STC1555-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1555-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02772-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Jorge Chavarro Galvis, contra los Juzgados Veintiocho Civil del Circuito y Ochenta y Uno Civil Municipal, convertido transitoriamente en Sesenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2017-00473-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el proceso ejecutivo promovido en su contra, el Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 en sentencia de 5 de noviembre de 2019, lo conden\u00f3 a pagar una suma de dinero que hab\u00eda cancelado en su totalidad el 29 de octubre de 2020, y sin tener en cuenta este pago, en providencia de 8 de septiembre de 2021 neg\u00f3 terminar el juicio que solicit\u00f3 y lo conden\u00f3 pagar costas y agencias en derecho pese a haberse aceptado que se hab\u00eda efectuado dicho pago. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales fue continuada por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 revisar de fondo el recurso de queja. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar que se revoquen los autos de 15 de octubre de 2021 y de 11 de julio de 2022 proferidos en primera y segunda instancia respectivamente y, en consecuencia, se ordene terminar el proceso ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, convertido transitoriamente en Juzgado Sesenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad, refiri\u00f3 que conoce del proceso ejecutivo promovido por Solin Rojas Ladino contra H\u00e9ctor Jorge Chaparro Galvis de radicado 2017-00473, en donde se ha actuado de manera legal y sin vulnerar derechos fundamentales. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que, conoci\u00f3 en segunda instancia del mencionado tr\u00e1mite, y que la providencia la profiri\u00f3 de conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente y cuenta con sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, luego de examinar las razones legales y f\u00e1cticas de la tutela, declar\u00f3 improcedente el amparo porque no encontr\u00f3 satisfechos los requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez, y porque, adem\u00e1s, este tr\u00e1mite no es una instancia adicional para respaldar el criterio del accionante. <\/p>\n
Sostuvo que, la solicitud de dejar sin efecto decisiones judiciales, debi\u00f3 tramitarse en el proceso y no acudir directamente a la tutela, y, que, si el desconocimiento de derechos fundamentales se concret\u00f3 en el auto de 15 de octubre de 2021, debi\u00f3 presentar este tr\u00e1mite dentro del t\u00e9rmino prudencial que se tiene establecido y no a trav\u00e9s de recursos abiertamente improcedentes para un proceso de \u00fanica instancia como lo fue el de queja. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con fundamento en que se cumplen los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez, atendiendo que contra la decisi\u00f3n censurada se interpusieron los recursos, y la acci\u00f3n fue presentada dentro del t\u00e9rmino prudencial establecido por la jurisprudencia. <\/p>\n
En cuanto a la relevancia constitucional, manifest\u00f3 que el Juzgado municipal accionado vulner\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso porque no fue vencido en juicio, pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n antes de que fuera notificado, y se conden\u00f3 ilegalmente en costas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or H\u00e9ctor Jorge Chavarro Galvis acude a este amparo con el fin de solicitar que se revoquen los autos proferidos el 15 de octubre del 2021 por el Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, y el de 11 de julio de 2022 del Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de esta ciudad, pretensi\u00f3n que no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida, puesto que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados a este tr\u00e1mite, se advierte que respecto de la primera providencia no se satisface el requisito de la inmediatez, y la segunda se advierte razonable, circunstancias que imponen confirmar la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
2.1 Lo anterior se afirma, porque revisado el proceso ejecutivo promovido por Solin Rojas Ladino contra H\u00e9ctor Jorge Chaparro Galvis, se observa que el Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 mediante auto de 11 de febrero de 2020, libr\u00f3 mandamiento de pago con fundamento en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso y por la \u00abv\u00eda ejecutiva de m\u00ednima cuant\u00eda\u00bb (001cuaderno principal, p\u00e1gina 1). <\/p>\n
