STC1569-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1569-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el 26 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Rosa Elena Velandia de Pinz\u00f3n formul\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, tr\u00e1mite al que fue vinculado el al Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer con radicado 2022-00048. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, acudi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima para presentar demanda ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer contra Guillermo Antonio Garz\u00f3n Forero, autoridad que el 23 de febrero de 2022, decidi\u00f3 negar el mandamiento de pago, decisi\u00f3n contra la cual formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 438 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sostuvo que, la apelaci\u00f3n fue asignada al Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, despacho que \u00abtranscurridos varios meses\u00bb, el 12 de diciembre siguiente resolvi\u00f3 declarar inadmisible el recurso con el argumento que se trata de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con tal actuaci\u00f3n, el Juzgado del Circuito incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, teniendo en cuenta que el art\u00edculo 438 del C\u00f3digo General del Proceso establece que el auto que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo es apelable, sin importar la cuant\u00eda del proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 amparar los derechos fundamentales que invoca y que est\u00e1n siendo vulnerados por el Juzgado accionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, inform\u00f3 que la demanda fue remitida v\u00eda correo electr\u00f3nico el 23 de marzo de 2022 para que se tramitara el recurso de apelaci\u00f3n concedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima, el que fue ingresado al despacho el 22 de abril de 2022 y mediante auto de 12 de diciembre siguiente puso fin a la instancia, declarando inadmisible el recurso y ordenando devolver las diligencias al despacho de origen, sin que las partes presentaran objeci\u00f3n o reparo alguno contra la decisi\u00f3n tomada en esa sede. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima, relat\u00f3 que all\u00ed se radic\u00f3 demanda ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer, en la que neg\u00f3 el mandamiento de pago puesto que lo pretendido es la restituci\u00f3n de un inmueble arrendado mediante un contrato de transacci\u00f3n celebrado entre las partes. <\/p>\n
3. Guillermo Antonio Garz\u00f3n Moreno, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, por carecer del principio de la subsidiariedad y al no configurarse un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca, neg\u00f3 el amparo al considerar que los reparos tra\u00eddos en sede de tutela no fueron puestos en conocimiento del juez natural, porque la providencia que se censura, por medio de la cual se declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la accionante, no fue objeto de reproche alguno. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 de que la jurisprudencia considere que existen algunos eventos en que no obstante tratarse de procesos de \u00fanica instancia es viable admitir la apelabilidad de algunas decisiones que se tomen en dichos asuntos, esa excepcionalidad est\u00e1 dictada por la posici\u00f3n que tenga quien apela dentro de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, pues la \u201cgarant\u00eda de doble grado de conocimiento\u201d no puede operar de la misma forma cuando la que recurre es una parte a cuando el que lo hace es un tercero, y, afirm\u00f3, \u00absi la recurrente, en el caso de autos, es una de las partes del proceso, pensar en que esa garant\u00eda debe cubrirla a ella no viene de recibo\u00bb. <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante, reiterando que el auto que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo y el que por v\u00eda de reposici\u00f3n lo revoque, es susceptible de recurrir en apelaci\u00f3n por disposici\u00f3n expresa del art\u00edculo 438 el C\u00f3digo General del Proceso, sin importar la cuant\u00eda. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no se \u00ablogra entender\u00bb que, contra la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n proferida por el Juzgado accionado, pudiere legalmente existir alg\u00fan recurso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Advierte la Sala la improsperidad de la impugnaci\u00f3n y la consecuente convalidaci\u00f3n de la sentencia constitucional de primera instancia, al evidenciarse el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, puesto que, ha de tenerse presente, que la acci\u00f3n de tutela no fue incorporada en el ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales, ni como mecanismo paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios, \u00absino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ. STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; reiterada en STC 2012-00320-01, y citada en STC8306-2021, STC10471-2021, STC1911-2022 y STC2655- 2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisadas las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, se observan las siguientes actuaciones relevantes en el proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer con radicado 2022-0048. <\/p>\n
2.1 Mediante apoderado judicial, la se\u00f1ora Rosa Elena Velandia de Pinz\u00f3n promovi\u00f3 demanda ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer contra Guillermo Antonio Garz\u00f3n Forero, la que correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima, despacho que, en providencia de 23 de febrero de 2022, resolvi\u00f3 negar el mandamiento de pago. <\/p>\n
