STC562-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC562-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00263-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n virtual de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la tutela que Carlos Humberto Vald\u00e9s Cort\u00e9s instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, extensiva a los Juzgados Primero Civil del Circuito y Tercero Promiscuo Municipal, ambos de Moniquir\u00e1 (Boyac\u00e1), a la Secretar\u00eda de Gobierno y Gesti\u00f3n Jur\u00eddica de esa localidad, Ilva Alcira Castillo Sanabria y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00100. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara dejar sin efectos el fallo emitido el 15 de julio de 2022 en la \u201cacci\u00f3n de tutela\u201d de la referencia, \u00abnegar la oposici\u00f3n de la poseedora dando aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 308-4 del C.G.P.\u00bb y, en consecuencia, declarar la nulidad de lo actuado en el compulsivo n.\u00b0 1997-00989. <\/p>\n
En compendio, adujo que en el ejecutivo que le promovi\u00f3 la Caja Popular Cooperativa, tramitado en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Moniquir\u00e1 (rad. 1997-00989), el 31 de marzo de 2022 la Secretar\u00eda de Gobierno y Gesti\u00f3n Jur\u00eddica de esa ciudad llev\u00f3 a cabo la entrega del predio registrado a su nombre, identificado con M.I. 083-0013004, ubicado en la vereda \u201cPotrero Grande\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, Ilva Alcira Castillo Sanabria interpuso la salvaguarda n.\u00b0 2022-00100, alegando \u201cser poseedora del inmueble [en menci\u00f3n] y tener el derecho a oponerse dentro de la diligencia de entrega\u201d, desestimada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de ese municipio, porque \u201cdicha diligencia no admite oposici\u00f3n alguna conforme al art\u00edculo 308-4 del C.G.P., adem\u00e1s durante la entrega no se manifest\u00f3 nada al respecto\u201d (13 jun. 2022); sin embargo, el superior la infirm\u00f3 y resolvi\u00f3: <\/p>\n
DEJAR SIN EFECTOS lo actuado con posterioridad a la diligencia y gesti\u00f3n cumplida el 16 de diciembre de 2021, por la secretaria de Gobierno y Gesti\u00f3n de Moniquir\u00e1 y por ende lo actuado en la diligencia del 31 de marzo de 2022, por la secretaria de gobierno de la ciudad de Moniquir\u00e1. <\/p>\n
Se deja vigente la parte motiva y decisi\u00f3n respecto de la deserci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n que contiene la Resoluci\u00f3n 186 del 7de marzo de 2022, proferida por la Subcomisionada en menci\u00f3n; pero se precisa que se deja sin efecto la motiva en cuanto a que se declarara la nulidad de la diligencia cumplida el 16 de diciembre de 2021 para que, en su lugar, y dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, se asuma la competencia de la pr\u00e1ctica de la diligencia directamente por el juzgado de conocimiento accionado y proceda a dar tr\u00e1mite, decisi\u00f3n y notificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que se tome respecto de la oposici\u00f3n presentada por la actora en tutela, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta diligencia (15 jul.). <\/p>\n
Adver\u00f3 que esa determinaci\u00f3n \u00abse configura como cosa juzgada fraudulenta, en tanto, da una aplicaci\u00f3n indebida a la norma, desconociendo el precedente ordinario relacionado con la procedencia de la oposici\u00f3n en la diligencia de entrega\u00bb, el cual se produce por dos razones principales: i) Por \u00abindebida interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma que da origen a una sentencia de tutela abiertamente inconstitucional\u00bb y, ii) Haber interpretado \u00aberr\u00f3neamente que la diligencia del d\u00eda treinta y uno (31) de marzo de 2022 se trataba de una continuaci\u00f3n de la realizada en diciembre de 2021, cuando en realidad esta \u00faltima ya hab\u00eda sido declarada sin validez por la Alcald\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que la Magistratura acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto sustantivo o material\u00bb, ya que apreci\u00f3 err\u00f3neamente que \u00abera aplicable el art\u00edculo 309-2 del C.G.P. en la diligencia de entrega del d\u00eda treinta y uno (31) de marzo de 