STC1583-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1583-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02642-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de enero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Calamar Constructora de Obras S.A.S. en reorganizaci\u00f3n le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades – Delegada para Procedimientos de Insolvencia -, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 48461. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad querellante, obrando a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la guarda del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que: <\/p>\n
\u00abi) Se declare que la Superintendencia de Sociedades incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y defecto f\u00e1ctico en el curso de la audiencia celebrada el 2 de noviembre de 2022 al no aplicar correctamente lo dispuesto por el numeral 3 del art\u00edculo 69 de la Ley 1116 de 2006 y al no valorar razonadamente el acervo probatorio aportado al proceso. <\/p>\n
ii) Ordenar a la accionada que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir del fallo de tutela, proceda a revocar y, en consecuencia, postergar los cr\u00e9ditos de los se\u00f1ores Mar\u00eda Amparo Montoya de S\u00e1nchez, Andrea Henao Mart\u00ednez, Camilo Tob\u00f3n Bustamante, Raquel Mart\u00ednez Restrepo, Silvia Villegas Palacios y Luis Fernando Lopera, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3 del art\u00edculo 69 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
iii) Subsidiariamente, en caso de no acceder a lo solicitado, solicito (sic) ordenar a la Superintendencia, que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 48 horas, contados a partir del fallo de tutela que tutele (sic), proceda a proferir nueva providencia de acuerdo a las consideraciones que para el efecto se dicten en este fallo, sobre la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 3 del art\u00edculo 69 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que la Superintendencia de Sociedades en el incidente promovido contra los acreedores Raquel Mart\u00ednez Restrepo, Camilo Tob\u00f3n Bustamante, Silvia Villegas Palacio, Mar\u00eda Amparo Montoya de S\u00e1nchez, Lu\u00eds Fernando Lopera Guevara y Andrea Henao Mart\u00ednez no accedi\u00f3 a la solicitud que le elev\u00f3, tendiente a la \u00abpostergaci\u00f3n del cr\u00e9dito por incumplimiento a las \u00f3rdenes legales y judiciales\u00bb, al estimar que \u00absi bien se intent\u00f3 un pago por propia cuenta de los incidentados, se debe garantizar sus derechos fundamentales en este caso concreto\u00bb (2 nov. 2022), determinaci\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume en la misma audiencia. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, tal pronunciamiento lesiona sus privilegios supralegales, puesto que \u00abse incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto\u00bb, en tanto \u00aba pesar de demostrarse y de reconocer las conductas contrarias al r\u00e9gimen de insolvencia y del proceso de reorganizaci\u00f3n por parte de los incidentados; conductas ocasionadas por la presentaci\u00f3n de dos procesos ejecutivos en su contra, los cuales obtuvieron inclusive el embargo de inmuebles, la Superintendencia no procedi\u00f3 con la sanci\u00f3n del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 69 de la Ley 1116 de 2006, esto es, la postergaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos al intentar cobrar por su propia cuenta a trav\u00e9s de esos procesos obligaciones propias del concurso\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que tambi\u00e9n \u00abse present\u00f3 defecto f\u00e1ctico\u00bb, porque \u00abapreci\u00f3 err\u00f3neamente su mismo auto de 8 de junio de 2017 que modific\u00f3 la prelaci\u00f3n legal de los citados acreedores por la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicado 14-116247 que interpusieron en su contra y otros, pues, no accedi\u00f3 a la postergaci\u00f3n al ver la importancia de dar cumplimiento al auto del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de 7 de septiembre de 2016 pese a que en ese auto de 8 de junio de 2017, orden\u00f3 para armonizar el cumplimiento de la providencia del Tribunal, flexibilizar la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de dichas personas y en consecuencia incluirlas como acreedores de primera clase, orden que fue acatada y que ocasion\u00f3 se reitera, la reforma del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, por lo que la decisi\u00f3n de no aplicar la sanci\u00f3n a esos acreedores resulta contraria y origina que no tenga garant\u00eda frente a la totalidad de los dem\u00e1s acreedores de que ante la comisi\u00f3n de conductas contrarias al acuerdo de reorganizaci\u00f3n, no se imponga sanci\u00f3n por parte del juez del concurso\u00bb. <\/p>\n
