STC1558-2023 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1558-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00285-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali el 23 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Maria del Rosario Alderete Urcuqui y Leonardo Ernesto Mu\u00f1oz Zambrano formularon contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, tr\u00e1mite al que fue vinculada Luz Karime Realpe Jaramillo y citados los intervinientes en la queja disciplinaria 00-2022-00222. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, vida, seguridad social y trabajo, presuntamente vulnerados por la autoridad disciplinaria accionada. <\/p>\n
Manifestaron, en s\u00edntesis, que laboraban como empleados del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, como citadora y sustanciador -respectivamente- y el 24 de febrero de 2022 formularon queja por acoso laboral contra la secretaria del despacho Luz Karime Realpe Jaramillo, pero la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle no le dio tr\u00e1mite \u00e1gil, y mientras tanto contin\u00faan las conductas denunciadas en un ambiente \u00abdegradante\u00bb y \u00abhostil\u00bb, lo que les ocasion\u00f3 acudir a m\u00e9dicos de distintas especialidades y recibir medicamentos psiqui\u00e1tricos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con base en lo anterior, solicitaron, ordenar a la Comisi\u00f3n accionada, dar celeridad al tr\u00e1mite de la queja instaurada, para evitar conflictos mayores, pues no soportaban tanto \u00abacoso laboral\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca inform\u00f3 que, mediante auto de 28 de junio de 2022, abri\u00f3 investigaci\u00f3n disciplinaria contra Luz Karime Realpe Jaramillo y orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas. <\/p>\n
El 20 de septiembre de 2022, el expediente ingres\u00f3 al despacho para la correspondiente valoraci\u00f3n, por lo que el tr\u00e1mite se encontraba en etapa probatoria, dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo \u00ab213\u00bb de la Ley \u00ab1952 de 2019\u00bb (seis (6) meses) y que solo agotada esta, podr\u00eda finalmente resolver de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mauricio de Jes\u00fas L\u00f3pez Berm\u00fadez, inform\u00f3 que ya no trabajaba en el Juzgado Catorce Laboral, pero que hab\u00eda conocido de las conductas de acoso desplegadas por la secretaria acusada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Luz Karime Realpe Jaramillo neg\u00f3 la existencia de acoso laboral y faltas disciplinarias, pues, por el contrario, utilizaba lenguaje respetuoso, asertivo y claro, agreg\u00f3 que el se\u00f1or Mu\u00f1oz Zambrano recib\u00eda tratamiento psiqui\u00e1trico desde 2016, y que eran los accionantes quienes, siendo \u00abpareja\u00bb, actuaban con descortes\u00eda e insubordinaci\u00f3n; que el tr\u00e1mite disciplinario se estaba llevando seg\u00fan los t\u00e9rminos que correspond\u00edan, y que estos no hab\u00edan vencido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali, neg\u00f3 el amparo tras considerar que la Comisi\u00f3n de Disciplina accionada se encontraba tramitando, dentro de los t\u00e9rminos legales, la queja formulada por los accionantes, sin transgredir el plazo establecido en el \u00abart\u00edculo 213 de la Ley 1952 de 2019\u00bb, esto es, seis (6) meses que no hab\u00edan transcurrido. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes para insistir en sus pretensiones y enfatizar que el t\u00e9rmino legal establecido para la etapa probatoria en el proceso disciplinario se hab\u00eda superado, en la medida en que, es de solo tres (3) meses conforme a lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006. <\/p>\n
ACTUACI\u00d3N EN SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n
<\/p>\n
1. El expediente ingres\u00f3 a esta Corte el 6 de octubre de 2022, con el fin de resolver la impugnaci\u00f3n invocada, sin embargo, tras advertir la nulidad del tr\u00e1mite adelantado en primera instancia, debido a que el \u00abColegiado de primer grado carec\u00eda de competencia para adelantar esta acci\u00f3n, en tanto que fue interpuesta por empleados judiciales que pertenecen a la jurisdicci\u00f3n ordinaria [por lo que] le compet\u00eda a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia suscitada, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021\u00bb orden\u00f3 su remisi\u00f3n al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que conociera en primer grado (Auto ATC1571-2022 de 19 de octubre). <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca lo devolvi\u00f3 (auto de 25 de octubre) y se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo dicho en la norma y lo establecido por esta Sala, no era competente para el efecto, debido a que la Corte Constitucional, en sus distintos pronunciamientos, hab\u00eda determinado que no era posible alterar la competencia para conocer la tutela, cuando de reglas de reparto se trataba, as\u00ed como que era inadecuado decretar nulidades con base en el mismo particular, de modo que, a pesar del curso que tomara la acci\u00f3n en primera instancia, el Superior no pod\u00eda invalidar lo actuado, habida cuenta que, en cualquier caso, el vicio podr\u00eda ser saneado por las partes, raz\u00f3n por la cual el expediente se remiti\u00f3 a la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte Constitucional, en auto 009 de 2023 dej\u00f3 sin efectos el auto proferido por esta Corporaci\u00f3n mediante el cual se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado con fundamento en normas de reparto y orden\u00f3 que se remitiera el expediente para continuar con el tr\u00e1mite y proferir decisi\u00f3n de fondo respecto de la impugnaci\u00f3n presentada, y para el efecto sostuvo, <\/p>\n
