STC1585-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1585-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02540-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de diciembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP – le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, al Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-00925. <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb, para que, de manera principal, se ordenara a la autoridad querellada \u00abDEJAR sin efectos la decisi\u00f3n laboral [SL1992-2022] del 17 de mayo de 2022\u00bb y, consecuencialmente, procediera a \u00abdictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es confirmando las decisiones de primera y segunda instancia (\u2026) que negaron las pretensiones de la demanda\u00bb en el asunto de la referencia o, subsidiariamente, le \u00ab[s]ean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados\u00bb y, por ende, \u00abse SUSPENDA de manera transitoria la [citada] sentencia\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y las piezas arrimadas al paginario se extracta, que el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Medell\u00edn neg\u00f3 las pretensiones del juicio ordinario que Blanca Omaira Valencia G\u00f3mez promovi\u00f3 contra la UGPP con el prop\u00f3sito \u00abque le reconociera la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva 2011-2004 suscrita por el I.S.S. y, en consecuencia, le pagara las mesadas causadas, los intereses moratorios y, en subsidio, la indexaci\u00f3n de todas las sumas debidas\u00bb, (19 nov. 2018), resoluci\u00f3n que el superior confirm\u00f3 en grado de consulta (3 jul. 2020). <\/p>\n
Al recurrir Blanca Omaira en casaci\u00f3n esa determinaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 la quebr\u00f3 y, en sede de instancia, decret\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: CONDENAR a la (\u2026) UGPP, a reconocer y pagar a favor de BLANCA OMAIRA VALENCIA G\u00d3MEZ la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a partir del d\u00eda 1\u00ba de octubre de 2010, en cuant\u00eda equivalente al 100% del promedio mensual de lo percibido en los \u00faltimos tres a\u00f1os de servicios, sumas que deber\u00e1n indexarse al momento de su pago. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR la procedencia parcial de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por la entidad demandada, respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 1\u00ba de agosto de 2013, por las razones explicadas en la parte motiva. <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional reconocida tiene car\u00e1cter de compartida con la de vejez que adjudic\u00f3 Colpensiones, a partir del 20 de septiembre de 2017, mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba SUB216230 del 4 de octubre de 2017, raz\u00f3n por la cual la (\u2026) UGPP, est\u00e1 obligada a cubrir el mayor valor, si existiere, entre la de jubilaci\u00f3n convencional y la de vejez. <\/p>\n
CUARTO: ABSOLVER a la (\u2026) UGPP, de las dem\u00e1s pretensiones\u2026\u00bb (SL1992-2022, 17 may. 2022). <\/p>\n
Ahora, la UGPP acusa a la Colegiatura accionada de incurrir en los defectos \u00abf\u00e1ctico\u00bb, \u00absustantivo\u00bb, \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb con lo definido, ya que, en su opini\u00f3n, realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria del texto convencional invocado por el extremo activo; desconoci\u00f3 la jurisprudencia vinculante al caso acerca de la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo tercero transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005 (C.C. SU-897 de 2012, SU-555 de 2014 y SU-086 de 2018, entre otras); y, gener\u00f3 \u00abuna clara afectaci\u00f3n al erario\u00bb, caus\u00e1ndole un perjuicio irremediable, pues debe cancelar a Valencia G\u00f3mez \u00ab$158.668.520,35 M\/cte\u00bb, todo lo cual torna viable la ayuda a la luz de la \u00absentencia SU-427 de 2016\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn se opuso al amparo, resaltando que el litigio cuestionado \u00abfue analizado a la luz de la normatividad y la jurisprudencia que se encontraba vigente al momento de resolver las instancias y el recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Colpensiones y el P.A.R.I.S.S. pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIAD DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n por no respetar el \u00abrequisito de la subsidiariedad\u00bb, ya que la tutelante \u00abdebe formular la acci\u00f3n de revisi\u00f3n que el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 prev\u00e9, en la medida en que el art\u00edculo 6-6 del Decreto 575 de 2013 atribuye a la demandante dicha obligaci\u00f3n (CSJ STL9522-2021 y STL12436-2021)\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abno se percibe la producci\u00f3n de un perjuicio irremediable, conforme a sus caracter\u00edsticas de inminencia, urgencia, gravedad