STC1632-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1632-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03452-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala extraordinaria de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Maldonado Arias contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial de debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada, en el curso del ejecutivo (rad. n.\u00ba 2016-00734) que inici\u00f3 contra Mar\u00eda del Carmen Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez y Eliseo Cabrera Leal. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el marco del compulsivo rese\u00f1ado, el 9 de agosto de 2018, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 fallo desestimatorio; modificado el 20 de enero de 2020, en segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa urbe, en el entendido de declarar probadas las defensas de \u00abinexistencia de obligaciones de los demandados con la sociedad Simah Ltda.\u00bb, \u00abel pagar\u00e9 est\u00e1 desprovisto de exigibilidad\u00bb y \u00abfalta de exigibilidad de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, Maldonado Arias present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la citada decisi\u00f3n \u2013en tanto que, en su criterio, incurri\u00f3 en varios defectos\u2013, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n, quien, con sentencia STC11267-2021, 1 sep., concedi\u00f3 el amparo y, en tal virtud, dej\u00f3 sin efectos esa providencia, para que nuevamente se definiera lo pertinente, en atenci\u00f3n a las consideraciones all\u00ed expuestas \u2013en particular, lo atinente a la oponibilidad de las excepciones asociadas al negocio que origin\u00f3 el pagar\u00e9 base del recaudo y la valoraci\u00f3n integral de las pruebas adosadas a ese asunto, como \u00ablos reparos que se enfilaron respecto de la valoraci\u00f3n del dictamen pericial\u00bb\u2013. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, impugnada esa determinaci\u00f3n, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral la revoc\u00f3 \u2013STL17598-2021, 15 dic.\u2013, dada la pretermisi\u00f3n del criterio de tempestividad, por lo que, nuevamente, \u00abcobr\u00f3 vigencia\u00bb el pronunciamiento que all\u00ed se hab\u00eda invalidado. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, con base en \u00abla atestaci\u00f3n y reconocimiento a la violaci\u00f3n al debido proceso en el decreto de la prueba oficiosa – Dictamen Pericial\u2013 contenida en la sentencia de amparo del 1 de septiembre de 2021 emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb, compareci\u00f3 al proceso para solicitar la nulidad supralegal del prove\u00eddo de 22 de octubre de 2019, a trav\u00e9s del cual el tribunal ad quem confirm\u00f3 el auto de 8 de mayo de ese a\u00f1o, dictado por el a quo, en el que \u00abrechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de nulidad de orden constitucional, bajo el se\u00f1alamiento de no constituir la irregularidad una nulidad procesal\u00bb. <\/p>\n
2.5. No obstante, en atenci\u00f3n a ese requerimiento, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 expidi\u00f3 los autos (i) de 10 de marzo de 2022, que rechaz\u00f3 de plano la nueva nulidad que formul\u00f3; (ii) de 31 de agosto siguiente, que resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica; y (iii) de 28 de septiembre del referido a\u00f1o, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de adici\u00f3n; resoluciones con las que se desconoci\u00f3 la alegada irregularidad procesal que se habr\u00eda suscitado con el decreto \u00abde oficio\u00bb de un dictamen pericial, con base en el cual \u2013entre otras probanzas\u2013 se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia que deneg\u00f3 el recaudo del pagar\u00e9 en controversia. <\/p>\n
2.6. En ese orden, precis\u00f3 que, \u00abcon fundamento en esta prueba – Dictamen Pericial Oficioso decretado en desconocimiento del principio de preclusi\u00f3n -Audiencia de Instrucci\u00f3n y Juzgamiento art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso -, se construy\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito en primera y segunda instancia: \u201c1) Inexistencia de las obligaciones de los demandados con la Sociedad Simah.\u201d , y se afect\u00f3 el derecho de propiedad representado en el cr\u00e9dito incorporado en el bien mercantil \u2013 Titulo Valor \u2013 Pagar\u00e9 a la Orden No.0002-2012 -, transferido mediante el mecanismo de endoso previo a la fecha de vencimiento contenida en el cartular\u00bb. <\/p>\n
