STC571-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC571-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00958-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 improcedente el amparo peticionado por el Banco Agrario de Colombia S.A. en contra del Juzgado Primero de Familia de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes dentro del proceso con radicado 2013-00161, as\u00ed como a la Superintendencia de Sociedades y al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito, tambi\u00e9n de esta capital. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, las pruebas allegadas y la informaci\u00f3n suministrada por los convocados y vinculados, se extraen como bases del reclamo, en s\u00edntesis, las siguientes: <\/p>\n
2.1. El 26 de febrero de 2006, y bajo los par\u00e1metros de la Ley 550 de 1999, se suscribi\u00f3 un acuerdo de restructuraci\u00f3n entre la sociedad Protecci\u00f3n Agr\u00edcola S.A. -en lo sucesivo, Protag S.A.- y sus acreedores, entre ellos, el Banco Agrario de Colombia S.A., aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2.2. Protag S.A. incumpli\u00f3 los pagos desde el 2011, la Superintendencia de Sociedades, en auto 400-001169, de 29 de enero de 2013, decret\u00f3 oficiosamente el inicio del proceso de liquidaci\u00f3n judicial1. <\/p>\n
2.3. Inconformes con la anterior determinaci\u00f3n, algunos trabajadores2 de la sociedad presentaron acci\u00f3n de tutela, alegando \u00abque no se pod\u00eda ordenar la liquidaci\u00f3n, pues se hab\u00eda hecho uso de la cl\u00e1usula de salvaguardia por lo que el acuerdo no estaba incumplido\u00bb. <\/p>\n
2.4. De ese amparo conoci\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, el cual, por sentencia de 6 de enero de 20133, aclarada el 18 de marzo siguiente y confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. el 31 de julio posterior4, dispuso: <\/p>\n
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, al trabajo y la defensa de los trabajadores (…) y empresa [refiri\u00e9ndose a Protag S.A.][,] los cuales fueron violentados por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES al proferir el auto del 29 de enero de 2013 mediante el cual resuelve DECRETAR DE OFICIO la apertura del tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n judicial de los bienes de propiedad de la sociedad PROTECCI\u00d3N AGR\u00cdCOLA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACI\u00d3N (\u2026). <\/p>\n
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS LOS ACTOS CUMPLIDOS por el liquidador designado. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
2.5. Pretendiendo dar cumplimiento a lo ordenado por la jurisdicci\u00f3n constitucional, en auto 400-003451 de 11 de marzo de 2013 la Superintendencia de Sociedades revoc\u00f3 el prove\u00eddo de 29 de enero anterior5, y, en su lugar, dispuso: <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO: DECRETAR el desembargo de todos los bienes, de propiedad de la sociedad. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO SEGUNDO. OFICIAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS P\u00daBLICOS DE PAZ DE ARIPORO, para que levante el embargo del inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 475-15712. <\/p>\n
ART\u00cdCULO SEGUNDO. REM\u00cdTASE el expediente de la sociedad PROTECCI\u00d3N AGR\u00cdCOLA S.A., al Grupo de Supervisi\u00f3n y Seguimiento a Acuerdos Recuperatorios de la Superintendencia de Sociedades (\u2026). <\/p>\n
ART\u00cdCULO TERCERO: SE ORDENA a la C\u00e1mara de Comercio inscribir la presente providencia en el registro mercantil. <\/p>\n
ART\u00cdCULO CUARTO: SE ORDENA a la C\u00e1mara de Comercio dejar sin efecto la inscripci\u00f3n en el registro mercantil, del doctor Luis Fernando Alvarado Ortiz (\u2026) como liquidador de la sociedad PROTECCI\u00d3N AGR\u00cdCOLA S.A. <\/p>\n
ART\u00cdCULO QUINTO: SE ORDENA a la C\u00e1mara de Comercio proceder a la inscripci\u00f3n del Doctor FRANCISCO DE PAULA MU\u00d1OZ GRISALES (\u2026) en su calidad de PROMOTOR de la sociedad PROTECCI\u00d3N AGR\u00cdCOLA S.A. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
ART\u00cdCULO SEXTO: SE ORDENA a la C\u00e1mara de Comercio remover de la raz\u00f3n social de la sociedad en cuesti\u00f3n las palabras \u201cen liquidaci\u00f3n judicial\u201d y en consecuencia inscribir PROTECCI\u00d3N AGR\u00cdCOLA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACI\u00d3N PROTAG S.A. (\u2026). <\/p>\n
2.6. Posteriormente, los se\u00f1ores Alejandro Gustavo Castillo Freyle, Carlos Enrique Garz\u00f3n Galvis, Sandra Milena Mendoza Rodr\u00edguez, Manuel Antonio Jim\u00e9nez, Alexis Cifuentes, Hugo Hernando Amortegui y William Andr\u00e9s Acevedo, as\u00ed como Iv\u00e1n Jos\u00e9 Castillo, formularon incidente de desacato en contra de la Superintendencia en cuesti\u00f3n, que fundaron -sint\u00e9ticamente- en que no se adoptaron los correctivos necesarios para devolver la empresa al estado en que se encontraba antes de la orden de liquidaci\u00f3n6. <\/p>\n
