STC1576-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1576-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00581-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, el Consejo Superior de la Judicatura y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00027. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relata que, la autoridad accionada desatendi\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 37 de la ley 472 de 1998, puesto que, luego de \u00ab9 meses, decide fallar\u00bb el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal en la acci\u00f3n popular radicado 2022-00027. <\/p>\n
Al respecto cuestiona que, \u00abno tiene sentido que la ley especial [\u2026] ordene t\u00e9rminos perentorios para tener un veredicto final, si estos se incumplen por el tutelado y, sin embargo, se exige su cumplimiento inexorable y estricto por parte de los actores populares\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, por un d\u00eda que pase despu\u00e9s del tiempo que otorga la ley para presentar apelaciones, aquellas se declaran extempor\u00e1neas, pero \u00abel tutelado desconoce el art\u00edculo 37 de la ley 472 de 1998 y simplemente debo resignarme a que solo yo cumpla t\u00e9rmino de tiempo que impone la ley\u00bb. <\/p>\n
Aduce que esta Corte ha destacado la importancia de la estricta observancia de los t\u00e9rminos procesales (cita la STC15220-2019), y que el accionado \u00abno gusta cumplir nunca los t\u00e9rminos de tiempo que le impone la ley [\u2026] y tampoco se da aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998\u00bb. Solicita finalmente la intervenci\u00f3n de la Procuradora General de la Naci\u00f3n en este amparo y para que presente \u00abacciones legales a mi nombre [\u2026] pues no soy abogado\u00bb <\/p>\n
3. Por lo anterior pretende que, se conceda la protecci\u00f3n al debido proceso y por lo tanto, \u00abse determine cu\u00e1nto tiempo contaba el tutelado para fallar, pues seg\u00fan la ley ten\u00eda 20 d\u00edas para ello (\u2026) se inste al tutelado aplicar art\u00edculo 84 de la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 (\u2026) se ordene una constancia secretarial de todas las etapas procesales realizadas [\u2026] a fin de probar la mora judicial (\u2026) se ordene la intervenci\u00f3n de la Procuradora Gral de la Naci\u00f3n a fin de que act\u00fae en mi amparo (\u2026) se oficie al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria a fin de que aporte copia digital de todas las quejas presentadas contra el accionado (\u2026) se me brinde copia aut\u00e9ntica de todo lo actuado a fin de que obre ante la Comisi\u00f3n Interamericana DDHH\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretar\u00eda de la Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira inform\u00f3 que, la acci\u00f3n popular que se menciona en la tutela \u2013 radicado 2022-00027 \u2013 corresponde a la promovida por Gerardo Herrera, con la coadyuvancia de Cotty Morales Caama\u00f1o, dirigida contra Leonor Duque R\u00edos, propietaria del establecimiento de comercio Unimovil, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, la Alcald\u00eda, la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y la Personer\u00eda Municipal de Santa Rosa de Cabal, y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. Aport\u00f3 el link de acceso al expediente digital de la referida actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El magistrado Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s, de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira precis\u00f3 que, en la acci\u00f3n popular con radicado 2022-00027, incoada por Gerardo Herrera, profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia el 6 de febrero de 2023 confirmando parcialmente la decisi\u00f3n del a quo y revoc\u00f3 el numeral 6\u00ba, \u00abpara en su lugar condenar a la demandada a pagar al accionante las costas procesales de la primera instancia\u00bb; adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que, con auto del 14 de febrero inadmiti\u00f3 el recurso propuesto por Cotty Morales, coadyuvante del actor popular; finalmente, agreg\u00f3 que, no incurri\u00f3 en \u00abviolaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por el se\u00f1or Mario Restrepo, puesto que se ha actuado conforme las normas que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en cuanto a los reproches que dirigi\u00f3 el tutelante contra esa entidad y su titular, sostuvo que, \u00aben calidad de ente de control, siempre ha estado presto a dar tr\u00e1mite a cada una de las solicitudes radicadas por los ciudadanos con el fin de dar orientaci\u00f3n para el disfrute y goce de sus derechos y las respuestas a las diferentes peticiones [\u2026] empero, en el presente caso, escapan de la \u00f3rbita funcional las circunstancias expuestas, cuando por dem\u00e1s, nunca han sido de conocimiento de esta Procuradur\u00eda\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles resalt\u00f3 que, en lo que tiene que ver con la solicitud del actor frente al Ministerio P\u00fablico a fin de que intervenga en su favor o promueva acciones en su nombre, este \u00abno acredit\u00f3 haber elevado tal petici\u00f3n, lo que descarta de plano que frente a este preciso pedimento se cumpla el presupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
5. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial por intermedio de su presidenta, indic\u00f3 que, en el sistema de consulta judicial no se advierte proceso disciplinario que haya promovido el gestor del amparo contra el magistrado accionado, sin embargo, comoquiera que en la presente acci\u00f3n de tutela se cuestiona una posible mora del citado funcionario, \u00abesta presidencia someter\u00e1 a reparto la aludida queja, para ejercer la potestad disciplinaria a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, sin pronunciarse sobre las pretensiones de esta tutela, alleg\u00f3 copia digital del cuadro de control o acta de audiencia de pacto de cumplimiento llevada a cabo el 25 de marzo de 2022 dentro de la acci\u00f3n popular con radicado n\u00ba 66682-31-13-001-2022-00027-00, accionante: Gerardo Herrera, accionada: Leonor Duque R\u00edos, propietaria establecimiento de comercio Unimovil Plus. <\/p>\n
7. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y el Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de sus respectivos presidentes, solicitaron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar en la medida en que, no han vulnerado los derechos fundamentales del gestor pues, no son las llamadas a responder por las reclamaciones y cuestionamientos que aqu\u00e9l formula. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el precursor de la salvaguarda est\u00e1 legitimado para interponerla y, en caso de superarse lo anterior, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa reclamada por el accionante, al incurrir, supuestamente, en mora judicial por desatender el t\u00e9rmino previsto legalmente para resolver la segunda instancia de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00027. <\/p>\n
2. La legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2.1. M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo podr\u00e1 ser ejercido \u00aben todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido con inter\u00e9s en la misma o, s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
2.2. Revisado el tr\u00e1mite surtido, se establece que el aqu\u00ed accionante no est\u00e1 facultado para formular las pretensiones invocadas a trav\u00e9s de la presente tutela, ya que la acci\u00f3n popular objeto de su reproche, identificada con el radicado 66682-31-03-001-2022-00027-01 fue incoada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos y, como bien puede constatarse del expediente digital aportado por la secretar\u00eda de la colegiatura acusada, Mario Alberto Restrepo Zapata no fue sujeto procesal dentro de la misma, pues ni siquiera intervino en ella en la condici\u00f3n de coadyuvante (en esa calidad actu\u00f3 la se\u00f1ora Cotty Morales Caama\u00f1o), luego, es evidente que carece de inter\u00e9s leg\u00edtimo respecto de aqu\u00e9l pleito. <\/p>\n
En suma, de acuerdo con la jurisprudencia en cita, la facultad para refutar o cuestionar el referido tr\u00e1mite est\u00e1 reservada exclusivamente para las partes o terceros reconocidos en dicho litigio, condici\u00f3n que, se reitera, el gestor del amparo no detenta. Sobre el particular, esta Sala tambi\u00e9n dijo que: <\/p>\n
\u00ab[E]n el promotor del amparo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
(\u2026) En el sub lite, es claro el fracaso de la salvaguarda porque del relato del [tutelista] y de las evidencias adosadas a este expediente, emerge que \u00e9l no particip\u00f3 en el pleito denunciado en ninguna de las dos se\u00f1aladas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para reprochar por esta v\u00eda las decisiones all\u00ed adoptadas\u00bb (CSJ STC, 14 nov. 2013, rad. 02643-00, reiterada en STC21436-2017, 14 dic. 2017, rad. 03445-00; STC4001-2018, 22 mar. 2018, rad. 00041-01 y STC15343-2018, 23 nov. 2018, rad. 00890-01, entre otras). <\/p>\n
3. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
3.1. Finalmente, la Sala se abstendr\u00e1 de pronunciarse respecto a la pretensi\u00f3n que involucra a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y su titular, de quien el precursor del amparo reclam\u00f3 su intervenci\u00f3n para que eleve \u00abacciones en su nombre\u00bb y d\u00e9 aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998 contra la magistratura aqu\u00ed accionada, por el presunto incumplimiento de los t\u00e9rminos legales, pues, como qued\u00f3 establecido, el citado libelista carece de legitimaci\u00f3n para ello, al no haber hecho parte del juicio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, sobre la petici\u00f3n al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial a fin de que aporten copias de todas las quejas que ha presentado contra el funcionario tutelado \u2013 magistrado Edder Jmmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s \u2013 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, basta se\u00f1alar que el promotor no acredit\u00f3 haber dirigido pedimento alguno a las mencionadas corporaciones en ese sentido; motivo por el cual, dicho planteamiento no puede ser atendido en este escenario, dado su resaltado car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
3.3. De la solicitud de copias de esta acci\u00f3n de tutela, en cumplimiento de la labor habitual de notificaci\u00f3n en estos tr\u00e1mites, por secretar\u00eda de la Sala, se le remitir\u00e1 lo pedido al correo electr\u00f3nico suministrado por el interesado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, ser\u00e1 la negativa de la protecci\u00f3n pedida porque: <\/p>\n
El aqu\u00ed accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las actuaciones surtidas al interior de la acci\u00f3n popular radicado n\u00ba 2022-00027, en la que no se encuentra reconocido ni como coadyuvante de quien all\u00ed funge como actor ni en ninguna de las calidades procesales que eventualmente lo habiliten para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Env\u00edese copia del expediente de la presente tutela al correo electr\u00f3nico que proporcion\u00f3 el convocante para recibir notificaciones. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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