STC549-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC549-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00232-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00175-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, para que se \u00abconceda y fije agencias en derecho en AMBAS INSTANCIAS a mi favor, amparado art 365-1 CGP, CONTRA LA PARTE VENCIDA\u00bb y, \u00abSE ordene la intervenci\u00f3n de la Procuradora General Naci\u00f3n, Margarita Cabello Blanco y pido su actuar en derecho a fin que me garantice art 29 CN, pues no soy abogado, por lo que requiero se pronuncie de mi tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que solicit\u00f3 en diversas apelaciones y aqu\u00ed la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n con el objetivo de que le sea garantizado el \u00abdebido proceso, ya que no es abogado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el fallo popular (rad. 2021-00177-02) se enunci\u00f3 que \u00abNUNCA se pudo aceptar el desistimiento de mis agencias en derecho, pues NINGUNA AUTORIDAD judicial las hab\u00eda reconocido y en ese momento eran solo una mera expectativa. Solo se puede desistir de las agencias en derecho despu\u00e9s de ser reconocidas, es decir solo se puede desistir cuando son un derecho adquirido y reconocido, siendo as\u00ed la juzgadora a quo y el tutelado violan art 29 CN aparentemente\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; inform\u00f3 que \u00abel 4 de noviembre de 2022, se profiri\u00f3 sentencia, donde se confirm\u00f3 el fallo proferido en primera instancia, y respecto a la no condena costas en dicho pronunciamiento se expusieron las razones para tal decisi\u00f3n, pues el aqu\u00ed accionante en sus reparos solicit\u00f3 la condena de las mismas, pero contra el Municipio de Santa Rosa de Cabal\u00bb y alleg\u00f3 link de acceso al expediente. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso al resguardo y aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento de la salvaguarda, comoquiera que el veredicto del Tribunal Superior de Pereira (4 nov. 2022), que confirm\u00f3 el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (25 oct. 2021) y se abstuvo de condenar en costas a la entidad territorial, no luce antojadizo ni arbitrario. <\/p>\n
Como soporte de tal conclusi\u00f3n, record\u00f3 que los reparos del apelante, consistieron en que el ente territorial al incumplir su funci\u00f3n \u00abDEBE SER SANCIONADO EN COSTAS A MI FAVOR TAL COMO LO PEDI\u00bb y \u00abse ordene a la juez ordenar p\u00f3liza para el cumplimiento de la sentencia\u201d y \u201caplicar art 34 inciso final de la ley 472 de 1998 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne a las \u00abcostas\u00bb, que es por lo que se acude en tutela, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00abno tienen vocaci\u00f3n de prosperidad porque la acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales, esa es una raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998), el cual establece que, en el auto que admita la demanda \u201c(\u2026) Adem\u00e1s, se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado\u201d, lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte\u00bb. <\/p>\n
Luego, dijo compartir los argumentos del iudex de primer nivel al \u00abdesestimar la condena en costas\u00bb a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal, seg\u00fan los cuales: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)la calidad que \u00e9ste (sic) ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d tal como se explic\u00f3 ampliamente al inicio de estas consideraciones, en efecto, no es el ente territorial el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni es frente a dicha entidad que se erige la orden de amparo que se emitir\u00e1; (\u2026) pero no puede tenerse al ente territorial como parte vencida en el proceso y por ende la condena en costas resulta improcedente.\u201d; sin duda alguna, la condena en costas aplica, \u00fanica y exclusivamente, a la parte vencida en el proceso. De manera pues que efectivamente deb\u00eda negarse la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal\u00bb. <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de este auxilio, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, la s\u00faplica tendiente a que se llame a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que intervenga \u00aba fin que me garantice art 29 CN, pues no soy abogado, por lo que requiero se pronuncie de mi tutela (\u2026)\u00bb, escapa de la \u00f3rbita constitucional, siendo a Gerardo Alonso a quien incumbe formular directamente ante dicho organismo, los pedimentos y\/o inquietudes para que, en el marco de sus funciones analice y emprenda, de ser viables, los tr\u00e1mites correspondientes (CSJ STC1423-2020 y STC14451-2022 entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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