y necesidad (CC T-225-1993, reiterados en CC T SU-617-2013 y CC T-030-2015), que permita la intromisi\u00f3n del juez constitucional en este evento\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 la gestora iterando los raciocinios inaugurales, agregando, en cuanto al recurso sugerido, que \u00abeste no reviste las mismas caracter\u00edsticas que la acci\u00f3n de tutela que permitan superar de forma urgente y r\u00e1pida la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales deprecados\u00bb, raz\u00f3n por la que es necesario que se provea de fondo el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, el veredicto de primera instancia merece ser convalidado, por no satisfacer el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb, propio de este instrumento especial. <\/p>\n
Sin embargo, lo que vislumbra la Sala es, que la UGPP no ha hecho uso de la herramienta que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed clama, esto es, la denominada acci\u00f3n de \u00abREVISI\u00d3N DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERI\u00d3DICAS A CARGO DEL TESORO P\u00daBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA P\u00daBLICA\u00bb, estatuida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, y que procede en estos casos seg\u00fan lo ha expuesto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y esta misma Magistratura (CSJ SL351-2018, SL3276-2018, STC6597-2021, STC6022-2022, STC7862-2022, STC9548-2022 y STC400-2023, entre otros), raz\u00f3n por la que, hasta que no se agote dicho medio de contradicci\u00f3n, no pueda acudirse a esta exclusiva v\u00eda. <\/p>\n
Esta Sala ha predicado, al respecto, que: <\/p>\n
(\u2026) [E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC5391-2022 y STC955-2023, entre otras). <\/p>\n
2.- Ahora bien, la precursora esgrime que el requerimiento tuitivo lo present\u00f3 \u00abpara evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb, toda vez que el procedimiento del referido remedio hace que su definici\u00f3n no sea expedita, lo que pospone en el tiempo la afectaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, de ah\u00ed que la problem\u00e1tica planteada deba solventarse en este escenario superlativo. <\/p>\n
No obstante, la ret\u00f3rica expuesta no diluye la exigencia de procedibilidad echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se demostr\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedidos a Blanca Omaira Valencia G\u00f3mez, se ponga en grave riesgo el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad impulsora hasta tanto acredite, en aquel contexto, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4.- De otra parte, si bien la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica estableci\u00f3 reglas para la atenci\u00f3n de auxilios como el presente (SU-427 de 2016), una de ellas prev\u00e9 que: \u00abAnte la existencia de dicho recurso de revisi\u00f3n, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP- contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurri\u00f3 en un abuso del derecho en el reconocimiento y\/o liquidaci\u00f3n de una prestaci\u00f3n peri\u00f3dica son improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad\u00bb (resalto intencional), supuesto que no se da en el sub lite. <\/p>\n
Lo anterior, porque la quejosa controvierte lo solucionado por la Corporaci\u00f3n recriminada aludiendo al \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb fijado en las sentencias SU-897 de 2012, SU-555 de 2014 y SU-086 de 2018, entre otras, relacionado con la hermen\u00e9utica del par\u00e1grafo tercero transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005; pero, lo que se observa es que la providencia censurada se soport\u00f3 en el cambio de postura del m\u00e1ximo \u00f3rgano jurisdiccional en la materia frente a dicho t\u00f3pico, condensado en las decisiones SL5116-2020 (2 dic.), reiterada posteriormente en SL1783-2021 (3 may.) y SL3083-2021 (21 jul.), as\u00ed como en la SL3635-2020, memorada en la SL1311-2022 (16 sep.), es decir, en un paradigma contrario al que imperaba cuando la Corte Constitucional adopt\u00f3 esas otras \u00absentencias\u00bb, del que disiente la quejosa. <\/p>\n
En ese sentido, como lo que se aprecia es una disparidad de criterios frente al nov\u00edsimo criterio intelectivo de la \u00abconvenci\u00f3n colectiva\u00bb, sin que se relieve una grosera equivocaci\u00f3n, la \u00abtutela\u00bb deviene impertinente. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, el \u00abfallo\u00bb opugnado ser\u00e1 respaldado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC1585-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC1585-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02540-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70872","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70872"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70872\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}