STC554-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC554-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00080-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Hern\u00e1n Mosquera Mosquera, quien act\u00faa en nombre propio y como representante legal de la Asociaci\u00f3n Afromontelibanense \u00abANASTASIO SIERRA CIMARRON\u00bb y del Consejo Comunitario Afromontelibanense, promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, extensiva a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas (UARIV), al Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del Municipio de Ayapel y al Municipio de Montel\u00edbano, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de pertenencia No. 23- 466-31-89-001-2002-00110-00 y en el recurso de revisi\u00f3n No. 23-001-22-14-000-2021-00109-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se suspendan los efectos de la sentencia por medio de la cual el Tribunal accionado resolvi\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n instaurado respecto de la sentencia de pertenencia que le fue favorable al aqu\u00ed actor (14 diciembre 2022), hasta que se establezca entre el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral para las V\u00edctimas y el municipio de Montelibano, una soluci\u00f3n definitiva y eficaz que proteja los derechos fundamentales de los accionantes de la presente tutela. <\/p>\n
Tambi\u00e9n peticion\u00f3 que se le ordene al municipio de Montelibano que se abstenga de iniciar cualquier procedimiento judicial o policivo que pretenda el desalojo de Hern\u00e1n Mosquera Mosquera y su comunidad del consejo comunitario afromontelibanense del inmueble ubicado en la Carrera 11 Calle 15 A, hasta que no se encuentre entre las entidades Ministerio del Interior, Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las Victimas y el mismo Municipio de <\/p>\n
una soluci\u00f3n que proteja los derechos fundamentales de los accionantes de la presente tutela. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que \u00e9l y los integrantes de la comunidad a la que representa son originarios de Itsmina (Choc\u00f3). Relat\u00f3 que la Asociaci\u00f3n Afromontelibanense \u00abANASTASIO SIERRA CIMARRON\u00bb est\u00e1 inscrita en el Registro P\u00fablico \u00danico Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior con Resoluci\u00f3n No. 0166 del 25 de marzo de 2009. <\/p>\n
Precis\u00f3 que los miembros de la mencionada organizaci\u00f3n <\/p>\n
fueron sujetos de reparaci\u00f3n colectiva a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 03126 de 28 de Julio de 2022, emitida por la Direcci\u00f3n de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV), en la cual se les asignaron recursos para la \u00abcompra y adecuaci\u00f3n de la instituci\u00f3n educativa afromontelibanense\u00bb, la cual se encuentra en un predio ubicado en el Municipio de Montel\u00edbano (Monter\u00eda), al cual lleg\u00f3 la referida comunidad en los setentas. En ese lugar construyeron salones, ba\u00f1os y oficinas destinados a la ense\u00f1anza, a la comunidad de labores de mec\u00e1nica, modister\u00eda y computaci\u00f3n, actividades que fueron desarrolladas en convenio con entidades con el SENA; adem\u00e1s, all\u00ed se instal\u00f3 la Instituci\u00f3n Educativa Afromontelibanese, la cual est\u00e1 inscrita en la Secretar\u00eda Departamental de Educaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en compa\u00f1\u00eda de otros miembros de su comunidad, en el a\u00f1o 2002 promovi\u00f3 una demanda de pertenencia con el fin que fueran reconocidos como propietarios del predio que pose\u00edan. Dicha demanda fue acompa\u00f1ada de un certificado de la Registradora Seccional de Instrumentos P\u00fablicos de Ayapel en el que se consign\u00f3 que el bien pertenencia a personas naturales (oficio 002-1047 de 2002). Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano emiti\u00f3 sentencia en la que accedi\u00f3 a las pretensiones (10 junio 2004); adem\u00e1s, los oficios para materializar dicha decisi\u00f3n fueron debidamente registrados. <\/p>\n
No obstante, en el a\u00f1o 2021, el municipio de Montel\u00edbano present\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la referida decisi\u00f3n, soportado en la causal 7\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso y en que, seg\u00fan lo dijo, el inmueble le pertenec\u00eda al municipio desde el 29 de diciembre de 1980. El Tribunal accionado accedi\u00f3 a lo pretendido y declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso de pertenencia con fundamento en la interpretaci\u00f3n, a su juicio superficial, de la sentencia SC1727-2016 de esta Corte; adem\u00e1s, estim\u00f3 que el cuerpo colegiado desconoci\u00f3 que el t\u00e9rmino para promover el mencionado recurso hab\u00eda fenecido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Luego del requerimiento efectuado por esta Corporaci\u00f3n, el abogado del actor aport\u00f3 los certificados de tradici\u00f3n y libertad actualizados de los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula No. 142-9664 y 142-1188. Se\u00f1al\u00f3 que el primero de ellos corresponde al documento que obtuvo al inscribir la sentencia del 10 de junio de 2004, mediante la cual se le declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio sobre el inmueble; por su parte, el segundo es el que utiliza el municipio de Montel\u00edbano para afirmar la imprescriptibilidad del inmueble por presuntamente haberlo comprado a un privado. <\/p>\n
