STC1552-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC1552-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00ba de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Raymundo Mantilla Cacua contra la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci\u00f3n Laboral-, la Presidencia y Vicepresidencia de la Rep\u00fablica, los Ministerios del Trabajo y Justicia, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Justicia Especial para la Paz \u2013JEP-, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Distrito Especial de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en las solicitudes de amparo constitucional n\u00b0 2007-00010, 2014-01400 y 2020-01358. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, manifest\u00f3 en su confuso escrito de tutela, que es v\u00edctima del desplazamiento forzado de las estructuras criminales del Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional ELN y del micro tr\u00e1fico, por la poca o nula \u00abresistencia\u00bb por parte del Alcalde Distrital de Barrancabermeja Alfonso Eljach Manrique. <\/p>\n
Relat\u00f3 que promovi\u00f3 tres procesos laborales1 en \u00e9pocas diferentes contra el municipio de Barrancabermeja fallados por el Juzgado Laboral del Circuito de esa ciudad, la Sala Laboral de Tribunal de Bucaramanga y por el Tribunal de Descongesti\u00f3n del Distrito Especial de Santa Marta, los que derivaron en tres acciones de tutela conocidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, todas resueltas de manera adversa a sus intereses. <\/p>\n
Sostuvo que la Corte Constitucional \u00abnunca quiso revisar ninguna de [sus] acciones de tutela presuntamente por orden de los parapol\u00edticos del bloque central Bol\u00edvar que presuntamente permanecieron al servicio de la Corte Constitucional\u00bb. (sic) <\/p>\n
Adujo que en un estado social de derecho, no pueden existir sentencias laborales inhibitorias y ser revocadas por el superior absolviendo a las demandadas de todas las pretensiones, por presi\u00f3n de grupos al margen de la ley, (sic) como el caso del Bloque Central Bol\u00edvar de la AUC que para la \u00e9poca de los hechos entre los a\u00f1os 2004-2007 presuntamente presionaron a servidores del Tribunal Superior de Bucaramanga para desaparecer los expedientes, con el fin de evitar una condena laboral contra el municipio demandado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se encuentra amenazado por esas denuncias y demandas, sin que el alcalde de Barrancabermeja lo proteja de esas agresiones y desplazamiento forzado originado desde el 2006 por estructuras criminales que han actuado al servicio de la \u00abcorrupci\u00f3n estatal\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dichas estructuras obligaron al cambio de jurisprudencia referente a la \u00abprescripci\u00f3n laboral de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios, en la teor\u00eda del contrato realidad, estos cambios perjudicaron a los trabajadores y solo beneficiaron a las estructuras criminales de los paramilitares en Colombia quienes presuntamente han utilizado el contrato de OPS para saciarse econ\u00f3micamente de sus v\u00edctimas\u00bb, lo que afect\u00f3 lo decidido en los procesos laborales que promovi\u00f3. <\/p>\n
Por otra parte, refiri\u00f3 que el Consejo Superior de la Judicatura conoci\u00f3 la demanda que formul\u00f3 contra una ex Magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga, por el hurto de pruebas esenciales como los fueron las dos convenciones colectivas, aportadas al expediente del primer proceso laboral promovido contra el Municipio de Barrancabermeja, asunto donde se orden\u00f3 la sanci\u00f3n disciplinaria de la funcionaria y que fue revisado por la Corte Constitucional en sentencia T-637 de 2012. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado solicit\u00f3 (i) condenar al estado a dictar sentencia de fondo donde se reconozca la calidad de v\u00edctima del desplazamiento forzado (ii) proferir una decisi\u00f3n previo estudio y comprobaci\u00f3n de los hechos (iii) ordenar que se brinde la protecci\u00f3n de v\u00edctima de desplazamiento forzado otorgando garant\u00edas econ\u00f3micas y alimentarias (iv) requerir a la oficina para la protecci\u00f3n de v\u00edctimas el informe de su caso (v) abrir investigaci\u00f3n disciplinaria a quien corresponda, por los presuntos hechos cometidos en su contra y (vi) ordenar al Ministerio de Trabajo iniciar investigaci\u00f3n administrativa contra el Municipio de Barrancabermeja. