STC575-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01780-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Roc\u00edo Patricia, Elena Elizabeth y Sandra Stella Su\u00e1rez Ceballos contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 6000485200910387001. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras, a trav\u00e9s de apoderado, procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a \u00abser juzgado en un plazo razonable\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. El 18 de mayo de 2018 se realiz\u00f3 audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pasto2, contra Luis Arturo Maya Noguera, Hernando, Sandra Stella, Roc\u00edo Patricia y Eliana Elizabeth Su\u00e1rez Ceballos, por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
2.2. El 31 de mayo de 20193, el Juzgado de conocimiento declar\u00f3 de oficio la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto el 13 de agosto de 2020. Frente a esta decisi\u00f3n promovieron acci\u00f3n de tutela (radicado 2020-01260), que fue negada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 8 de septiembre de 2020 y confirmada por esta Sala el 5 de marzo de 2021, \u00abal considerar que a\u00fan era posible discutir la inconformidad dentro del curso ordinario del proceso penal\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 14 de abril de 2021 solicitaron la preclusi\u00f3n y el Juzgado accedi\u00f3 a ello; sin embargo, el Tribunal, con auto de 19 de noviembre de 20214, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, por lo que nuevamente insistieron en la solicitud preclusiva, \u00abaportando como prueba una certificaci\u00f3n expedida por el Director Jur\u00eddico de la C\u00e1mara de Comercio de Puerto As\u00eds, donde se expresa que, a la sociedad aludida, se le decret\u00f3 la disoluci\u00f3n por depuraci\u00f3n y est\u00e1 en causal de liquidaci\u00f3n desde el 12 de julio de 2015\u00bb, solicitud que fue negada el 8 de marzo de 2022 y confirmada el 22 de julio de 20225 por el Tribunal. <\/p>\n
2.4. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto program\u00f3 la realizaci\u00f3n de la audiencia de juicio oral para el 3 de noviembre de 2022, la cual fue suspendida y reprogramada para el 7 de febrero del presente a\u00f1o6. <\/p>\n
2.5. Al respecto, las promotoras censuran las providencias emitidas, pues desconocieron el plazo razonable para decidir el asunto y los art\u00edculos 86 del C\u00f3digo Penal y 292 de C\u00f3digo de Procedimiento Penal y otorgaron efectos distintos a lo previsto por el legislador para los art\u00edculos 83, 84 y 453 del C\u00f3digo Penal en cuanto a la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal respecto de los delitos de conducta permanente. Aducen que se aplic\u00f3 incorrectamente la tesis de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que la Corporaci\u00f3n accionada no repar\u00f3 en \u00abel momento consumativo del fraude procesal para determinar los supuestos de prescripci\u00f3n ocurridos antes de proferida la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n (ello en la ley 600 de 2000 pero enti\u00e9ndase formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en la ley 906 de 2004)\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo antelado, instaron revocar los autos proferidos el 13 de agosto de 2020, el 19 de noviembre de 2021 y el 22 de julio de 2022, que negaron la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, y declarar precluido el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto respald\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y resalt\u00f3 que el juicio penal sigue en curso, por lo que cualquier debate que surja debe ventilarse en \u00e9l. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto tambi\u00e9n aval\u00f3 la legalidad de lo decidido. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 32 Seccional de Pasto se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 la indagaci\u00f3n del proceso censurado. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Judicial II 145 en Asuntos Penales refiri\u00f3 que no intervino en los hechos que \u00abgeneraron la conculcaci\u00f3n de las potestades fundamentales\u00bb. <\/p>\n
5. El apoderado de las v\u00edctimas solicit\u00f3 denegar la tutela, por temeraria. <\/p>\n
<\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n constitucional, porque la actuaci\u00f3n penal censurada \u00abse encuentra en tr\u00e1mite de primera instancia, con fecha para celebrar audiencia de juicio oral el pr\u00f3ximo 3 de noviembre de 2022\u00bb, de manera que \u00abcualquier violaci\u00f3n a los derechos fundamentales debe alegarse, discutirse y probarse en la audiencia de juicio oral y eventualmente en la apelaci\u00f3n dependiendo de la decisi\u00f3n adoptada por el juez en la sentencia\u00bb; adem\u00e1s, el asunto tambi\u00e9n puede estudiarse a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, quien insisti\u00f3, en s\u00edntesis, en los argumentos esgrimidos en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, las gestoras pretenden que se revoquen las providencias proferidas el 13 de agosto de 2020, el 19 de noviembre de 2021 y el 22 de julio de 2022, que negaron la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por el delito de fraude procesal, por cuanto adolecen de defectos f\u00e1ctico y sustantivo, y piden que se declare precluido el proceso. <\/p>\n