La Alcald\u00eda de Montelibano solicit\u00f3 que se niegue el amparo invocado, toda vez que la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal accionado es razonable. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo del Circuito Montelibano (Cordoba) hizo un recuento e la actuaci\u00f3n que realiz\u00f3 en el proceso de pertenencia referido; adem\u00e1s, destac\u00f3 que no ha vulnerado derechos de las partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado toda vez que la decisi\u00f3n censurada es razonable. <\/p>\n
Encuentra la Sala que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n en comento estuvo fundada en jurisprudencia de esta Corte en la que se ha sostenido que los bienes de uso p\u00fablico son imprescriptibles y que, adem\u00e1s, las acciones destinadas a la protecci\u00f3n de los mismos, no est\u00e1n permeadas por t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n o caducidad. Sobre el particular, en audiencia, el Tribunal se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo obstante a lo anterior, n\u00f3tese que en el municipio de monter\u00eda C\u00f3rdoba, solicita la nulidad del proceso de pertenencia antes de entregado, trayendo a colaci\u00f3n la causal 7\u00ba de revisi\u00f3n indicando, en estricta s\u00edntesis, que no fue vinculado al tr\u00e1mite del proceso de pertenec\u00eda radicado bajo el n\u00famero 23-466-31-89-001-2022-00110 y que, adem\u00e1s, es propietario del bien inmueble de la aludida Litis. As\u00ed, entonces, conforme lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casaci\u00f3n Civil, en el prove\u00eddo SC1727- 2016 de febrero 15 de radicado 2004- 001022, magistrado ponente Doctor Ariel Salazar Ram\u00edrez, no es factible el estudio de la caducidad cuando se declara la pertenencia de un bien inmueble violando los principios superiores del ordenamiento en materia de adquisiciones y transmisi\u00f3n de bienes. B\u00e1sicamente sobre este t\u00f3pico preciso la Corte: <\/p>\n
\u201cLa caducidad, como bien lo tiene consolidado la jurisprudencia, presupone un t\u00e9rmino dentro del cual una acci\u00f3n puede promoverse ante la jurisdicci\u00f3n, de suerte que expirado ese plazo, aqu\u00e9lla no es ejercitable. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, espec\u00edficamente, el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se\u00f1ala el plazo dentro del cual \u00e9ste debe interponerse. A tal respecto, el inciso 2\u00ba de esa disposici\u00f3n establece: <\/p>\n
\u201cCuando se alegue la causal prevista en el numeral 7\u00ba del mencionado art\u00edculo, los dos a\u00f1os comenzar\u00e1n a correr desde el d\u00eda en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, los anteriores t\u00e9rminos s\u00f3lo comenzar\u00e1n a correr a partir de la fecha del registro\u201d. <\/p>\n
Normalmente, el vencimiento del t\u00e9rmino de caducidad contemplado en el art\u00edculo 381 del estatuto procesal impedir\u00eda poder ejercitar el recurso de revisi\u00f3n, en cuyo caso el fallo har\u00eda tr\u00e1nsito a cosa juzgada definitiva, independientemente de su legalidad o acierto. <\/p>\n
Sin embargo, en el caso que se analiza, la sentencia que es objeto de revisi\u00f3n viol\u00f3 tan gravemente el ordenamiento jur\u00eddico, que la aceptaci\u00f3n de su contenido mediante la figura de la caducidad pondr\u00eda en crisis la legitimidad del sistema de derecho patrimonial, como quiera que la premisa fundamental e inquebrantable sobre la cual se asienta todo el r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n e intercambio de bienes econ\u00f3micos afirma que s\u00f3lo los bienes que no son del Estado, son susceptibles de posesi\u00f3n por los particulares (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n y bajo el derrotero se\u00f1alado, la Magistratura procedi\u00f3 a efectuar el an\u00e1lisis probatorio a partir del cual concluy\u00f3 que el bien inmueble objeto de la pertenencia era imprescriptible en raz\u00f3n a que el mismo era de propiedad del Municipio de Montel\u00edbano (Cordoba), lo cual estaba acreditado con el folio de matr\u00edcula respectivo; adem\u00e1s, advirti\u00f3 que dicha autoridad no fue convocada al mencionado proceso, circunstancias que daban lugar a que estuviera configurada la causal de revisi\u00f3n alegada y a que no se tuviera en cuenta el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n, por la naturaleza del inmueble, el cual es propiedad del Estado. Al respecto el Tribunal precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, dentro del tr\u00e1mite del citado asunto, con la demanda se aport\u00f3 un certificado expedido por la Registradora Seccional de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de Ayapel (C\u00f3rdoba), en donde certific\u00f3 que el bien ubicado en la carrera 11 con calle 15, esquina, cabida 607,5 metros cuadrados, no posee antecedentes registrales; adem\u00e1s, el Juez Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano (C\u00f3rdoba) se abstuvo de practicar pruebas oficiosamente dirigidas a establecer la naturaleza jur\u00eddica de dicho predio. <\/p>\n