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal previo a la admisi\u00f3n de la tutela requiri\u00f3 a Jos\u00e9 Raymundo Mantilla Cacua2, con el fin de que aclarara los hechos y pretensiones expuestos en el escrito inicial, en especial lo relacionado con la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. En ese orden, el reclamante alleg\u00f3 memorial3 en el que sintetiz\u00f3 lo manifestado previamente y solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto las tres sentencias laborales de los distintos tribunales\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, solicit\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral explicara \u00abpor qu\u00e9 cambio de jurisprudencia en lo relativo a la teor\u00eda del contrato realidad \u2026ya que antes de la presunta presi\u00f3n del narcotr\u00e1fico y de grupos paramilitares su jurisprudencia era que la prescripci\u00f3n laboral en contratos realidad se contara a partir de la sentencia ejecutoriada que declara el contrato de trabajo, y fue cambiada (\u2026)\u00bb. (sic); adem\u00e1s, requiri\u00f3 trasladar a la justicia penal las denuncias aqu\u00ed referidas y proteger su vida. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Presidente de la Corte Constitucional advirti\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, argumentando que esa Corporaci\u00f3n no actu\u00f3 ni intervino en las gestiones referentes a las medidas asumidas en el proceso laboral al que hace menci\u00f3n el accionante. <\/p>\n
Por otra parte, efectu\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite adelantado en sede de revisi\u00f3n, de las acciones de tutela promovidas por Jos\u00e9 Raymundo Mantilla Cacua contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, la Alcald\u00eda de Barrancabermeja y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se\u00f1alando que las mismas no fueron seleccionadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la selecci\u00f3n no constituye un derecho de los accionantes ni de los accionados, ni es obligatoria para la Corte, puesto que, de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la revisi\u00f3n de los fallos seleccionados es eventual y tampoco constituye una instancia del proceso de tutela. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s de uno de sus Magistrados solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo por desconocimiento del requisito de la inmediatez, en el entendido que de las sentencias de tutela cuestionadas est\u00e1 la n\u00ba 2007-00010 proferida el 26 de enero de 2007, es decir que transcurrieron sin justificaci\u00f3n alguna m\u00e1s de 15 a\u00f1os a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en caso de que se omitiera el an\u00e1lisis de temporalidad de la acci\u00f3n, en la sentencia cuestionada se expusieron las razones por las cuales no era factible, mediante la acci\u00f3n de tutela, inmiscuirse en la \u00f3rbita de competencia de otras autoridades judiciales ni invalidar los efectos de sus providencias. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja, rese\u00f1\u00f3 las actuaciones de los procesos ordinarios laborales con radicado n\u00ba 2003-00393-01, 2010-00201-01 y 2016-00599-01, \u00e9ste \u00faltimo frente al cual se promovieron dos acciones constitucionales que fueron negadas. En lo atinente a las pretensiones formuladas por el actor, expuso que aqu\u00e9l puede acudir a las respectivas autoridades Defensor\u00eda, Procuradur\u00eda, Ministerio P\u00fablico y dem\u00e1s, para que realicen la respectiva valoraci\u00f3n y acompa\u00f1amiento seg\u00fan lo alegado. <\/p>\n
4. El Secretario del Interior de la Alcald\u00eda Distrital de Barrancabermeja inform\u00f3 que Jos\u00e9 Raymundo Mantilla Cacua se encuentra incluido en el Registro \u00danico de V\u00edctimas por tres hechos victimizantes -desplazamiento forzado, homicidio y amenazas-, donde se le han entregado ayudas humanitarias. <\/p>\n
Luego de referir la normativa que regula la prestaci\u00f3n de ayuda y atenci\u00f3n humanitaria, manifest\u00f3 oponerse a la prosperidad de la acci\u00f3n, porque ese ente territorial no ha vulnerado los derechos invocados por el reclamante, y, asimismo, destac\u00f3 que su competencia recae en la implementaci\u00f3n de la norma de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y, el conocimiento, inclusi\u00f3n, entrega de ayudas y pago de indemnizaciones le corresponde a la Unidad para las V\u00edctimas en la cual se encuentra registrado el peticionario. <\/p>\n
