STC1582-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1582-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02260-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Andr\u00e9s V\u00e9lez C\u00e1rdenas contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae que, el accionante cumple una pena de 192 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal violento agravado con menor de 14 a\u00f1os\u00bb, cuya vigilancia se encuentra a cargo del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Quibd\u00f3. <\/p>\n
Ante el referido despacho, el ac\u00e1 actor solicit\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio administrativo de salida del penal \u2013 sin vigilancia \u2013 por 15 d\u00edas, contemplado en el art\u00edculo 147A del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario. <\/p>\n
El juzgado de ejecuci\u00f3n mediante auto del 10 de marzo de 2021 neg\u00f3 dicha pretensi\u00f3n, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial con proferimiento del 19 de agosto de esa misma anualidad. Las citadas autoridades denegaron el beneficio requerido en virtud de la expresa prohibici\u00f3n legal que opera respecto de los delitos cometidos contra menores de edad. <\/p>\n
No obstante, el gestor del amparo afirm\u00f3 cumplir con todos los requisitos que prev\u00e9 la norma, esto es, \u00abhaber observado buena conducta en el centro de reclusi\u00f3n (\u2026) haber cumplido al menos las 4\/5 partes de la condena; no tener orden de captura vigente (\u2026) haber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante el periodo de reclusi\u00f3n (\u2026)\u00bb, ya que ha descontado m\u00e1s de 10 a\u00f1os de la sanci\u00f3n punitiva que le fue impuesta y su comportamiento en reclusi\u00f3n ha sido \u00abejemplar\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, le \u00absea otorgado el permiso de 15 d\u00edas sin vigilancia pues cumplo con todos los requisitos exigidos por la ley 65 de 1993, art\u00edculo 147A [\u2026] jam\u00e1s dicha ley y los requisitos que all\u00ed figuran, reza sobre ning\u00fan tipo de subrogado penal (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Quibd\u00f3 defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 en el sentido de negar el permiso solicitado por V\u00e9lez C\u00e1rdenas, en consideraci\u00f3n de lo dispuesto en el canon 199 de la ley 1098 de 2006. Agreg\u00f3 que, en todo caso, la demanda tutelar no satisface el requisito de procedibilidad de la inmediatez, por lo que debe desestimarse. <\/p>\n
2. Una magistrada del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, en el mismo sentido, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, por cuanto \u00abel requisito de la inmediatez se incumple frente al auto proferido por esta corporaci\u00f3n por cuanto el mismo data del 19 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la tutela al concluir que la misma desatiende el par\u00e1metro de la inmediatez, por cuanto, la \u00faltima de las decisiones atacadas es la proferida el 19 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3; \u00ab(\u2026) siendo as\u00ed, la parte accionante tard\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o en acudir al presente tr\u00e1mite constitucional, lo cual supera lo que es considerado como plazo razonable por esta Sala\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante quien refut\u00f3 el criterio aplicado por la Sala a quo para desestimar el resguardo, pues aleg\u00f3 que aqu\u00e9l \u00abse puede dar por superado [\u2026] m\u00e1s a\u00fan cuando se presenta defecto f\u00e1ctico (sic) esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se bas\u00f3 el juez para aplicar una determinada norma, es absolutamente inadecuado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el actor al denegarle el permiso administrativo de salida por 15 d\u00edas sin vigilancia por fuera del centro penitenciario, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 147A de la ley 65 de 1993, desconociendo, supuestamente, que cumple con la totalidad de los requisitos previstos en dicha norma. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que hace el actor no atiende el postulado que viene de comentarse ya que, el auto de segunda instancia que confirm\u00f3 la negativa del beneficio punitivo deprecado fue proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 el 19 de agosto de 2021, mientras que este auxilio se radic\u00f3 el 20 de octubre de 2022, esto es, superando con amplitud el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.3. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, al no advertirse la concurrencia de alguno de los rese\u00f1ados eximentes del presupuesto destacado, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda emerge como criterio suficiente que conduce indefectiblemente a su desestimaci\u00f3n, motivo por el cual no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de ese requisito. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone ratificar la negativa del amparo porque: <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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