STC1539-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC1539-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00527-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Sof\u00eda Palacios Cuesta contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad, \u00abintimidad\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en lo medular, por despachar adversamente las solicitudes de nulidad que propuso en el juicio recriminado. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, \u00abrevocar\u00bb los prove\u00eddos de 7 de febrero, 24 de junio (mediante el cual se rechazaron de plano las solicitudes de nulidad que propuso con apoyo en el canon 29 constitucional y el precepto 14 del C\u00f3digo General del Proceso), 31 de octubre y 15 de noviembre de 2022, proferidos, los dos primeros, por el Juzgado convocado, y los restantes, por el Tribunal accionado; y en concreto, declarar: <\/p>\n
\u2026probada la nulidad interpuesta\u2026 contra el auto de\u2026 mayo 12 de 2021\u2026, por haberse configurado la causal establecida en el numeral 4 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso (carencia integra de poder). <\/p>\n
\u2026que la Superintendencia Financiera es el \u00fanico ente con la competencia legal para certificar la existencia y representaci\u00f3n legal de las entidades vinculadas al sistema financiero. <\/p>\n
\u2026la inasistencia de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. a la audiencia inicial celebrada en fecha junio 24 de 2022, en raz\u00f3n a que\u2026 el se\u00f1or Fontalvo Vel\u00e1squez\u2026 no es [su] representante legal\u2026, tal como lo demuestra el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal emitido por la Superintendencia Financiera\u2026 <\/p>\n
\u2026probadas las nulidades que formul\u00f3\u2026 dentro de la audiencia celebrada en fecha junio 24 de 2022, con fundamentos (sic) en las causales establecidas; en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u2026 y el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo General del Proceso frente a las pruebas de: declaraci\u00f3n de parte del representante legal de la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. (\u2026 Gonz\u00e1lez Cort\u00e9s); declaraci\u00f3n del se\u00f1or\u2026 Fontalvo Vel\u00e1squez\u2026 y las aportadas, solicitadas, decretadas y practicadas por la abogada\u2026[:] Barrios Cantillo (y a favor de: Ma[p]fre Seguros Generales de Colombia S.A.). <\/p>\n
\u2026nula de pleno derecho la prueba de declaraci\u00f3n que rindi\u00f3\u2026 Fontalvo Vel\u00e1squez\u2026 en la audiencia inicial celebrada en fecha junio 24 de 2022, en raz\u00f3n a que, seg\u00fan certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la Superintendencia Financiera\u2026, \u00e9ste \u00faltimo no figura como representante legal de: Ma[p]fre Seguros Generales de Colombia S.A. En consecuencia, se excluya y rechace del acervo probatorio tal elemento demostrativo. <\/p>\n
\u2026nulas de pleno derecho las pruebas aportadas, solicitadas, decretadas y practicadas por la abogada\u2026[:] Barrios Cantillo (y a favor de: Ma[p]fre Seguros Generales de Colombia S.A.) por carecer de derecho de postulaci\u00f3n [de] la abogada mencionada para representar a: Ma[p]fre\u2026 y, en consecuencia, se excluyan y rechacen del acervo probatorios (sic) tales elementos demostrativos. <\/p>\n
\u2026nula de pleno derecho la prueba de declaraci\u00f3n de parte que rindi\u00f3 el representante legal de la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. (\u2026 Gonz\u00e1lez Cort\u00e9s) en la audiencia inicial celebrada en fecha junio 24 de 2022, en atenci\u00f3n a que\u2026 el Juzgado\u2026 legaliz\u00f3 y toler\u00f3 que \u00e9ste \u00faltimo depusiera sobre aspectos \u00edntimos, confidenciales y reservados de la accionante (pertenecientes a su fuero \u00edntimo privado), sin que [ella] previamente\u2026 le haya dado autorizaci\u00f3n expresa para realizar tal declaraci\u00f3n, m\u00e1xime cuando el deponente divulg\u00f3 el contenido de [su] historia cl\u00ednica\u2026 en dicha audiencia, lo cual provoc\u00f3 que\u2026 tal prueba violara los derechos constitucionales fundamentales al secreto profesional m\u00e9dico, intimidad, igualdad y debido proceso. En consecuencia, se excluya y rechace del acervo probatorio tal elemento demostrativo. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio declarativo incoado por la accionante contra la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. (con miras a ser reparada por los perjuicios que dijo haber sufrido por una aparente intervenci\u00f3n quir\u00fargica que se le realiz\u00f3 de forma tard\u00eda), al que la demandada llam\u00f3 en garant\u00eda a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., el 23 de enero de 2020 se tuvo por contestada la demanda por la referida cl\u00ednica y se admiti\u00f3 su llamamiento en garant\u00eda; el 12 de mayo de 2021 se tuvo por contestado el libelo y el llamamiento por Mapfre. <\/p>\n