Posteriormente en providencia de 8 de septiembre de 2021, neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, con fundamento en que los t\u00edtulos judiciales obrantes en el proceso alcanzaban para cubrir la obligaci\u00f3n principal, sin embargo, no se hab\u00edan liquidado las costas procesales (001cuaderno principal, p\u00e1gina 64). <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n el apoderado del ejecutado interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, en providencia de 15 de octubre de 2021, el Juzgado de conocimiento mantuvo la decisi\u00f3n y neg\u00f3 conceder el de apelaci\u00f3n \u00abpor tratarse de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda y por tanto de \u00fanica instancia\u00bb (001cuaderno principal, p\u00e1gina 71). <\/p>\n
El anterior recuento impone acoger la conclusi\u00f3n de primera instancia, en cuanto a que no se satisface el requisito general de procedibilidad de la inmediatez, puntualmente frente a esta providencia, como quiera que la solicitud de amparo fue promovida solo hasta el 15 de diciembre de 2022, esto es 1 a\u00f1o y 2 meses despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n cuestionada, t\u00e9rmino que supera el lapso razonable de seis (6) meses, se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC703-2020, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras), sin que adem\u00e1s se hubiese demostrado justificaci\u00f3n de esa conducta. <\/p>\n
Ahora bien, el accionante pretende acreditar el presupuesto echado de menos, afirmando en la impugnaci\u00f3n que contra el referido auto interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja, y que, en providencia de 22 de octubre de 2021 fue negado el primero y concedido el segundo, resuelto insatisfactoriamente el 11 de julio de 2022, la Sala advierte que ese tr\u00e1mite no tiene la virtualidad de ampliar el t\u00e9rmino razonable de 6 meses para acudir en tutela. <\/p>\n
Para el efecto, se tiene en cuenta que el accionante estaba representado por un profesional del derecho, y que el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 8 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, era un medio de defensa abiertamente improcedente, bastaba tener en cuenta que esa providencia fue proferida en el curso de un ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda, situaci\u00f3n que era clara en el asunto, porque as\u00ed se plasm\u00f3 en el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago y fue ese el motivo puntual por el que se neg\u00f3 su concesi\u00f3n, t\u00e9ngase cuenta que en estos eventos la Sala ha explicado que, \u00abla interposici\u00f3n de un recurso improcedente no justifica el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez\u00bb (CSJ. STC16510-2021, STC1909-2022 y, STC15827-2022 entre muchos). <\/p>\n
2.2. De otra parte, en cuanto al auto proferido por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 11 de julio de 2022, en el que se resolvi\u00f3 \u00abdeclarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por la parte demandada en contra del auto proferido el 15 de octubre de 2021, por el Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, convertido transitoriamente en el Juzgado 63 de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiple de Bogot\u00e1, mediante el cual se rechaz\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la providencia que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, se advierte que \u00e9sta decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en que, <\/p>\n
(\u2026) El art\u00edculo 17 del C. G. P., relativo a la competencia de los jueces civiles municipales en \u00fanica instancia determina: \u00a8los jueces civiles municipales conocen en \u00fanica instancia. 1. De los procesos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda (\u2026). <\/p>\n
4. Descendiendo al caso particular, aprecia este despacho que la providencia recurrida en subsidio del recurso de queja fechada 15 de octubre de 2021, hace parte de la actuaci\u00f3n ejecutiva de m\u00ednima cuant\u00eda surgida del mandamiento de pago del 11 de febrero de 2020. 5. Dicho lo anterior y atenci\u00f3n que el tr\u00e1mite ejecutivo dentro del cual se enmarca la providencia objeto de censura es de m\u00ednima cuant\u00eda y en raz\u00f3n a que estos procesos no son susceptibles de tr\u00e1mite en segunda instancia conforme lo pregona el art\u00edculo 17 del C. G. P., no hay sendero diferente que e denegar el recurso de alzada; por lo colegido, la queja intentada se torna a todas luces improcedente. <\/p>\n
Como puede apreciarse, el accionado estim\u00f3 bien negado el recurso de apelaci\u00f3n porque el proceso en el que se profiri\u00f3 el auto atacado es un ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda que se tramita en \u00fanica instancia, interpretaci\u00f3n razonable, que cierra la puerta a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que esta acci\u00f3n corresponde a un mecanismo excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es raz\u00f3n para que salga avante, atendiendo que no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
3. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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