STC1564-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1564-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00574-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional requerida, dentro de la acci\u00f3n popular que adelanta contra Diego Armando Calder\u00f3n Ospina como propietario del establecimiento de Comercio Megatodo, radicado 2022-00154-01. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que se \u00abdetermine en derecho cuantas tutelas m\u00e1s deb[e] presentar para que [l]e garanticen [el] art.29 CN; se ordene al tutelado tramitar el recurso concedido por el juzgador inicial, en t\u00e9rminos del art. 120 C.G.P. [y del] art\u00edculo 84 ley especial aut\u00f3noma 472 de 1998 o remita a quien corresponda; se ordene una constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas\u00bb y de otro lado, \u00abse ordene la intervenci\u00f3n en derecho de la procuradora general de la Naci\u00f3n (\u2026) a fin de que act\u00fae en [su] amparo y presente acciones legales a [su] nombre a fin que se de aplicaci\u00f3n al art. 84 [de la] ley 472 de 1998, pues no soy abogado\u00bb y finalmente; \u00abse [le] brinde copia de lo actuado a fin que obre ante la Comisi\u00f3n Interamericana DDHH\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el gestor sostuvo que present\u00f3 apelaci\u00f3n contra \u00abel auto que fij\u00f3 y liquid\u00f3 agencias en derecho\u00bb y las actuaciones se encuentran en el Tribunal accionado, quien no ha emitido la decisi\u00f3n correspondiente pese a que contaba con 10 d\u00edas para ello, conforme al art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo cual se incumple tambi\u00e9n el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, mientras que a \u00e9l se le exige acatar los t\u00e9rminos que le corresponden. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 enterar a las autoridades accionadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3 que el 17 de febrero de los corrientes \u00abdeclar\u00f3 desierto\u00bb el recurso de apelaci\u00f3n que el aqu\u00ed accionante present\u00f3 contra la sentencia de 2 de agosto de 2022 del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
Explic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, porque adem\u00e1s de aplicar la normatividad correspondiente, \u00abtramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacato, etc.) cuyo volumen es notable, en promedio, para el a\u00f1o 2022 y lo que avanza de este, se han tramitado 5 habeas corpus, 113 tutelas de primera instancia, 154 de segunda instancia, 79 acciones populares\u00bb, adem\u00e1s resalt\u00f3 que tiene un alto volumen de trabajo debido a las acciones de tutela y populares, y se encuentra dedicado \u00aben un aproximado de casi un 100% a atender exclusivamente dichos asuntos, incluso, en detrimento de las acciones ordinarias que tambi\u00e9n corresponden a es[a] Magistratura\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en los \u00faltimos meses ha atendido un promedio de 300 memoriales dirigidos a acciones populares, emitiendo las respectivas decisiones y los recursos que contra las mismas se interponen, adem\u00e1s de las respuestas a las acciones de tutela que se interponen en su contra, sin perjuicio de estudiar los proyectos de los dem\u00e1s Magistrados, atender compromisos como atender a salas plenas y sesiones especializadas ordinarias y extraordinarias, todo, en medio de la implementaci\u00f3n del sistema SIGMA y mientras se respeta el turno de ingreso de los asuntos. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que el gestor cuenta con los canales de atenci\u00f3n de la entidad para elevar las solicitudes que requiera. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. La queja del actor se circunscribe a que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira est\u00e1 tardando en tramitar el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra \u00abel auto que liquida las agencias en derecho\u00bb, dentro de la acci\u00f3n popular que adelanta contra Diego Armando Calder\u00f3n Ospina como propietario del establecimiento de Comercio Megatodo, radicado 2022-00154-01. <\/p>\n
3. Revisado el expediente del proceso cuestionado, se observa que all\u00ed no se interpuso, ni por ende se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n respecto de la cual el actor reclama pronunciamiento, ya que el \u00fanico recurso que estaba pendiente de decisi\u00f3n por parte del Tribunal, corresponde a la alzada interpuesta contra la sentencia de primera instancia, y se dice que estaba, porque con auto del pasado 17 de febrero se declar\u00f3 \u00abdesierta\u00bb, tras considerarse que no fueron expuestos reclamos concretos contra el fallo apelado. <\/p>\n
Bajo este panorama, advierte la Corte que la queja constitucional elevada frente a la precitada autoridad est\u00e1 llamada al fracaso, comoquiera que, contrario a lo que aleg\u00f3 el accionante, dicho estrado no tiene pendiente de resolver ninguna apelaci\u00f3n contra un auto liquidatorio de \u00abagencias en derecho\u00bb, de ah\u00ed que el hecho alegado se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
4. En cuanto a la solicitud del actor para que se \u00abdetermine en derecho cuantas tutelas m\u00e1s deb[e] presentar para que [l]e garanticen [el] art.29 CN\u00bb, pertinente se muestra recordar, como lo tiene por sentado esta Sala, que el tr\u00e1mite tutelar \u00abno es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n\u00bb, lo que se muestra suficiente para no acceder a la emisi\u00f3n del concepto jur\u00eddico pedido. <\/p>\n
5. De otro lado, no resulta procedente ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n presentar acciones populares en nombre del actor, pues, adem\u00e1s de que no est\u00e1 probado que el \u00e9ste haya acudido directamente ante esa autoridad a elevar tal solicitud, lo cierto es que lo pedido desborda el margen de funciones de la entidad, ya que \u00abel ministerio p\u00fablico desarrolla tres funciones espec\u00edficas, i) Preventiva para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) Disciplinaria para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) Intervenci\u00f3n como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades, por disposici\u00f3n del Procurador, sin que entre sus competencias se encuentre la de representar judicialmente al actor popular\u00bb (STC16358-2022). <\/p>\n
6. Debido a la residualidad y subsidiariedad que caracterizan al amparo, tampoco resulta procedente que se ordene al Tribunal accionado emitir \u00abconstancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas\u00bb dentro del decurso cuestionado, pues el actor no acredita haber elevado primero esa solicitud ante esa autoridad. <\/p>\n
7. Finalmente, se ordenar\u00e1 que, por secretar\u00eda, al momento de notificar al accionante la presente decisi\u00f3n, se le comparta el link de acceso a todo lo actuado, conforme lo requiri\u00f3 en su escrito inicial. <\/p>\n
8. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados, comp\u00e1rtase con el actor el link de acceso a todo lo actuado, y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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