STC1557-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1557-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2023-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 30 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Isaac Arango Rojas, Andr\u00e9s Felipe Arango Guti\u00e9rrez y Martha Isabel Guti\u00e9rrez Arana contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Consejo Superior de La Judicatura, a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y al Puerto Industrial Agridulce SA, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual de radicado 2015-00055-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes por intermedio de apoderado, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el apoderado que los accionantes formularon demanda de responsabilidad civil extracontractual por usurpaci\u00f3n de \u00e1reas de tierra de su propiedad, contra la sociedad Puerto Industrial Agridulce SA, y adelantado en tr\u00e1mite el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura en audiencia de 30 de mayo de 2019 profiri\u00f3 sentencia que acogi\u00f3 parcialmente las pretensiones, orden\u00f3 pagar sumas determinada de dinero a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n y conden\u00f3 en costas a la demandada. <\/p>\n
Adujo que apelada la decisi\u00f3n, el Tribunal Superior de Buga en providencia de 26 de noviembre de 2020, revoc\u00f3 el numeral tercero de la decisi\u00f3n atacada, y en su lugar, conden\u00f3 a la demandada a pagar unas sumas de dinero a favor de los demandantes, e igualmente impuso la sanci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, a cargo de los copropietarios por valor de $376.466.393.30, y en favor del Consejo Superior de la Judicatura Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 la providencia recurrida y conden\u00f3 en costas en ambas instancias a la demandada. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el Juzgado de conocimiento en auto de 28 de noviembre de 2022, inform\u00f3 que la sociedad hab\u00eda hecho una consignaci\u00f3n por $1.040.148.067, y orden\u00f3 la entrega a los demandantes, y se\u00f1al\u00f3 que, \u00aben cuanto a los copropietarios deducir a t\u00edtulo de sanci\u00f3n del art\u00edculo 206 del C. G. P., la suma de $376.466.393.30 MCTE del valor subtotal a recibir por estos del t\u00edtulo judicial de $988.576.067 MCTE, procediendo a su fraccionamiento para realizarle la entrega del restante a los demandantes por la suma de $615.109.673.7\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, por haber ordenado fraccionar y consignar dineros en favor del Consejo Superior de la Judicatura Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, sin existir proceso ejecutivo de jurisdicci\u00f3n coactiva en su contra, el Juzgado accionado vulner\u00f3 los derechos fundamentales de sus representados por defecto procedimental absoluto, material y sustantivo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, entregarle el t\u00edtulo fraccionado por $376.466.393.30. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, luego de relatar pormenores del referido tr\u00e1mite, inform\u00f3 que, en providencia de 28 de noviembre de 2022, entre otras determinaciones, orden\u00f3 fraccionar unos dep\u00f3sitos judiciales que estaba a disposici\u00f3n para que fuera entregado un total de $376.466.393.30, en favor de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2. La Sociedad Puerto Industrial Agridulce SA., manifest\u00f3 que los accionantes no agotaron todos los medios de defensa que ten\u00eda para la defensa de sus derechos y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga, declar\u00f3 improcedente el amparo porque no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de la subsidiariedad porque los accionantes no emplearon los mecanismos de defensa ordinarios, de manera que el debate no se plante\u00f3 ante el juez competente. <\/p>\n
Sostuvo que, aunque los actores se duelen del yerro cometido por el accionado, consistente en ordenar fraccionar un dep\u00f3sito judicial en dos t\u00edtulos, y pagar al Consejo Superior de la Judicatura un total de $376.466.393.30, esa decisi\u00f3n no fue recurrida, sino que v\u00eda correo electr\u00f3nico manifestaron temas diferentes. <\/p>\n
Adujo que no se acredit\u00f3 que la parte accionante hubiese puesto en conocimiento del Juzgado accionado la irregularidad en el fraccionamiento del t\u00edtulo, previo a acudir en sede de tutela, cuando es en el tr\u00e1mite donde deb\u00eda manifestar su inconformidad, y no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte accionante con fundamento en que no comparte que se haya negado la tutela por no haber cumplido con uno de los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, y sin examinar si asist\u00eda raz\u00f3n respecto del referido pago. <\/p>\n
Insisti\u00f3 que, si bien es cierto que no se plante\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra dicha providencia, fue porque se tom\u00f3 una decisi\u00f3n sin argumentos, solo por capricho personal, situaci\u00f3n que no se puede pasar inadvertida por el superior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, por intermedio de apoderado los accionantes solicitaron que se ordenara al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura que, les entregara el t\u00edtulo fraccionado en favor de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura por $376.466.393.30, pretensi\u00f3n que no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida, puesto que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se advierte que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, circunstancia que impone confirmar la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
2.1 Esta acci\u00f3n de tutela se dirigi\u00f3 a cuestionar el auto de 28 de noviembre de 2022 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Buenaventura, puntualmente porque dispuso deducir valores de la condena impuesta en favor de los accionantes y fraccionar dep\u00f3sitos judiciales para entregar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, el valor de la sanci\u00f3n impuesta en su contra, con fundamento en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso (12 auto 1074 ordena pago t\u00edtulos). <\/p>\n
2.2 No es objeto de discusi\u00f3n que los accionantes no interpusieron recurso alguno contra esa determinaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que surge con claridad que desaprovecharon los mecanismos id\u00f3neos con los que contaban para la protecci\u00f3n de sus derechos, y por tanto, no pueden valerse de esta acci\u00f3n de tutela para resarcir su incuria, atendiendo que la oportunidad en la que deb\u00eda exponer sus argumentos era en el curso del proceso y en el momento establecido para esa finalidad, y no en el escenario constitucional, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este tr\u00e1mite, tema sobre el que la Sala ha explicado que, <\/p>\n
2.3 No resulta de recibo el argumento referente a que se debi\u00f3 examinar de fondo el asunto a pesar de la referida omisi\u00f3n, atendiendo que no se invoc\u00f3 una evento excepcional que abriera paso a flexibilizar el requisito general del procedibilidad de la subsidiariedad, y en particular, las circunstancias descritas, enmarcan esta acci\u00f3n de tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1557-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1557-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2023-00010-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70850","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70850\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}