STC566-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC566-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02296-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 22 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Namer Arnet Jim\u00e9nez Marzola contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad; extensiva a las partes e intervinientes reconocidos en el proceso penal 2016-05184. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera quebrantado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra Namer Arnet Jim\u00e9nez Marzola, quien se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acac\u00edas, curs\u00f3 la actuaci\u00f3n penal indicada precedentemente dentro de la cual el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3, mediante sentencia de 27 de abril de 2017, a 265 meses de prisi\u00f3n como autor del delito de tentativa de homicidio agravado. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue refrendada el 23 de agosto del mismo a\u00f1o por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al desatar la apelaci\u00f3n que contra ella interpuso la bancada defensiva. <\/p>\n
Ante la no formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la sanci\u00f3n alcanz\u00f3 firmeza, por lo que el expediente fue remitido a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas, encontr\u00e1ndose actualmente a cargo del despacho primero de dicha especialidad con sede en Acac\u00edas. <\/p>\n
3. Jim\u00e9nez Marzola acudi\u00f3 a este instrumento pues considera que fue condenado con fundamento exclusivamente en pruebas de referencia, ya que los medios de convicci\u00f3n aducidos no eran id\u00f3neos ni suficientes para llevar a los jueces al est\u00e1ndar de convicci\u00f3n exigido por el ordenamiento jur\u00eddico, que no se practicaron otras por \u00e9l solicitadas con las que hubiera demostrado su inocencia y, finalmente, que todo se trat\u00f3 de una persecuci\u00f3n en su contra; sin embargo, no formula petici\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un empleado adscrito al despacho del magistrado ponente de la sentencia de segundo grado solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo por desatender los presupuestos de inmediatez, en tanto \u00abla decisi\u00f3n\u2026 fue proferida hace algo m\u00e1s de 5 a\u00f1os\u00bb y subsidiariedad habida cuenta que \u00abno se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal Cincuenta y Uno Seccional de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb pues \u00abno ha trasgredido derecho fundamental alguno, menos los deprecados en la acci\u00f3n que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora 326 Judicial Penal I, luego de efectuar un amplio recuento de la actuaci\u00f3n surtida en la causa fustigada, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda comoquiera que la misma \u00abse llev\u00f3 a cabo conforme las formas propias del proceso penal\u00bb logr\u00e1ndose desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia, a trav\u00e9s del material probatorio recaudado, de all\u00ed que \u00abno exist[a] violaci\u00f3n de los derechos al debido proceso, ni garant\u00edas fundamentales\u2026 del hoy demandante\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, advirti\u00f3 que el amparo tambi\u00e9n se tornaba inviable al incumplir el presupuesto de la tempestividad habida consideraci\u00f3n que se acude a esta herramienta de protecci\u00f3n \u00abluego de haber transcurrido, aproximadamente, cinco (5) a\u00f1os\u00bb desde el proferimiento censurado, \u00absituaci\u00f3n que no resulta oportuno, ni razonable [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Veintinueve Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas resalt\u00f3 que su intervenci\u00f3n en el asunto objeto de censura se limit\u00f3 a presidir las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento que se adelantaron, de forma concentrada, el 24 de agosto de 2016, por lo que \u00abdesconoce lo que hubiese ocurrido dentro del proceso\u2026 la suerte del ahora accionante o si actualmente se encuentra privado de la libertad\u00bb result\u00e1ndole imposible efectuar pronunciamiento alguno en torno al tema debatido. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo por desatender los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Frente al primero advirti\u00f3 que \u00abla \u00faltima decisi\u00f3n proferida dentro del proceso penal censurado\u2026 se emiti\u00f3 hace m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os, excediendo ampliamente lo que se podr\u00eda considerar como un plazo razonable, sin establecer\u2026 alguna raz\u00f3n que justifique dicha tardanza\u00bb. <\/p>\n
En punto de la segunda exigencia dijo que \u00e9sta se incumpl\u00eda tanto por incuria, pues no se hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como por contar el gestor con otra herramienta procesal defensiva cual es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reiterando los argumentos del libelo inicial y aduciendo que la ausencia de agotamiento de todas las herramientas de defensa obedeci\u00f3 a que no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron los derechos fundamentales de Namer Arnet Jim\u00e9nez Marzola, dentro de la actuaci\u00f3n penal que se adelant\u00f3 en su contra porque, seg\u00fan dice, fue condenado sin haberse alcanzado el est\u00e1ndar de convicci\u00f3n requerido. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la Sala a quo, que el cuestionamiento que se hace frente a las actuaciones adelantadas al interior de la causa 2016-05184 no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por medio de la cual confirm\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito del mismo distrito judicial, data del 23 de agosto de 2017 (siendo le\u00edda en audiencia del 15 de septiembre siguiente); mientras que la presente tutela se radic\u00f3, seg\u00fan el acta de reparto anexa en el expediente digital, el 22 de agosto de 20221; es decir, transcurridos casi cinco a\u00f1os desde la consumaci\u00f3n del presunto hecho lesivo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, no se adujeron razones v\u00e1lidas que sirvan de justificaci\u00f3n para la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del quejoso que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido se ratificar\u00e1 la sentencia de primer grado porque el accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, asimismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El resguardo fue tramitado en una primera oportunidad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio; no obstante, mediante prove\u00eddo de 25 de octubre de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal dispuso la invalidaci\u00f3n de lo actuado al no haberse conformado el contradictorio en debida forma. <\/p>\n
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