STC1577-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1577-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02065-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -U.G.P.P. \u2013 le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 11001 31 05 025 2017 00242 y 126851. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura acusada \u00abDEJAR sin efectos las sentencia[s] del 27 de junio de 2019, 25 de julio de 2019 y del 28 de marzo de 2022\u00bb y, en consecuencia, procediera a \u00abdictar una nueva (\u2026), en la cual se case la decisi\u00f3n del 25 de julio de 2019 y, en consecuencia, se ordene la revocatoria del fallo del 27 de junio de 2019 y en su lugar nieguen las pretensiones de la demanda (\u2026)\u06de. <\/p>\n
De manera subsidiaria, implor\u00f3 suspender los efectos de esos prove\u00eddos \u00abhasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
En compendio relat\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 RDP 002435 de 26 de enero de 2017 neg\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a Jos\u00e9 Vicente Arrieta Arrieta, quien prest\u00f3 sus servicios a la Caja Agraria desde el 15 de enero de 1979 hasta el 27 de junio de 1999, tras estimar que \u00abaun cuando ya ten\u00eda acreditados los 20 a\u00f1os de servicios\u00bb, no demostr\u00f3 haber cumplido 55 a\u00f1os de edad para el 31 de julio de 2010, ya que s\u00f3lo contaba con 49 a\u00f1os. <\/p>\n
Indic\u00f3 que Arrieta Arrieta la demand\u00f3 para obtener la \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999 y la primera instancia accedi\u00f3 a las pretensiones y le otorg\u00f3 tal prestaci\u00f3n a partir del 18 de marzo de 2016, en cuant\u00eda inicial de $2.346.771,24 (27 jun. 2019), determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el superior, reconoci\u00e9ndole adem\u00e1s, la mesada catorce (25 jul.), al paso que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no quebr\u00f3 la de \u00e9ste (SL1056, 28 mar. 2022). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico, material, violaci\u00f3n de la constituci\u00f3n, desconocimiento del precedente y abuso del derecho\u00bb, debido a que los juzgadores pasaron por alto: <\/p>\n
2. Que se reconoci\u00f3 la aludida \u00abpensi\u00f3n\u00bb sin que se cumplieran los requisitos previstos en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1988-1999 suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria \u2013 SINTRACREDITARIO -, esto es, 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os de edad dentro de la vigencia del acuerdo (31 jul. 2010), seg\u00fan lo consagrado en el Acto Legislativo 1 de 2005 y la SU-555 de 2014. <\/p>\n
Ello, en raz\u00f3n a que, si bien es cierto, el extrabajador acredit\u00f3 20 a\u00f1os de labores p\u00fablicas antes de dicha data, tambi\u00e9n lo es que, alcanz\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os cuando ya estaba vencido el acuerdo de trabajo (18 mar. 2016). <\/p>\n
b) El presupuesto de la \u00abedad no es de mera exigibilidad sino de causaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c) Que el demandante no satisfizo las exigencias establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2005 para ser beneficiario de la mesada 14, en atenci\u00f3n a que la \u00abprestaci\u00f3n\u00bb no se caus\u00f3 antes de 31 de julio de 2011 y, adem\u00e1s, supera los 3 s.m.l.m.v. <\/p>\n
d) \u00ab[Q]ue la pensi\u00f3n convencional tiene la naturaleza de ser compartida con la pensi\u00f3n de vejez que sea reconocida por Colpensiones, por lo que La UGPP NO debe asumir el pago del 100%, de manera vitalicia de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026), en raz\u00f3n a que (\u2026) s\u00f3lo debe reconocer y pagar los mayores valores que se originen entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026) y la pensi\u00f3n de vejez (\u2026) una vez se efect\u00fae el reconocimiento por parte de [Colpensiones]\u00bb; \u00abcompartibilidad pensional\u00bb que opera por ministerio de la ley y, deb\u00eda ser declarada al verificarse que el actor es cotizante de Colpensiones y tiene vocaci\u00f3n de percibir una \u00abpensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
e) Que con sus providencias se est\u00e1 causando un \u00abperjuicio irremediable\u00bb al erario p\u00fablico, as\u00ed como la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones. <\/p>\n