2.7. De igual forma, recalc\u00f3 que \u00abel dictamen decretado en forma oficiosa por A quo, refrendado en apelaci\u00f3n por el A[d] quem, constitutivo de las motivaciones contenidas en la sentencia del 20 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (\u2026), vulnera en forma flagrante las reglas \u2013 formas propias del juicio – contenidas en el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, sumado a que \u00abla figura de la ineficacia que tiene que ver con la obligatoriedad de la designaci\u00f3n, y por tanto, la inoponibilidad del auxiliar de la justicia \u2013 perito – dado que no se concret\u00f3 en legal forma la designaci\u00f3n respectiva, aun as\u00ed, este dictamen oficioso soporta las motivaciones de la sentencia, y se constituye en elemento probatorio de su parte resolutiva\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos argumentos, pidi\u00f3, en compendio, que (i) \u00abse declare sin valor legal el auto interlocutorio mediante el cual se rechaza de plano la petici\u00f3n de nulidad de orden constitucional soportada en el p\u00e1rrafo- – \u201cEs nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d. Art\u00edculo 29 C.P del 10 de marzo de esta misma anualidad de dos mil veintid\u00f3s (2022), objeto de Recurso de S\u00faplica como de petici\u00f3n de adici\u00f3n, emitido en Sala Unitaria por el magistrado Jorge Eduardo Ferreira Vargas \u2013Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil\u00bb y (ii) \u00abse reconozca por la Sala la nulidad de pleno derecho del elemento probatorio – Dictamen Pericial-, o en su defecto se ordene al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 su reconocimiento o cualquier otra medida que permita el amparo de los efectos de la prueba il\u00edcita\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, solicit\u00f3 en escrito posterior (iii) \u00abla aplicaci\u00f3n del principio constitucional de igualdad\u00bb, espec\u00edficamente, en relaci\u00f3n con la sentencia T-579 de 2006 de la Corte Constitucional, ya que \u00abel precedente judicial que se invoca gira sobre la configuraci\u00f3n de la v\u00eda de hecho por defecto procedimental relacionado con el recaudo de medio probatorio \u2013 Dictamen Pericial -, dado que: 1) se omiti\u00f3 la notificaci\u00f3n del auto de designaci\u00f3n del perito a las partes a afecto de garantizar el ejercicio de las figuras de impedimento y recusaci\u00f3n que hace parte del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, 2) el Dictamen Pericial se constituy\u00f3 en la \u00fanica prueba practicada, y 3) el Juzgado como el Tribunal basaron sus decisiones \u00fanica y exclusivamente en el dictamen pericial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El apoderado judicial de Mar\u00eda del Carmen Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez y de Eliseo Cabrera Real, codemandados en el ejecutivo que se revisa, expuso que \u00abel magistrado Ferreira consider\u00f3 que la providencia atacada cobr\u00f3 ejecutoria y que el actor desaprovech\u00f3 la defensa para plantear oportunamente su descontento; esto sin perjuicio de tener en cuenta que la Sala Laboral ech\u00f3 por la borda la decisi\u00f3n de la Sala Civil con argumentos sustantivos y funcionales igualmente respetables. El Tribunal no est\u00e1 facultado para reabrir el debate que cerr\u00f3 la Sala Laboral. Esboza el sobrino por boca de su t\u00edo que lo nulo de pleno derecho se alega en cualquier momento, como si no existieran etapas de saneamiento y superaci\u00f3n del principio de legalidad en oportunidades definidas que cierran los debates para que no sean \u201ceternas en el mundo\u201d y a voluntad de mentes caprichosas que con su imaginaci\u00f3n impedir\u00edan concluir las actuaciones en detrimento de la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado que refiri\u00f3 agenciar los intereses de la extinta sociedad Simah Ltda. anot\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Maldonado Arias cita a SIMAH, al Liquidador y al suscrito sin ning\u00fan prop\u00f3sito que se relacione con las pretensiones o incluso con los hechos, pero, aun as\u00ed, no se eluden las menciones que se hacen (\u2026). La designaci\u00f3n del perito y los efectos de su designaci\u00f3n y su trabajo, es un asunto que qued\u00f3 relevado del debate probatorio pues no surti\u00f3 ning\u00fan efecto al no haber sido tenido en cuenta de forma absoluta. Ello se traduce en que existieron otros medios que generaron certeza a los juzgadores de instancia para proferir sus decisiones de fondo en las circunstancias que hoy est\u00e1n en firme\u00bb. <\/p>\n