En ese orden de ideas, conforme al solido precedente que ha verificado la jurisprudencia nacional los \u00faltimos a\u00f1os, el cual fue puesto de presente en esta providencia que se est\u00e1 analizando, tal circunstancia hace presumir a dichos bienes como bienes fiscales, por ende se tornaban imprescriptibles, de ah\u00ed la necesidad de vincular al tr\u00e1mite procesal a la parte demandante en revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, con el presente recurso de revisi\u00f3n el municipio de Montel\u00edbano (C\u00f3rdoba) anexa un certificado de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 142 \u2013 1188, en el cual figura la notaci\u00f3n n\u00famero 002 de enero 2 de 1981 en donde costa que dicha entidad territorial, a trav\u00e9s compraventa que le hiciera el se\u00f1or Magdaleno Joaqu\u00edn Mestra Plaza, adquiri\u00f3 una propiedad del bien inmueble objeto de litis, circunstancia f\u00e1ctica que refuerza lo hasta aqu\u00ed advertido, dado que se trata de un bien fiscal el cual conforme a los preceptuados en el art\u00edculo 123 de la ley 388 de 1987 es de propiedad de dicha entidad territorial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se ha se\u00f1alado en varias oportunidades la parte recurrente alega la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n, aduciendo que no fue notificada ni emplazada en el proceso verbal de pertenencia que se sigui\u00f3 contra persona indeterminada. En ese orden de acuerdo a lo plasmado en el numeral 9o del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente al surtirse el tr\u00e1mite del proceso de pertenencia, el proceso ser\u00e1 nulo en todo o parte, causal 9\u00ba: \u201cCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas se deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico en los casos de ley\u201d. Luego, entonces, dada la anterior circunstancia y estando el municipio de Montel\u00edbano como un titular del derecho de dominio, contra este deb\u00eda digerirse la pretensi\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, de lo antes dicho, se declarar\u00e1 fundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n objeto del presente pronunciamiento, ello conforme a la causal s\u00e9ptima del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso; as\u00ed mismo se ordenar\u00e1 la anulaci\u00f3n de las actuaciones emprendidas en el juicio de pertenencia, invocado por los se\u00f1ores Jos\u00e9 Gabriel Ochoa Pillorina, Hern\u00e1n Mosquera Mosquera y Gladys Mar\u00eda Vidal (\u2026). <\/p>\n
Bajo el marco descrito puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque la organizaci\u00f3n actora defiende derechos de una comunidad afrodescendiente, grupo poblacional que merece un trato diferencial, lo cierto es que no aportaron prueba alguna que acredite que la propiedad del bien inmueble les fue otorgada por un medio diferente al del proceso de pertenencia, cuya sentencia fue objeto del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. Advi\u00e9rtase que, aunque en el escrito de tutela aludieron a una medida de reparaci\u00f3n que les otorg\u00f3 la Unidad Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, lo cierto es que no aportaron prueba documental que diera cuenta del tipo de beneficio que obtuvieron; por el contrario, en la solicitud de amparo expresamente manifestaron que la medida les fue otorgada para la \u00abcompra y adecuaci\u00f3n de la instituci\u00f3n educativa afromontelibanense\u00bb. No obstante, el dinero no fue destinado para la compra, lo cual se explica con el reconocimiento que hab\u00edan tenido a trav\u00e9s del proceso de pertenencia; sin embargo, no puede perderse de vista que, seg\u00fan lo consignado en los folios de matr\u00edcula aportados por los interesados, lo dispuesto por la unidad de v\u00edctimas no mut\u00f3 la naturaleza de bien fiscal del inmueble objeto de la controversia. Lo anterior permite afirmar que lo decidido por el Tribunal accionado no se ve alterado por los reconocimientos administrativos efectuados a favor de los accionantes, por lo que la razonabilidad de la decisi\u00f3n est\u00e1 inc\u00f3lume. <\/p>\n
Por lo expuesto se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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