STC1535-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC1535-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00007-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de enero de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Dario Anillo Bravo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abfamilia\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abrevoque el auto interlocutorio No. 662 del 01 de noviembre de 2022 y en su lugar se decrete la nulidad del\u2026 No. 015 del 18 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Caja Social SA instaur\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Oscar Dario Anillo Bravo, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, el que el 14 de octubre de 2021 adelant\u00f3 el remate del bien, siendo aprobado el 12 de noviembre siguiente; y en prove\u00eddo de 18 de enero de 2022 orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de vivienda familiar constituida sobre dicho inmueble. <\/p>\n
2.2. El 13 de septiembre de 2022 el ejecutado radic\u00f3 incidente de nulidad contra el auto de 18 de enero anterior; y en providencia de 1\u00ba de noviembre de 2022 se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de invalidez impetrada y se comision\u00f3 para la entrega del predio. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que fue rechazada la nulidad que impetr\u00f3 y se dispuso la entrega del inmueble; que solamente pod\u00edan levantar la anotada afectaci\u00f3n los c\u00f3nyuges o un juez de familia por las razones consignadas en la ley, raz\u00f3n por la cual no exist\u00eda fundamento para disponer su levantamiento en un juicio hipotecario. <\/p>\n
2.5. Adujo que el derecho sustantivo era \u00abaplicable para solicitar la nulidad\u00bb; que la referida afectaci\u00f3n buscaba salvaguardar la vivienda de una familia, su refugio y protecci\u00f3n; que pretend\u00eda evitar un perjuicio irremediable; que no se tuvo en cuenta la normatividad aplicable; y que se le ocasionaba un grave da\u00f1o a su familia. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el accionante no interpuso recurso frente al auto de 1\u00ba de noviembre de 2022, por lo que se consideraba que se aten\u00eda a dicha determinaci\u00f3n; que la afectaci\u00f3n de vivienda familiar que se orden\u00f3 levantar fue constituida con posterioridad a la hipoteca; que la tutela no era una instancia adicional; y que la decisi\u00f3n se emiti\u00f3 bajo principios legales y constitucionales. <\/p>\n
2. Banco Caja Social SA se\u00f1al\u00f3 que promovi\u00f3 el juicio criticado ante el incumplimiento en el pago de las cuotas de la obligaci\u00f3n adquirida por el gestor, quien fue notificado y propuso excepciones; que se dict\u00f3 sentencia, se llev\u00f3 a cabo el remate y se encontraba en tr\u00e1mite la legalizaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n; que la orden de cancelaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de vivienda familiar se realiz\u00f3 bajo los lineamientos del C\u00f3digo General del Proceso; que obr\u00f3 como correspond\u00eda; que no exist\u00edan conductas transgresoras de los derechos fundamentales del accionante; que se respetaron los lineamientos legales y jurisprudenciales; y que no se demostr\u00f3 la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, en tanto que no fue apelada la providencia de 1\u00ba de noviembre de 2022, con la que se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad impetrado; y que no advert\u00eda, ni se encontraba probaba la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo si bien no present\u00f3 los recursos ordinarios frente a la decisi\u00f3n de 1\u00ba de noviembre de 2022, fue porque buscaba con la tutela evitar un perjuicio irremediable, en tanto que se encontraba en riesgo su vivienda; que s\u00ed exist\u00eda el aludido perjuicio, no solo material sino moral; y que el hecho de pensar que lo iban a \u00absacar de [su] hogar y no tener certeza de en cuanto tiempo esto ser\u00eda, [lo] llev\u00f3 a tomar medidas urgentes\u00bb para su protecci\u00f3n y la de su familia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor no revcurri\u00f3 el prove\u00eddo de 1\u00ba de noviembre de 2022, con el que se rechaz\u00f3 de plano la nulidad impetrada, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos, sin que sean de recibo los argumentos planteados para superar dicho presupuesto, pues precisamente los medios de defensa fueron previstos por el legislador para salvaguardar las garant\u00edas que le asisten a los interesados. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Finalmente, se le recuerda al peticionario que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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