5. Sabas Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez Vel\u00e1squez sostuvo que actu\u00f3 como apoderado judicial del aqu\u00ed accionante en el proceso laboral n\u00ba 2003-00393 respecto del cual en las instancias fueron negadas las pretensiones de la demanda y que sus actuaciones como representante se dieron hasta el a\u00f1o 2007, sin mayor precisi\u00f3n dado el tiempo transcurrido. <\/p>\n
6. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se\u00f1al\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n tramit\u00f3 la acci\u00f3n de tutela con radicado interno n\u00ba 61744 de 20 de enero de 2021, que el aqu\u00ed peticionario elev\u00f3 contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, la cual fue declarada improcedente. <\/p>\n
Al respecto, manifest\u00f3 que no es viable que por v\u00eda de tutela se examinen asuntos de la misma naturaleza, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n no fue impugnada, raz\u00f3n por la cual fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si que fue seleccionada, sumado a que el interesado no solicit\u00f3 la insistencia a trav\u00e9s de las autoridades competentes, lo que revela el desconocimiento del presupuesto de la subsidiariedad. En el mismo sentido, consider\u00f3 que tampoco cumpl\u00eda el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
7. Una Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga hizo referencia a los procesos laborales que promovi\u00f3 el aqu\u00ed reclamante contra el Municipio de Barrancabermeja y que fueron conocidos por esa Corporaci\u00f3n, e indic\u00f3 que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en la tutela, adem\u00e1s de constituir afirmaciones subjetivas, involucra a funcionarios que hoy no conforman esa Magistratura, como lo es, la Dra. Laura Esla Gamarra, respecto de quien se hace alusi\u00f3n en punto a un proceso Disciplinario que es ajeno al Tribunal. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo constitucional, tras considerar que i) el accionante tuvo la oportunidad de impugnar los fallos de tutela cuestionados, sin embargo, no lo hizo [presupuesto de subsidiariedad], ii) la presente demanda de tutela se formul\u00f3 de forma tard\u00eda, sin ninguna justificaci\u00f3n [requisito de inmediatez]. <\/p>\n
Adem\u00e1s, determin\u00f3 que, iii) no satisface los presupuestos jurisprudenciales para objetar un fallo de tutela a trav\u00e9s de un asunto de la misma naturaleza, puesto que no se acredit\u00f3 que las sentencias de tutela cuestionadas hubiesen sido producto de un acto enga\u00f1oso o ilegal y, iv) no existe ninguna irregularidad cuando la Corte Constitucional excluye de revisi\u00f3n un fallo de tutela, pues se trata de una facultad discrecional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante afirmando que su enfoque nunca fue atacar las decisiones de tutela proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, y, manifest\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En mi relato de acci\u00f3n de tutela paso a explicarles que lleve una feroz defensa de mi derecho de igualdad como servidor p\u00fablico en el cargo de trabajador oficial, para que se me declarara que era beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo entre el entonces municipio de BARRANCABERMEJA hoy DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA que derivaron en tres demandas ordinarias laborales y que arrojaron sendas sentencias ya ejecutoriadas, donde nunca se me dio un verdadero reconocimiento como trabajador oficial y mi derecho de igualdad a mis pretensiones, pase a dar una breve rese\u00f1a de mis tres etapas procesales que terminaron con su respectivo fallo judicial. <\/p>\n
Pero lo que no sab\u00eda[n] se\u00f1ores magistrados de la sala penal era que fui v\u00edctima del paramilitarismo durante todas estas tres etapas procesales\u00bb (sic). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El primer proceso laboral sin fallo de fondo donde este proceso gener\u00f3 tres fallos que son, uno del tribunal que presuntamente se roba el expediente, dos la tutela fallada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que descart\u00f3 cualquier hecho irregular o violaci\u00f3n de derecho fundamental al demandante y tres el fallo del Concejo Superior de la Judicatura que sancion\u00f3 a la magistrada LAURA ELSA GAMARRA DE NORIEGA Magistrada ponente sobre la violaci\u00f3n del debido proceso al demandante y cuarto la corte constitucional que ratific\u00f3 el fallo en contra de la ex magistrada LAURA ELSA GAMARRA DE NORIEGA\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La sala de casaci\u00f3n penal de la Corte Suprema de Justicia que no quieren trasladar esta denuncia presuntamente por narco tr\u00e1fico y para militarismo que est\u00e1 perjudicando\u00bb. (sic) <\/p>\n