2.7. En pronunciamiento de 22 de abril de 2015, se declar\u00f3 en desacato a la Superintendencia de Sociedades7, as\u00ed: <\/p>\n
PRIMERO: Al no haber realizado o efectuada la accionada todos los correctivos necesarios para el reintegro de los trabajadores y la entrega de la empresa funcionando como estaba el 5 de febrero de 2013, y como consecuencia no haber cumplido la accionada (\u2026) con el fallo de tutela proferido por este Juzgado el d\u00eda 6 de marzo de 2013, el que fuera impugnado y confirmado por el Superior (\u2026) el 31 de julio de 2013 y luego enviado a revisi\u00f3n a la Corte Constitucional, la que revoc\u00f3, el mismo hace tr\u00e1nsito a cosa [j]uzgada, SE IMPONE decretar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 una SANCI\u00d3N equivalente a DIEZ SALARIOS M\u00cdNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (\u2026). <\/p>\n
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, debe darse cumplimiento a los mismos y de esa forma no solo sean amparados los derechos fundamentales de trabajadores y empresa, sino satisfechos los motivos y decisiones de la tutela, retornando al estado en que se encontraban los empleados y empresa para el 5 de febrero de 2013. <\/p>\n
TERCERO: Para el efecto y cumplimiento de lo aqu\u00ed dispuesto y por cuanto la Superintendencia de Sociedades ha expresado que \u201cno corresponde a esta entidad realizar reversi\u00f3n a ning\u00fan acto material, como por ejemplo ser\u00eda rehacer los contractos de trabajo, o el contrato de arrendamiento\u201d y que \u201c\u2026 dentro de las funciones asignadas a la dependencia a mi cargo, no se encuentra la de realizar devoluciones de empresa, as\u00ed como tampoco ocurre con ninguna otra dependencia de esta entidad (\u2026)\u201d, la se\u00f1ora PROMOTORA como amigable componedor y representante de la Superintendencia de Sociedades (\u2026) deber\u00e1 coordinar con la sociedad PROTAG S.A. y la Superintendencia de Sociedades la entrega de la empresa y de sus sucursales que fueron tomadas y cerradas por el Liquidador. <\/p>\n
Concertar\u00e1 equivalentemente con los ex-trabajadores (sic), para que manifiesten si est\u00e1n en posibilidad de reincorporarse. <\/p>\n
Citar\u00e1 con car\u00e1cter urgente al representante legal de PROTAG S.A., para que sea la empresa junto con los proveedores, acreedores, clientes, distribuidores, intermediarios financieros, bolsa agropecuaria, entidades promotoras de salud, pensi\u00f3n, DIAN y dem\u00e1s debidamente reconocidos e incluidos dentro del acuerdo al 5 de febrero de 2013, los que concierten la puesta en marcha de la empresa y se proceda a su inmediata reactivaci\u00f3n, para que los ex-empleados (sic), puedan reintegrarse si as\u00ed lo desean a sus cargos. <\/p>\n
CUARTO: Las determinaciones que se adopten entre la empresa PROTAG S.A., la Superintendencia de Sociedades y los proveedores, acreedores, deudores, DIAN y dem\u00e1s intervinientes deber\u00e1n ser puestas en conocimiento del COMIT\u00c9 DE VIGILANCIA para lo de su cargo y competencia. <\/p>\n
QUINTO: La Superintendencia de Sociedades por haber causado la paralizaci\u00f3n de la empresa y despido de los trabajadores con su acto ilegal deber\u00e1 prestar toda la colaboraci\u00f3n y apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades y t\u00e9rminos que se acuerden sin interferir o entorpecer los mismos, y sea reactivada la empresa, para que los ex trabajadores (sic) puedan reincorporarse a sus cargos. <\/p>\n
SEXTO. En el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas h\u00e1biles[,] el PROMOTOR y el REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad PROTAGA S.A. deber\u00e1n informar el cumplimiento de lo aqu\u00ed dispuesto y [el] resultado de las actividades adelantadas. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue confirmada \u00edntegramente por la Sala de Familia de la misma Corporaci\u00f3n el 12 de mayo posterior8. <\/p>\n
2.8. En octubre de ese a\u00f1o, Jes\u00fas Alberto Jim\u00e9nez Rozo promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del juzgado de familia atacado y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pretendiendo, mediante ella, que se revocaren las decisiones adoptadas en el marco del incidente de desacato. Esta Sala (Sentencia STC14561-2015, de 22 de octubre9) no encontr\u00f3 estructurada ninguna v\u00eda de hecho, parecer que en que particip\u00f3 la Hom\u00f3loga Laboral al desatar la impugnaci\u00f3n que frente a aquella decisi\u00f3n propuso tanto el impulsor como la Superintendencia de Sociedades (cfr. STL440-2016, de 20 de enero). <\/p>\n
