STC578-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC578-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02702-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 19 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Cecilia Araque Vargas contra los Juzgados Treinta y Cuatro Civil Municipal, Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, Veintisiete Civil del Circuito, y, Treinta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, todos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta localidad, as\u00ed como los intervinientes en los litigios n\u00b0 1997-04831 y 2022-00706. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la solicitante acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica y \u00abPRINCIPIO DE LEGALIDAD\u00bb, que considera quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto refiri\u00f3, que dentro del ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer adelantado en su contra por Luis Francisco G\u00f3mez G\u00f3mez (n\u00b0 1997-04831), fue embargado el inmueble con la matr\u00edcula 50C-1206176, y, se le orden\u00f3 el pago de una suma de dinero conforme a la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito aprobada, pese a que \u00abno era un proceso con un capital (\u2026) sino para suscribir escritura p\u00fablica (\u2026) [el que] muto (sic) a un proceso por obligaciones dinerarias, donde el t\u00edtulo ejecutivo pudo ser la sentencia y la condena en costas\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que aunque solicit\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, que se le ordenara al secuestre rendir cuentas de su gesti\u00f3n, toda vez que \u00ablos arriendos que [el inmueble] deber\u00eda estar produciendo a la fecha haciende (sic) a m\u00e1s de $30.000.000\u00bb, ning\u00fan pronunciamiento se ha proferido al respecto. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n, que ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n Asemgas L.P. fue aceptada su solicitud de negociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante, raz\u00f3n por la cual, el proceso de restituci\u00f3n de inmueble presentado en su contra por Ramiro Arias Hurtado fue suspendido por el Juzgado Treinta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad; sin embargo, los herederos del ejecutante Luis Francisco G\u00f3mez comparecieron al asunto para asegurar que ella es la propietaria del predio antes descrito, sin advertir que dentro del proceso divisorio con radicado n\u00b0 2005-00370 ese bien le fue adjudicado a Mar\u00eda Elisa Achurry de Sierra y Sixto Sierra Moreno, y, aunque solicit\u00f3 al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito el desarchive de \u00e9ste, a\u00fan no ha habido una respuesta. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 en auto del 22 de noviembre pasado declar\u00f3 probadas las objeciones presentadas por aqu\u00e9llos en lo relacionado con la acreencia de Luis Francisco G\u00f3mez G\u00f3mez, \u00ablo que no obedece a la verdad\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se ordene al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 \u00abrevocar su providencia y en su lugar tenga en cuenta mis manifestaciones respecto de las objeciones presentadas, de valor probatorio a las pruebas aportadas y solicitadas, profiera decisi\u00f3n ajustada a derecho esto es determinar capital e intereses de la obligaci\u00f3n teniendo en cuenta la naturaleza del proceso EJECUTIVO DE OBLIGACION DE HACER, SUSCRIBIR ESCRITURA PUBLICA al igual que tenga en cuenta todos los acreedores al no existir prueba alguna que permita excluirlo del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas\u00bb y, que como consecuencia de ello, \u00abse establezca que no adeudo capital a la obligaci\u00f3n que adeudo a los HEREDEROS DE FRANCISCO GOMEZ, en la etapa de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n y que el valor solicitado corresponde solo a intereses\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La coordinadora de la oficina de apoyo para los juzgados del circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 denegar el amparo, toda vez que \u00abha dado tr\u00e1mite en los t\u00e9rminos adecuados a las solicitudes de las partes interesadas en el interior del plenario; adicional a ello, se ha dado cumplimiento a lo establecido en autos del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1.\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Cincuenta Civil del Circuito de la misma ciudad puso de presente, que conoci\u00f3 del proceso divisorio adelantado por Sixto Sierra Moreno y otra contra Ana Cecilia Araque Vargas y otra (n\u00b0 2005-00370), donde el 28 de septiembre de 2015 se profiri\u00f3 sentencia y una vez ejecutoriada hizo entrega de los dineros correspondientes. <\/p>\n
3. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa urbe se\u00f1al\u00f3, que \u00abcada una de las determinaciones adoptadas al interior del plenario que nos ocupa han sido tomadas teniendo en cuenta los principios de publicidad y oponibilidad; de ah\u00ed, que adem\u00e1s de incluirse en el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial Justicia Siglo XXI se han divulgado en el micrositio de este Despacho; entonces, los intervinientes procesales han contado con los t\u00e9rminos previstos en la ley adjetiva para controvertir las mentadas providencias, sin que por cuenta de este Judicial se hayan desconocido manifestaci\u00f3n alguna; adicionalmente, las reiteradas providencias han sido soportadas normativamente y para cada caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el proceso divisorio en comento fue archivado el 30 de octubre de 2019 \u00abgarantizando el debido proceso a las partes, por consiguiente, vulnero (sic) derecho fundamental alguno a la accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El vinculado Franklin Fern\u00e1ndez refiri\u00f3 que fungi\u00f3 como \u00abincidentante, hace ahora m\u00e1s de 10 a\u00f1os, en el juzgado primigenio de instancia donde se adelantaba proceso contra la ahora accionante, actividad de esta, que se me contratara para promover levantamiento de medida cautelar que sobre bien ra\u00edz de do\u00f1a ANA CECILIA ARAQUE VARGAS\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por incumplirse con los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, pues aunque la gestora se duele del mandamiento de pago librado en su contra y los autos de aprobaci\u00f3n de las liquidaciones del cr\u00e9dito, ninguna de las decisiones fue debatida a pesar de haber comparecido al proceso por intermedio de apoderado judicial, transcurriendo \u00abm\u00e1s de 12 a\u00f1os. Sin que la interesada pusiera en marcha la senda que ahora pretende utilizar\u00bb. Adicionalmente, y aunque tambi\u00e9n se duele de la falta de requerimiento al secuestre para que rinda cuentas, \u00abninguna queja ha elevado nuevamente la hoy accionante, en aras de obtener el cometido por esta v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellante disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron a la gestora las garant\u00edas esenciales invocadas, con lo decidido dentro del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer adelantado en su contra por Luis Francisco G\u00f3mez G\u00f3mez (n\u00b0 1997-04831), y, el de insolvencia de persona natural no comerciante (n\u00b0 2022-00706). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. Inmediatez frente a la orden de pago y las liquidaciones aprobadas dentro del coercitivo <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11109-2022, 24 ag. 2022, rad. 00324-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que aunque la accionante se duele de las presuntas irregularidades acaecidas dentro de la ejecuci\u00f3n revisada, tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional para cuestionar los autos proferidos: el 16 de marzo de 1998, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dispuso \u00abLibrar mandamiento ejecutivo de mayor cuant\u00eda\u00bb en su contra y a favor de Luis Francisco G\u00f3mez G\u00f3mez; y, el 21 de abril de 2014, mediante el cual la misma autoridad aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en la suma de $20.614.408,38, toda vez que el resguardo fue incoado el 6 de diciembre de 2022, es decir, transcurrido m\u00e1s de ocho a\u00f1os desde la emisi\u00f3n de la \u00faltima actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
3.2. De la inexistencia de vulneraci\u00f3n frente a la falta de rendici\u00f3n de cuentas al secuestre dentro del ejecutivo, y, el desarchive del proceso divisorio <\/p>\n
3.2.2. Asimismo, aunque la aqu\u00ed interesada tambi\u00e9n se queja del no desarchivo del expediente contentivo del proceso divisorio seguido en su contra por Sixto Sierra Moreno (n\u00b0 2005-00370), ello ocurri\u00f3 el 23 de agosto de 2022, es decir, tambi\u00e9n antes de presentado el amparo, tal y como lo puso de presente el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en su informe, de donde se desprende que, ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y, menos quebrantado, los intereses superiores de la gestora, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional frente a esa tem\u00e1tica. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
3.3. De la incuria respecto al auto que declar\u00f3 probabas las objeciones dentro del tr\u00e1mite de insolvencia <\/p>\n
Esta Sala advierte que tambi\u00e9n se incumple con el requisito que viene de comentarse, comoquiera que, aunque la actora ataca el auto proferido el 22 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de esta capital resolvi\u00f3 declarar probadas las objeciones presentadas por los herederos del acreedor Luis Francisco G\u00f3mez G\u00f3mez, al interior del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas seguido por la actora ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n Asemgas L.P., lo cierto es que, aunque mediante escrito del 2 de septiembre de 2022 la aqu\u00ed interesada se opuso a lo expuesto por aqu\u00e9llos, el mismo no fue tenido en cuenta por \u00abser EXTEMPOR\u00c1NEO\u00bb, devolviendo las diligencias al centro de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso correcto de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en la inconformidad expuesta por la recurrente, pues, se itera, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
Como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (citada en STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014, y recientemente en STC11543-2022, 1 sep. 2022, rad. 00384-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la salvaguarda, pues: (i) la actora tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, sin que se advirtiera una raz\u00f3n que justificara dicha demora, (ii) son inexistentes algunos de los quebrantamientos alegados, y, (iii) la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la interesada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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