[Derivado expediente judicial. 14.Link respuesta con proceso.pdf. 01Prim.instancia.03. Auto niega mandamiento.pdf] <\/p>\n
2.2 Contra la anterior decisi\u00f3n, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el que fue concedido en auto de 3 de marzo de 2022. <\/p>\n
[Derivado expediente judicial. 14.Link respuesta con proceso.pdf. 01Prim.instancia.04. Memorial apelaci\u00f3n] <\/p>\n
2.3 La apelaci\u00f3n fue de conocimiento del Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, quien, mediante providencia de 12 de diciembre de 2022, decidi\u00f3 declarar inadmisible la apelaci\u00f3n, bajo los siguientes argumentos, <\/p>\n
(\u2026) Precisa el art\u00edculo 25 del C\u00f3digo General del Proceso que los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda son aquellos cuyas pretensiones patrimoniales no excedan el equivalente a 40 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; es decir, para el a\u00f1o 2022 el salario m\u00ednimo corresponde a $1.000.000,oo, por lo que los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda son aquellos que no superan la suma de $40.000.000,oo. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 17 del citato estatuto procesal indica que los jueces civiles municipales conocen en \u00fanica instancia de los procesos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
Ahora bien, dispone el numeral primero del art\u00edculo 26 Ibidem que, la cuant\u00eda de un proceso se determinar\u00e1 \u201cPor el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n.\u201d; y en este sentido, en el asunto puesto a colaci\u00f3n de este Despacho, se evidencia que las pretensiones condenatorias liquidadas dentro de la demanda equivalen a $900.000,oo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no era procedente conceder la alzada tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 321 ejusdem, toda vez que se trata de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda, y por ende de \u00fanica instancia. En consecuencia, se impone la inadmisi\u00f3n de la alzada conforme al inciso 4\u00ba del art. 325 del C. G. del P. <\/p>\n
[Derivado expediente judicial. 14.Link respuesta con proceso.pdf. 02.Seg instancia.03. Auto 20221212.inadmisible.pdf] <\/p>\n
3. Del anterior recuento se puede observar la improcedencia de la protecci\u00f3n implorada, por no satisfacerse el requisito de la subsidiariedad, en tanto que, la decisi\u00f3n que declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la quejosa qued\u00f3 en firme, por no haber sido recurrida por la impulsora, a pesar de que contra ella cab\u00eda el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso para ser desatado por el mismo despacho. <\/p>\n
Es as\u00ed como la se\u00f1ora Rosa Elena Velandia de Pinz\u00f3n, no hizo uso de la herramienta de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Pues en efecto, el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa en su decisi\u00f3n evidenci\u00f3 que las pretensiones condenatorias liquidadas dentro de la demanda equivalen a $900.000,oo, por consiguiente, el tr\u00e1mite ejecutivo estaba definido a procesos de m\u00ednima cuant\u00eda conforme al art\u00edculo 25 del 318 del C\u00f3digo General del Proceso -pues la cuant\u00eda de las pretensiones no super\u00f3 los 40 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, raz\u00f3n por la cual, los juicios de m\u00ednima cuant\u00eda como el sometido a estudio de esta Sala, son de \u00fanica instancia, es decir, que no son susceptibles del recurso de apelaci\u00f3n, de conformidad con lo reglado en el Art. 17 ib\u00eddem. <\/p>\n
Esta Sala, en un caso similar se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00ab5.En efecto, en el sub lite el despacho del circuito encartado de conformidad con lo previsto por el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso estim\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 6 de abril de 2018 mediante el cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Melgar-Tolima modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito era inadmisible por cuanto el ejecutivo adelantado por el querellante es de m\u00ednima cuant\u00eda y por ende de \u00fanica instancia raz\u00f3n por la cual la alzada es improcedente, determinaci\u00f3n que se soporta de igual manera en el mandamiento de pago librado el 9 de junio de 2017, decisi\u00f3n en la que se precis\u00f3 el tr\u00e1mite que se le dar\u00eda al asunto, previniendo a las partes que ser\u00eda el de \u00abm\u00ednima cuant\u00eda\u00bb, toda vez que la cuant\u00eda fue estimada en $20.075.600 y para fecha en que fue presentada la demanda (2 de junio de 2017) la menor cuant\u00eda ser\u00eda para los procesos cuyas pretensiones fueran superiores a $29.508.680, lo cual no ocurre en el presente caso, raz\u00f3n suficiente para estimarse que el proceso objeto de queja es de \u00fanica instancia y por ende la alzada resulta inadmisible\u00bb (CSJ STC 13939 de 2018) <\/p>\n
. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ. STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no puede atribuirse al Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, una v\u00eda de hecho, por haber proferido la determinaci\u00f3n aqu\u00ed reprochada en los t\u00e9rminos expuestos, pues lo hizo en cumplimiento de las normas sustanciales, as\u00ed como las procesales que rigen la materia, sin que adem\u00e1s se advierta un desv\u00edo de la normativa que regula ese asunto, en especial al examinar si la controversia era de \u00fanica o de doble instancia para dar tr\u00e1mite o no al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, providencia que se encuentra motivada y no luce arbitraria. <\/p>\n
5. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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