STC570-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC570-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00951-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de diciembre de 2021, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Paul Arturo Bola\u00f1os Reyes contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de esa ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2020-00098-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas, en desarrollo del recaudo n\u00b0 2020-00098-00. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla se adelanta el referido juicio, precisando que funge como apoderado del extremo pasivo. <\/p>\n
Indica, que el estrado acusado, el 2 de septiembre de 2021, fij\u00f3 para el 15 de ese mes y a\u00f1o la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso. Asegura que le fue \u00abimposible\u00bb comparecer a \u00e9sta \u00aben raz\u00f3n a que para el mes de agosto de 2020 fu[e] sancionado injustamente por la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial\u00bb, situaci\u00f3n que aduce puso en conocimiento del despacho en la misma data en que se celebr\u00f3 la diligencia. <\/p>\n
Reprocha, que pese a lo anterior, el juez omiti\u00f3 pronunciarse al respecto en la aludida audiencia, y adem\u00e1s le impuso una multa equivalente a cinco salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por su inasistencia. <\/p>\n
Sostiene, que tal proceder vulnera su garant\u00eda superior de petici\u00f3n ya que el Juez Quinto Civil del Circuito de Barranquilla \u00abno ha contestado de fondo la solicitud en donde queda conculcado el t\u00e9rmino para responder las solicitudes por mandato expreso de la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1555 de 2015 del C\u00f3digo Contenciosos (sic) Administrativo y de Procedimiento Administrativo queda establecido en 30 d\u00edas siguientes a la presentaci\u00f3n del memorial el cual se encuentra sobrevencidos\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta, que a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela, esto es, el 29 de noviembre de 2022, la \u00abRama Judicial\u00bb no le ha notificado si en su contra se ha iniciado alg\u00fan cobro coactivo por la precitada multa que le fue impuesta. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda (i) se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico que \u00abremita todos los documentos que reposa (sic) en el archivo\u00bb sobre la existencia de actuaciones administrativas en su contra, y que se suspenda de manera inmediata \u00abcualquier reporte al bolet\u00edn de deudores del Estado, hasta tanto no se resuelva de fondo esta demanda constitucional de acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) \u00abque se declare la ilegalidad de la sanci\u00f3n impuesta ante por (sic) el Juzgado Quince Civil del Circuito. Que se revoque el numeral Quinto del acta de 3015audiencia proferido dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el numero 08001310301520200009800\u00bb (sic). <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Quince Civil del Circuito de Barranquilla hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del ejecutivo que origina el reclamo, destac\u00f3 que dos d\u00edas despu\u00e9s de la diligencia, esto es el 17 de septiembre de 2021, el apoderado judicial del demandado, hoy accionante, alleg\u00f3 memorial en el que solicitaba el aplazamiento de la audiencia esgrimiendo \u00abi) Que su representado se encontraba incapacitado para atender la diligencia judicial. ii) Que su inasistencia obedece a la existencia de una inhabilidad para el ejercicio de la profesi\u00f3n, y, iii) Que el apoderado sustituto de confianza se encuentra con quebrantos de salud\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que mediante prove\u00eddo de 23 de septiembre de 2021 despach\u00f3 desfavorablemente tales pedimentos en tanto que el interesado no aport\u00f3 prueba que sustentara lo aducido aunado a que se invocaron con posterioridad al desarrollo de su celebraci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no constitu\u00edan caso fortuito o fuerza mayor. <\/p>\n
Finalmente, asegur\u00f3 que, \u00abno existe dentro del expediente digital solicitud elevada por el accionante, de fecha 15 de septiembre de 2021, igualmente tampoco se evidencia que se haya allegado constancia, prueba o certificaci\u00f3n de la inhabilidad aducida; carga procesal que le era exigible aportar dentro del t\u00e9rmino de ley para que pudiera ser evaluada por el juez\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el amparo argumentando que el interesado no acredit\u00f3 haber formulado petici\u00f3n previa \u00aba la Direcci\u00f3n de Carrera Seccional Atl\u00e1ntico o al Departamento Jur\u00eddico de la Seccional Atl\u00e1ntico\u00bb en lo que respecta al supuesto cobro que se adelanta en su contra derivado de la multa que le fue impuesta en la sentencia de 15 de septiembre de 2021 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla en el recaudo n\u00b0 2020-00098-00. <\/p>\n