2.2. Ejecutoriadas esas decisiones, el 13 y 19 de octubre de 2021 la demandante pidi\u00f3 la nulidad de las mismas, por la supuesta indebida representaci\u00f3n (por carencia absoluta de poder) de la demandada y de la llamada en garant\u00eda; a lo que no accedi\u00f3 el Juzgado el 7 de de febrero de 2022. Determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal convocado el 31 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.3. De otro lado, en la audiencia inicial principiada el 24 de junio de 2022, con apoyo en los c\u00e1nones 29 constitucional y 14 del C\u00f3digo General del Proceso, la quejosa solicit\u00f3 la nulidad de las declaraciones de los representantes legales de la Cl\u00ednica, porque \u00abrecay\u00f3 sobre aspectos \u00edntimos de la atenci\u00f3n m\u00e9dica suministrada a la demandante\u00bb; y de Mapfre, \u00abya que seg\u00fan el certificado de existencia y representaci\u00f3n\u2026 de la Superintendencia Financiera, no reposa como representante legal\u00bb; tambi\u00e9n rog\u00f3 la invalidez \u00abde las pruebas aportadas, solicitadas y practicadas\u2026 por las abogadas\u2026 P\u00e9rez Torres y\u2026 Barrios Cantillo[,] bajo el argumento de que carecen de derecho de postulaci\u00f3n, manifestando que todas las pruebas son nulas\u00bb; peticiones que el Juzgado acusado all\u00ed rechaz\u00f3 \u00abde plano\u2026, por ausencia de legitimaci\u00f3n de quien la est\u00e1 proponiendo, y por no haberse invocado una de las causales contempladas en el art. 133 del C.G.P.\u00bb, a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, \u00ablos representantes legales de las entidades demandadas, si cuentan con la facultad para representar legalmente a las entidades en este proceso, teniendo en cuenta los certificados que fueron aportados recientemente\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo en esa diligencia y que el 15 de noviembre \u00faltimo confirm\u00f3 el ad-quem acusado. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela la quejosa sostuvo, en concreto, reiterando los argumentos expuestos ante los falladores naturales, en correlaci\u00f3n con las pretensiones tra\u00eddas en este ruego constitucional, que sus solicitudes de nulidad debieron prosperar porque aqu\u00e9llos erradamente dieron por v\u00e1lidos los certificados de la c\u00e1mara de comercio para tener por sentada la representaci\u00f3n legal de la demandada y, especialmente de la llamada en garant\u00eda, cuando aquel ente no est\u00e1 facultado para certificar la existencia y representaci\u00f3n legal de entidades vinculadas al sistema financiero, de donde, dada su indebida representaci\u00f3n, todas las pruebas solicitadas por ellas debieron declararse nulas de pleno derecho; pronunciamiento que tambi\u00e9n debi\u00f3 extenderse a la declaraci\u00f3n del representante legal de la Cl\u00ednica por pronunciarse, sin su autorizaci\u00f3n, sobre su historia cl\u00ednica y aspectos \u00edntimos, reservados y confidenciales de su vida (pertenecientes a su fueron \u00edntimo privado); aunado a que era inviable rechazar sus \u00faltimas peticiones invalidatorias por supuestamente no haberse cimentado en las causales taxativas que contempla el C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que las aducidas fueron de naturaleza supralegal, fundadas, en esencia, en el canon 29 constitucional. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Las sedes judiciales acusadas limitaron su intervenci\u00f3n a remitir link de acceso a la actuaci\u00f3n recriminada, junto con los datos de ubicaci\u00f3n de los all\u00ed intervinientes. <\/p>\n
2. La Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A.S. se opuso a la prosperidad de la salvaguarda al considerar insatisfechos los presupuestos generales y espec\u00edficos para su procedencia; as\u00ed mismo, rog\u00f3 sancionar por temeridad al apoderado de la actora, \u00abcontra quien se presentara en los pr\u00f3ximos d\u00edas, queja por ante la COMISI\u00d3N DE DISCIPLINA JUDICIAL, por el hecho reconocido y demostrado con las pruebas de la demanda, de cobrarle a la hoy accionante, el cuarenta y nueve por ciento (49%) de lo que eventualmente pudiere recibir\u00bb. <\/p>\n
3. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. defendi\u00f3 la legalidad de las decisiones judiciales cuestionadas, tambi\u00e9n deprec\u00f3 el despacho adverso del amparo por no satisfacer las exigencias generales y especiales para su buen suceso, y pidi\u00f3 \u00abcompulsar copias al consejo superior de la judicatura a fin de que el apoderada de la accionada sea investigado por incurrir en acciones que atentan contra el c\u00f3digo de \u00e9tica del abogado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa el fracaso del ruego tutelar, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3. En cuanto a los diferentes prove\u00eddos mediante los cuales las autoridades acusadas se pronunciaron de forma adversa frente a las peticiones de nulidad que les plante\u00f3 la quejosa, la salvaguarda no se abre paso porque aqu\u00e9llos guardan explicaci\u00f3n en un entendimiento ponderado del orden jur\u00eddico o, en otras palabras, no lucen irracionales. <\/p>\n