En ese orden, solicit\u00f3 dejar sin efecto \u00abla providencia atacada por encontrarse sumerjas en un presunto delito de narcotr\u00e1fico y para militarismo\u00bb (sic) y, trasladar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el estudio de las denuncias aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jos\u00e9 Raymundo Mantilla Cacua, acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados por las presuntas irregularidades que se presentaron en el tr\u00e1mite de los tres procesos laborales que promovi\u00f3 contra el Municipio de Barrancabermeja. <\/p>\n
2. Analizados los reparos elevados por el accionante, se advierte la improsperidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que sus pretensiones est\u00e1n dirigidas a que se reconozca su calidad de v\u00edctima del desplazamiento forzado, se brinden las garant\u00edas econ\u00f3micas y alimentarias, se inicie investigaci\u00f3n disciplinaria por los presuntos hechos cometidos en su contra y se inicie investigaci\u00f3n administrativa contra el Municipio de Barrancabermeja, peticiones que no solo desbordan el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional, sino que tambi\u00e9n, desnaturalizan la finalidad por la cual el Constituyente cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, seg\u00fan se infiere su intenci\u00f3n es denunciar irregularidades o actuaciones que considera ilegales, de modo que es a \u00e9l a quien corresponde ponerlas directamente en conocimiento de los respectivos organismos, puesto que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar las investigaciones disciplinarias ni penales, sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades judiciales, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC5445-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deber\u00e1 ser ante las autoridades competentes que exponga lo aqu\u00ed manifestado y formule lo pretendido a trav\u00e9s de esta solicitud de amparo, para que las mismas procedan a realizar las gestiones pertinentes de acuerdo a las funciones que les son asignadas. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con la pretensi\u00f3n dirigida a que se traslade a la justicia penal las denuncias aqu\u00ed referidas, pues nada obsta para que el reclamante formule las acusaciones penales o quejas disciplinarias que estime pertinentes, ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o la autoridad competente, toda vez que el car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir actuaciones que corresponden al directo interesado. <\/p>\n
3. Ahora bien, debe se\u00f1alarse que tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad su requerimiento tendiente a que se dejen sin efecto las decisiones proferidas en los juicios laborales n\u00ba 2003-00393-01, 2010-00201-01 y 2016-00599-01 que inici\u00f3 contra el Municipio de Barrancabermeja, de un lado por incumplimiento del presupuesto de la inmediatez y, de otro, porque tal y como \u00e9l lo manifest\u00f3, frente a las mismas promovi\u00f3 tres acciones de tutela que formul\u00f3 en su momento y que fueron conocidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con radicados n\u00ba 2007-00010, 2014-01400 y 2020-001358, sin que las mismas fueran impugnadas, e igualmente fueron excluidas de la eventual revisi\u00f3n por la Corte Constitucional raz\u00f3n por la cual constituyen \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional. (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 68081310500120030039301; 68081310500120100020101 y 68081310500120160059901. <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital. Archivo \u201c0003Auto.pdf\u201d <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital. Archivo \u201c0006Memorial.pdf\u201d <\/p>\n
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STC1552-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC1552-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02372-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00ba de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70845","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70845"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70845\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}