2.9. A finales de 2016, la Superintendencia de Sociedades inco\u00f3 acci\u00f3n de tutela respecto de la Sala de Familia y el Juzgado Primero de Familia, los dos de esta capital. La misma fue negada por esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC14559-201610, de 12 de octubre, en decisi\u00f3n ratificada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 23 de noviembre del mismo a\u00f1o (STL17418-2016). <\/p>\n
2.10. De otra parte, la petente pone de presente que Protag S.A. inici\u00f3 proceso ordinario en contra suyo, entre otros; de \u00e9l conoci\u00f3 primero el Juzgado Treinta Civil del Circuito y luego el Cincuenta Civil del Circuito, ambos de Bogot\u00e1 (rad. 2014-00357). <\/p>\n
2.11. Mediante escrito radicado el 1 de febrero de 2018, algunos extrabajadores de Protag S.A., as\u00ed como el representante legal de esa sociedad, le solicitaron al juzgado de familia que requiriese a la Superintendencia de Sociedades a fin de que diera cumplimiento a lo dispuesto por la jurisdicci\u00f3n constitucional, concretamente, en lo que ata\u00f1\u00eda a la entrega de la empresa y el reintegro a los cargos. <\/p>\n
De esa petici\u00f3n el juzgado accionado corri\u00f3 en auto de 18 de abril de 201811, mismo en el cual orden\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) provisionalmente a la Superintendencia de Sociedades se abstenga de ejercer cualquier tipo de actuaci\u00f3n contra la empres PROTECCI\u00d3N AGR\u00cdCOLA PROTAG S.A., principalmente las encaminadas a un tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la misma, hasta tanto esa Superintendencia, no realice y demuestre la entrega formal y material de la empresa PROTAG S.A. funcionando, a sus propietarios, y de esa forma los trabajadores despedidos puedan reintegrarse a sus cargos, teniendo en cuenta los fallos de Tutela e Incidente de Desacato, de los cuales no se ha demostrado su cumplimiento por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y lo decidido por el Comit\u00e9 de Vigilancia respecto de la cl\u00e1usula de Salvaguardia (\u2026). <\/p>\n
2.12. En prove\u00eddo de 21 de septiembre siguiente, la oficina judicial querellada intim\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades a fin de que informara cu\u00e1les eran las razones por las que no hab\u00eda cumplido con lo ordenado en los fallos de tutela e inst\u00e1ndola a que observara lo all\u00ed dispuesto12. El 28 de febrero de 2019 nuevamente la requiri\u00f313. <\/p>\n
2.13. En marzo de 2019, la Superintendencia de Sociedades propuso tutela frente a lo actuado dentro del incidente de desacato cuestionado. Ese ruego fue desestimado por esta Sala en fallo STC4777-201914, de 11 de abril, siendo confirmada, esa determinaci\u00f3n, el 29 de mayo del mismo a\u00f1o por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n (STL7051-2019). <\/p>\n
3. La gestora cuestiona lo actuado al interior del proceso constitucional a que se ha hecho menci\u00f3n. A su modo de ver, las decisiones all\u00ed tomadas quebrantaron su garant\u00eda fundamental al debido proceso, en tanto extendieron \u00abde manera indefinida una cl\u00e1usula de salvaguardia que ten\u00eda car\u00e1cter temporal en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, vulneraron el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de que son titulares los acreedores de Protag S.A., en tanto \u00abse ha suspendido de manera indefinida las facultades de la Superintendencia (\u2026) de decretar de oficio el inicio de un proceso de liquidaci\u00f3n frente al incumplimiento de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado, pidi\u00f3, en concreto, que se dejare sin efectos las \u00abactuaciones adelantadas dentro [de] la acci\u00f3n de tutela con radicado 2013-0161\u00bb, y que, a su turno, se instare a la Superintendencia de Sociedades a \u00abdecretar de oficio el inicio del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad Protag [S.A.] en raz\u00f3n del incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El estrado de familia querellado, indic\u00f3 que la tutela no satisfac\u00eda el presupuesto de la inmediatez. Advirti\u00f3, asimismo, que con ocasi\u00f3n del proceso criticado, se han interpuesto otras acciones de tutela, todas negadas tanto por esta Sala como por la Hom\u00f3loga Laboral. Por \u00faltimo, esgrimi\u00f3 que la accionante pudo coadyuvar los amparos constitucionales previamente incoados, en el entendido de que su contenido fue enterada. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 puso de presente que conoce del proceso declarativo con radicado 2014-00357, promovido por Protag S.A. en contra del Banco Agrario de Colombia S.A., el Banco BBVA S.A., Bancolombia S.A. y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-, y detall\u00f3 el tr\u00e1mite que con ocasi\u00f3n de ese decurso ha adelantado. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades coadyuv\u00f3 lo peticionado por el impulsor. Similar actuar desplegaron la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, el Ministerio del Trabajo y quien se anunci\u00f3 como director jur\u00eddico del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-. <\/p>\n