2022\u00bb cuando \u00abla norma no especifica que el art\u00edculo 308-4 del C.G.P. s\u00f3lo es aplicable a las partes del proceso, como pretende hacerlo ver\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abla diligencia de entrega tiene por objeto restablecer el statu-quo adquirido sobre el bien objeto de controversia con anterioridad al secuestro [y] conforme el razonamiento vigente de la misma corporaci\u00f3n, la oportunidad procesal para manifestar oposici\u00f3n en calidad de poseedor es la diligencia de secuestro, pues en esta se har\u00edan valer los derechos adquiridos sobre el bien\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00absi ILVA ALCIRA CASTILLO SANABRIA adquiri\u00f3 la calidad de poseedora del bien, s\u00f3lo pudo haberlo hecho con posterioridad a su secuestro, pues fue el secuestre mismo quien la ingres\u00f3 al inmueble mediante un contrato de arrendamiento\u00bb y, por tanto, en su opini\u00f3n, \u00abse configur[\u00f3] el defecto sustantivo en el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Moniquir\u00e1 narr\u00f3 las etapas surtidas en el ejecutivo (rad. 1997-00989) y en la \u00abacci\u00f3n de tutela n.\u00b0 2022-00100\u00bb. <\/p>\n
Juan Carlos Medina Herrera se opuso a la demanda superlativa y asegur\u00f3 que \u201cno se da el requisito de cosa juzgada fraudulenta (\u2026) [ya que,] se denota que el accionante al no obtener una decisi\u00f3n judicial favorable a sus intereses (\u2026), pretende apelar a una tutela contra fallo de tutela; sin que este sea el escenario para controvertir las decisiones\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el pleito genitor con la prueba recaudada en el plenario, pronto se anuncia el decaimiento del auxilio, comoquiera que esta v\u00eda especial\u00edsima no puede ser ejercida para cuestionar una resoluci\u00f3n dictada en un asunto de id\u00e9ntico linaje. <\/p>\n
2.- En el sub lite, Vald\u00e9s Cort\u00e9s aspira invalidar la sentencia expedida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja en el ruego n\u00b0 2022-00100 (15 jul. 2022), por cuanto, presuntamente, su \u00abmotivaci\u00f3n constituye COSA JUZGADA FRAUDULENTA\u00bb, al revocar para conceder el apoyo solicitado por Ilva Alcira Castillo Sanabria, habida cuenta que no hizo un examen concienzudo del escenario que \u00e9sta denunci\u00f3, lo que condujo a \u00abmalinterpretar el art\u00edculo 309-2 del C.G.P. en la diligencia de entrega del d\u00eda treinta y uno (31) de marzo de 2022\u00bb, en atenci\u00f3n a que \u00abla norma no especifica que el art\u00edculo 308-4 del C.G.P. s\u00f3lo es aplicable a las partes del proceso, como pretende hacerlo ver\u00bb; igualmente inobserv\u00f3 que \u00abla diligencia de entrega tiene por objeto restablecer el statu-quo adquirido sobre el bien objeto de controversia con anterioridad al secuestro\u00bb. <\/p>\n
No obstante, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es posible el an\u00e1lisis de las \u00abtutelas contra tutelas\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, citadas en STC2551-2021, STC16306-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
Excepcionalmente, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica acept\u00f3 la viabilidad de \u00abacciones\u00bb como la presente, cuando las decisiones adoptadas en el socorro son producto de un \u00abfraude\u00bb o si se controvierten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb (SU-627 de 2015, citada en STC16306-2021 y STC4756-2022). As\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional. <\/p>\n
En el sub lite, aunque el quejoso esgrime que el veredicto recriminado es \u00abfruto de un fraude\u00bb, el argumento que expone para sostener tal aserto solo puede calificarse como un descontento frente a lo solventado por el funcionario censurado, en tanto, no exhibe ninguna circunstancia constitutiva de la rese\u00f1ada figura, sino que simplemente arguye conjeturas que, en su sentir, detallan por qu\u00e9 infiere la configuraci\u00f3n de la misma, sin apoyo probatorio, por lo que, es claro que su objetivo es tratar de imponer su visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 impartirse al caso sobre el que aquel finalmente tom\u00f3 su postura, de ah\u00ed que el estudio de fondo del reclamo se torna impertinente. <\/p>\n
Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional, es \u00abinaceptable que las partes que integran un proceso de acci\u00f3n de tutela (\u2026) controviertan los argumentos, razones, reglas, pruebas o dem\u00e1s elementos que fundamentaron una decisi\u00f3n por medio de la interposici\u00f3n de una nueva solicitud de amparo\u00bb (C.C. SU- 1219 de 2001 reiterada en T-470\/18); debido a que esa Corporaci\u00f3n \u00ab(\u2026) tiene la misi\u00f3n institucional de impedir que ello ocurra porque lo que est\u00e1 en juego no es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedar\u00eda indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posici\u00f3n coincida con la opini\u00f3n de alg\u00fan juez\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
En el prove\u00eddo la T- 218\/2012, el mismo Alto Tribunal precis\u00f3, frente al fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, que \u00e9ste \u00abse predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, que implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad\u00bb. As\u00ed lo esgrimi\u00f3: <\/p>\n
En el fraude puede actuar solo una de las partes, ambas o incluso el juez. Tambi\u00e9n puede cometerse contra una de las partes o contra un tercero, contra el orden jur\u00eddico, caso en el cual se le denomina fraus legi o contra el inter\u00e9s p\u00fablico. Sin embargo, para que se configure el dolo y la actuaci\u00f3n que de \u00e9l se deriva deben tener la potencia de generar el efecto buscado. Por lo mismo, sin que de ello pueda desprenderse una comprensi\u00f3n indulgente, la cosa juzgada fraudulenta resulta m\u00e1s grave cuando es cometida directamente por el juez o mediante su anuencia, pues la autoridad judicial representa la confianza social en la administraci\u00f3n de justicia y su actuaci\u00f3n consciente permitir\u00eda de manera mucho m\u00e1s f\u00e1cil que la situaci\u00f3n fraudulenta \u2013revestida de la calidad de cosa juzgada- fuera coercitivamente exigible. <\/p>\n
3.- Sumado a lo anterior, seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional (exp. T8987050), la citada actuaci\u00f3n fue excluida de revisi\u00f3n (28 oct. 2022), sin que el actor hubiese elevado \u00absolicitud de insistencia\u00bb tendiente a que un \u00abMagistrado de esa Colegiatura\u00bb, el Procurador General de la Nacional, el Defensor del Pueblo y\/o la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado ejerciera el \u00abmecanismo de insistencia\u00bb. De modo que, \u00abrespecto de la misma ha operado el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional derivada de la no selecci\u00f3n por la Corte Constitucional\u00bb (fallo 7 jun. 2012, exp. No. 11001-22-03-000-2012-00775-01, reiterado el 11 de junio, exp. 2013- 00019-01, STC8818-2019, STC9102-2021, STC10346-2021 y STC1558-2022). <\/p>\n
Frente a la \u00abrevisi\u00f3n de la sentencia de tutela\u00bb y el instrumento de la \u00abinsistencia\u00bb, esta Sala ha expresado: <\/p>\n
(\u2026) si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018cualquier Magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendarios siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u2019. Sentencia de 8 mayo de 2012 exp. 11001 02 03 000 2012-00862-00, reiterada en CSJ STC3573-2020, STC10346-2021 y STC1558-2022. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la negligencia en la utilizaci\u00f3n de los medios de defensa, tambi\u00e9n tiene decantado, que: <\/p>\n
(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u2026\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020, STC10346-2021 y STC7520-2022). <\/p>\n
Ello, en virtud a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020, STC10346-2021 y STC7520-2022). <\/p>\n
4.- Ergo, emerge el fracaso de la s\u00faplica supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela incoada por Carlos Humberto Vald\u00e9s Cortes. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC562-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC562-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00263-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n virtual de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la tutela que Carlos Humberto Vald\u00e9s Cort\u00e9s instaur\u00f3 contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}