3.1. En efecto, al auscultar las \u00faltimas de esas decisiones, esto es, las de 31 de octubre y 15 de noviembre de 2022 (por cuanto fue con ellas que, ante el juzgador natural ad-quem, finalmente se zanjaron las situaciones reprochadas), se advierte que, en la primera, delanteramente el Tribunal acusado precis\u00f3 que \u00abla pretensi\u00f3n del apoderado, es que se revoque el auto del 07 de febrero de 2022 y, en su lugar, se declare la nulidad procesal establecida en el numeral 4 del art\u00edculo 133 del C.G.P., debido a la falta \u00edntegra de poder de la parte demandada y del tercero llamado en garant\u00eda, alegada por el peticionario\u00bb; y para resolver tal cuesti\u00f3n, de forma adversa a la reclamante, certeramente consider\u00f3: <\/p>\n
Una vez estudiadas de manera rigurosa las pruebas y el expediente allegado en calidad de pr\u00e9stamo, se observa que, en el mencionado expediente del proceso, versan los respectivos poderes debidamente autenticados y otorgados por los representantes legales de la ORGANIZACI\u00d3N CL\u00cdNICA GENERAL DEL NORTE S.A. y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., por lo que, no es dable alegar que los abogados designados por dichas entidades carecen \u00edntegramente de poder para actuar en el proceso de referencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no le asiste raz\u00f3n al peticionario al arg\u00fcir que, debido al cambio de representante legal en MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., el poder otorgado por esta \u00faltima para el proceso de la referencia pierda validez y, en el evento en que as\u00ed fuera, no est\u00e1 legitimado para alegar la nulidad del numeral 4 del art\u00edculo 133 del C.G.P., toda vez que, esta causal de nulidad se encuadra dentro del g\u00e9nero de los vicios susceptibles de correcci\u00f3n y, por lo tanto, debe ser alegada por la parte afectada, tal y como lo consagra el art\u00edculo 135 ib\u00eddem. <\/p>\n
3.2. De otro lado, en el prove\u00eddo del pasado 15 de noviembre, para ratificar las decisiones que en la audiencia del 24 de junio anterior adopt\u00f3 el Juzgado convocado, la Colegiatura accionada indic\u00f3 que, \u00abdel an\u00e1lisis de los reparos expuestos por la parte demandante conforme a la providencia proferida por el juzgador de primera instancia que rechaz\u00f3 de plano las solicitudes de nulidad, se avizora que no tienen m\u00e9rito pues lo cierto es que la solicitud de nulidad debe estar fundamentada en una de las causales del art\u00edculo 133 del C.G.P.\u00bb; y all\u00ed \u00abla parte demandante no especific\u00f3 cu\u00e1l de [esas] causales\u2026 invoca y aunque eventualmente algunos de sus argumentos se centrar\u00edan en el numeral 4 por la presunta carencia de poderes, revisado el expediente digital minuciosamente este Despacho advierte que los apoderados que act\u00faan en el proceso cuenta[n] con su respectivo poder conferido y los representantes legales est\u00e1n debidamente acreditados mediante el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
Por ese rumbo, respecto \u00aba la nulidad planteada\u2026 en raz\u00f3n a la declaraci\u00f3n rendida por el representante legal de la Cl\u00ednica General del Norte, en la cual sustent\u00f3 que se exponen aspectos \u00edntimos de la demandante\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla tesis anteriormente expuesta no se encuentra estipulada en el C.G.P como causal de nulidad, por lo tanto, es pac\u00edfico confirmar la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3.3. De este modo, sumado a que, acorde con un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico del contenido de los c\u00e1nones 135, 302 y 318 del C\u00f3digo General del Proceso, resultaban tard\u00edas las peticiones de invalidez planteadas por la quejosa frente a lo decidido en prove\u00eddos de 23 de enero de 2020 y 12 de mayo de 2021, resulta notorio que los falladores ordinarios, m\u00e1s all\u00e1 de que sus conclusiones sean compartidas o no por esta Sala, aplicaron adecuadamente las reglas contempladas en los c\u00e1nones 133 y 135 ib\u00eddem para despachar adversamente las solicitudes de nulidad formuladas por la quejosa, tanto por no estar edificadas en las causales que taxativamente contempla la norma adjetiva, como por el hecho de que, al margen de ello, lo cierto era que la quejosa no estaba legitimada para aducir la indebida representaci\u00f3n de sus antagonistas -ya por falta de poder ora por carencia absoluta del mismo- y porque, en todo caso, tal falencia era inexistente. <\/p>\n