4. Quien dijo ser el representante legal de Protag S.A. advirti\u00f3 que el amparo promovido no satisfac\u00eda el requisito de la inmediatez, a m\u00e1s de que, mediante \u00e9l, se pretend\u00eda atacar lo resuelto en providencias dictadas por la jurisdicci\u00f3n constitucional, lo cual no era viable. <\/p>\n
5. El Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras -FOGAFIN- pidi\u00f3 se le desvinculara, dado que ninguna garant\u00eda superior hab\u00eda conculcado; lo propio hizo Porvenir S.A., la Superintendencia Financiera de Colombia y Salud Total E.P.S. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el auxilio reclamado, por no reunir el presupuesto de la inmediatez. En concreto, sostuvo que entre el 18 de abril de 2018, fecha en que el juzgador accionado le orden\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades abstenerse \u00abprovisionalmente\u00bb de ejercer cualquier tipo de actuaci\u00f3n en contra de Protag S.A., y el 15 de septiembre de 2022, cuando se interpuso la salvaguarda constitucional, transcurrieron m\u00e1s de seis meses. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la censora. Sostuvo que el requisito de la tempestividad pod\u00eda obviarse, dada la magnitud de los yerros cometidos por el juzgado accionado al interior del proceso constitucional confutado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Frente a lo planteado, advierte esta Corporaci\u00f3n que, como lo dedujo el a quo constitucional, el ruego propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en vista de que no satisface el presupuesto de la tempestividad, toda vez que, entre la fecha de emisi\u00f3n del prove\u00eddo de 18 de abril de 2018, y el 15 de septiembre de 2022, cuando se interpuso el amparo, han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n15 y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
Ahora bien, ese t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). Bajo estos presupuestos, no se observa causal alguna que justifique la tardanza en la interposici\u00f3n de este resguardo constitucional. <\/p>\n
3. A\u00fan si lo anterior se dejare de lado, el amparo igual fracasar\u00eda, ya que a trav\u00e9s de \u00e9l se pretenden cuestionar actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de un incidente de desacato, lo cual resulta inviable, m\u00e1xime cuando en el asunto de marras no se percibe que haya existido una protuberante lesi\u00f3n al debido proceso, como, tampoco, alguna situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
Y es que insistentemente la jurisprudencia ha pregonado que frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo razonado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, bajo el entendido de que el amparo peticionado es improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fols. 199-206, archivo digital 11001311000120130016100_C001.PDF. <\/p>\n
2\u0002 En concreto, la tutela en comento la propusieron los se\u00f1ores William Andr\u00e9s Acevedo, Hugo Hernando Amortegui, Diana Lorena Beltr\u00e1n Pinz\u00f3n, Alejandro Gustavo Castillo Freyle, Juan Carlos Castillo Rodr\u00edguez, Alexis Cifuentes Gonz\u00e1lez, Carlos Enrique Garz\u00f3n, Manuel Antonio Jim\u00e9nez, Sandra Milena Mendosa y Joaqu\u00edn Pablo Rinc\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Fols. 4-33, archivo digital 11001311000120130016100_C001.PDF. <\/p>\n
4\u0002 Fols. 42-82, archivo digital 11001311000120130016100_C001.PDF. <\/p>\n
5\u0002 Fols. 159-161, archivo digital 11001311000120130016100_C001.PDF.. <\/p>\n
6\u0002 Fols. 273-286, archivo digital 11001311000120130016100_C001.PDF. <\/p>\n
7\u0002 Fols. 175-195, archivo digital 11001311000120130016100_C003.PDF. <\/p>\n
8\u0002 Fols. 4-16, archivo digital 11001311000120130016100_C004.PDF. <\/p>\n
9\u0002 Rad. 11001-02-03-000-2015-02442-00. <\/p>\n
10\u0002 Rad. 11001-02-03-000-2016-02883-00. <\/p>\n
11\u0002 Fols. 467-474, archivo digital 11001311000120130016100_C007.PDF. <\/p>\n
12\u0002 Fols. 684-686, archivo digital 11001311000120130016100_C007.PDF. <\/p>\n
14\u0002 Rad. 11001-02-03-000-2019-01047-00. <\/p>\n
15\u0002 CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021. <\/p>\n
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STC571-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC571-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00958-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}