2.- El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia se opuso a la salvaguarda, ya que \u00abno debe olvidar la accionante que los incidentados tienen la calidad de beneficiarios de \u00e1rea y, por esto, se asimilan a promitentes compradores de vivienda, por lo que el juez del concurso debe garantizar que durante el desarrollo del asunto de insolvencia se respeten sus derechos fundamentales a la vivienda, a la vida digna y al m\u00ednimo vital con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Bogot\u00e1 emitida en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor instaurada por dichas personas contra la actora y otras sociedades donde se les conden\u00f3 solidariamente al pago de los perjuicios derivados de la informaci\u00f3n enga\u00f1osa de la que fueron objeto\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que por lo anterior, \u00abdecidi\u00f3 hacer una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del numeral 3 del art. 69, pues, aunque encontr\u00f3 que los acreedores hab\u00edan incurrido en esa falta, decidi\u00f3 imponer una multa, con el fin de no atentar sus derechos fundamentales ya que la postergaci\u00f3n resultaba excesiva\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abninguno de los acreedores logr\u00f3 efectivamente cobrar sus cr\u00e9ditos a trav\u00e9s de esos ejecutivos, ya que en uno de ellos se neg\u00f3 el mandamiento ejecutivo y en el otro se decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado previamente al remitir el proceso a esta dependencia, por lo que no se concret\u00f3 el da\u00f1o de la sociedad accionante, raz\u00f3n que conllev\u00f3 a que decidiera imponer una sanci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la realidad del caso, acudiendo al principio de proporcionalidad de las sanciones\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3 que conoci\u00f3 el coercitivo de mayor cuant\u00eda n.\u00b0 2018-00451-00 donde libr\u00f3 mandamiento ejecutivo y, luego, el 2 de agosto de 2019 decret\u00f3 su invalidez y remiti\u00f3 el expediente a la Superintendencia de Sociedades \u00abde conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 20 inciso 1\u00ba de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
El Quince Civil del Circuito de esa localidad manifest\u00f3 que \u00abtramit\u00f3 proceso ejecutivo en contra de la accionante con radicado 2017-00062-00 en el que el 18 de abril de 2017 neg\u00f3 el mandamiento ejecutivo, decisi\u00f3n que fue confirmada por el superior y actualmente el asunto se encuentra archivado\u00bb. <\/p>\n
La liquidadora de Alsacia Constructora de Obras S.A. en liquidaci\u00f3n rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Raquel Mart\u00ednez Restrepo, Camilo Tob\u00f3n Bustamante, Silvia Villegas Palacio, Mar\u00eda Amparo Montoya de S\u00e1nchez, Lu\u00eds Fernando Lopera Guevara y Andrea Henao Mart\u00ednez refirieron que \u00abla acci\u00f3n de tutela se est\u00e1 utilizando de forma dilatoria, al ser presentada justo el d\u00eda del vencimiento del plazo que le hab\u00eda otorgado la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la ayuda porque la resoluci\u00f3n criticada no se aprecia irrazonable, dado que est\u00e1 soportada en el an\u00e1lisis de las pruebas aportadas y las normas que rigen la materia. <\/p>\n
Recurri\u00f3 la precursora reiterando sus planteamientos inaugurales, agregando, que no se tuvo en cuenta \u00abcu\u00e1ndo hablamos de una potestad discrecional por parte de la accionada y cu\u00e1ndo de arbitrariedad\u00bb y, que \u00absi ya los compradores de vivienda tienen una posici\u00f3n de m\u00e1ximo privilegio en la reorganizaci\u00f3n, siendo una acreencia de primera categor\u00eda, \u00bfexiste m\u00e9rito para que muy a pesar de la salvaguarda constitucional que se les dio a sus derechos, se promuevan acciones ejecutivas en contra del deudor, afectando sus bienes, que a su vez son la prenda general de los dem\u00e1s acreedores? \u00bfAcaso, este tipo de actuar no resulta abusivo por parte de los actores y violatorio de los derechos de los dem\u00e1s acreedores, intentar pagarse por su propia cuenta, en una fecha anterior a la fijada para el pago en la reorganizaci\u00f3n? En ese orden, \u00bfno se aparta entonces del cumplimiento y aplicaci\u00f3n de la Ley especial y protecci\u00f3n de los derechos de los cuales son sujetos los consumidores de vivienda, no impone las sanciones legales pertinentes, m\u00e1xime, que los consumidores de vivienda abusaron de su derecho?\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub j\u00fadice, de entrada, se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque en la providencia dictada por la Superintendencia de Sociedades que \u00abno accedi\u00f3 a la solicitud de postergaci\u00f3n del cr\u00e9dito de los acreedores Raquel Mart\u00ednez Restrepo, Camilo Tob\u00f3n Bustamante, Silvia Villegas Palacio, Mar\u00eda Amparo Montoya de S\u00e1nchez, Lu\u00eds Fernando Lopera Guevara y Andrea Henao Mart\u00ednez\u00bb, se expusieron las razones para adoptar tal disposici\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto para arribar a dicha conclusi\u00f3n, esgrimi\u00f3 preliminarmente, que el problema jur\u00eddico sometido a discernimiento se centrar\u00eda en dilucidar, \u00absi los cr\u00e9ditos a favor de los se\u00f1ores Raquel Mart\u00ednez Restrepo, Camilo Tob\u00f3n Bustamante, Silvia Villegas Palacio, Mar\u00eda Amparo Montoya de S\u00e1nchez, Lu\u00eds Fernando Lopera Guevara y Andrea Henao Mart\u00ednez son sujetos de postergaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 69 de la Ley 1116 de 2006, al ser cr\u00e9ditos reconocidos como primera clase dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad Calamar Constructores e intentarse pagar por fuera del proceso concursal\u00bb (audiencia minuto 30:38 a 31:25). <\/p>\n
A partir de all\u00ed, explic\u00f3: <\/p>\n
