STC1562-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1562-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00548-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional requerida, dentro de la acci\u00f3n popular que adelanta contra la sociedad Morales Monsalve Hermanos S.A. como propietaria del establecimiento de comercio Granero La Cosecha, radicado No. 2022-00201-01. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que se \u00abdetermine con cuanto tiempo contaba el tutelado para fallar, pues seg\u00fan la ley solo ten\u00eda 20 d\u00edas para ello (\u2026); se ordene al tutelado fallar inmediatamente [su] acci\u00f3n, tal como se lo impone [el] art. 37 Ley 472 de 1998, pues el hecho de que solo admita la alzada, es muestra de la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de [la precitada norma] (\u2026); se ordene una constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas\u00bb y de otro lado, \u00abse ordene la intervenci\u00f3n en derecho de la procuradora general de la Naci\u00f3n (\u2026) a fin de que act\u00fae en [su] amparo y presente acciones legales a [su] nombre a fin que se de aplicaci\u00f3n al art. 84 [de la] ley 472 de 1998, pues no soy abogado\u00bb; y as\u00ed mismo \u00abse oficie al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria a fin que aporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado en cualquier tiempo en acciones populares y las resultas de las mismas a fin de probar la mora judicial\u00bb y finalmente; \u00abse [le] brinde copia de lo actuado a fin que obre ante la Comisi\u00f3n Interamericana DDHH\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el gestor sostuvo que solo despu\u00e9s de \u00ab7 meses\u00bb el Tribunal accionado admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia emitida en primera instancia dentro del proceso del asunto, \u00abpese a que solo cuenta con 20 d\u00edas para fallar\u00bb contados desde el momento en que arriba la alzada a la secretar\u00eda, con lo cual incumple los t\u00e9rminos del art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998., desconoci\u00e9ndose adem\u00e1s los art\u00edculos 12 y 117 del C\u00f3digo General del Proceso, mientras que a \u00e9l se le exige cumplir los t\u00e9rminos que le corresponden y se justifica la tardanza en exceso de trabajo que no prueba. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 enterar a las autoridades accionadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3 que el 18 de agosto de 2022 recibi\u00f3 por reparto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia emitida el 19 de julio anterior por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y el pasado 6 de febrero admiti\u00f3 el mecanismo y dispuso correr el t\u00e9rmino para sustentarlo por cinco (5) d\u00edas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, porque adem\u00e1s de aplicar la normatividad correspondiente, \u00abtramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacato, etc.) cuyo volumen es notable, pues en diciembre de 2022 se tramitaron 5 habeas corpus, 103 tutelas de primera instancia, 137 de segunda instancia, 71 acciones populares; adem\u00e1s del estudio y discusi\u00f3n de proyectos de providencias sustanciadas por los dem\u00e1s magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, se convierten en limitantes de tiempo que permitan dictar el fallo con mayor celeridad, adem\u00e1s de las fallas de conectividad que se presentan, por lo cual no es posible cumplir los t\u00e9rminos que reclama el tutelante para desatar la alzada propuesta\u00bb, asimismo, manifest\u00f3 que \u00aben aras de salvaguardar el derecho a la igualdad a los usuarios que tramitan sus procesos en este despacho, respeta el sistema de turnos de los mismos, atendi\u00e9ndolos en orden de llegada, salvo las excepciones de ley\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Regional de Pereira, tras informar que no tienen en sus bases de datos reportes de reclamaciones presentadas por el actor respecto a la acci\u00f3n popular cuestionada, indicaron que no es su obligaci\u00f3n intervenir en la misma ni \u00abmucho menos ejercer un derecho de postulaci\u00f3n en favor de un ciudadano particular cuando la constituci\u00f3n pol\u00edtica no lo exige\u00bb, de ah\u00ed que carezca de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para intervenir en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. El Procurador 06 Judicial Civil II adscrito a la Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles indic\u00f3 que la protecci\u00f3n proceder\u00e1, solo si no est\u00e1 justificada la tardanza en tramitar el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. La queja del actor se circunscribe a que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira est\u00e1 tardando en tramitar el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso, contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la acci\u00f3n popular que adelanta contra Morales Monsalve Hermanos S.A. como propietaria del establecimiento de comercio Granero la Cosecha, radicado 2022-00201-01. <\/p>\n
3. Con base en tal premisa, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
Igualmente, esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Pues bien, del an\u00e1lisis del tr\u00e1mite surtido ante la Colegiatura accionada, se constata que el proceso cuestionado no se encuentra paralizado, porque a la alzada se le imprimi\u00f3 tr\u00e1mite el pasado 6 de febrero, admitiendo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la fallado en primera instancia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n emerge que el tiempo que la Colegiatura accionada ha ocupado en resolver de fondo sobre ese recurso, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario, situaci\u00f3n evidenciada no solo en el anotado impulso dado al proceso, sino en el c\u00famulo de acciones del mismo linaje que tambi\u00e9n se encuentran pendientes por tramitar, adem\u00e1s de los dem\u00e1s procesos y funciones que debe cumplir dicha autoridad, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En cuanto a la solicitud para que se determine con cuanto tiempo cuenta el Tribunal para fallar el asunto, pertinente se muestra recordar, como lo tiene por sentado esta Sala, que el tr\u00e1mite tutelar \u00abno es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n\u00bb, lo que se muestra suficiente para no acceder a la emisi\u00f3n del concepto jur\u00eddico pedido. <\/p>\n
5. De otro lado, no resulta procedente ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n presentar acciones populares en nombre del actor, pues, adem\u00e1s de que no est\u00e1 probado que \u00e9ste haya acudido directamente ante esa autoridad a elevar tal solicitud, lo cierto es que lo pedido desborda el margen de funciones de la entidad, ya que \u00abel ministerio p\u00fablico desarrolla tres funciones espec\u00edficas, i) Preventiva para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) Disciplinaria para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) Intervenci\u00f3n como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades, por disposici\u00f3n del Procurador, sin que entre sus competencias se encuentre la de representar judicialmente al actor popular\u00bb (STC16358-2022). <\/p>\n
6. Debido a la residualidad y subsidiariedad que caracterizan al amparo, tampoco resulta procedente que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que \u00abaporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado en cualquier tiempo en acciones populares y las resultas de las mismas a fin de probar la mora judicial\u00bb, ni para que el Tribunal accionado emita \u00abconstancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas\u00bb dentro del decurso cuestionado, pues el actor no acredita haber elevado primero esas solicitudes ante esas autoridades. <\/p>\n
7. Finalmente, se ordenar\u00e1 que, por secretar\u00eda, al momento de notificar al accionante la presente decisi\u00f3n, se le comparta el link de acceso a todo lo actuado, conforme lo requiri\u00f3 en su escrito inicial. <\/p>\n
8. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados, comp\u00e1rtase con el actor el link de acceso a todo lo actuado, y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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