STC1580-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1580-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00573-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Graciela L\u00f3pez Delgado contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2019-00096. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, m\u00ednimo vital, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abconvivi\u00f3 desde el 22 de septiembre de 1977 con H\u00e9ctor Rivera Jaimes, [quien] durante su convivencia, adquiri\u00f3 mediante negocio jur\u00eddico el predio denominado Villa Estella (antes Buenos Aires y Los Alpes) identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 303-29978 (\u2026), efectuado a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica (\u2026) del 23 de enero de 2003 (\u2026) a Maria del Carmen, Azucena y Juan Carlos Cala Sarmiento una vez fue adjudicada la sucesi\u00f3n de estos en 2001, [y] desde entonces residieron en el predio, trabajando el campo, viviendo de este y efectuando otros negocios jur\u00eddicos derivados del mismo\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 15 de marzo de 2015, H\u00e9ctor Rivera Jaimes y Graciela L\u00f3pez Delgado suscribieron acta de conciliaci\u00f3n de liquidaci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho, en la cual acordaron liquidar el bien [en comento], \u201cy atendiendo que H\u00e9ctor Rivera Jaimes aparece como \u00fanico propietario, se firmar\u00e1 promesa de compraventa [en la que] se garantiza su cumplimiento conforme a las cl\u00e1usulas consignadas en el documento, y de igual manera [ella] se compromete a renunciar a cualquier demanda (\u2026) contra Rivera Jaimes (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben vista del incumplimiento a acuerdo mencionado en el punto anterior, (\u2026) el 27 de junio de 2016 se registra en el certificado de libertad y tradici\u00f3n que identifica el predio (\u2026) oficio del Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga (\u2026) demanda en proceso ordinario uni\u00f3n marital de hecho 2016-205. En consecuencia, el 21 de febrero de 2017 (\u2026) se emiti\u00f3 fallo (\u2026), declarando que entre los se\u00f1ores H\u00e9ctor Rivera Jaimes y Graciela L\u00f3pez Delgado, existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho desde junio de 1998 hasta junio de 2016, igualmente declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad patrimonial por ellos formada\u00bb, y aunque \u00abha venido ejerciendo posesi\u00f3n sobre el terreno adjudicado sin poder realizar la escritura p\u00fablica por cuenta del gravamen hipotecario que pesaba sobre el mismo\u00bb. <\/p>\n
Que dicho predio \u00abfue objeto de solicitud de inclusi\u00f3n en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, por parte de Juan Carlos, Azucena y Maria del Pilar Cala Sarmiento, proceso que se encuentra estipulado en la Ley 1448 del 2011 y decretos reglamentarios, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja (rad. 2019-00096-00), quienes a trav\u00e9s de apoderada judicial por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente solicitaron declarar la inexistencia de los negocios jur\u00eddicos celebrados entre los hermanos Cala Sarmiento y los se\u00f1ores H\u00e9ctor Rivera Jaimes y Luis Francisco Dur\u00e1n Murillo, arguyendo que fueron despojados del predio a trav\u00e9s del negocio de venta celebrado entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Que mediante sentencia proferida por la sala enjuiciada el 9 de agosto de 2022, se ampar\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n de tierras deprecado por los demandantes, declarando \u00abimpr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada por H\u00e9ctor Rivera Jaimes y M\u00e1ximo Hermosa Pati\u00f1o [y] no acreditada la buena fe exenta de culpa invocada por estos y el Banco Agrario (\u2026), por lo que no hay lugar a reconocer compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011\u00bb, y tanto a ellos como a sus familiares, tampoco se les reconoci\u00f3 mejoras ni la calidad de segundos ocupantes. De igual modo, se declar\u00f3 \u00abla inexistencia del negocio celebrado entre los solicitantes y H\u00e9ctor Rivera y Luis Francisco Dur\u00e1n\u00bb, as\u00ed como las posteriores negociones relacionadas con dicho bien. <\/p>\n
Que dentro del juicio en cuesti\u00f3n \u00abno se realiz\u00f3 inspecci\u00f3n judicial alguna ni por el Juzgado que sustanci\u00f3 el proceso ni por el ente fallador en la cual se corroborara la existencia de m\u00e1s de dos habitantes dentro del predio objeto de la reclamaci\u00f3n, tampoco dentro de la etapa administrativa la UAEGRTD en la caracterizaci\u00f3n se mencionan otros posibles opositores (\u2026), siendo mi predio f\u00e1cil de identificar por la edificaci\u00f3n que es posible observar desde la casa del se\u00f1or H\u00e9ctor Rivera Jaimes (\u2026), mucho menos me notificaron cuando el proceso en menci\u00f3n lleg\u00f3 a etapa judicial [a fin de que] los ocupantes, poseedores o propietarios actuales (\u2026) se hagan pagar e intervengan haciendo valer sus derechos dentro de este proceso y aporten las pruebas que se tengan para probar la buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n de las tierras\u00bb. <\/p>\n