3. El magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abel accionante ech\u00f3 mano de dicha herramienta constitucional a efectos de dilatar el asunto con radicado No. 11001-3103-007-2016-00734-05, tr\u00e1mite que fue fallado por la Sala de Decisi\u00f3n inicialmente el 20 de enero de 2020 y, nuevamente, el 20 de septiembre de 2021 atendiendo a orden contenida en fallo de tutela. Y, a trav\u00e9s de varias actuaciones ha impedido que el expediente retorne al juzgado de conocimiento para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
4. La Subsecretar\u00eda Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de H\u00e1bitat de Bogot\u00e1 sostuvo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El exliquidador de Simah Ltda. reliev\u00f3 que \u00aben lo que hace relaci\u00f3n con SIMAH LTDA. y a los hechos en que se pretende desconocer la realidad que se puso de presente ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito dentro del radicado 11001310300720160073400, debo ser enf\u00e1tico en afirmar que el suscrito exliquidador, una vez posesionado en el cargo por parte de la Secretar\u00eda Distrital de H\u00e1bitat, hizo una exhaustiva revisi\u00f3n de los asuntos de la sociedad intervenida y, especialmente en su contabilidad, que fue puesta a disposici\u00f3n en el curso de la diligencia de toma de posesi\u00f3n. Para el caso que llama nuestra atenci\u00f3n, se verific\u00f3 que el se\u00f1or JUAN CARLOS MALDONADO ARIAS no era, como expuso \u00e9l en el juicio referido, un aportante, inversionista o prestamista de dinero a favor de SIMAH LTDA., previo a la situaci\u00f3n de intervenci\u00f3n administrativa. En efecto, hechas las verificaciones correspondientes, no se encontr\u00f3 absolutamente ninguna partida o documento que diera cuenta de que Maldonado Arias hubiere hecho alg\u00fan tipo de aporte y que en la contabildad apareciera alguna partida o documento contable en que se estableciera que haya existido alguna obligaci\u00f3n a su favor, que justificara la presunta daci\u00f3n en pago con el pagar\u00e9 que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo de recaudo ejecutivo en tal proceso de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones del proceso y resalt\u00f3 que \u00abefectuado un recuento de las actuaciones que estimo relevantes y en la medida en los reparos elevados en la acci\u00f3n espec\u00edfica no son respecto de las providencias aqu\u00ed emitidas, considero inapropiado emitir conceptos sobre la legalidad del actuar del Tribunal, con mayor raz\u00f3n si se trata del superior funcional de este despacho, por lo que me atengo a la evaluaci\u00f3n que en derecho realice la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
7. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, a trav\u00e9s de su jefe de la Oficina Jur\u00eddica, se\u00f1al\u00f3 que tampoco tiene legitimaci\u00f3n por pasiva en este asunto. <\/p>\n
8. El abogado Rodrigo Azriel Maldonado Paris coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
9. El Procurador Judicial 7 Civil II se opuso a la concesi\u00f3n de la salvaguarda, toda vez que \u00abla decisi\u00f3n del Tribunal es racionalmente argumentada, interpreta el ordenamiento jur\u00eddico sobre las cargas propias de las partes, la oportunidad para realizarlas y el an\u00e1lisis de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica del demandante. La decisi\u00f3n corta y concreta de rechazar de plano la nulidad no obedece a la discrecionalidad, el capricho o la arbitrariedad del juzgador natural del conflicto privado\u00bb, a m\u00e1s de que \u00abel accionante no fundament\u00f3 debidamente la causal de nulidad que pretende invocar, ni jur\u00eddica ni f\u00e1cticamente. En su escrito tautol\u00f3gico continuamente repite la improcedencia de decretar la prueba pericial de oficio, sin se\u00f1alar ning\u00fan elemento o argumento jur\u00eddico o f\u00e1ctico que demuestre la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales bien sea en el proceso de decreto o formaci\u00f3n de la prueba o con relaci\u00f3n a las garant\u00edas derivadas del debido proceso que pudieron ser afectadas por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades judiciales de instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del ejecutivo que inici\u00f3 el gestor (rad. n.