Por tanto, en rigor, lo que la inconforme plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como sus jueces naturales definieron sus solicitudes, en cuyo caso, tal interpretaci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano, \u00abm\u00e1xime si la que ha[n] hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el fallador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al juzgado ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ, STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada, entre muchas otras, en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4. Por otra parte, en cuanto a los dem\u00e1s cuestionamientos, relacionados con lo que podr\u00eda nominarse, la valoraci\u00f3n probatoria, deviene presurosa la interposici\u00f3n de este excepcional medio de protecci\u00f3n judicial, en tanto que a\u00fan no se ha emitido sentencia, ni siquiera de primera instancia, siendo esa la oportunidad en la que, acorde con lo establecido en los preceptos 176 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso, le corresponde a los falladores naturales apreciar todos los medios suasorios recolectados, incluida su legalidad, circunstancia por la que la salvaguarda incoada inobserva el car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna, dado que con ella se pretendi\u00f3 la usurpaci\u00f3n de las funciones propias del funcionario judicial com\u00fan. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el ruego tutelar tampoco procede como mecanismo transitorio para evitar un da\u00f1o irremediable, por cuanto al a\u00fan no haber sido desatado de fondo el asunto recriminado, inexistente resulta un perjuicio que pueda catalogarse como de tal naturaleza. <\/p>\n
Al respecto, en t\u00e9rminos generales, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negrillas fuera del texto, sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. No. 1100102030002012-00728-00). (CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en un caso de similares contornos al aqu\u00ed tratado, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, esta Corte consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026la decisi\u00f3n del a-quo constitucional debe confirmarse, pero por que la queja del promotor respecto a la legalidad en la incorporaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n decretados es prematura, en la medida en que el fallador ordinario a\u00fan no ha dictado sentencia en el asunto que est\u00e1 bajo su conocimiento, siendo esta la oportunidad en la cual debe entrar a valorar las pruebas adosadas al proceso, as\u00ed como la legalidad de tal incorporaci\u00f3n, sin que sea la tutela el escenario propicio para adelantar conclusiones sobre el m\u00e9rito probatorio de las piezas criticadas por el gestor. <\/p>\n
En efecto, como el tr\u00e1mite est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura, \u00absin que sea permitido que a trav\u00e9s suyo se suplan los mecanismos procesales de defensa\u00bb (CSJ STC, 12 abr. 2012, rad. 00482-01), tanto m\u00e1s cuando en el evento de que la sentencia resulte adversa al promotor o \u00e9ste no est\u00e9 conforme con la valoraci\u00f3n dada a las piezas documentales que critica, tambi\u00e9n cuenta con la posibilidad de recurrirla en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto con alguna similitud al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n, se expuso: <\/p>\n
De donde se sigue que el juez de tutela no puede anticiparse a las determinaciones que adopte el funcionario judicial al definir la litis, en relaci\u00f3n al m\u00e9rito demostrativo que le otorgue a las pruebas ahora protestadas. Entretanto, solamente se pueden tejer simplemente hip\u00f3tesis que de ninguna manera sirven de basamento para proteger derechos de los cuales no se tiene certeza de su vulneraci\u00f3n (CSJ STC, 26 nov. 2013, rad. 2013-00458-01) (CSJ STC12768-2014, 19 sep., rad. 2014-00327-01) <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, respecto a las solicitudes de las vinculadas Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A.S. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., en torno a que se compulsen copias para que se investigue el que tildan como inadecuado proceder del apoderado judicial de la aqu\u00ed accionante, es evidente que no es \u00e9ste el escenario para atender peticiones de tal tipo, en tanto que si ellas consideran que aqu\u00e9l incurri\u00f3 en cualquier irregularidad, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las que, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si\u2026 estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
6. Lo dicho impone despachar adversamente la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1539-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC1539-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00527-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Sof\u00eda Palacios Cuesta contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}