STC1548-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1548-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00564-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal acusado porque, en concreto, en la acci\u00f3n popular que \u00e9l promovi\u00f3 contra La Ofrenda S.A. (radicado 2022-00095), apelada la sentencia de primer grado, el asunto arrib\u00f3 al ad-quem convocado el pasado 12 de diciembre, sin que a la fecha se haya emitido el respectivo veredicto de segunda instancia; con lo cual, adujo, se desconoce el lapso perentorio que para tal efecto contempla el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Colegiatura accionada \u00abfallar inmediatamente [su] acci\u00f3n\u00bb y \u00abperder competencia, art 121 CGP\u00bb; as\u00ed mismo, \u00abse determine en tutela cu[\u00e1]nto tiempo contaba el tutelado para fallar (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que \u00abno ha incurrido en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por\u2026 Mario Restrepo, puesto que se ha actuado conforme a las normas que rigen la materia, respetando el debido proceso\u00bb, sumado a que \u00abtramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre Constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable; en promedio, para el a\u00f1o 2022 y lo que avanza de este, se han tramitado 5 habeas corpus, 113 tutelas de primera instancia, 154 de segunda instancia, 79 acciones populares\u2026[;] desde hace varios meses, debido al alto volumen [de] demandas constitucionales, en tutela y populares, se encuentr[a] dedicado, en un aproximado de casi un 100%, a atender exclusivamente dichos asuntos, incluso, en detrimento de las acciones ordinarias que tambi\u00e9n corresponden a [esa] Magistratura\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00aben aras de salvaguardar el derecho a la igualdad de los usuarios que tramitan sus procesos en [ese] despacho, respeta el sistema de turnos de los mismos, atendi\u00e9ndolos en orden de llegada, salvo las excepciones de ley\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte la queja constitucional se circunscribe a la supuesta tardanza del Tribunal acusado en resolver la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de primera instancia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular reprochada. <\/p>\n
3. Al respecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del amparo impetrado, habida cuenta de que no se observa una tardanza abiertamente injustificada del fallador en resolver tal alzada, al advertir que ese asunto apenas arrib\u00f3 al Tribunal el 12 de diciembre \u00faltimo, ingres\u00f3 al despacho al d\u00eda siguiente, el 14 del mismo mes se puso en conocimiento de la Procuradur\u00eda que el asunto estaba viciado de nulidad por su falta de vinculaci\u00f3n, el pasado 17 de enero, ante el silencio de esa entidad, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite dicha censura, el 9 de febrero del a\u00f1o en curso se tuvo por sustentada, restando el traslado a los no recurrentes; mientras que el presente reclamo tutelar se formul\u00f3 precipitadamente el d\u00eda 13 posterior. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ag., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Ciertamente, de cara al caso concreto, encuentra la Corte que la actuaci\u00f3n no muestra comportamientos negligentes del Colegiado acusado, pues adem\u00e1s de su alta carga laboral, lo cierto es que ha impartido el tr\u00e1mite debido al asunto. <\/p>\n
En en un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, con fundamento en la jurisprudencia sobre la materia, esta Colegiatura record\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
4. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado \u00abperder competencia, art 121 CGP\u00bb, la Sala tambi\u00e9n concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petici\u00f3n en ese sentido al fallador natural. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental, \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a los conceptos jur\u00eddicos que reclam\u00f3 el querellante, se muestra suficiente se\u00f1alar que no debe d\u00e1rsele una soluci\u00f3n a tales pedimentos a trav\u00e9s del tr\u00e1mite tutelar, por cuanto este no es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si esta decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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