\u00f3n del p\u00fablico, tales como: a) Registro fotogr\u00e1fico del establecimiento, b) Certificado de coordinadora nacional de seguridad y salud en el Trabajo del personal adscrito a la agencia Pereira, c, Certificado de Diego Fernando Rojas Calvo en su calidad de administrador de la agencia Andina de Seguridad de Valle Ltda. por medio del cual se acredita: \u201cLa agencia de Andina de Seguridad (\u2026) no cuenta con departamento comercial ni ofrece servicios o productos directamente en las instalaciones, en tal sentido no est\u00e1 constituida como un establecimiento abierto de atenci\u00f3n al p\u00fablico\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y resalt\u00f3 que \u00abfrente a la prueba aportada por la parte demandada, el promotor de la acci\u00f3n guard\u00f3 silencio. En su lugar, se abstuvo de asistir a la audiencia de pacto de cumplimiento, siendo ese un escenario id\u00f3neo incluso para controvertir las pruebas aportadas, pues fue all\u00ed donde se adelant\u00f3 tal etapa procesal por decisi\u00f3n del fallador de instancia. Es as\u00ed que la conducta pasiva del actor conllev\u00f3 a que precluyera la oportunidad procesal para hacer valer los argumentos que expone en esta sede\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que se impon\u00eda la confirmaci\u00f3n de la sentencia apelada, porque no se prob\u00f3 que la agencia Andina de Seguridad del Valle Ltda., ofreciera un servicio de atenci\u00f3n al p\u00fablico que la obligara a cumplir con las obligaciones descritas en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no advierte la Sala arbitrariedad en la sentencia cuestionada, como quiera que el Tribunal Superior de Pereira, con fundamento en la norma que regula la protecci\u00f3n de los derechos colectivos a trav\u00e9s la acci\u00f3n popular, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el a quo de negar las pretensiones invocadas, tras considerar que no se reunieron los presupuestos para su prosperidad, en especial, el relacionado con la necesidad de probar que la empresa demandada prestaba un servicio de atenci\u00f3n al p\u00fablico, a lo que contribuy\u00f3 la exigua y desinteresada actividad probatoria desplegada por el accionante que se limit\u00f3 a realizar afirmaciones carentes de prueba, desatendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por el contrario, la demandada aport\u00f3 medios probatorios que sirvieron para desvirtuar las afirmaciones de su contraparte, suficientes para esclarecer los hechos objeto de controversia y afianzar la improsperidad de la acci\u00f3n popular, certeza que hizo innecesario que la Corporaci\u00f3n accionada decretara pruebas de oficio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 170 ib\u00eddem. <\/p>\n
5. Ahora bien, aunque el demandante no comparta los argumentos expuestos por el Tribunal Superior accionado, no es motivo suficiente para conceder el amparo, porque como bien es sabido la sola divergencia de criterio, no abre paso a la tutela favorable, seg\u00fan lo ha determinado esta Sala al decir que, \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ. STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01 reiterada en STC7174-2022 y STC16354-2022). <\/p>\n
6. De otra parte y en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que presente acciones legales a fin que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, la misma resulta improcedente, porque entre las competencias asignadas al ministerio p\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al accionante, por cuanto sus funciones se concretan a, i) preventiva, para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) disciplinaria, para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) intervenci\u00f3n, como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, en lo que tiene que ver con que se oficiara a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que aportara copia de las quejas que se han formulado contra el Tribunal accionado, respecto al tr\u00e1mite de acciones populares, tal solicitud no se encuentra relacionada con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de aquella autoridad en el caso que se analiza, ni se vincul\u00f3 tampoco a la transgresi\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental, por lo que es extra\u00f1a a la competencia de esta Sala, como juez de tutela. <\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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