\u00ba 2016-00734), con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de los prove\u00eddos (i) de 10 de marzo de 2022, que rechaz\u00f3 de plano la nueva nulidad que formul\u00f3; (ii) de 31 de agosto siguiente, que resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica; y (iii) de 28 de septiembre del referido a\u00f1o, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de adici\u00f3n, en el tr\u00e1mite de la segunda instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Revisados los planteamientos formulados por el convocante contra los prove\u00eddos (i) de 10 de marzo de 2022, que rechaz\u00f3 de plano la nueva nulidad que formul\u00f3; (ii) de 31 de agosto siguiente, que resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica; y (iii) de 28 de septiembre del referido a\u00f1o, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de adici\u00f3n, proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 como ad quem del compulsivo auscultado, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el censor es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, las decisiones adversas; finalidad que resulta ajena a esta acci\u00f3n, pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse como instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una providencia judicial, no solo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracterizan a la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando el actor atribuye a los prove\u00eddos del ad quem en el citado asunto la incursi\u00f3n en causales espec\u00edficas de procedencia excepcional del amparo, de esas disertaciones no logra advertirse con suficiencia su configuraci\u00f3n, pues el escrito se ci\u00f1e a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por los jueces competentes1, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento; es decir, lo que contienen los anotados argumentos no son otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que, se insiste, contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Con todo, es claro para la Sala que la intenci\u00f3n del promotor es exponer su particular interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales y privilegiar su espec\u00edfica intelecci\u00f3n respecto de la actividad procesal y probatoria desplegada en ese ejecutivo, lo cual implicar\u00eda, como ya se vio, una nueva revisi\u00f3n de la causa, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con ello, no encuentra esta Sala configurada ninguna trasgresi\u00f3n iusfundamental, toda vez que, al margen de que se proh\u00edjen o no las consideraciones expuestas en las providencias objeto de censura, estas se muestran ajustadas a los espec\u00edficos puntos de debate en el sub-lite \u2013v. gr., el rechazo de plano de la solicitud de nulidad, los efectos de los fallos dictados en sede de tutela\u2013, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando lo que se colige no es m\u00e1s que una divergencia conceptual. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con la solicitud de \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb del criterio contenido en la sentencia T-579 de 2006 de la Corte Constitucional, precisa la Sala que se trata de un fallo de tutela, cuyos efectos son inter partes y no erga omnes, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC1295-2022, 10 feb., reiterada en STC13630-2022, 12 oct.); lo que quiere decir que no necesariamente este tipo de determinaci\u00f3n tiene la virtualidad de extender de manera autom\u00e1tica sus efectos a la situaci\u00f3n que aqu\u00ed se plantea, m\u00e1xime si los contextos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos no son id\u00e9nticos. <\/p>\n
Por las razones expuestas en precedencia, el resguardo propuesto por el libelista no est\u00e1 llamado a prosperar; pues lo pretendido desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente al colegiado ad quem de la causa revisada, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS RAM\u00d3N GARC\u00c9S D\u00cdAZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
HERNANDO HERRERA MERCADO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 En especial, lo relacionado con las alegadas irregularidades respecto del dictamen pericial. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1632-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1632-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03452-00 (Aprobado en Sala extraordinaria de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}