Respecto de la censura planteada frente al precitado estrado judicial se\u00f1al\u00f3 que \u00abA folio 35 al 36 se evidencia la solicitud de Ilegalidad de la parte demandada, y el auto que rechaz\u00f3 la solicitud de Ilegalidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor, por cuanto, supuestamente (i) el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla no se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de aplazamiento de audiencia que radic\u00f3 el 15 de septiembre de 2021; (ii) porque la \u00abRama Judicial\u00bb no le ha notificado si en su contra se ha iniciado alg\u00fan proceso compulsivo para recaudar el valor de la multa que le fue impuesta en sentencia de 15 de septiembre de 2021 por inasistencia a la audiencia, al interior del litigio n\u00b0 2020-00098-00 <\/p>\n
2. El derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n la Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
3. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
3.1. En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
3.2. El convocante a trav\u00e9s de memorial remitido por correo electr\u00f3nico que data de 17 de septiembre de 2021, enviado a las 15:22 horas, pidi\u00f3 al despacho acusado el aplazamiento de la audiencia citada para esa fecha a las 8:30 am, al interior del juicio n\u00b0 2020-00098-00. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que no es posible invocar en este caso espec\u00edfico la vulneraci\u00f3n del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, porque el objeto de la solicitud no versa sobre un asunto administrativo, sino judicial, y por ello no es posible exigir una respuesta invocando el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3.3. Cabe reiterar, que en todo caso el despacho accionado dio tr\u00e1mite a la solicitud del gestor, no bajo las reglas del derecho de petici\u00f3n, como lo pretende el accionante, sino, en atenci\u00f3n a la regulaci\u00f3n del estatuto procesal vigente, pues el 23 de septiembre de 2021 profiri\u00f3 el auto por medio del cual tuvo por no justificada la inasistencia del apoderado judicial del extremo pasivo a la audiencia en la que se profiri\u00f3 fallo que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el 15 de septiembre de 2020, y se le impuso multa equivalente a cinco salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por su inasistencia a la diligencia. <\/p>\n
4. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Ahora, si el prop\u00f3sito del gestor al interponer la solicitud de amparo es cuestionar la multa que le fue impuesta debido a que el juez no dio por excusada su inasistencia a la audiencia llevada acabo el 15 de septiembre de 2021 al interior del recaudo n\u00b0 2020-00098-00, es necesario precisar que tal censura desatiende el presupuesto de la inmediatez, pues el presente auxilio fue radicado el 29 de noviembre de 2022. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
5. Frente al reproche endilgado contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
El gestor denuncia que la \u00abRama Judicial\u00bb no le ha notificado si en su contra se adelanta \u00abalguna actuaci\u00f3n administrativa\u00bb, sin embargo, no acredit\u00f3 en el presente tr\u00e1mite que hubiese realizado gesti\u00f3n tendiente a realizar tal averiguaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo enunciado enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. La Corte sobre ese puntual aspecto ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (mencionada tambi\u00e9n en CSJ STC11463-2016 y STC9840-2017). <\/p>\n
En otro asunto en el que se acudi\u00f3 a esta v\u00eda sin efectuar antes solicitud al funcionario encargado de resolver el tema objeto de debate, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC10498-2019, 6 ago. 2019, rad. 02462-00). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone revalidar el fallo impugnado por improcedencia del derecho de petici\u00f3n en asuntos jurisdiccionales, no cumplirse el presupuesto de la inmediatez y porque el interesado no acredit\u00f3 haber formulado petici\u00f3n previa ante la Rama Judicial Seccional Atl\u00e1ntico para indagar sobre un eventual cobro coactivo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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