Que \u00ablo anterior vulnera mis derechos a la defensa y la contradicci\u00f3n ya que el proceso sigui\u00f3 sin la posibilidad de oponerme tanto en la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras como en el Juzgado y en el Tribunal (\u2026), por lo cual estoy al borde de perder el lugar donde vivo junto con mi n\u00facleo familiar y no hay otros medios a los cuales acudir para proteger mi derecho a la vivienda digna [y pese a las acciones de tutela interpuestas por otros interesaos] y una visita por parte de profesionales de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras en el mes de diciembre de 2022, para caracterizar a todos los que de alguna manera tienen actualmente relaci\u00f3n con el predio (\u2026), se program\u00f3 nueva fecha de diligencia de entrega para el 09 de febrero [de 2023], la cual a petici\u00f3n de la abogada de la URT se aplaz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene \u00abdejar sin los efectos la valoraci\u00f3n probatoria realizada en la sentencia [proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta el 9 de agosto de 2022], para que en su lugar se profiera un nuevo fallo que valore integralmente y bajo las reglas de la sana critica la totalidad de las pruebas obrantes en el plenario, espec\u00edficamente en lo relacionado con la buena fe exenta de culpa y el principio fundamental del non bis in \u00eddem, de conformidad con la sentencia C-327\/20\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada, defendi\u00f3 la postura asumida dentro del asunto criticado, se\u00f1alando que, \u00abal margen de que la ac\u00e1 accionante] carece de legitimaci\u00f3n [en tanto] no actu\u00f3 como opositora y tampoco se le reconoci\u00f3 como tercero con inter\u00e9s\u00bb, lo que ahora persigue es \u00abrevivir oportunidades para intervenir [cuando] ya oper\u00f3 el principio de preclusi\u00f3n procesal\u00bb, y tampoco se dan las exigencias para la procedencia del amparo contra providencias judiciales por inexistencia de yerro espec\u00edfico alguno. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n e Tierras de Barrancabermeja, se\u00f1al\u00f3 que la actuaci\u00f3n surtida dentro del juicio censurado por la accionante, se ajust\u00f3 a derecho, en tanto \u00abse realizaron las notificaciones pertinentes a los titulares de derechos reales del predio pretendido, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes seg\u00fan la necesidad de las mismas en el proceso, y se practicaron las mismas con el fin \u00fanico de garantizar los derechos fundamentales de los intervinientes en el asunto\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 12 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, luego de resumir la actuaci\u00f3n procesal y destacar sus intervenciones como agente del Ministerio P\u00fablico, concluy\u00f3 que la \u00abcalidad de opositora (o segunda ocupante) [de la accionante] no fue acreditada [y que], contrario a lo afirmado [por ella], su presunta exclusi\u00f3n como parte en el proceso de restituci\u00f3n de tierras no obedecer\u00eda a una omisi\u00f3n de la UAEGRTD – desvirtuada seg\u00fan se anot\u00f3 \u2013 sino del se\u00f1or H\u00e9ctor Rivera Jaimes, quien le habr\u00eda [prometido vender] una porci\u00f3n del terreno del que era propietario, sin segregarlo del predio de mayor extensi\u00f3n con la excusa del gravamen hipotecario que pesaba sobre el mismo\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, tras enunciar sus funciones conforme a \u00abla Ley 1448 de 2011 y los Decretos 4800 y 4802 de 2011 y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb, asever\u00f3 que \u00abno existe legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que la competencia para resolver lo solicitado que es dejar sin efectos decisiones emitidas por los operadores judiciales, no se encuentra en cabeza de [esa entidad]\u00bb. <\/p>\n
5. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD, tras un extenso pronunciamiento concluy\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque los hechos demandados no aluden con acciones u omisiones administrativas acaecidas por esta entidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente reclamaci\u00f3n satisface el requisito general de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, al adelantar y finiquitar mediante sentencia el proceso radicado bajo el n\u00b0 \u00b0 2019-00096. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha determinado los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia del resguardo implorado, toda vez que desatiende el esencial presupuesto general de la subsidiariedad, habida cuenta la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien la accionante no fungi\u00f3 como parte, litisconsorte ni tercera reconocida dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras al cual le endilga irregularidades en el proferimiento del fallo estimatorio de pretensiones, y por tanto no estaba llamada a refutar lo actuado al interior de dicho pleito, el impedimento de procedibilidad en comento surge ante la posibilidad de remediar la supuesta omisi\u00f3n del juzgador al no haberla vinculado al tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
En efecto, al no haberse propiciado ese debate dentro del litigio y a\u00fan poderse plantear ante los jueces de instancia, no es dable anticipar la intervenci\u00f3n del juez de la salvaguarda, pues, recu\u00e9rdese que al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que solo es viable cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice no acontece. <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n tutelar en las condiciones que acaban de describirse, la decantada jurisprudencia ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
Del mismo modo, recu\u00e9rdese que en raz\u00f3n al car\u00e1cter previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas judiciales de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de los dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco se otorgar\u00e1 el resguardo como mecanismo transitorio, porque aunado a que no hay reproche acerca de la aptitud de los instrumentos defensivos a los que a\u00fan puede acudir la demandante, no prob\u00f3 estar frente a un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC8801-2021, 15 jul., rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
N\u00f3tese que, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en este asunto esas circunstancias y elementos determinantes no fueron demostrados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo explicado, se declarar\u00e1 la improcedencia del auxilio, habida cuenta que existen otros medios de defensa judicial para que la parte actora procure solucionar lo que motiva su reclamaci\u00f3n, y porque no acredit\u00f3 la conexidad de un posible riesgo cierto e inminente de las prerrogativas invocadas que habilite su concesi\u00f3n transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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