STC1542-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1542-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00584-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 M. Forero Bautista, quien dice actuar como apoderado y agente oficioso de Ra\u00fal Andr\u00e9s L\u00f3pez Monta\u00f1o, en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso de quien dice representar, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en las acciones de tutela 11001020400020220246200, 11001020400020220255900, 11001020400020220262000 y 11001020400020230013500. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establece que Jos\u00e9 M. Forero Bautista, actuando en representaci\u00f3n de Ra\u00fal Andr\u00e9s L\u00f3pez Monta\u00f1o, detenido en la C\u00e1rcel La Picota, promovi\u00f3 las siguientes acciones constitucionales contra la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, las cuales fueron conocidas por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, as\u00ed: <\/p>\n
2.1. Expediente 11001020400020220246200, en el cual, por auto del 24 de noviembre de 2022, se le requiri\u00f3 poder especial y, al no ser aportado, el 30 de noviembre siguiente, la Corporaci\u00f3n accionada rechaz\u00f3 la tutela. Ante un nuevo memorial del accionante, que comprend\u00eda una \u00abnueva solicitud de amparo\u00bb, por auto del 13 de diciembre de 2022 se dispuso remitir la petici\u00f3n a la Secretar\u00eda de esa Sala, para que fuera sometida a reparto. <\/p>\n
2.2. Expediente 11001020400020220255900, que fue rechazado el 7 de diciembre de 2022, dado que no se acredit\u00f3 la imposibilidad del procesado para actuar directamente. El 19 de diciembre posterior se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de revocatoria presentada frente al auto referido. <\/p>\n
2.3. Expediente 11001020400020220262000, cuyo tr\u00e1mite se rechaz\u00f3 el 19 de diciembre de 2022, tras recapitular el tr\u00e1mite de las tutelas anteriores, en consideraci\u00f3n a que el accionante no era el afectado con las decisiones censuradas y no acredit\u00f3 la incapacidad del representado para promover su propia defensa. <\/p>\n
2.4. Expediente 11001020400020230013500, en el que, el 25 de enero de 2023, se inadmiti\u00f3 la demanda, pues el poder allegado no ten\u00eda la firma del mandante \u00abni se observa alg\u00fan elemento que permita determinar que fue concedido en la C\u00e1rcel \u201cPicota\u201d de Bogot\u00e1, donde est\u00e1 recluido, as\u00ed sea a trav\u00e9s de medios tecnol\u00f3gicos\u00bb y, el 1 de febrero de 2023, se rechaz\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, precisando que, aunque el Decreto 806 de 2020 habilita los poderes sin firma manuscrita, ello es procedente si se env\u00eda mediante mensaje de datos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El promotor cuestiona las decisiones adoptadas en dichos tr\u00e1mites, porque: i) se le exigi\u00f3 un poder especial firmado por su representado, pese a que esto no es necesario; y ii) la accionada guard\u00f3 silencio frente al vinculo jur\u00eddico que lo ligaba como defensor de confianza y la calidad de agente oficioso alegada, en raz\u00f3n a que el defendido se encuentra privado de la libertad, lo cual le imposibilita ejercer su propia defensa, sumado a que es un \u00abjoven ignorante de escasa cultura, (\u2026) para encargar la presentaci\u00f3n de un poder escrito (\u2026) [y] dada su condici\u00f3n, [no] se le facilitar\u00eda enviarlo v\u00eda email\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoque el \u00abauto acusado\u00bb y se ordene el estudio de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela de radicado 11001020400020230013500. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala accionada dio cuenta de las actuaciones surtidas en los procesos constitucionales censurados. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el accionante que sean amparados los derechos fundamentales de Ra\u00fal Andr\u00e9s L\u00f3pez Monta\u00f1o, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n del rechazo de las acciones de tutela referidas, pues, en su criterio, no se tuvo en cuenta que actuaba como defensor de confianza y agente oficioso del procesado ni que alleg\u00f3 poder especial con antefirma, seg\u00fan la normativa aplicable. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular del derecho fundamental cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Sala accionada, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Asimismo, indica que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular (\u2026) no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella frente a la cual se violan o amenazan sus derechos, pues el profesional del derecho que dice representarlo \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (Ver cita en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.3. En el presente asunto, el gestor pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Ra\u00fal Andr\u00e9s L\u00f3pez Monta\u00f1o, presuntamente vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en las acciones de tutela referidas; no obstante, no es el titular de la garant\u00eda superior invocada y no alleg\u00f3 poder especial para actuar en representaci\u00f3n de aqu\u00e9l. Al respecto, debe precisarse que el documento aportado no es especial para promover la acci\u00f3n constitucional de la referencia, pues est\u00e1 dirigido a la Sala Penal de esta Corte para presentar una tutela contra el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a lo cual se suma que tampoco cumple con los requisitos establecidos en el precitado art\u00edculo 5 de la Ley 2213 de 2022, pues, si bien es posible allegar poderes especiales con la sola antefirma, en esos casos se requiere que el mandato se otorgue mediante mensaje de datos. <\/p>\n
El tutelante tampoco demostr\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso del se\u00f1or Ra\u00fal Andr\u00e9s L\u00f3pez Monta\u00f1o, toda vez que, aunque argumenta que aqu\u00e9l est\u00e1 privado de la libertad, lo cierto es que ello no le restringe su derecho a acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela y no se advierte la imposibilidad de promover esta acci\u00f3n constitucional por s\u00ed mismo. Sobre el particular, esta Sala ha considerado, en asuntos similares, que: <\/p>\n
El amparo peticionado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad en raz\u00f3n de la ausencia de legitimaci\u00f3n de la accionante para invocar la protecci\u00f3n de los derechos de (\u2026), pues sus aserciones, dirigidas a justificar la agencia oficiosa respecto de \u00e9stos, resultan insuficientes. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, porque la aseveraci\u00f3n relativa a hallarse sus prohijados bajo una medida de aseguramiento (\u2026) no permite colegir una imposibilidad f\u00edsica o mental para acudir directamente a este auxilio (CSJ STC1719-2020, reiterada en CSJ STC1286-2022). <\/p>\n
Adicionalmente, como lo ha aclarado la Corte Constitucional, \u00ablos derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del t\u00e9rmino, esto es, (\u2026) dotados de poder para demandar del Estado su protecci\u00f3n\u00bb (T-900 de 2005, postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1286-2022) y, por tanto, no est\u00e1n impedidos para ejercer directamente su garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, inviable resulta estudiar el fondo del asunto y, en consecuencia, se declarar\u00e1 la improcedencia de la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
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