STC1571-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1571-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02097-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 14 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP) contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al Juzgado Quinto de la misma especialidad y ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso al acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00aben conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, que dice vulneradas por la alta Corporaci\u00f3n querellada, por lo que pidi\u00f3 que se ordene \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n judicial del 10 de mayo de 2022 dictada por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 (\u2026) en raz\u00f3n al reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional al se\u00f1or Omar de Jes\u00fas Bola\u00f1os Garc\u00eda quien no cumpli\u00f3 el requisito de edad durante la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004\u00bb y en consecuencia que dicha autoridad procesa a \u00abdictar nueva sentencia (\u2026) en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En forma subsidiaria, solicit\u00f3 \u00absuspend[er] de manera transitoria la sentencia [antes individualizada] hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Omar de Jes\u00fas Bola\u00f1os Garc\u00eda promovi\u00f3 demanda laboral contra la UGPP, con la finalidad de que se le reconociera la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva suscrita entre Sintraseguridad Social y el ISS, con vigencia 2001-2004, ruego que correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 las pretensiones el 1\u00ba de noviembre de 2018, decisi\u00f3n que apel\u00f3 aquel y fue confirmada el 18 de julio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, tras considerar que si bien el reclamante cumpl\u00eda con el tiempo de servicio requerido, no contaba con 55 a\u00f1os de edad para el 31 de julio de 2010, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 3\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
2.2. Frente a esa determinaci\u00f3n, Omar de Jes\u00fas Bola\u00f1os Garc\u00eda formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue estimado con fallo del 10 de mayo de 2022, para en su lugar, ordenar el reconocimiento pensional a partir del 1\u00ba de abril de 2015 en cuant\u00eda equivalente al 100% del promedio mensual de los ingresos percibidos en los \u00faltimos tres a\u00f1os de servicios, debidamente indexada al momento del pago. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, la gestora del resguardo expres\u00f3 que la pensi\u00f3n convencional fue reconocida pese a que los efectos de la convenci\u00f3n colectiva no pod\u00edan extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, salvo que contemplaran lo contrario, evento en el que se respetar\u00eda el derecho adquirido, pero en este caso la convenci\u00f3n estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2004 y se prorrog\u00f3 para los trabajadores oficiales hasta el 31 de julio de 2010, todo lo cual, dice, fue desconocida por la Sala en Descongesti\u00f3n accionada, contraviene las sentencias SU897-2012 y SU086-2019 de la Corte Constitucional, genera un \u00abgrave perjuicio al erario\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que, si bien contra el fallo cuestionado procede el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el ostensible desconocimiento de la ley en que all\u00ed se incurri\u00f3, torna procedente la acci\u00f3n de tutela, m\u00e1xime cuando aquel mecanismo no evitar\u00eda la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable que afecta la sostenibilidad financiera del sistema, porque no admite medidas provisionales y no impide que se deba cumplir la orden judicial. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
No se recibieron intervenciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Explic\u00f3 que no cualquier reconocimiento pensional puede catalogarse como un grave abuso del derecho, en los t\u00e9rminos exigidos en la decisi\u00f3n SU631-2017, pues el fallo emergi\u00f3 fundado y atendi\u00f3 a que en la Convenci\u00f3n Colectiva se pact\u00f3 que algunas de sus cl\u00e1usulas conservar\u00edan vigencia en periodos diferentes, como ocurri\u00f3 con la 98 que justifica la prestaci\u00f3n pensional, tal como lo resalt\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, considera la Corte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, para controvertir la sentencia que orden\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n que se reconoci\u00f3 a Omar de Jes\u00fas Bola\u00f1os Garc\u00eda, la accionante tiene a su alcance acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, m\u00e1xime si esgrime que el pago retroactivo de la pensi\u00f3n all\u00ed conferida a cargo del \u00aberario\u00bb, fue en desmedro de lo debido de acuerdo con la ley; aqu\u00e9l es el escenario judicial con el que es factible remediar los aparentes perjuicios que tal reconocimiento prestacional llegare a ocasionar. <\/p>\n
Es que, cual lo ha sostenido esta Sala de la Corte, en un debate con cierta simetr\u00eda, <\/p>\n
(\u2026) respecto al reconocimiento pensional convencional [otorgado en fallo de casaci\u00f3n] que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque Henry Morales ya cuenta con la pensi\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones, por lo que, deduce, existe \u00abincompatibilidad entre el reconocimiento convencional y la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, sumado a que \u00abno se puede devengar DOS emolumentos del erario p\u00fablico generando as\u00ed una evidente v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb[,] la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 la accionante, tiene a su alcance acudir [a la] revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al reconocimiento pensional convencional, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
la entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003(\u2026) para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. Cfr. CSJ STC6282, 2 jun. 2021, rad. 2020-00554-02). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la UGPP s\u00ed est\u00e1 facultada para interponer la revisi\u00f3n en comento, pues como lo ha precisado esta magistratura en el pasado, \u00abdicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 (\u2026) de 2013, seg\u00fan el cual, [le] corresponde (\u2026) adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb; norma aquella que, adem\u00e1s, refrend\u00f3 su naturaleza jur\u00eddica de entidad adscrita al Ministerio de Hacienda (CSJ STC4114, 22 mar. 2018, rad. 00232-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3. Finalmente, dest\u00e1quese que el resguardo no procede, siquiera, como mecanismo transitorio, comoquiera que no se verifica la existencia de un perjuicio irremediable, como lo predic\u00f3 la impugnante, toda vez que, como lo ha precisado la Sala en casos similares: <\/p>\n
\u2026 la accionante esgrime que la queja tuitiva la present\u00f3 para evitar la ocurrencia de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, toda vez que el procedimiento del referido remedio hace que su definici\u00f3n no sea expedita, lo que prolonga en el tiempo la afectaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, de ah\u00ed que la problem\u00e1tica planteada deba solventarse en este escenario constitucional. <\/p>\n
No obstante, la ret\u00f3rica exhibida [por la UGPP] no diluye la \u00abexigencia de procedibilidad\u00bb echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se acredit\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedido\u2026, se ponga en \u00abgrave riesgo\u00bb el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad querellante hasta tanto pruebe, en aquel contexto jurisdiccional, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento patrio. (CSJ STC9548-2022). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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