(\u2026) la Sala Plena constata que en el presente caso se configur\u00f3 un conflicto aparente de competencia. Ello es as\u00ed comoquiera que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia consider\u00f3 que no era competente para conocer la acci\u00f3n de tutela de la referencia en virtud de las reglas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021). Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se abstuvo de asumir el conocimiento de la misma acci\u00f3n constitucional al precisar que las reglas fijadas en los precitados decretos eran reglas de reparto, concluyendo as\u00ed, que la competencia no pod\u00eda ser alterada ni en primera ni en segunda instancia porque esto desconocer\u00eda el principio perpetuatio jurisdictionis y afectar\u00eda la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Bajo ese contexto, la Sala Plena estima que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Civil- tom\u00f3 las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para declarar la nulidad de lo actuado, y por esa v\u00eda, abstenerse de resolver la acci\u00f3n de amparo. De esta forma, la referida autoridad judicial afect\u00f3 tanto la celeridad y eficacia en la administraci\u00f3n de justicia como la protecci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes. Esto pese a que esta Corte ha establecido que las reglas contenidas en el Decreto 1069 de 2015 (modificadas por el Decreto 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021) no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia o declarar la incompetencia de otra autoridad judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado desde el 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01) entre muchos otros, en auto ATC1486-2022), que esta Corte, <\/p>\n
(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, y toda vez que este tr\u00e1mite constitucional fue radicado desde el 19 de septiembre de 2022, como medida de protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n fue denunciada, se procede la Sala a resolver la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela establecida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten realmente vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos muy excepcionales-. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Maria del Rosario Alderete Urcuqui y Leonardo Ernesto Mu\u00f1oz Zambrano (empleados del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali) acudieron inconformes con la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, por cuanto, a pesar de haber formulado la queja disciplinaria 00-2022-00222, contra Luz Karime Realpe Jaramillo (secretaria del mismo despacho) est\u00e1 no se ha tramitado de manera \u00e1gil, por lo que solicitaron impulso para evitar mayores conflictos, pues no soportaban tanto \u00abacoso laboral\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al revisar la actuaci\u00f3n referida se advirti\u00f3 que, contrario a lo afirmado por los accionantes, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, ha actuado dentro de los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 2094 de 2021, seg\u00fan la cual, la investigaci\u00f3n disciplinaria ocasionada por la queja presentada por los interesados, podr\u00eda tener una duraci\u00f3n de seis (6) meses, contados a partir de la decisi\u00f3n de apertura, en este caso, desde el 28 de junio de 2022, es decir, hasta el 28 de diciembre siguiente, por lo que, era claro, que una acci\u00f3n de tutela instaurada tres (3) meses antes de que se venciera el referido plazo (19 de septiembre de 2022) sin que se registrara una eventual mora judicial u otra transgresi\u00f3n evidente, resultaba improcedente, como en efecto se determin\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En cualquier caso, n\u00f3tese que, en providencia de 6 de diciembre de 2022, la autoridad disciplinaria accionada cerr\u00f3 la etapa probatoria y corri\u00f3 traslado a las partes para que presentaran sus alegatos previos, cargar que cumpli\u00f3 la parte acusada el 11 de enero de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Si bien, no se ha realizado la evaluaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 221 de la Ley 2094 supra referida, no puede perderse de vista que, en estos casos, el funcionario de conocimiento cuenta con la facultad de prorrogar el primero de los plazos aludidos, hasta por tres (3) meses, si acaso hicieren falta pruebas para decidir, periodo que, a no dudarlo, tampoco ha fenecido (28 de marzo de 2023) en el hipot\u00e9tico caso en el que se hiciera uso de dicha posibilidad, escenario que, una vez m\u00e1s, descarta la falta de celeridad o mora denunciada por los quejosos y, de contera, la supuesta vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales se\u00f1alada. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora, en cuanto a los problemas de salud que los accionantes manifestaron haber padecido, se advierte que no informaron que, la falta de definici\u00f3n de la queja interpuesta les impidiera hacer uso de los servicios m\u00e9dicos a los que, por ley, tienen derecho por pertenecer a una EPS, y tambi\u00e9n se descarta alguna amenaza a su seguridad social, pues tampoco acreditaron alguna falencia en el pago de sus respectivas cotizaciones, o la amenaza inminente de perder su trabajo. <\/p>\n
<\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, en este asunto tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar la herramienta de manera excepcional, pues para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para proceder a revisar la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Como consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1558-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1558-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00285-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70851","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70851","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70851"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70851\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70851"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70851"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70851"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}