STC1634-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1634-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 14 de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en la acci\u00f3n de tutela que Jonny David Londo\u00f1o Toro, representado por su apoderada Sandra Lorena Garc\u00eda Salazar, inco\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil de Familia de esa municipalidad, con ocasi\u00f3n del proceso declarativo de Uni\u00f3n Marital de hecho que all\u00ed cursa bajo la radicaci\u00f3n 17-2022-00124-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Ante el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales se surti\u00f3 tr\u00e1mite declarativo de Uni\u00f3n Marital de Hecho, con la consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre el aqu\u00ed tutelante y quien fuere su compa\u00f1era permanente, as\u00ed como madre de su menor hija. <\/p>\n
En el prenotado juicio, al dictar la sentencia declarativa y previamente a advertir el car\u00e1cter provisional de la su determinaci\u00f3n, introdujo en el resolutivo cuarto de la sentencia cuota de alimentos en favor de la menor procreada entre los extremos en litigio a cargo de Londo\u00f1o Toro relativa al 30% del salario devengado y cualquier otro emolumento, comisi\u00f3n o ingreso que reciba, descontables de su n\u00f3mina y consignados a \u00f3rdenes del estrado judicial accionado, determinaci\u00f3n contra la cual no interpuso la apoderada ning\u00fan recurso, manifestando que dicho tr\u00e1mite era de \u00fanica instancia y que por tal circunstancia no ejerci\u00f3 derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, reprocha el actor, por conducto de su apoderada, (i) la fijaci\u00f3n de una cuota de alimentos tan alta porcentualmente, pues en su sentir se afecta su m\u00ednimo vital, m\u00e1xime porque \u00e9l adem\u00e1s debe velar por la manutenci\u00f3n de sus padres y una hermana en situaci\u00f3n de discapacidad y (ii) la medida de embargo para garantizar el pago de dicha cuota, toda vez que no hay indicio alguno que haga presumir su incumplimiento, y que ello le genera perjuicios de tipo financiero o crediticio hacia el futuro. <\/p>\n
RESPUESTAS Y CONTESTACIONES <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Manizales mencion\u00f3 que si bien tiene presente que con acta de Conciliaci\u00f3n ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Villavicencio se fij\u00f3 en favor de la menor hija de los declarados en Uni\u00f3n Marital de Hecho del 25% del salario Londo\u00f1o Toro, las cuotas fijadas ante dicha entidad son igualmente provisionales hasta tanto un juez competente no decida otra cosa, por lo que su decisi\u00f3n provisional no la lesionado derecho fundamental alguno, m\u00e1xime porque esta se adopt\u00f3 de conformidad con el nivel de ingresos de su progenitor. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 adem\u00e1s, que las cr\u00edticas y alegatos de afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital que aqu\u00ed ventila el actor no fueron expuestas en el tr\u00e1mite fustigado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 15 Judicial II DE Familia de Manizales, concluy\u00f3 que los reproches que endilga el tutelante eran susceptibles de apelaci\u00f3n, sin embargo tal remedio no fue activado, de igual manera consider\u00f3 razonable la facultad usada por el juzgado cuestionado a partir del art\u00edculo 281 del estatuto adjetivo para resolver los asuntos que tengan que ver con los conflictos de familia. <\/p>\n
Finalmente agreg\u00f3 que el accionante tiene en todo caso la posibilidad de acudir al recurso de revisi\u00f3n para discutir sus inconformidades. <\/p>\n
4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Meta solicit\u00f3 negar el resguardo por improcedente, toda vez no observa vulneraci\u00f3n cometida en contra de Jonny David Londo\u00f1o Toro. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Puelo Regional Caldas se\u00f1al\u00f3 que no coadyuva la petici\u00f3n tutelar del accionante, toda vez que el fallador cuestionado actu\u00f3 en virtud del mandato de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, actuaci\u00f3n que esa entidad respalda. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El fallador de primer grado neg\u00f3 el resguardo por subsidiariedad, frente a los reproches de afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital, toda vez que el tutelante no hizo uso de los medios de defensa ordinarios y\/o extraordinarios que tuvo a su alcance. De igual manera, defendi\u00f3 la facultad extra y ultra petita que sumi\u00f3 el juez encartado en virtud del canon 281 consagrado en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada del recurrente se\u00f1al\u00f3 argumentos similares a los esgrimidos en su escrito genitor, reiterando las razones por las cuales no formul\u00f3 recurso alguno contra la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Cuarto de Familia de el pasado 25 de noviembre. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. Con relaci\u00f3n a la fijaci\u00f3n de la cuota de alimentos en un 30%, frente a la cual ahora aduce el promotor violaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital el amparo resulta improcedente, en tanto no hizo uso del recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que tuvo a su alcance, pues la decisi\u00f3n fustigada s\u00ed era susceptible de tales remedios. <\/p>\n
Esta Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, sin que sean de recibo los argumento expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
2.2 Ahora bien, frente al segundo reproche, esta sala no advierte la vulneraci\u00f3n endilgada, sino que la decisi\u00f3n adoptada como medida provisional resulta razonable a la luz del principio constitucional de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor, puesto que esta Sala ha sostenido de manera pac\u00edfica que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, al expedir el C\u00f3digo General del Proceso el legislador patrio contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
3. En este sentido, habr\u00e1 de confirmarse la providencia recurrida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, confirma la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00261-01 <\/p>\n
Con absoluto respeto se aclara el voto en el siguiente sentido. <\/p>\n
El asunto no debi\u00f3 ser estudiado por la Sala, porque no se aport\u00f3 un poder id\u00f3neo que habilitase la actuaci\u00f3n. En efecto, la formalidad del poder especial para actuar frente al juez constitucional conoce varias justificantes. Por ejemplo, evidencia la real y actual voluntad del actor de someter el asunto al conocimiento del juez constitucional. Incluso, esta real y actual voluntad del actor es tan importante que \u00e9l mismo, sin apoderado, podr\u00eda acceder frente a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Esto es, flexibilizar el entendimiento de esta real y actual voluntad del actor – o incluso presumirla- podr\u00eda imponer graves vicisitudes, con respecto a la temeridad de los actores, la responsabilidad disciplinaria y los honorarios de los profesionales del derecho. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
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