Dentro del expediente como ya se ha resaltado, est\u00e1 m\u00e1s que probado que las obligaciones en favor de los incidentados no corresponden a gastos de administraci\u00f3n, sino que, por el contrario, corresponden a obligaciones que fueron causadas con anterioridad al proceso de reorganizaci\u00f3n de ah\u00ed que, hayan sido reconocidas como cr\u00e9ditos de quinta clase, litigiosos y de cuant\u00eda indeterminada, pues se estaba a la espera del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio referente al proceso de protecci\u00f3n al consumidor y que conforme al auto 2017-01319051 de noviembre de 2017 son acreedores con privilegio general de primera clase con pago sujeto a los t\u00e9rminos del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y no se trata de gastos de administraci\u00f3n debido a que se trataba de obligaciones litigiosas. <\/p>\n
Visto lo anterior y en atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado por este despacho, los efectos del acuerdo y lo estipulado en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 respecto a la no admisi\u00f3n o continuaci\u00f3n de demandas de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra el deudor, es claro que los acreedores Mar\u00eda Amparo Montoya de S\u00e1nchez, Andrea Henao Mart\u00ednez, Camilo Tob\u00f3n Bustamante, Raquel Mart\u00ednez Restrepo, Silvia Villegas Palacios y Luis Fernando Lopera, iniciaron procesos de cobro en contra de la concursada por el no pago de lo adeudado a su favor, derivado del fallo del Tribunal Superior de 7 de septiembre de 2016 y que qued\u00f3 graduado y calificado dentro del proceso. <\/p>\n
Lo expuesto contrar\u00eda no solo los principios del r\u00e9gimen de insolvencia sino tambi\u00e9n la finalidad del proceso de reorganizaci\u00f3n, toda vez que se intentaron cobrar su acreencia por fuera del concurso vulnerando la prelaci\u00f3n legal contemplada en la Ley y afectando los derechos de los dem\u00e1s acreedores dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n, quienes quedaron cobijados por el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y no pueden iniciar procesos singulares para el pago de los mismos\u00bb (audio 37:21 a 39:50 minutos). <\/p>\n
No obstante, resalt\u00f3, <\/p>\n
Ahora bien, en armon\u00eda con los principios e intereses del proceso de reorganizaci\u00f3n y teniendo en cuenta los argumentos que vuelve a tener en cuenta este despacho para reconocer estas obligaciones de primera clase y viendo la importancia de dar cumplimiento al auto proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en las proporciones legales, constitucionales y concursales, no se acceder\u00e1 a la postergaci\u00f3n del cr\u00e9dito, sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo numeral 5\u00ba de la Ley 1116 de 2006, se impondr\u00e1 una sanci\u00f3n a cada uno de los acreedores por la suma de 50 UVT equivalentes a $1.900.050 por el incumplimiento de las ordenes proferidas por el juez del concurso. <\/p>\n
Por otra parte, este Despacho evidencia que de conformidad con el acuerdo de reorganizaci\u00f3n las acreencias de primera clase ya debieron ser pagadas, para el caso, las acreencias de los consumidores de vivienda y fiscales deber\u00e1n estar pagadas de conformidad con el art\u00edculo 11 del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, ahora bien, teniendo en cuenta que el presente incidente se gener\u00f3 con anterioridad a la fecha de pago y que la concursada no realiz\u00f3 el mismo en puertas a las resultas del presente incidente se solicita a la concursada que finalizada la diligencia se realicen las comunicaciones respectivas con los acreedores a fin de atender sus obligaciones en el menor tiempo posible y prudencial al pago de las mismas, el incumplimiento de lo anterior, faculta al juez del concurso para actuar conforme al art\u00edculo 46 de la Ley 1116 de 2006 (audiencia minuto 39:52 a 41:59). <\/p>\n
Por lo que le reiter\u00f3 a la gestora, <\/p>\n
Si bien se intent\u00f3 un pago por cuenta propia, es clara la protecci\u00f3n constitucional que se les dio a este tipo de acreedores, es por eso, que el juez concursal en las distintas providencias, realiz\u00f3 una ponderaci\u00f3n de las normas procesales, concursales y constitucionales, dando la prevalencia correspondiente. Se recuerda que, el juez del concurso no solo se rige por las normas concursales, sino tambi\u00e9n por las normas constitucionales, motivo por el cual, ejerce a su vez como juez constitucional, motivo (sic) por el cual, debe velar por garantizar los derechos fundamentales de todos los acreedores, especialmente a aquellos que son considerados de protecci\u00f3n especial, como en el presente caso (audiencia 1:21:03 minutos). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021 y STC-6724-2022). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub examine lo que se observa es una disparidad de criterios entre lo reflexionado por la Superintendencia censurada en el desarrollo de sus facultades, cobijada con el principio de autonom\u00eda judicial y lo planteado por la impulsora; sin embargo, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de tercera instancia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha esbozado, que <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021 y STC6720-2022). <\/p>\n
3.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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