2.- El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 narr\u00f3 lo surtido en el juicio controvertido y destac\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Jos\u00e9 Vicente Arrieta Arrieta se opuso al amparo porque \u00abno cumple el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral precis\u00f3 que: i) No desconoci\u00f3 el precedente \u00aben lo atinente a la edad del servidor\u00bb, ya que las sentencias SL526-2018 y SL3438-2021 predicaron que \u00abno constituye presupuesto para la estructuraci\u00f3n del derecho, sino, que es un requisito para el goce efectivo de la prestaci\u00f3n, la cual se materializa, (\u2026) con el cumplimiento de los a\u00f1os al servicio de la entidad\u00bb; ii) La mesada catorce \u00abse caus\u00f3 antes de entrar en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, reforma constitucional que produjo efectos hacia el futuro\u00bb; y, iii) La \u00abcompartibilidad\u00bb no fue objeto de discusi\u00f3n en sede de casaci\u00f3n y, \u00absi la demandante (\u2026) estima que hubo una omisi\u00f3n en este tema, bien pudo pedir que se adicionase la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, toda vez que la precursora cuenta con la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003) y, no se evidencia que los veredictos cuestionados estructuren un \u00ababuso del derecho\u00bb ni, que las condenas impuestas configuren un perjuicio irremediable, en vista que no corresponden a \u00abuna cifra exageradamente alta que pueda llegar a poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del sistema pensional\u00bb. <\/p>\n
4.- La UGPP impugn\u00f3, enfatizando que la \u00abrevisi\u00f3n no era eficaz (\u2026) para evitar un grave perjuicio al erario p\u00fablico pues (\u2026) debido a sus ritualidades procesales no evita la configuraci\u00f3n de la grave afectaci\u00f3n al Sistema Pensional por el pago mes a mes de la prestaci\u00f3n convencional sin derecho a ella junto al pago de la mesada 14 y sin aplicar la figura de la compartibilidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, muy pronto se anuncia la convalidaci\u00f3n del \u00abfallo\u00bb de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Lo que busca la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -U.G.P.P.- concretamente, es que se dejen sin efectos las sentencias expedidas el 27 de junio de 2019, 25 de julio de 2019 y 28 de marzo de 2022 (SL1056), que le ordenaron reconocer y pagar a Jos\u00e9 Vicente Arrieta Arrieta pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n de conformidad con el canon 41 par\u00e1grafo 1\u00b0 de la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario de 1998- 1999, m\u00e1s la mesada catorce y, consiguientemente, se dicte una nueva que \u00abdesestime\u00bb los anhelos del extrabajador. Subsidiariamente, anhela que se suspendan los efectos de las referidas decesiones hasta que se resuelva la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, lo que vislumbra la Sala es que la quejosa no ha hecho uso de la herramienta que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed suplica, esto es, la denominada acci\u00f3n de \u00abRevisi\u00f3n de reconocimiento de sumas peri\u00f3dicas a cargo del Tesoro P\u00fablico o de Fondos de Naturaleza P\u00fablica\u00bb estatuida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, y que es viable en estos casos seg\u00fan lo han explicado la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y esta misma Colegiatura (SL351-2018, SL3276-2018, STC6597-2021, STC7862-2022, STC6022-2022, STC5774-2022, STC9548-2022, entre otros), raz\u00f3n por la que, hasta que no se agote el rese\u00f1ado medio de contradicci\u00f3n, no pueda acudirse a esta exclusiva v\u00eda. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido al respecto, que: <\/p>\n
(\u2026) [E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC6904-2020, STC9022-2021, STC5391-2022, STC6808-2022, entre otras). <\/p>\n
No obstante, la ret\u00f3rica exhibida no diluye la \u00abexigencia de procedibilidad\u00bb echada de menos, puesto que no se demostr\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada pensional, el retroactivo y la idexaci\u00f3n\u00bb concedidos a Arrieta Arrieta, se ponga en \u00abgrave riesgo\u00bb el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar hasta tanto pruebe, en aquel contexto jurisdiccional, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento patrio. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, en lo relativo a la \u00abcompartibilidad pensional\u00bb, que la UGPP opina debi\u00f3 decretase por los falladores reprochados, quienes, resalt\u00f3, guardaron silencio a pesar que dicha figura jur\u00eddica \u00abopera por ministerio de la ley\u00bb, se vislumbra que aquella no requiri\u00f3 la adici\u00f3n de las resoluciones refutadas en tal sentido, de conformidad con el canon 287 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De modo que, la querellante tuvo la oportunidad de exhibir ante los iudex cognoscentes la inconformidad que ahora trae a este sendero \u00abexcepcional\u00bb, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 fenecer la posibilidad de exigir un pronunciamiento en torno a la \u00abcompartibilidad de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con la de vejez\u00bb. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n por haber desaprovechado ese instrumento. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala tiene dicho que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) (STC6663-2018, citada en STC6916-2020). <\/p>\n
Ello, en virtud a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020). <\/p>\n
2.- Lo discurrido conlleva a acompa\u00f1ar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1577-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1577-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02065-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}