2. En primer lugar, advierte la Sala que frente al auto de 13 de agosto de 2020 ya se emiti\u00f3 un pronunciamiento en sede constitucional y, en consecuencia, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
En efecto, en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n se tramit\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 110010204000202001260, interpuesta por las promotoras y Hernando Su\u00e1rez Ceballos contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, extensiva al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de dicha ciudad, cuyo fin era dejar sin efectos el auto del 13 de agosto de 2020. La tutela en menci\u00f3n fue negada el 8 de septiembre 2020 y confirmada por esta Sala en sentencia CSJ STC2193-2021, por cuanto el proceso penal estaba en curso y, por tanto, las partes contaban con otros medios de defensa. <\/p>\n
De lo anterior se destaca que esta Sala, en su condici\u00f3n de Juez Constitucional, decidi\u00f3 negar el amparo invocado, porque no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, decisi\u00f3n que fue excluida de selecci\u00f3n por la Corte Constitucional7 y, en consecuencia, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto, toda vez que no es posible volver a decidir sobre aspectos que ya fueron definidos por un juez de tutela. En ese sentido, la Sala ha establecido que la tutela es inviable cuando se ha emitido una determinaci\u00f3n de la misma naturaleza, porque: <\/p>\n
\u2026el asunto fue sometido a discusi\u00f3n constitucional previa, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto, pues tal y como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala, el tema controvertido \u00abya fue conocido por esta Sala en sede de tutela y, por tanto, fue objeto de decisi\u00f3n constitucional, instancia en la que el juez del amparo est\u00e1 dotado de ampl\u00edsimas facultades para resolver los asuntos, de forma que, independientemente del resultado obtenido y de sus efectos en los procesos asociados, ello impide analizar nuevamente en esta sede lo relacionado (\u2026) pues previamente se surti\u00f3 un debate constitucional\u00bb (CSJ STC12991-2021, reiterado en CSJ STC1542- 2022). <\/p>\n
3. En segundo orden, respecto de los autos de 19 de noviembre de 2021 y de 22 de julio de 2022, que negaron la solicitud de preclusi\u00f3n, por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, resulta pertinente se\u00f1alar que como el proceso penal se encuentra en curso en la fase del juicio oral, la tutela es inviable. En efecto, sobre el particular, en asuntos similares, la Sala ha establecido que <\/p>\n
\u2026la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se ha dictado sentencia de primer grado, la que de resultarles adversa ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comportan la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00e1n acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n (CSJ STC2674-2020). <\/p>\n
En ese orden, la tutela invocada es improcedente, porque, encontr\u00e1ndose el proceso penal en tr\u00e1mite, no es el juez constitucional el llamado a determinar si la actuaci\u00f3n se encuentra extinta, pues, como se advirti\u00f3, tales reparos pueden ser cuestionados y analizados en el curso del proceso penal o al dictar sentencia, decisi\u00f3n que, a su vez, puede ser controvertida a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el respectivo procedimiento. <\/p>\n
4. Por lo anterior, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fiscal 32 Seccional de Pasto, Procurador 145 en Asuntos Judiciales, Procurador 143 Judicial II Penal, representante de v\u00edctimas, Luis Alberto Maya Noguera y Hernando Su\u00e1rez Ceballos. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta C01CuadernoPrincipal. Pdf 12Acta audiencia formulaci\u00f3n acusaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta C01CuadernoPrincipal. Pdf 22Acta audiencia Prescripci\u00f3n acci\u00f3n penal. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta C03Segunda Instancia. Cuaderno C02Principal Pdf 08AutoSandraSuarezOtros200910987 NI3986. Expediente digital proceso penal. <\/p>\n
5\u0002 Carpeta C05SegundaInstancia. Cuaderno Carpeta 1 Pdf 15AutoSandraSuarezOtros200910987 NI3986. <\/p>\n
6\u0002 Carpeta C01CuadernoPrincipal. Pdf 61ActaAudienciaJuicioOralSuspendido. <\/p>\n
7\u0002 T8304026. Auto 30 de agosto de 2021, estado No. 15 del 15 de septiembre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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